Un relator especial del organismo asegura que 68 bombardeos en el Caribe y el Pacífico violaron el derecho internacional y dejaron 223 muertos.
La ONU emitió una advertencia directa a Washington. Ben Saul, relator especial de Naciones Unidas, concluyó que los ataques contra presuntos barcos del narcotráfico podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Según su informe, Estados Unidos realizó al menos 68 ataques desde septiembre del año pasado. Todos ocurrieron fuera de sus aguas territoriales, en el Caribe y el Pacífico. En total, los bombardeos dejaron 223 muertos.
Saul rechazó el argumento de la legítima defensa. Incluso si las víctimas pertenecieran a grupos terroristas designados, ninguna lanzó un ataque armado contra Estados Unidos. Ese tipo de ataque sí activaría ese derecho.
El relator calificó los ataques de ejecuciones extrajudiciales en serie. Explicó que violan el derecho a la vida y que ninguna norma los justifica. Ni el derecho humanitario, ni el derecho del mar, ni los convenios antidrogas o antiterroristas los amparan.
Además, Saul aseguró que existen motivos razonables para creer que los 68 ataques constituyeron homicidios. Según el experto, esos homicidios son crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional consuetudinario.
El documento llegó solo dos días después de un nuevo golpe en el Caribe. El Comando Sur anunció la muerte de cuatro personas a bordo de un buque y difundió un video de baja calidad. El mando militar afirmó que la inteligencia confirmó la participación de la embarcación en el narcotráfico. Además, llamó “narcoterroristas” a los cuatro fallecidos.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defiende la operación. Sostiene que busca eliminar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger a los estadounidenses de las drogas que matan a su gente. El ejército lanzó la campaña, llamada Lanza del Sur, a principios de septiembre del año pasado.
Pese a ello, las autoridades no han presentado pruebas definitivas de que los barcos atacados traficaran droga. BBC News pidió su postura a la Casa Blanca y al Departamento de Estado.
Desde el principio, expertos en derecho internacional dudaron de la legalidad de los ataques. Varios líderes latinoamericanos, cuyos ciudadanos murieron en las lanchas, también criticaron con dureza la campaña.
Con el tiempo, el panorama político cambió. Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, entonces líder de Venezuela y opositor a los ataques, en una incursión nocturna en Caracas a principios de este año. La operación generó una fuerte polémica.
Gustavo Petro, entonces presidente de Colombia y otro crítico de la operación, renunció en agosto. Un candidato respaldado por Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales de junio.
La presidenta defendió en La Paz los programas de bienestar. Aseguró que el dinero llega directo a la gente y lanzó un mensaje contra la injerencia extranjera.
Con el proceso electoral 2026-2027 en marcha, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló claro este domingo durante su rendición de cuentas. “Nosotros no compramos votos, damos derechos al pueblo de México, que es muy distinto”, dijo ante cinco mil personas.
Sheinbaum encabezó el evento Honestidad y Resultados en la plaza de la Reforma. La acompañaron el gobernador morenista Víctor Manuel Castro Cosío y los presidentes de los cinco municipios. Ahí recordó que, en el pasado, los apoyos llegaban solo cuando había elecciones. Según contó, los funcionarios preguntaban a la gente por su partido y por su voto antes de dar ayuda. Ahora, aseguró, el dinero sale del Banco del Bienestar y llega directo a cada persona, “sin intermediarios”.
Detrás de las cifras hay familias sudcalifornianas. En Baja California Sur, 238 mil 413 personas reciben apoyo de los programas de bienestar. Eso equivale a 4 mil 465 millones de pesos al año. Además, 68 mil 839 adultos mayores cobran su pensión y 15 mil 902 personas con discapacidad reciben la suya. En las escuelas públicas, 31 mil 628 jóvenes de preparatoria y 44 mil 870 de secundaria tienen beca. En primaria, 62 mil 247 niñas y niños reciben ayuda para útiles y uniformes.
Para medir el cambio, la presidenta habló del salario mínimo. Explicó que pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a 9 mil 500 pesos hoy. Según Sheinbaum, ese aumento ayudó a sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. También recordó que los programas de bienestar llegaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los definió como “el amor hecho política pública”.
