Autor: Rafael Martínez
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Doce países árabes y musulmanes rechazan bombardeo israelí en Siria
Cancillerías de la región reclaman a Israel respetar la soberanía siria tras el ataque contra la base de Abu al-Duhur.
Doce naciones firmaron este viernes una declaración conjunta para rechazar los ataques israelíes contra una base aérea en el noroeste de Siria. Catar, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán encabezan la lista de firmantes desde Doha.
El texto también reúne a Argelia, Indonesia, Jordania, Líbano, Malasia, Mauritania, Palestina y Somalia. Los cancilleres calificaron los bombardeos como una violación flagrante de la soberanía territorial siria.
Israel atacó la base de Abu al-Duhur el martes 18 de agosto con ocho ataques aéreos. Los proyectiles dañaron la pista y depósitos militares, aunque no dejaron víctimas mortales.
El ejército israelí justificó la acción por un supuesto plan turco para desplegar tropas en la instalación. Una delegación militar de Turquía había visitado el lugar un día antes del bombardeo.
Ankara negó cualquier intención de estacionar fuerzas en la base y acusó a Israel de actuar con imprudencia. El gobierno sirio, liderado por el presidente Ahmed al Sharaa, también condenó el ataque como una agresión injustificada.
Estados Unidos se sumó a las críticas contra la operación israelí. El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, describió el bombardeo como una escalada innecesaria que no favorece la estabilidad regional.
Los ministros firmantes pidieron además respetar el Acuerdo de Desenganche de 1974. Ese pacto regula la presencia militar en los Altos del Golán entre Israel y Siria.
La declaración exige también la retirada de las tropas israelíes de las zonas que ocupan en territorio sirio. Los cancilleres advirtieron que la escalada amenaza la paz y estabilidad de toda la región.
El episodio se suma a la creciente tensión entre Israel y Turquía por su influencia en Siria. Ambos países buscan limitar el peso militar del otro en el país tras la caída de Bashar al Asad en 2024.
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Militares y marinos golpean al crimen organizado con decomiso récord en Sinaloa
Elementos federales aseguraron explosivos, un fusil Barrett y miles de cartuchos en tres municipios sinaloenses. También desactivaron un laboratorio de drogas sintéticas.
Fuerzas federales dieron un golpe contundente al crimen organizado en Sinaloa. Durante el 18 y 19 de agosto, militares y marinos ejecutaron tres operativos que dejaron resultados contundentes: 172 artefactos explosivos improvisados, un fusil Barrett calibre .50, siete armas largas y más de 8 mil cartuchos.
Las autoridades también localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para fabricar drogas sintéticas. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ejecutaron las acciones. Participaron además la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.
Los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las comandancias de la III Región Militar y de la 9/a. Zona Militar informaron que los aseguramientos surgieron de patrullajes y recorridos terrestres en distintos municipios del estado.
Concordia: cientos de explosivos bajo tierra
El primer golpe ocurrió el 18 de agosto en Concordia. Ahí, las fuerzas federales hallaron 172 artefactos explosivos improvisados, junto con 12 cargadores y 2 mil 420 cartuchos de diversos calibres. También aseguraron equipo táctico que presuntamente usaban integrantes de grupos delictivos.
Este hallazgo se suma a los principales resultados recientes en la entidad. Sinaloa enfrenta desde hace meses una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Las autoridades han reportado ataques con armas de alto poder y explosivos contra elementos de seguridad.
Un laboratorio desmantelado en Culiacán
Ese mismo día, personal militar y federal localizó en Culiacán un laboratorio clandestino dedicado a fabricar droga sintética. En el lugar inhabilitaron 2 mil 450 litros de sustancias químicas destinadas a este tipo de producción.
Este decomiso se suma a otras acciones recientes contra la infraestructura del narcotráfico sintético en el país.
Mazatlán: un Barrett calibre .50 entre lo asegurado
El segundo día de operativos, el 19 de agosto, los elementos federales llegaron a Mazatlán. Ahí localizaron un arsenal importante: un fusil Barrett calibre .50, seis armas largas, 85 cargadores y 5 mil 675 cartuchos de diferentes calibres, además de equipo táctico.
Entre los dos operativos de Concordia y Mazatlán, las fuerzas federales sumaron 8 mil 95 cartuchos y 97 cargadores, junto con las armas y los explosivos asegurados.
Las autoridades pusieron todo lo decomisado a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán. Esta instancia continuará las investigaciones y los peritajes para determinar el origen del armamento, los explosivos y las sustancias químicas.
