“Como lo destacan algunos analistas, en el imaginario oligárquico latinoamericano, democracia y estado de derecho significan respeto y defensa de los intereses particulares de grupos de poder”.
Carlos G. Aguilar.¿Cómo y por qué del Golpe de Estado en Honduras? Revista Realidad No. 121 jul-sep 2009. Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico. San Salvador. 2009.
Abrazamos solidariamente a los hermanos peruanos en estos momentos en los que luchan con valor frente al golpismo interno y sus aliados extranjeros para restablecer el gobierno que eligieron y la legalidad en su patria. Hoy como siempre hacen realidad la consiga “El pueblo unido jamás será vencido”. Después del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular en Chile al frente del Dr. Salvador Allende Gossens el 11 de septiembre de 1973, la versión tradicional del golpe de Estado en América Latina ha tenido cambios. Hoy, la técnica del golpe de Estado es practicada desde los despachos del poder industrial y financiero, con la abierta participación de instancias legislativas, judiciales, así como de medios corporativos de difusión, siempre al amparo de la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. Esta estrategia es conocida como golpe blando, constitucional, golpe de mercado, desafuero o lawfare.
Desde mediados del siglo XX, los gobiernos democráticos, populares y antiimperialistas de América Latina han sufrido ataques a sus derechos y libertades. Avalados y promocionados desde Estados Unidos los golpes de Estado se han sucedido en distintos países. El papel de las fuerzas armadas, amparadas por la doctrina de la “seguridad nacional”, mantuvieron su rol buscando eliminar al “subversivo comunista, al enemigo interior que socavaba el orden y los intereses establecidos”.
En Latinoamérica hemos presenciado la aplicación del golpe blando en distintas modalidades. Para citar solo algunos casos a continuación me refiero brevemente a lo ocurrido en Venezuela (Hugo Chávez 1998), Honduras (Manuel Zelaya 2006) y Brasil (Dilma Rousseff 2016). Cabe mencionar que en los tres países presenciamos la conquista pacífica del poder político por parte del pueblo. Es decir, la puesta en marcha de estas acciones golpistas ocurre cuando la población se lanza masivamente a votar con la confianza de que su participación es determinante en el triunfo de la opción política que mejor representa los intereses de las mayorías. La toma de las calles y las expresiones populares en favor de los gobiernos elegidos democráticamente han sido determinantes en el fracaso de las acciones golpistas, con mayor o menor éxito al haber promovido los golpes blandos, o posteriormente cuando la reorganización política del pueblo y de la vanguardia de su movimiento permite el regreso al poder de liderazgos y gobiernos progresistas.
Venezuela 1998. Con el 56.20 por ciento, de los votos emitidos, Hugo Chávez Frías gana la elección frente a Henrique Salas Römer, candidato del Partido Proyecto Venezuela, que obtiene el 39.97 por ciento. Ex militar de ideología socialista que encabezó un golpe de estado en 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se presentó como candidato de su partido, el Movimiento V República (MVR) y fue apoyado por una coalición conocida como “Polo Patriótico”, integrado también por Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). Chávez lleva a cabo una campaña electoral de corte socialista, centrada en el cambio y comprometiéndose a convocar a un proceso constituyente. Su victoria inicia un periodo conocido como Revolución Bolivariana, y el movimiento político de izquierda en torno a su figura denominado chavismo, que gobierna Venezuela hasta la actualidad.