La mandataria también respondió a las críticas. Contó que un exsecretario de Hacienda de la época del Fobaproa cuestiona a la Cuarta Transformación en un artículo que sale hoy. Recordó que ese funcionario convirtió deuda privada en deuda pública, una carga que el pueblo “nunca va a acabar de pagar”. Por eso, dijo, el país no podría hacer lo que hace con la corrupción del pasado. “El dinero del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México”, afirmó.
Después, Sheinbaum enumeró las obras para el estado. En vivienda, el gobierno construye 47 mil casas para personas de escasos recursos. En octubre empieza la entrega en dos desarrollos de Los Cabos. “Vivienda digna para todas y todos los trabajadores del turismo”, prometió.
En salud y educación, el gobierno levanta un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Además, inauguró un hospital general en Santa Rosalía, Mulegé, y construye otro del IMSS en Los Cabos. En carreteras, avanza la modernización de la transpeninsular, y la Glorieta de las Mujeres Libres ya funciona en Los Cabos. En octubre, el gobernador abre la licitación para comprar autobuses nuevos.
La luz y el agua preocupan a muchas familias de la región, y la presidenta anunció medidas para ambas. Este año arranca la construcción de una central eléctrica en Los Cabos y una nueva planta solar. Mulegé tendrá un proyecto de energía renovable con hidrógeno verde para el norte del estado. En agua, el gobierno levanta la presa del Novillo en La Paz y pidió a Conagua revisar el proyecto de la desaladora de Los Cabos. A partir del próximo año, La Paz recibirá un programa amplio para repavimentar todas sus avenidas.
Ante el reclamo del magisterio, Sheinbaum informó que el gobierno entregó 500 plazas a maestras y maestros. Otras 500 llegarán desde el primero de octubre.
Al final, la presidenta habló de soberanía y recordó el inicio de la lucha por la independencia. Dijo que México nunca debe olvidar ese episodio, porque soberanía significa que “el pueblo manda en nuestro país”. Añadió que ninguna potencia extranjera ni élite define el futuro de la patria. “La injerencia, no. La subordinación, tampoco, el entreguismo, menos”, afirmó.
Luego se refirió a quienes denuncian en el extranjero o buscan intervención extranjera. “Bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país”, concluyó.
Con 108 lugares y una cabina sin asiento intermedio, el XA-MXI se une a la flota de la aerolínea estatal y le da más espacio para llevar pasajeros por el país.
La aerolínea estatal Mexicana recibió este fin de semana su noveno avión Embraer E2, con matrícula XA-MXI. La aeronave llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.
Con este equipo, la flota alcanza una capacidad conjunta de 57 mil 20 asientos al mes. Según un comunicado de la empresa, la cifra equivale a un aumento aproximado de 11.04 por ciento frente a las ocho aeronaves anteriores.
El Embraer 190-E2 transporta hasta 108 pasajeros. Además, su cabina tiene una configuración 2+2, así que nadie viaja en el asiento de en medio.
Igual que los modelos previos, el avión llega con tecnología de última generación. Esa tecnología ayuda a gastar menos combustible y a emitir menos contaminantes.
Por otra parte, la aerolínea afirmó que el crecimiento de su flota refuerza su objetivo de “conectar a México con México”. La empresa busca mover a más personas y abrir oportunidades para el desarrollo de las regiones del país.
Medios iraníes reportan el nivel más alto de alarma militar, Estados Unidos advierte a sus viajeros en Medio Oriente y los hutíes lanzan su primer misil contra Riad.
Según informes iniciales del medio digital iraní The Hormuz Letter, Irán emitió el sábado el Código 100, su nivel de alerta más alto. La orden llegó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, al ejército y a las fuerzas de seguridad. Teherán no confirmó ni desmintió esa información.
Mientras tanto, la cadena RT informó que un bombardero B-1B Lancer del Pentágono despegó de la base RAF Fairford, en Reino Unido. Según ese reporte, el avión llevaba munición y voló rumbo a Medio Oriente.
En Washington, el presidente Donald Trump interrumpió anoche su estancia en Campo David y regresó de improviso a la Casa Blanca. Poco antes, la Defensa Aeroespacial interceptó una avioneta civil que invadió el espacio aéreo restringido cerca del mandatario. Los militares la escoltaron fuera de la zona de exclusión y no reportaron incidentes mayores.