Michoacán marcó un precedente similar
Estos operativos se suman a otras acciones contra la infraestructura de producción de drogas. A principios de julio, la FGR destruyó e inhabilitó en Michoacán más de dos toneladas 425 kilos de químicos y 7 mil 478 litros de precursores químicos.
Ese procedimiento incluyó la destrucción de 182 litros de metanfetamina, dentro del Programa de Destrucción de Drogas y Bodegas Vacías 2025. La intervención abarcó identificación, pesaje, toma de muestras, traslado e inhabilitación de las sustancias.
Con los decomisos en Sinaloa, las autoridades buscan afectar tanto a los grupos armados como a sus capacidades logísticas y productivas. La Defensa, la Guardia Nacional, la Marina, la SSPC y la FGR aseguraron que actuaron con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el fin de preservar la seguridad y la paz pública en Sinaloa.
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Golpe a huachicoleros en Champotón: aseguran avioneta, 61 vehículos y armas
Autoridades federales detuvieron a seis personas y confiscaron combustible, dinero en efectivo y una aeronave en un rancho de Campeche.
Fuerzas federales detuvieron a seis personas durante un operativo en la comunidad de El Cerrito, municipio de Champotón. Personal de Seguridad Física de Pemex participó en la acción.
Los agentes decomisaron además diversas armas de fuego, 61 vehículos terrestres y una avioneta.
La operación se desarrolló cerca del rancho “Los Jabines” y de la empresa Semilla Berentsen. Elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial brindaron apoyo perimetral durante el despliegue.
Entre lo asegurado destacan cinco mil 912 litros de hidrocarburo y tres mil litros de gasavión. También se recuperaron cinco armas largas, tres armas cortas, cargadores y cerca de mil cartuchos útiles.
Las autoridades resguardaron dos tanques de gas LP y el inmueble donde ocurrió el operativo. Igualmente aseguraron 777 mil 750 pesos, cinco dólares estadounidenses y dos chalecos balísticos.
Los seis detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Campeche. Ahí se integra una carpeta de investigación para definir su situación legal y determinar el origen de los bienes decomisados.
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Militares reanudan cacería del “Tío Lako” en Michoacán y Jalisco
Elementos del Ejército y la Guardia Nacional buscan pistas del líder regional del CJNG en nuevos cateos, dos días después de un primer operativo fallido.
Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron este viernes cateos en Michoacán y Jalisco. La orden busca inmuebles ligados a Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los operativos comenzaron antes de las seis de la mañana. Las autoridades revisaron domicilios en La Piedad, Michoacán, y en Arandas y Ocotlán, Jalisco. Fuentes del Gabinete de Seguridad confirmaron la acción a este medio.
Por ahora no hay reportes de detenciones. Además de los cateos, las fuerzas federales realizan recorridos terrestres y vigilancia aérea en la zona.
Estas acciones continúan el operativo del pasado 19 de agosto en Tinaja de Vargas y Ecuandureo, Michoacán. Ese día, las autoridades buscaron capturar a Guerrero Martínez sin éxito. El CJNG reaccionó con al menos 24 bloqueos carreteros en distintos municipios michoacanos.
En ese primer despliegue, las fuerzas federales detuvieron a 12 personas. Entre ellas están Marisol y Lourdes, identificadas como hija y pareja sentimental del capo. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Guerrero Martínez es descrito por el Gabinete de Seguridad como jefe regional del CJNG en Michoacán y los Altos de Jalisco. Su nombre ganó relevancia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ocurrida el 22 de febrero pasado en Tapalpa, Jalisco.
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Rocha Moya vuelve al poder en Sinaloa entre protestas y señalamientos
El mandatario retomó el cargo tras 112 días de licencia y aseguró que la FGR no halló pruebas en su contra.
El gobernador Rubén Rocha Moya regresó este viernes a sus funciones al frente de Sinaloa. Encabezó la Mesa de Construcción de Paz y sostuvo un encuentro con su gabinete. Su reincorporación llega 112 días después de pedir licencia al Congreso local. Ese trámite buscaba permitir una investigación tras los señalamientos de un juez del distrito sur de Nueva York, quien lo vinculó con el crimen organizado.
Al llegar al Palacio de Gobierno, el gobernador morenista se topó con una protesta de madres buscadoras de Navolato. Una de ellas le entregó varios expedientes y denunció la falta de apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda. “Hay siete fosas por abrir, es una vergüenza lo que está pasando con esta comisión”, le reclamó. Rocha Moya turnó los documentos a su acompañante. Ante las preguntas de los reporteros, respondió: “Vengo a tomar posesión de nuevo”.
