La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en colaboración con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), realizó el aseguramiento de 22 ejemplares vivos de biznaga peyotillo, una especie vegetal protegida, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los ejemplares, que pesaban un total de 14.98 kilogramos, estaban destinados a ser exportados a Tailandia.
El aseguramiento tuvo lugar el pasado miércoles 26 de febrero, tras una solicitud del Sepomex, que alertó sobre la detección de una caja de cartón sellada que contenía los ejemplares.
Por otro lado, la Profepa destacó que la biznaga peyotillo (Ariocarpus fissuratus) está catalogada como especie amenazada debido a la pérdida de hábitat, la extracción descontrolada y la sobreexplotación para el comercio ilegal.
Esta planta suculenta se encuentra desde el norte de México hasta Texas y está protegida bajo la NOM-59-Semarnat 2010 y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Bajo ese contexto, los inspectores de Profepa realizaron el aseguramiento precautorio al no poder acreditar la legal procedencia de los ejemplares. Además, se observó que solo se habían reportado 18 artículos de madera, sin mencionar la inclusión de vida silvestre en el envío. Los ejemplares no contaban con el marcaje ni la documentación necesaria para su exportación legal.
Las 22 biznagas fueron trasladadas a un vivero en el Estado de México, donde permanecerán bajo custodia hasta que se resuelva su situación jurídica.
Mariana Boy, procuradora de Profepa, condenó el tráfico ilegal de flora silvestre y enfatizó la importancia de proteger estas especies y los ecosistemas. “Tomaremos todas las acciones legales necesarias y exigiremos que los responsables sean sancionados adecuadamente para prevenir que estos actos continúen”, afirmó.
En ese sentido, la Profepa advirtió que el tráfico y transporte ilegal de especies protegidas puede resultar en penas de uno a nueve años de prisión, además de multas que oscilan entre 300 y 3,000 días de salario.
En casos donde las actividades afecten áreas naturales protegidas o se realicen con fines comerciales, las penas pueden incrementarse.