Ante el aumento de las tensiones, el Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje para todo Medio Oriente. Alertó sobre una posible escalada entre los hutíes (Ansar Allah) y Arabia Saudita. Además, señaló que Irán y los grupos aliados a su gobierno “podrían atacar los intereses de Estados Unidos” en la región.
Por su parte, Irán envió sus condiciones a los mediadores de Qatar para retomar las negociaciones y terminar la guerra. Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, detalló tres puntos: el fin del conflicto en todos los frentes, el desbloqueo de los fondos iraníes y el fin del cerco naval del Pentágono contra sus puertos. Rezaei añadió que las consultas siguen con Qatar y Pakistán, y que Teherán espera una respuesta de Trump.
Al mismo tiempo, Teherán lanzó advertencias. Sostuvo que las acciones de Washington y Tel Aviv podrían llevar al país a abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Rezaei aseguró que Irán probó hace poco un nuevo misil balístico antibuque y que lo usaría si la Casa Blanca quisiera volver a “un estado de guerra total”.
Sobre el programa atómico, Rezaei dijo a Al Jazeera que Irán sigue alineado con la fatua del líder supremo. “No hemos modificado nuestra doctrina nuclear, pero no sabemos qué pasará en el futuro”, afirmó.
Más temprano, el conflicto llegó a la capital saudí. Los hutíes de Yemen dijeron que atacaron sitios “sensibles” en Riad, entre ellos instalaciones de la petrolera Aramco. La alerta antiaérea sonó dos veces en el día y los vecinos vieron humo y llamas cerca del aeropuerto internacional.
Las autoridades sauditas confirmaron que los rebeldes intentaron golpear Riad con un misil balístico. Fue el primero dirigido contra la capital desde que escalaron los combates. Así, los hutíes, respaldados por Teherán, abrieron un nuevo frente en la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel.
Riad añadió que la milicia chiita también apuntó a infraestructura civil en Yanbu, puerto del mar Rojo donde termina un importante oleoducto saudí. Los ataques también buscaron Taif, Baysh y Farasan. Según las autoridades, frustraron todos.
El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo que lanzaron “una gran cantidad de misiles balísticos, de crucero y drones” contra Riad. Explicó que respondían a “los intentos criminales del enemigo saudita” de atacar Saná, la capital yemení que controlan los rebeldes.
El ataque también afectó la rutina de los viajeros. Por la mañana, Flightradar24 reportó varios vuelos cancelados o retrasados en Riad. Por la tarde, el tráfico aéreo volvió a la normalidad.
Dentro de Yemen, los enfrentamientos de las últimas horas dejaron al menos 48 muertos. Fueron 17 soldados del gobierno yemenita y 31 combatientes hutíes, según fuentes militares de ambos bandos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, agradeció al alcalde neoyorquino por reconocer el proyecto capitalino como una vía para garantizar una vida plena.
Un proyecto pensado para los barrios de la Ciudad de México ahora despierta interés en una de las urbes más grandes del planeta.
Clara Brugada dio las gracias al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por reconocer las Utopías. Para la jefa de Gobierno, esta iniciativa busca que la gente viva con plenitud. Además, la mandataria explicó que la visión de ciudad detrás del programa coloca a las personas y a las comunidades en el centro.
La idea de fondo es sencilla: que cada persona, sin importar su colonia, encuentre cerca de casa un espacio para convivir y crecer. Por eso Brugada insiste en que una ciudad se mide por la calidad de vida de quienes la habitan.
La mandataria también celebró el eco internacional del proyecto. “Es un gusto que este proyecto sea inspirador en las grandes ciudades del mundo”, expresó.
Con este gesto, la capital mexicana suma una mirada externa que valora su apuesta por la vida comunitaria. Así, una propuesta que nació para acercar oportunidades a las familias ahora cruza fronteras.
Desde Nueva York, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, planteó la necesidad de que las grandes ciudades impulsen políticas de vivienda que permitan a sus habitantes permanecer en sus comunidades y que frenen los efectos de la especulación inmobiliaria.