Después de la Mesa de Construcción de Paz, el mandatario tomó protesta a Yeraldine Bonilla. Ella regresa a la Secretaría General de Gobierno, puesto que ocupaba antes de asumir como gobernadora interina desde el 1 de mayo. Luego, Rocha Moya se reunió con su gabinete en el Salón de Gobernadores, donde recibió un informe sobre los asuntos atendidos durante su ausencia.
El diputado de Morena Eligio López Portillo, presidente de la Jucopo del Congreso estatal, explicó que Rocha Moya notificó su reincorporación a las 7:50 horas de este viernes. Por ello, no se convocará a sesión extraordinaria; el documento se leerá primero en la Jucopo y después en la Diputación Permanente. El legislador defendió la legalidad del regreso, pues la FGR no encontró elementos que sustentaran los señalamientos en su contra.
En tanto, la Secretaría de Gobernación federal aclaró este viernes que la decisión de Rocha Moya fue “de carácter personal”, y precisó que el gobierno mexicano pidió en varias ocasiones a Estados Unidos las pruebas que respaldaran las acusaciones, sin recibir respuesta.
Oposición cuestiona el regreso
Sergio Esquer, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, calificó de indignante que Rocha Moya retome sus funciones. Consideró que su decisión falta al respeto de las familias y víctimas de la violencia en Sinaloa.
El Comité Directivo del PRI en el estado señaló que la investigación de la FGR continúa abierta. Advirtió que no hay absolución ni punto final, y exigió respuestas claras sobre lo que se investigó y lo que falta por esclarecer.
El PAN en Mazatlán calificó de vergonzosa e indignante la decisión de permitir el regreso del gobernador. Apuntó que su vuelta genera rechazo entre los sectores afectados por la crisis de seguridad e inseguridad que golpea la economía y el turismo local.
Respaldo desde las filas de Morena
La alcaldesa con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios, expresó su reconocimiento al gobernador a través de redes sociales. Destacó la congruencia de Rocha Moya y confió en que las autoridades siguieron el debido proceso.
El alcalde provisional de Ahome, Antonio Menéndez, también morenista, consideró que el mandatario tiene derecho constitucional a retomar el cargo tras la revisión de las autoridades. Por su parte, la alcaldesa de El Rosario, Claudia Valdez, reconoció en Rocha Moya calidad humana y compromiso con el estado, y anticipó que su municipio seguirá trabajando en equipo con el gobierno estatal.
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EUA presiona con visas a directivos argentinos que compren tecnología china
La embajada estadounidense advirtió a ejecutivos de una cooperativa de Neuquén con negarles visas si contratan a Huawei para su red eléctrica.
Un conflicto diplomático entre Washington y Pekín llegó a la Patagonia argentina. La embajada de Estados Unidos amenazó con retirar visas a directivos de Cooperativa Calf, la empresa que provee luz, gas, agua y fibra óptica en Neuquén. El motivo: sus planes de contratar a la tecnológica china Huawei.
Todo comenzó en abril. La plana mayor de Calf viajó a la sede central de Huawei en China para conocer herramientas de monitoreo de redes eléctricas y soluciones de fibra óptica. Neuquén es la ciudad más importante cercana a Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas más relevante de Argentina.
En julio, diplomáticos estadounidenses en Buenos Aires enviaron mensajes por WhatsApp a los directivos de la cooperativa. Les advirtieron que podrían denegarles o revocarles las visas de turismo y negocios si avanzaban con Huawei. La advertencia alcanzó a los 18 máximos ejecutivos de la empresa.
Esta no es la primera vez que Washington presiona contra la firma china. En 2018, durante su primer mandato, Donald Trump prohibió a Huawei en territorio estadounidense. Argumentó riesgos para la seguridad nacional. Su sucesor, Joe Biden, mantuvo esa postura y recomendó a otros países evitar contratos con la empresa. Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón y Paraguay están entre las naciones que se sumaron al veto.
Calf pidió explicaciones oficiales
El presidente de Calf, Marcelo Severini, envió una carta al embajador estadounidense Peter Lamelas el 29 de julio. Preguntó si los mensajes por WhatsApp reflejaban una postura oficial de Washington. También pidió conocer las objeciones técnicas sobre ciberseguridad contra Huawei.
Ante el silencio del embajador, Severini recurrió al canciller argentino Pablo Quirno el 4 de agosto. Decidió entonces hacer público el reclamo. Hasta el momento, el Gobierno argentino no emitió declaraciones sobre el tema, tampoco Huawei respondió consultas.
