La Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de octubre una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y su régimen transitorio, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias y que no han sido reclamadas durante seis años, sean destinados en partes proporcionales, a la beneficencia pública y al apoyo de los cuerpos policiales federales, estatales y municipales dedicados a la lucha contra la inseguridad pública.
La iniciativa inicial fue presentada el 21 de septiembre, por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), se enfoca a mantener la visión gubernamental del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir a la delincuencia organizada y pacificar al país, mediante una estrategia que incluya el debilitamiento financiero y social de las organizaciones de la delincuencia organizada.
Un dato por demás importante es el monto que el Diputado inicialista Ignacio Mier Velasco, promotor de esta reforma indica, pues señala que pueden ser por lo menos 10.000 millones de pesos y que estarían disponibles de inmediato, de cuentas inactivas, mientras que las estimaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que puede ser de más de 75.000 millones.
La iniciativa precisa que: “No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”. Señala además que: “En el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito, que provienen de la delincuencia organizada”.
La lucha contra la inseguridad requiere necesariamente debilitar estructuras financieras del crimen organizado para lograr la pacificación del país, nuestro Mandatario Nacional ha redoblado sus esfuerzos con iniciativas para fortalecer los cuerpos de seguridad y ha designado para el próximo ejercicio fiscal (2023), de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación, un incremento de 7.4% más que el destinado en el año 2022, por lo que se ejercerá un gasto de 252.818 millones de pesos para las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
Al aprobarse esta iniciativa el Gobierno de México tendrá mayores recursos para las labores de seguridad, una nueva fuente de financiamiento provenientes de las cuentas bancarias que no han mostrado actividad o que han sido aparentemente abandonadas por sus titulares, incluyendo los intereses o rendimientos de las cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años.
Especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar hacia las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes proporcionales tanto para la Federación, como para los municipios y los estados.
De acuerdo con la reforma, de ser aprobada por el Senado, las cuentas con una cantidad menor a 51 mil 958.8 pesos, se destinarán a la beneficencia pública. Los depósitos con una cantidad mayor a los 51 mil 958.8 pesos serán de uso para la seguridad pública.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá instituir de manera anual los mecanismos de distribución de los recursos; atendiendo las necesidades y prioridades definidas en los instrumentos, así como en la legislación correspondiente, los cuales deberán establecer un porcentaje de 50 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para las entidades federativas y un 20 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.
Al respecto de la discusión de esta iniciativa, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a lo que están comentando los integrantes de la oposición, dijo: “Ayer un lío, un escándalo de que queríamos confiscar las cuentas bancarias, de que, si nadie reclamaba una cuenta después de seis años, venga para acá. Para empezar es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia”, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, recordando que esta iniciativa fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y que pasará a la de Senadores, además de que propuso ajustarla, ya que en la iniciativa se propone que los recursos confiscados se destinen a la Federación, a los estados y otro porcentaje para la seguridad pública, “yo digo que no, que sea para personas con discapacidad, adultos mayores o para el sector salud; esta medida en ningún momento pretende apoderarse de los ahorros de los mexicanos, como lo señalan los detractores del Presidente”.
La iniciativa se encuentra ya en la Cámara de Senadores quien ya recibió la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de recursos para el combate de la delincuencia, fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente, que se dará durante la presente semana.
La inseguridad que impera en el país requiere que se destinen mayores recursos a las tareas de seguridad, en ese camino vemos que se está luchando, esta iniciativa podría generar mayores recursos para atender este rubro.
- La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
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