Autor: Rafael Martínez

Por Ricardo Sevilla

Ayer, Norma Piña, exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reapareció en la UNAM.

En un evento titulado “El Futuro de la Justicia: Independencia Judicial en México y su Entorno Regional”, Norma Lucía Piña Hernández presumió que durante su gestión como presidenta de la SCJN, un grupo de juzgadores se dedicó a “parar” proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, específicamente el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La declaración fue realizada, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en un foro que reunió a una pléyade de virulentos opositores de la Cuarta Transformación.

Y aquí hay un dato clave: la afirmación de Norma Piña sobre “parar” el Tren Maya y el AIFA. Esto, dicho de manera sucinta, se refiere a la proliferación de amparos y suspensiones concedidas por jueces federales que obstaculizaron temporalmente (o buscaron detener definitivamente) la ejecución de obras prioritarias del Gobierno Federal.

La UNAM, especialmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lleva tiempo se afanándose en buscar exponentes que tienen una clara afinidad ideológica y académica con la derecha.

De hecho, al revisar el directorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IJJ) cualquiera puede percatarse de que, en efecto, ese lugar es una cueva de conservadores.

De hecho, la actual directora de ese instituto, Mónica González Contró, no estudió en la UNAM, sino en el ITAM.

Ahora bien, si le echamos un ojo a la sociología del derecho, observaremos que esta supuesta invocación a la “independencia judicial”, en realidad, suele ser utilizada como una bandera de legitimación por grupos conservadores que se sienten amenazados por un cambio de régimen político.

Y no es necesario ser un genio para percatarse de cómo son las cosas.

Que Norma Piña haya admitido su modus operandi en la Corte revela que, durante su presidencia, las decisiones judiciales, que legalmente deberían haber sido neutrales, se convirtieron en actos con una clara –y tramposa– intencionalidad política.

Y eso reafirma muchas de nuestras sospechas: que la suspensión de obras no solo fue una aplicación del derecho, sino una estrategia coordinada de contrapeso al Poder Ejecutivo.

Y hay algo mucho más grave que lamentar:

El juicio de amparo, diseñado para proteger al ciudadano de abusos de autoridad, en la época de Piña en la Corte, fue instrumentalizado como una herramienta de freno político por actores con grandes recursos, convirtiendo la defensa legal de los ciudadanos en una batalla a favor de los grandes corporativos.

Es muy triste –y lamentable- que la UNAM se haya convertido en una cueva de itamitas y una trinchera contra el pueblo.