China y Estados Unidos cruzan mensajes por X
El conflicto escaló a través de las redes sociales. El 5 de agosto, la embajada china calificó las prácticas estadounidenses como una muestra de arrogancia y prejuicio. Agregó que representan una falta grave a la soberanía de otros países.
Al día siguiente, el embajador Lamelas respondió en el mismo tono. Explicó que negar o revocar una visa no es un privilegio, sino una decisión para proteger la seguridad nacional. El 12 de agosto, Lamelas recibió personalmente a los directivos de Calf en la embajada.
“El embajador ratificó los mensajes intimidatorios”, contó a DW el gerente de Tecnologías de Calf, Sergio Fernández Novoa. Explicó que la cooperativa compra equipos a marcas estadounidenses, europeas y asiáticas por igual. Aseguró que Huawei ofrece ventajas en precio, calidad y financiamiento para el proyecto en Neuquén.
Vaca Muerta, en el centro de la disputa
Un día después de la reunión, Lamelas participó en un foro empresarial sobre energía argentina. Allí declaró que Huawei espía para el Partido Comunista chino. Advirtió que esto podría afectar las inversiones estadounidenses en Vaca Muerta.
La embajada china volvió a responder por X. Aseguró que el gobierno chino nunca exige a sus empresas recolectar datos violando leyes locales. Acusó a Estados Unidos de actuar con mentalidad de Guerra Fría.
Analistas debaten el trasfondo geopolítico
Gustavo Girado, director del Centro de Investigaciones Sino Latinoamericano de la Universidad de Lanús, señaló que la región despierta gran sensibilidad por su peso energético. Explicó que la ley china de defensa exige compartir información con el Estado, pero remarcó que Estados Unidos tiene mecanismos similares.
Federico Merke, profesor de la Universidad de San Andrés, explicó que Argentina evita responder por el acuerdo comercial firmado con Washington en febrero. Ese pacto compromete al país a coordinar acciones contra políticas anti mercado de terceros países. Merke agregó que Estados Unidos tampoco ofrece alternativas más económicas que Huawei.
Fabián Calle, profesor de la UCA y la UCEMA, vinculó la presión con las inversiones en áreas estratégicas. Mencionó a Vaca Muerta y los futuros centros de datos de inteligencia artificial en la Patagonia. Señaló que Washington busca evitar que esa infraestructura quede bajo jurisdicción china.
Ignacio Labaqui, también de ambas universidades, agregó que Estados Unidos mantiene líneas rojas frente a la infraestructura china en Latinoamérica. Aclaró que esa postura no se aplica de igual forma al comercio bilateral.
El Gobierno de Javier Milei ya prohibió la participación de empresas con accionistas estatales extranjeros en licitaciones clave. Esto incluyó el dragado del río Paraná, obras eléctricas y la privatización de ferrocarriles. Al mismo tiempo, Argentina impulsa sus exportaciones hacia China y renovó un canje de monedas para reforzar las reservas de su banco central.
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Ben Gvir celebra las 10 mil demoliciones en Israel
El funcionario israelí acudió a un sitio de demolición y describió el sonido de la maquinaria como agradable.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, elogió públicamente la destrucción de viviendas palestinas. Se pronunció así al alcanzarse la cifra de 10 mil casas demolidas en el país.
El funcionario visitó un sitio de demolición en la ciudad de Ramla para presenciar el hecho. Un video difundido en redes sociales muestra el momento con subtítulos que confirman la cifra alcanzada.
Las autoridades israelíes justifican estas demoliciones argumentando falta de permisos de construcción. Organizaciones de derechos humanos cuestionan desde hace años esta práctica y su aplicación.
Ben Gvir lidera el partido de extrema derecha Otzma Yehudit dentro del gobierno israelí. Antes de ocupar el cargo, acumuló condenas por incitación al racismo y apoyo a organizaciones catalogadas como terroristas.
Las demoliciones de viviendas palestinas no son un fenómeno reciente en la región. Israel ha aplicado esta política de forma sostenida en Jerusalén Este y Cisjordania durante las últimas décadas.
Grupos como B’Tselem clasifican esta práctica como castigo colectivo, prohibido por el derecho internacional. El gobierno israelí, en cambio, sostiene que busca frenar ataques futuros mediante el efecto disuasivo.
El caso generó reacciones divididas entre defensores y críticos de la política de seguridad israelí. La discusión sobre la efectividad y legalidad de estas acciones continúa vigente en foros internacionales.
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China condena las sanciones económicas de EUA a Irán
El gobierno chino calificó de ilegales las nuevas medidas económicas contra Teherán.
China rechazó este viernes las amenazas de Estados Unidos contra Irán en un comunicado oficial. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, expuso la postura en rueda de prensa.