Este proceso se considera como el final del ciclo neoliberal venezolano y predominante en América Latina durante la década de los noventa, ya que otros gobiernos con ideologías similares llegaron al poder en países vecinos. En 1999, con el proceso constituyente, se inician cambios fundamentales en la estructura política y jurídica del país, los factores del poder nacional, económico, financiero, político, eclesiástico y mediático se conjuraron para darle al traste con las transformaciones que el pueblo venezolano… y aunque se mantuvieron a la expectativa… en cuanto el gobierno aprobó leyes que afectaban sus intereses y ponían en peligro (sus) privilegios… no tardaron en reaccionar y confabularse para frustrar el sueño, la esperanza y el proyecto de país contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum popular…1
Los poderes económico, mediático, de la alta gerencia petrolera, la cúpula eclesiástica, los partidos políticos tradicionales, quienes sumaron a su causa a sectores medios de la población y contando con el apoyo de EEUU, España y otros países europeos, lanzaron una andanada de marchas, paros, huelgas, y un intenso bombardeo mediático conformando así la estrategia conspirativa que alcanzará su clímax en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de ese año, el cual se prolongaría hasta el 2 de febrero de 2003. El apoyo mostrado por autoridades de Estados Unidos y España a los sectores derechistas y opositores a Chávez, se puso de manifiesto abiertamente cuando ambos gobiernos hicieron una declaración conjunta en la que no se hace referencia a la interrupción del orden constitucional y solo expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el breve plazo a la normalización democrática plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garantía de los derechos y libertades fundamentales.2
La fuerza de ambos golpes hubiera sido suficiente para derribar a cualquier gobierno, sin embargo, subestimaron al poder de las masas populares y al de la Fuerza Armada constitucionalista. Para motivar a los sectores medios de la población, desataron una campaña propagandística jamás vista en el país. Terminaron por creer que el presidente estaba “técnicamente caído” y se dejaron ganar por el cortoplacismo. “Fuera ya”, “renuncia ya”, “se va ya”, eran las consignas que harían del inmediatismo y la frustración una misma cosa…3
Honduras 2006. Pasando al contexto centroamericano, en enero de ese año, Manuel Zelaya Rosales inicia su gobierno al triunfar como candidato del centroderechista Partido Liberal con las promesas de combatir a las maras, la pobreza y la corrupción. Para sorpresa de los propios hondureños y de quienes en el exterior mantienen intereses económicos en uno de los países más pobres de América y del mundo, Zelaya inició negociaciones petroleras con el entonces presidente Hugo Chávez e incorporó a su país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), lo que fue interpretado como su identificación con la izquierda latinoamericana.
Una radiografía de los intereses extranjeros en Honduras nos da idea de la preocupación que generó lo que la derecha calificó como viraje a la izquierda del presidente Zelaya. John Saxe-Fernández en Crisis e imperialismo4, citando el “Estudio Industrias Extractivas: Minería y Petróleo” elaborado por la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), aporta información acerca de las concesiones otorgadas para aprovechar recursos mineros, hídricos y de generación de energía eléctrica: … aproximadamente el 31% del territorio hondureño, de 112.492 km2, está en poder de trasnacionales mineras, mediante un “sistema de concesión a compañías extranjeras dedicadas a la minería metálica y no metálica”, Las minas localizadas en el valle de Siria, Francisco Morazán (100 km al norte de Tegucigalpa), y de San Andrés, Copán (400 km al noroeste de la capital), las poblaciones circundantes aún no reciben regalías… Asimismo, en el país existen 35 cuencas hidrográficas primarias y sus ríos se agrupan en dos vertientes costeras: la del Caribe y la del Golfo de Fonseca. Sólo las cuencas de los ríos Patuca y Ulúa cubren una extensión de 25 mil y 22 mil kilómetros cuadrados, respectivamente… Cabe recordar que Estados Unidos mantiene una base militar en Palmerola (Soto Cano), ubicada a 97 kilómetros de Tegucigalpa, establecida en 1981 durante la administración de Ronald Reagan.
Esta base se caracteriza por contar con una de las mejores pistas de aterrizaje de Centroamérica, debido a su longitud puede recibir aeronaves de gran tamaño, por lo que constituye uno de los tres puntos estratégicos de EUA en la zona. Dentro de la base aérea se encuentra la misión estadounidense Fuerza de Tarea Conjunto Bravo integrada por marines de acción especial. Dos factores son determinantes en el posterior desarrollo de la institucionalidad hondureña. Por un lado, la presencia castrense en el ámbito estatal, aún y cuando la titularidad del ejecutivo estaba a cargo de un civil, lo que impidió la consolidación del poder civil y su predominio por encima de la influencia de las fuerzas armadas en las decisiones nacionales. Por otro, el papel de los medios de difusión vinculados al poder y su influencia en la formación de la cultura política de la sociedad hondureña.
Es precisamente, en el marco de la política estadounidense de dominación militar, que el 28 de junio de 2009 se produce un golpe de Estado. Cabe destacar que uno de los resultados inmediatos fue que Tegucigalpa abandonara la ALBA. El presidente Zelaya fue detenido y llevado a la base militar estadounidense de Soto Cano. La inmediatez de las decisiones tomadas por el nuevo gobierno resulta ilustrativa de los intereses que se beneficiaron con el golpe. A poco más de un mes, en agosto, y en medio de una crisis institucional, el Congreso Nacional aprueba la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anuncia la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. Brasil 2011. La conspiración contra la presidente brasileña Dilma Rousseff, que termina con la revocación de su mandato en 2016, se inicia durante su primer periodo en la presidencia cuando se detectaron actos de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) la cual “destapa” la corrupción en la petrolera Petrobras.
