Establecer un orden constitucional ha sido un largo anhelo incluso antes de que México naciera como un Estado soberano. Los primeros diputados mexicanos fueron aquellos representantes de las provincias de Nueva España en las Cortes de Cádiz, quienes recuperaron esa experiencia en la redacción de la Constitución mexicana de 1824. Y desde el primer momento de nuestra vida independiente ha existido la disputa política entre quienes sintiéndose emperadores y “hombres fuertes” devinieron en tiranos y representantes de las oligarquías; y quienes propugnaban por un poder delegado en representantes electos por la soberanía popular.
Cuatro son los textos constitucionales que han defendido el orden republicano, popular y federal que mantenemos. La Constitución de Apatzingán que en plena guerra de liberación estableció que la soberanía para elaborar leyes y decidir la forma del gobierno reside en el pueblo. La Constitución de 1824 donde al mismo tiempo de proclamar la independencia definitiva de la nación mexicana, se estableció la división en tres poderes. La Constitución de 1857 que recupera el orden republicano y federal bajo los principios del liberalismo mexicano, subordinando las leyes a los derechos individuales del hombre y estableciendo el procedimiento para introducir reformas permanentemente.
Nuestra actual Constitución promulgada en 1917 es el resultado de una lucha revolucionaria en donde se volvieron a enfrentar las posturas unipersonales para ejercer el poder en contra de los proyectos populares que luchaban por el reconocimiento de derechos sociales y colectivos. Su forma actual es la síntesis de todas esas luchas por desterrar el manejo despótico del poder político, y representa la fuente de legitimidad incluso de los gobiernos antipopulares que defendieron intereses oligárquicos en pleno siglo XXI.
Sin embargo, cuando un gobierno democrático como el actual, ejerce ese poder político en beneficio de las mayorías empobrecidas y menospreciadas por las viejas y nuevas elites; se apela a ese mismo orden constitucional para tratar de preservar un espacio de poder ajeno a cualquier control, amen de justificar los privilegios que todavía algunos gozan, como nuevo estamento judicial que en la letra constitucional erradicamos desde la independencia.
El senador Gerardo Fernández Noroña ha sintetizado el pensamiento autoritario y retrógrada de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la frase “La Constitución soy yo”. Estos funcionarios públicos apelan a una situación de excepcionalidad que ellos mismos se atribuyen, para tratar de emular aquel Supremo Poder Conservador establecido en 1836 como un órgano de “notables” que se encargarían de controlar al resto de los poderes para “conservar” el orden a favor de sus intereses.
Por eso ahora vuelven a rechazar la participación democrática, impugnando la reforma judicial porque no quieren que el pueblo elija a los jueces y magistrados, y se termine una época oscura de privilegios e impunidades. En cambio, sí aceptan la reforma cuando se trata de mantener sus millonarias pensiones. Tan burda, contradictoria e incongruente es la postura de ese grupo de ministros de la Corte encabezados por Norma Piña, como el sensacionalismo de los medios convencionales al no dar cobertura objetiva, ni dar contexto, al hecho que renuncian a la posibilidad de participar a un proceso democrático, para mantener sus “haberes” de los cuales quieren sacar raja personal hasta el último momento.
El sensacionalismo mediático con que los levantacejas, intelectuales orgánicos del viejo régimen, e “influencers” de baja estofa han impreso a sus opiniones sobre la reforma judicial, está muy lejos del supuesto rigor con que esos ministros dicen manejarse. No podemos obviar que lo que les molesta no es el procedimiento sino el contenido de una reforma avalada en las urnas, que toca la estructura de su poder supralegal. Porque al contrario de lo que vociferan este cambio constitucional es legal y está legitimado por la mayoría del pueblo de México.
Pero como la verdadera doctrina del conservadurismo siempre ha sido la hipocresía, es sintomático de la ignorancia de las posiciones de los mismos partidos de la mafia neoliberal, que omiten recordar que ellos mismos usaron este diseño constitucional cuando tuvieron de 1988 a 2018 la mayoría legislativa para dar la espalda al pueblo de México, pasado oscuro y ominoso en que desmantelaron las instituciones y entregaron nuestras riquezas naturales como Nación a intereses privados y extranjeros. La disputa actual constata como en la historia se mantiene vigente la lucha por establecer un orden más justo y humano en contra de quienes han basado su prosperidad en la desdicha de las grandes mayorías.
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