“… por defender la precaria democracia y al INE, la reforma que propone el Presidente no debe pasar…”.
José Woldenberg. Consejero presidente del IFE 1996-2003
De nueva cuenta la derecha en México intentó mostrar que sabe salir a las calles del centro de la Ciudad de México y convocó a una “marcha por la democracia” el día de ayer domingo 13 de noviembre, con el lema el INE no se toca. En la convocatoria participaron diversas organizaciones tales como el “Frente Cívico Nacional”, “Unid@s para mejorar” otrora alianza Sí por México, y “Ciudadanos por México”, además de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, empresarios como Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walther, políticos, intelectuales y legisladores de oposición.
En el cartel promocional difundido en medios y redes sociales se recurrió a siete afirmaciones tan disímbolas como: “no queremos una dictadura, la alternancia es parte de la democracia, el INE tiene toda nuestra confianza, exigimos a la oposición feroz resistencia, la mentira nos afrenta, lo bueno cuesta y el voto directo no es el único instrumento democrático”. En todo su esplendor la inconsistencia de posturas y el escaso nivel analítico y reflexivo de las élites.
Sin embargo, en lo que si existe consistencia y coherencia entre los grupos convocantes y asistentes es en la discriminación, racismo y clasismo que les brota a todos a flor de piel. Hay quienes pretenden ocultarlo en público, pero los hay quienes hasta presumen de reproducir esa ideología basada en aquella triada con la que el poder pretende justificarlo todo. Muestras hay muchas y las podemos encontrar en lo que escriben, comentan en medios o expresan en videos y apuntan en cuentas de redes sociales. Pero en estos momentos lo más grave es la mentira y la manipulación de la que sin tapujos hacen gala todas esas organizaciones y grupos de la población mexicana.
Para empezar la convocatoria se basó en una afirmación carente de sustento ya que la reforma electoral no pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral: “te esperamos para defender en el INE, porque el INE no se toca”. Hay más: “…la reforma electoral es una propuesta del poder. Y los intereses del poder, por definición, siempre serán contrarios a los intereses ciudadanos…”; “El INE es el resultado de años de lucha para que los gobiernos, del partido que sean, no tengan control sobre las urnas. Eso es lo que busca revertir la reforma electoral”; “Lo que el líder absoluto de Morena pretende en los hechos es volver a los tiempos en que las elecciones eran organizadas, contabilizadas, calificadas y validadas por el gobierno”; “La iniciativa presidencial es un rechazo al impulso transformador que construyó una democracia representativa, así como instituciones electorales que empoderan al ciudadano con el respeto riguroso a su voto”. Y mucho más.
Como lo han señalado muy puntualmente quienes consideran necesaria la aprobación de la propuesta presidencial, no por defenderla simplemente, sino por mostrar evidencias y no inferencias, el INE no se desaparece y sí se modifica a esa institución que perdió su autonomía del poder y de los partidos políticos hace mucho. Pero además se profundiza en la reforma, como se explica claramente en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal: … el propósito es adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que ha vivido nuestro país en los últimos años. Se busca facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, ampliar la representatividad, garantizar la pluralidad en los poderes públicos, así como fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y la imparcialidad en las contiendas electorales.
Para confrontar la superficialidad de los “argumentos” opositores acerca de la “defensa de la democracia”, de buscar “el beneficio ciudadano y no del poderoso”, de “evitar que se vuelva a tiempos del control gubernamental sobre las elecciones”, o de que “se respete una institución gracias a la cual existe un riguroso respeto del voto”, recurramos a la historia.
Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido en las elecciones del año 2000. Millones de mexicanos esperaban la efectiva transición democrática y que aquello de sacar al PRI de Los Pinos, fuese algo más que propaganda. Por cierto, el único orador del evento de ayer, José Woldenberg, en esos momentos fungía como consejero presidente del entonces IFE, desempeñándose en el cargo desde 1996 y hasta el 2003.
El triunfo de Vicente Fox estuvo rodeado de denuncias interpuestas ante el IFE por el PRI y el PRD y, posteriormente ante el TEPJF, cuando el Instituto decidió cerrar la investigación en la que se mencionaba que un conjunto de empresas, nacionales y extranjeras, estaban triangulando dinero a través de la asociación “Amigos de Fox” para la campaña, lo cual violaba la ley por recibir dinero del exterior y de empresas, rebasar los topes de campaña, así como por no dar a conocer a la autoridad la totalidad de dichos ingresos.
La investigación se abrió en el IFE en junio del 2000 y el propio instituto decidió cerrarla en agosto del 2001 argumentando no contar con “elementos que la sustanciaran”, ya que las instituciones bancarias y los particulares a los que se les requirió información acerca de las aportaciones a la campaña de Fox habían recurrido a cuestiones legales para no proporcionarla.
La impugnación del PRI llevó al Tribunal a emitir una sentencia, nueve meses después, es decir en mayo de 2002, determinando que el IFE es una autoridad hacendaria que persigue fines fiscales por lo cual estaba facultada para requerir la información relativa al financiamiento privado a la campaña de Vicente Fox. El Instituto retomó la investigación en julio de 2002, cuando ya personas físicas y morales contaban con amparos contra el IFE, aun y cuando los mismos no procedían en materia electoral. La judicialización del financiamiento irregular y las resoluciones del tribunal e incluso de la SCJ demoraron hasta octubre del 2003, cuando ya había transcurrido medio sexenio foxista. Todo quedó en una multa por 545 millones de pesos que el Tribunal redujo a 497.
El otro caso de financiamiento fraudulento de campaña ocurrido en la elección de “la transición a la democracia” fue el conocido como Pemexgate. En este caso fueron recursos aportados para la campaña del candidato a la presidencia del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Este caso fue muy convenientemente dado a conocer por las autoridades hasta enero del 2002. El PRD tardó entre febrero y noviembre del 2002 en presentar una denuncia en contra del PRI ante el IFE. De nuevo la judicialización del asunto por parte del Instituto se topó con la negativa de la CNBV de entregar la información requerida para sustentar la investigación, a pesar de que ya el Tribunal le había otorgado al Instituto el carácter de “autoridad hacendaria”.
Pero además en este tema el Tribunal Electoral no le dio la razón al Instituto, argumentando que la sentencia dictada en el caso de “Amigos de Fox”, tenía “obligatoriedad solamente en el caso concreto en el que fue emitida y para los sujetos involucrados en ese caso y no para otros”. Finalmente, la Comisión de Fiscalización del IFE determinó que la falta del PRI había sido “no haber informado de la recepción de 500 millones de pesos”, a través del sindicato de trabajadores petroleros, imponiéndole una multa de mil millones de pesos en marzo de 2003.
En ambos casos el IFE de Woldenberg se conformó con la imposición de sanciones económicas, e incluso las calificó como “históricas” sin que hubiera ningún detenido ni mucho menos sentenciado por estas graves violaciones a la legislación electoral vigente. Cabe recordar que fue hasta ahora, con el gobierno de la 4T, que por iniciativa del presidente López Obrador el fraude electoral es considerado como delito grave que se castiga con cárcel.
Queda claro que la Institución que vela por la permanencia de la democracia en México cuenta, desde su nacimiento, con un historial poco transparente muy alejado de la pretensión de ser el valladar al que le podemos confiar la organización de procesos electorales que reflejen realmente la voluntad de los ciudadanos.
Es precisamente por ello que, como lo dio a conocer en aquella conferencia matutina del jueves 28 de abril del año en curso, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández al informar que al frente de un grupo de trabajo había “… terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática…” enfatizando “… Más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
