Autor: Rafael Martínez

Redacción

¡Ya empezaron los juegos del hambre en la política! Vienen elecciones y, con ella, la guerra sucia, las descalificaciones, las calumnias. En San Luis Potosí, donde se elegirá al sucesor de Ricardo Gallardo, ya estamos en la antesala de una guerra civil política. En un rincón asoma el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su intento de perpetuar un cacicazgo familiar; en el otro, un hombre que carga con las medallas de los operativos más espectaculares de México, pero también con los fantasmas de tragedias nacionales. Enrique Galindo Ceballos, el alcalde capitalino (2024-2027), ha decidido que su próximo objetivo es la gubernatura, desatando una tormenta de pasiones, rencores y promesas de cambio.

Y es que la historia de Galindo no es la de un político común; es, por lo menos mediáticamente, la de un cazador de capos. Considerado uno de los policías más condecorados en la historia del país, Galindo fue el rostro detrás de las capturas de figuras míticas del crimen: “La Tuta”, “El Indio”, “El Z40” e incluso el mismísimo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, el dato que hoy adquiere tintes de una tragedia shakesperiana ocurrió el 7 de enero de 2015: fue Enrique Galindo quien ejecutó la orden de aprehensión contra Ricardo Gallardo Cardona, el hoy gobernador, por un presunto desfalco de más de 200 millones de pesos. Y hoy, aquel el antiguo verdugo, busca heredar la silla de su antiguo prisionero, un duelo que, incluso, podría  trascender la política para volverse un asunto más personal.

Las manchas de sangre en el uniforme

Pero el pasado de Galindo no es puramente heroico. Como Comisionado General de la Policía Federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su nombre quedó grabado (y manchado) en los expedientes más oscuros de la defensa de los derechos humanos en México. ¿A qué me refiero? A que las masacres de Tanhuato (Michoacán) y Nochixtlán (Oaxaca), que se imponen como sombras que se niegan a abandonar su campaña.

Y aunque, ahora mismo, no existen sentencias penales directas en su contra, el estigma de las “ejecuciones arbitrarias” señaladas por la CNDH terminó con su salida del cargo en 2016. 

Para sus detractores, Galindo es un hombre de mano dura con deudas pendientes ante la justicia; para sus seguidores, es el único capaz de poner orden en un estado asediado.

Un gobierno entre el asfalto y la corrupción

En la capital, Galindo ha jugado su carta más fuerte: la transformación urbana. Con el programa “Vialidades Potosinas”, ha logrado rehabilitar más de un millón de metros cuadrados de pavimento, devolviendo la dignidad a barrios olvidados. 

Su gestión de la crisis hídrica, con la perforación de 20 nuevos pozos bajo el plan “Sí al Agua”, le ha otorgado un respiro frente a una sequía que amenazaba con incendiar socialmente a la ciudad.

No obstante, su “administración amable” ha mostrado grietas alarmantes:

Corrupción interna: En octubre de 2025, el desmantelamiento de una red de extorsión en Protección Civil sacudió su imagen de integridad.

Deficiencias básicas: Quejas constantes por la acumulación de basura empañan el brillo de sus nuevas avenidas.

¿Salvador o más de lo mismo?

El escenario para la sucesión en San Luis Potosí es un auténtico campo de batalla política. Y es que Enrique Galindo se presenta como la antítesis del nepotismo, enfrentándose a la posibilidad de que Ruth González Silva, esposa de Gallardo, busque mantener el poder en familia.

La pregunta que recorre las calles de San Luis es si el electorado perdonará las sombras de Tanhuato a cambio de calles pavimentadas y agua en los grifos. 

Mientras algunos ven en Galindo al estratega necesario, otros desconfían de que el “suelo pavimentado” por el alcalde solo sirva para ocultar los esqueletos de su pasado federal.

Una cosa es cierta: la moneda está en el aire, y el vuelo es, por decir lo menos, turbulento.