Este pasado lunes, dos de mayo de dos mil veintidós, durante el “Primer Foro sobre Derechos Humanos y la Nueva Constitución”, el representante del ejecutivo en Nuevo León destacó que el proyecto de reforma integral a la Constitución del Estado, fue aprobado, en su primera vuelta, por unanimidad en el H. Congreso local.
Ahora, con los foros, se pretende consolidar dicha reforma, por lo que, el paso siguiente será mejorar el documento y adecuarlo a las exigencias de la «nueva era». Sin embargo, antes sería necesario analizar unas cuantas cuestiones en este rubro.
Para comenzar, existe la necesidad de puntualizar sobre el objetivo del foro, ya que éste se considera como una «oportunidad extraordinaria» para discutir sobre el contenido del documento de la reforma integral. Esto llama la atención porque, desde un inicio, se ha mencionado que esta reforma es integral, es decir, un «texto de vanguardia»; sin precedentes.
De ahí que, dentro de la exposición de motivos, se lea: «la Constitución debe reflejar tolerancia y pluralidad, no puede partir de una sola visión, sino que debe integrar a todos los grupos que conforman nuestra sociedad, por más diferencias que tengan en su pensamiento».
Sin embargo, el proyecto original no fue redactado tras haber escuchado a ningún grupo social; es decir, nació de una sola visión: la del gobernador de Nuevo León; no hubo lugar a «oportunidad» alguna para formar parte de dicho proyecto. Fue excluyente, no incluyente.
Por tanto, la cuestión es la siguiente: ¿ante qué reforma constitucional estaremos al finalizar los foros? Pues, queda claro que esta reforma no es realmente un producto de un «oasis de tolerancia», donde «ninguna ideología es lo suficientemente fuerte para eliminar a las demás»; sino, más bien, todo lo contrario, es un producto de una visión particular que cree ser plural, pues Samuel García no consultó a nadie, no invitó a nadie; es fruto de un acto plenamente unilateral.
Esto es grave, ya que el gobernador, tras varias declaraciones en lo que va del año (e incluso antes), parece no tener una visión de la realidad actual y futura del Estado de Nuevo León, como si se encontrara en una dimensión alterna (“Nuevo Nuevo León” o “Nuevolandia”); y en este caso en particular de la reforma, no parece ser la excepción, al cometer la imprudencia de catalogar su reforma constitucional como «vanguardista» e «innovadora». Por tanto, de modificarse el documento original, perdería dichos adjetivos, pues se supone que ya era la fórmula mágica para atender los problemas actuales.
Por otra parte, otro punto crucial se encuentra en la misma exposición de motivos, en donde se lee: «estamos convencidos que cuando todas y todos piensan igual, alguien no está pensando. Este ejercicio democrático que hoy iniciamos debe desconfiar de los censos unánimes y deberá realizar un esfuerzo reforzados de integrar a todos los habitantes de Nuevo León».
Si esto es así, ¿por qué confiar, en primer lugar, en la unanimidad sustentada por el H. Congreso del Estado de Nuevo León? ¿Por qué destacar, en segundo lugar, su aprobación unánime como un gran logro? Esto va por el mismo cause ya mencionado, pues, si el proyecto se ha aceptado por unanimidad, entonces, quiere decir que hay algo mal con el documento (no refleja pluralidad) y que, por ende, los diputados que conforman el H. Congreso del Estado: «no están pensando».
Por todo, la reforma integral que se pretende en Nuevo León, tiene fallas de origen: por una parte, es fruto de una visión unilateral; y, por la otra, en caso de modificarse tras estos foros, no se tratará ya del documento original, el cual, se supone, ya era «novedoso e innovador». Aunque quizá ahí radica su «visión innovadora»: proponer un documento, de manera unilateral, como si fuese fruto de grandes debates; un engaño a la sociedad de Nuevo León, al asegurar su inclusión, sin serlo.
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