Imaginemos querido lector, lo que pasa cuando muchos hermanos se involucran en un negocio difícil. Probablemente haya desacuerdos, diferentes niveles de participación económica, de tiempo, trabajo y compromiso. Y si algo sale mal quizá nadie quiera aceptar la responsabilidad y se echen la bolita unos a otros sin poder sacar adelante su establecimiento.
Eso es lo que veo que está sucediendo con un tema que no se ha podido resolver ni medianamente en la Ciudad de México: Las personas en situación de calle o indigentes. Es que mire usted, estos son algunos entes corresponsables en la Capital para la aplicación del llamado Protocolo en esta problemática:
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Seguridad Ciudadana
- Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
- Secretaría de Obras y Servicios
- Fiscalía General de Justicia
- Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
- Consejería Jurídica y de Servicios Legales
- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
- Alcaldías
El involucramiento de todos estos organismos hace complicado el avance en la atención de este rompecabezas. A pesar de que son obvias las buenas intenciones de los legisladores y todas esas dependencias, la verdad es que nadie quiere entrarle al toro por los cuernos. Interminables son los foros, análisis, discusiones y leyes que han intentado desenredar el tema sin lograr resolverlo en la práctica.
En la calle los ciudadanos viven un tipo de violencia que no sé si esté tipificada porque ahora resulta que a los indigentes, no importa lo agresivos que sean, no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa y los transeúntes “tienen” que aprender a convivir con personas que por lo regular, no están en sus cabales y/o son adictos. Por favor no se confundan mis palabras con ningún tipo de discriminación. Estoy hablando de que TODOS tenemos derechos por igual, por lo tanto se tiene que atender de la manera más respetuosa a estas personas, pero si la mayoría tienen disfunciones mentales, se les debe retirar de la vía pública. ¿Cómo podemos esperar que sepan discernir o tengan el libre albedrío para decidir sobre lo que conviene a su bienestar? ¿Es justo que las demás personas tengan que pasar disgustos, sustos, o incluso esté en riesgo su integridad física o salud? Porque he visto algunos verdaderamente energúmenos muy agresivos que utilizan todo lo que encuentran como arma. Defecan en público, o atajan a los peatones para pedir dinero. Otros, los más tranquilos, están enfermos o son de la tercera edad. Pero en mi experiencia, todos están desequilibrados mentalmente, presentan alguna condición de salud mental y/o dependen de sustancias psicoactivas.
Claro que hay que erradicar las causas de fondo, como la pobreza y la falta de oportunidades laborales y educativas, pero esa es la prevención. El problema ya lo tenemos encima y estamos hablando de que según el último registro dado a conocer, en marzo de 2020 se identificaron a 1,226 personas que pernoctaron en las calles de la Ciudad, de las cuales 86.16% son hombres y 13.74% mujeres. Cifra que francamente se me hace muy baja y se debe tomar en cuenta que hay muchos más después del COVID-19 y ahora con los inmigrantes extranjeros.
A pesar de que la situación del indigente se reconoce en la Constitución Política de la Ciudad de México como “Grupo de atención prioritaria” y hay todo un andamiaje normativo consistente en diecisiete leyes vigentes, ni los patrulleros de las alcaldías se los quieren llevar a los albergues y si se los llevan, al ratito ya andan otra vez en la calle. Y es que se dice que los Centros de Asistencia Social (CASI) dejan mucho que desear. Por ejemplo, se toman medidas consideradas arbitrarias sobre el cambio de dormitorio, niegan entradas y salidas, faltan servicios médicos, hay baja calidad en la alimentación e higiene y tienen un manejo inadecuado del aseguramiento de sus perros.
Es decir, que cuando al fin se logra hacer algo por estas personas, se hace mal por no haber condiciones óptimas en estos albergues o no ser tratados dignamente por los policías o el personal. Además, estos centros presentan deterioro de instalaciones; falta de espacios adecuados para uso y disfrute de su esparcimiento; falta o distribución inadecuada de medicamentos, alimentos, atención especializada médica y psicológica; y, por último, falta de empatía en la prestación de servicios por parte de las personas servidoras públicas.
¿Si el texto constitucional local mandata la protección de las personas en situación de calle y la adopción de medidas para garantizar todos sus derechos, nosotros no valemos lo mismo? ¿En dónde quedan nuestros derechos a una ciudad libre de esta forma de violencia?
Desde mi punto de vista, si este tema está tipificado como “Población Prioritaria” lo substancial es simplificar toda la maraña de entidades involucradas y que sólo quede un organismo responsable que dé la cara; suficiente recurso económico para que se construyan especie de retiros donde se les atendiera como se merecen y según cada caso en particular. Acompañados de personal médico especializado y óptimas condiciones de alimentación e higiene. Pero contradictoriamente, el presupuesto no lo quieren dar, no les llega, o se va por el caño de la corrupción que todavía existe.
Mientras tanto, como se dice en mi rancho y pidiendo disculpas de antemano por la expresión: Chínguese la gente.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