Así comienza una agresiva guerra mediática contra el gobierno brasileño y especialmente contra Rousseff. El “Dragón de 7 Cabezas”, que representa a los banqueros, latifundistas, empresarios, tecnócratas, medios de comunicación privados, narcotraficantes y sectas religiosas, fue despertado por la NSA y decidió que había llegado la hora de terminar con el llamado “neodesarrollismo” de Lula da Silva y Dilma Rousseff para retomar el esquema neoliberal. Los operativos de la NSA cumplen dos finalidades estratégicas: desprestigiar al gobierno, con la abierta colaboración de los medios, difundiendo informaciones de corrupción en el manejo de la petrolera en las que están involucrados altos funcionarios e inclusive la propia presidenta, y promover una imagen favorable de que la apertura de los recursos petroleros, a compañías privadas, evita tanto la opacidad y la corrupción estatales y beneficia económicamente al país, ya que la renta petrolera la obtiene sin corrupción pública de por medio.
Al escándalo de corrupción se le sumaron la crisis económica y el creciente desempleo, factores que fueron manipulados hábilmente y distorsionados día con día por los medios empresariales de comunicación, generando en la opinión pública, sobre todo entre la clase media, una conclusión manipulada y dirigida para que se identificara a la presidenta y su equipo como los responsables de llevar al país a su declive. La estrategia de Estados Unidos fue impulsar un golpe de Estado parlamentario. La pinza contra la presidenta la cerró la oposición en la Cámara de Diputados. Formó una comisión de 38 legisladores para presentar la acusación formal contra Rousseff por supuestas alteraciones en cuentas públicas cometidas por ella recomendando el inicio del proceso de destitución o impeachment. Asimismo, se le involucró en el encubrimiento de la corrupción, a pesar de no existir ninguna prueba. Cabe mencionar que 36 de los 38 diputados que votaron en favor del juicio político fueron posteriormente procesados por delitos de corrupción. Es importante destacar que la estrategia seguida para utilizar al Poder Legislativo, en la destitución de la presidenta brasileña, comienza a reunir los elementos necesarios para justificar el impeachment desde el proceso electoral de 2014. A inicios de ese año varios medios dieron cause a diversas acusaciones acerca de la compra, con sobreprecio, de la refinería de Pasadena, en Texas, durante la administración de Lula da Silva, en 2006. En este contexto, los medios mostraron su pretensión de desplazar el intervencionismo estatal en el tema petrolero. Ya para 2015 las manifestaciones contra la corrupción, y por el juicio político a la presidenta, son estimuladas por los medios opositores sosteniendo líneas editoriales adversas al gobierno del PT, alzándose como agentes fiscalizadores frente al escándalo de Petrobras. Marchas y contramarchas se suceden, siendo las calles el escenario de disputa entre quienes demandaban la destitución de Rousseff y aquellos que le expresaban su apoyo.
Finalmente, la presidenta fue sometida a juicio político y posteriormente destituida en 2016.La combinación de acciones jurídicas, soportadas por sectores del poder judicial; decisiones legislativas, de partidos opositores en ocasiones con mayorías congresistas; el control del poder mediático, propiedad de grandes empresarios locales; injerencismo extranjero de gobiernos y empresas transnacionales, promoviendo abierta o veladamente la desestabilización interna; generan los ambientes propicios para derrocar a gobiernos nacionalistas, progresistas y/o de izquierda. Continuaremos la próxima semana con la presentación de un breve perfil de los golpes blandos y las estrategias de lawfare.
1Herrera, Earle. Los documentos del golpe. Fundación Editorial El perro y la rana. Fundación Juan Vives Suriá. Defensoría del Pueblo. Venezuela 2009. P. 11.
2Lander, Edgardo. El papel del gobierno de los EE.UU. en el golpe de estado contra el Presidente Chávez. Una exploración preliminar. Buenos Aires 2002. CLACSO. Pp., 6-7. El financiamiento a grupos de la oposición que operó el golpe se canalizó principalmente a través de la National Endowment for Democracy (NED, organización conservadora financiada por el Congreso de los Estados Unidos que fue creada a comienzos de la década de los ‘80, durante el gobierno de Ronald Reagan. Su propósito es la promoción de la democracia, en palabras de la Heritage Foundation, como vía para promover los “intereses nacionales de los Estados Unidos” y “facilitar las reformas de libre mercado que con frecuencia ofrecen oportunidades para la inversión y el comercio internacional”.
3Herrera, Earle., op., cit., p. 11.4Saxe-Fernández, John. Crisis e imperialismo, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. UNAM. 2012. Pp. 242-244.
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