Durante su participación en el Foro Urbano 2026, Vivienda, asequibilidad y derecho a permanecer, la mandataria capitalina respaldó la propuesta de construir una coalición internacional por una vivienda asequible, planteada por el alcalde de Barcelona, y sostuvo que la crisis de vivienda es un problema que comparten distintas ciudades del mundo.
Brugada recordó que su relación con esta lucha comenzó mucho antes de ocupar un cargo público. Contó que en 1987 viajó a Nueva York como activista social, en el marco del Día Internacional de los Sin Techo, junto con organizaciones de México, Centroamérica y Latinoamérica. Casi cuatro décadas después, regresó a la misma ciudad como jefa de Gobierno para hablar de una problemática que, aseguró, mantiene muchas de las demandas de aquella época.
“No housing, no peace; sin vivienda no hay paz”, expresó.
La jefa de Gobierno señaló que durante décadas la política nacional de vivienda estuvo marcada por un modelo en el que el acceso a un hogar quedó sujeto principalmente a la capacidad de pago de las familias, mientras el gobierno redujo su participación en la construcción de vivienda social.
Frente a ese escenario, dijo, la Ciudad de México ha desarrollado un modelo basado en tres líneas principales: construir vivienda social, regular el mercado inmobiliario y trabajar de manera conjunta con las comunidades.
Brugada destacó que, entre 2018 y 2025, cerca de medio millón de personas salieron de la pobreza de vivienda en la capital, aunque reconoció que todavía existen problemas relacionados con el déficit habitacional, el aumento de los precios y la expulsión de habitantes de sus propios barrios.
Como parte de la estrategia actual, recordó que al inicio de su administración se creó la Secretaría de Vivienda y se duplicó la inversión destinada a este rubro. La meta para 2030 es alcanzar 200 mil acciones de vivienda, entre nuevas construcciones y mejoramientos.
Uno de los mecanismos señalados por la mandataria son los créditos a tasa cero para familias trabajadoras, con pagos que no deben superar 20 por ciento de sus ingresos. También destacó la construcción de viviendas sociales con precios considerablemente menores a los del mercado y la puesta en marcha de una empresa pública de vivienda.
A esta política se suma la adquisición de suelo. Brugada informó que durante los últimos dos años la Ciudad de México ha incorporado 250 mil metros cuadrados de terrenos para destinarlos a proyectos habitacionales, en un contexto de disputa por el suelo urbano.
La estrategia, explicó, no se limita a construir casas o departamentos nuevos. Este año se prevé mejorar alrededor de 40 mil viviendas que presentan problemas de habitabilidad, ya sea por deterioro, falta de infraestructura o porque las necesidades de las familias han cambiado con el paso del tiempo.
La mandataria también resaltó la incorporación de criterios ambientales y de cuidados en los nuevos conjuntos habitacionales. Hasta ahora, dijo, se han instalado más de 16 mil tecnologías sustentables, entre sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.
Además, los nuevos desarrollos contemplan espacios vinculados con el Sistema Público de Cuidados, como áreas para niñas y niños, personas mayores o con discapacidad, así como lavanderías públicas y comedores, con el objetivo de reducir el tiempo que las familias destinan a estas tareas.
Otro de los frentes que planteó Brugada es la regulación de las rentas. Señaló que la Ciudad de México impulsa una propuesta para evitar que los alquileres aumenten por encima de la inflación y busca establecer mecanismos de protección para quienes rentan una vivienda.
En ese sentido, mencionó una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al arraigo comunitario y crear una defensa pública para los inquilinos ante posibles abusos. También planteó establecer reglas para evitar que los procesos de desalojo terminen dejando a familias en situación de calle.
La discusión sobre vivienda formó parte de una agenda más amplia que Brugada desarrolló durante su participación en el encuentro U20, que reúne a representantes de las principales ciudades del mundo.
En Nueva York, la jefa de Gobierno participó además en una conferencia de prensa junto con el alcalde de esa ciudad, Zohran Mamdani, donde ambos coincidieron en que las ciudades deben mantener condiciones que permitan vivir en ellas a personas de distintos sectores sociales.
Brugada sostuvo que Nueva York y la Ciudad de México comparten el reto de evitar que la vivienda, el transporte, los cuidados y el espacio público se conviertan en privilegios reservados para quienes tienen mayores ingresos.
Durante el encuentro, Mamdani destacó también el trabajo desarrollado en la capital mexicana con las Utopías y el Sistema Público de Cuidados.