Lin Jian señaló que las sanciones estadounidenses carecen de respaldo legal internacional. Afirmó que este proceso de aislamiento “carece de encaje en el Derecho Internacional y es, por lo tanto, ilegal”.
El funcionario detalló las razones detrás del rechazo chino. Explicó que la guerra comercial anunciada por Washington se basa en sanciones unilaterales sin fundamento jurídico.
Pekín exigió además autorización del organismo internacional competente para este tipo de medidas. “China se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento y que no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, declaró Lin.
El gobierno asiático propuso una salida distinta al conflicto entre ambas naciones. Pidió a las partes involucradas actuar con responsabilidad y resolver los problemas mediante la vía política.
Estas declaraciones llegan luego de que Washington endureciera su discurso contra Teherán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había pedido a sus aliados sumarse a la presión económica contra Irán.
China mantiene su papel como principal comprador de petróleo iraní en el mundo. Esta posición ya ha generado restricciones específicas por parte de Estados Unidos contra el país asiático.
La tensión entre las dos potencias continúa escalando en medio del conflicto regional. El desenlace de esta disputa comercial podría afectar los mercados energéticos globales en los próximos meses.
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Corte permite a la SSPC litigar contra exfuncionarios de García Luna
El máximo tribunal reconoció por primera vez que una secretaría de Estado puede promover amparo para defender recursos públicos. La decisión reabre el caso de contratos penitenciarios asignados durante la gestión de García Luna.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió este jueves la puerta para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúe su batalla legal contra exfuncionarios señalados por el caso de contratos penitenciarios. El Pleno votó siete contra dos a favor de un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Por primera vez en la historia del tribunal, los ministros reconocieron que una dependencia federal tiene derecho a promover un amparo directo cuando defiende recursos de su propio presupuesto. La ponente explicó que los fondos comprometidos en las contrataciones investigadas pertenecían a la Federación y su manejo correspondía a la Secretaría.
Por eso, agregó, la conducta señalada sí generó una afectación patrimonial directa. Esta afectación cumple con los requisitos que marca el artículo séptimo de la Ley de Amparo.
Un tribunal colegiado había cerrado antes esta puerta. En octubre de 2023, ese órgano determinó que la SSPC no tenía facultades para promover el juicio y decidió sobreseerlo. La Corte revocó ahora esa decisión.
El origen del conflicto
Todo comenzó con una denuncia presentada en 2020. El documento señalaba a 16 exservidores públicos por presuntas irregularidades en contratos y convenios para construir y operar ocho centros penitenciarios. Las autoridades calcularon un daño superior a 5 mil millones de pesos.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía General de la República presentó su versión de los hechos. Según la FGR, funcionarios encabezados por Genaro García Luna diseñaron entre 2010 y 2011 un esquema de adjudicación directa para contratar servicios penitenciarios.
La acusación formal, no obstante, se dirigió contra 16 exservidores de menor rango. Estos funcionarios firmaron 76 convenios modificatorios que, de acuerdo con la FGR, mantuvieron vigentes las contrataciones originales pese a las irregularidades detectadas. Por esos hechos enfrentaron cargos de uso indebido de atribuciones y facultades, además de asociación delictuosa.
Rechazo inicial y nueva oportunidad
Un juez de control tomó entonces una decisión que frenó el proceso. El juzgador rechazó vincular a proceso a los exfuncionarios y sobreseyó parcialmente la causa por considerar prescritos los hechos.
El Ministerio Público Federal no se quedó de brazos cruzados. Impugnó esa resolución ante un Tribunal de Alzada, pero este confirmó el fallo original.
Ante ese escenario, la SSPC promovió un amparo directo para defender su postura. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito volvió a cerrarle la puerta y sobreseyó el juicio.
Ese tribunal argumentó que el delito de uso indebido de atribuciones tiene naturaleza formal. Por lo tanto, no requiere un resultado material para configurarse. Con ese razonamiento, concluyó que no existía afectación patrimonial que justificara el amparo de la dependencia.
La Corte cambia el rumbo
La Suprema Corte rechazó por completo ese criterio en su resolución más reciente. Los ministros revocaron la sentencia del tribunal colegiado y devolvieron el expediente para una nueva resolución.
Ahora el tribunal colegiado deberá resolver el amparo reconociendo la legitimación que la Corte le otorgó a la SSPC. Este fallo marca un precedente importante para casos similares donde dependencias federales busquen defender recursos públicos ante tribunales.
El caso permanece abierto y podría tener nuevos desarrollos en las próximas semanas.