Ambos funcionarios plantearon que las ciudades deben funcionar como espacios de convivencia, refugio y construcción de paz, además de mantener condiciones de accesibilidad y diversidad para sus habitantes.
Brugada aprovechó su participación para recordar que la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, por lo que confió en que las iniciativas que actualmente se discuten entre distintas ciudades puedan convertirse en acuerdos y políticas concretas antes de esa fecha.
Policías capitalinos vieron a los tres intercambiar envoltorios en el puente de General Anaya y les hallaron dos armas de fuego. Las autoridades los ligan con extorsión a comerciantes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) detuvo el viernes 18 de septiembre a tres presuntos extorsionadores de comerciantes de La Merced. Son Daniel “N”, alias “El Pinky”; José Luis “N”, “El Colín”; e Isabel “N”, “La Chabela”. Las autoridades los relacionan con un grupo que cobra piso en esa colonia de la alcaldía Venustiano Carranza.
El Registro Nacional de Detenciones confirmó la fecha del arresto. La SSC-CDMX dio a conocer el caso hasta este sábado 19 de septiembre.
El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, explicó el operativo en redes sociales. Dijo que forma parte del refuerzo de seguridad que ordenó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contra la extorsión en los mercados públicos. Además, calificó al grupo de generador de violencia en la zona centro y prometió seguir con el trabajo para desarticular células criminales.
Todo comenzó durante un recorrido de vigilancia en el puente de General Anaya. Ahí, los policías vieron a “La Chabela” en una motocicleta mientras intercambiaba envoltorios con “El Pinky” y “El Colín”. Los dos hombres estaban dentro de un auto blanco.
Al notar a los uniformados, los sujetos intentaron huir en el vehículo. Los agentes les cerraron el paso y les hicieron una revisión preventiva.
En la inspección, los policías hallaron 133 bolsitas con hierba verde parecida a la marihuana y 64 con una sustancia sólida similar a la piedra. Sumaron 197 dosis. También sacaron 35 gramos de aparente cristal, un kilo de hierba seca, dos armas de fuego, 15 cartuchos útiles y un cargador metálico. Los detenidos cargaban además tres celulares y dos mochilas.
El Registro Nacional de Detenciones ubicó el arresto a las 5:01 de la tarde en la calle General Anaya. El punto queda entre Sidar, Rovirosa y Juan de la Granja, en la colonia Del Parque, cerca del Metro Candelaria.
Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México también relacionan al grupo con homicidio, secuestro, tráfico de armas y venta de drogas en la zona centro. Los policías trasladaron a los tres ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
Dos de los detenidos ya tenían antecedentes. José Luis “N”, de 42 años, ingresó al sistema penitenciario capitalino en 2018 y en 2019 por robo agravado en pandilla. Daniel “N”, de 33, tiene un ingreso previo por narcomenudeo y otro registro por cohecho en 2021. Isabel “N”, de 28, mantiene abierta una carpeta de investigación por robo a transeúnte con violencia.
Este no es el primer golpe en la zona. El 7 de agosto, policías de la SSC-CDMX detuvieron a Edie Santiago “N”, alias “El Edy”, cerca del Mercado San Ciprián. Fuentes de seguridad lo identificaron como presunto integrante de la Unión de Tepito.
Los agentes lo sorprendieron con bolsitas de plástico como las que se usan en la venta de droga al menudeo. Le encontraron 153 bolsitas de aparente marihuana, 60 de una sustancia parecida a la cocaína y 33 gramos de otra similar a la metanfetamina. Además, le hallaron 15 cartuchos, dos celulares y 600 pesos en efectivo.
La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes atiende ese caso y el de los tres detenidos.
El Ministerio de Defensa ruso detalló que sus drones y armas de precisión alcanzaron una empresa de electrónica, un centro de datos y varias instalaciones logísticas en Kiev y Odesa.
Durante la noche, el ejército ruso lanzó ataques coordinados contra objetivos en Ucrania, según informó su Ministerio de Defensa. Moscú asegura que usó armas de alta precisión lanzadas desde el aire y drones de ataque.
En Kiev, el ministerio dice que impactó a Radionix, una empresa de electrónica de radio. Según Moscú, la compañía fabrica sistemas de guía para los misiles Flamingo, Neptune, FP-7 y FP-9.
Además, el parte ruso señala que los ataques alcanzaron el centro de datos Be-Mobile. Moscú afirma que ese sitio almacena, procesa y transmite datos, incluida información de inteligencia. También asegura que da soporte a equipos de red del ejército ucraniano.
Los ataques llegaron igualmente a la región de Kiev, donde Rusia dice que golpeó un almacén de Fire Point. Según el reporte, guardaba componentes de drones y propulsores de lanzamiento.
Después, el ministerio habló del sur del país. En la región de Odesa, afirma que impactó el centro logístico Novaya Pochta, que servía para almacenar y distribuir carga militar. Por último, dice que alcanzó un buque de carga en el Puerto de Odesa, que había entregado suministros militares.
La información sale del comunicado ruso y este texto no incluye una confirmación independiente. Tampoco recoge, por ahora, la versión de las autoridades ucranianas sobre los daños.
Un macho adulto y una hembra joven estaban en buen estado, pero sus dueños no mostraron registro ni plan de manejo. Profepa los puso bajo custodia.
Inspectores de la Profepa encontraron a dos tigres de Bengala en una vivienda de El Bajío, una comunidad rural del municipio. La dependencia federal informó del caso.
Todo comenzó cuando la Secretaría de Marina (Semar) avisó a la Profepa de que había ejemplares de esta especie en un inmueble. Con ese reporte, personal de ambas instituciones acudió al lugar.
Durante la inspección, los funcionarios confirmaron la presencia de un tigre macho adulto y una hembra joven. Los dos felinos estaban en buen estado de salud.
Aun así, los dueños no mostraron documentos que respalden el registro que otorga la Semarnat. Tampoco presentaron un plan de manejo para los animales.
Por esa razón, los inspectores aseguraron a los felinos de forma precautoria y los dejaron en custodia.
La Profepa también recordó las reglas para quienes cuidan fauna silvestre. Los sitios que la manejan, como las UMA y los PIMVS, deben cumplir la Ley General de Vida Silvestre. Además, necesitan autorización para funcionar y un plan de manejo para cada especie.
Ahora la dependencia seguirá con el procedimiento administrativo. Según su aviso, la prioridad es el bienestar y el cuidado de los tigres.
El STF rechazó el recurso de la defensa y confirmó cuatro años y dos meses de prisión para el hijo de Jair Bolsonaro.
El ex diputado Eduardo Bolsonaro perdió este viernes su batalla legal contra la condena. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil mantuvo su pena de cuatro años y dos meses de prisión. La justicia lo halló culpable de coacción dentro del proceso por la trama golpista de 2022.
La Primera Sala del STF tomó la decisión y rechazó el recurso de la defensa del ex diputado. El relator, Alexandre de Moraes, votó por mantener la condena. Los ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin lo acompañaron en el pleno virtual.
La sentencia que el STF dictó en junio también fija otras condiciones. Eduardo comenzará a cumplir la pena en régimen semiabierto. Además, deberá pagar una multa de 162 mil reales, unos 32 mil 400 dólares. Por último, no podrá ser candidato durante 12 años.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo actuó desde Estados Unidos para presionar a las autoridades de su país. La acusación sostiene que buscó amenazar a integrantes del STF. Su meta era impedir una posible condena contra su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, por el intento de ruptura del orden democrático.
Para probarlo, la PGR presentó declaraciones públicas, publicaciones en redes sociales y mensajes entre Eduardo y su padre. Según el organismo, esos materiales muestran gestiones en Estados Unidos para presionar al Poder Judicial brasileño.
Moraes descartó los argumentos de la defensa. Afirmó que las acciones de Eduardo no tenían relación con su mandato parlamentario. Por eso rechazó que la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria lo protegieran.
Por su parte, la Defensoría Pública de la Unión asumió la defensa, porque Eduardo no designó abogado. Sus defensores pidieron la absolución por falta de pruebas y cuestionaron aspectos del proceso, entre ellos la participación de Moraes. También sostuvieron que la libertad de expresión amparaba las declaraciones del ex diputado. Añadieron que Eduardo no tenía poder para decidir las medidas del Gobierno estadunidense.
