Para cuando se publique esta columna, podría aprobarse la Reforma al Poder Judicial en la Cámara de Senadores.
En la exposición de motivos de la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, presentada el 5 de febrero de este año, dice lo siguiente:
“El Gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profunda que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.
¿Qué llevó al titular del Poder Ejecutivo a renovar el sistema de justicia mexicano? Y sobre todo ¿Por qué los ministros, potencias extranjeras y medios de comunicación ven esta reforma con malos ojos? Por problemas de corrupción rampante, nepotismo y decisiones cuestionables, el Poder Judicial mexicano se ha visto confrontado con los dos poderes de la Unión (Ejecutivo y Legislativo). De manera que han llevado a la necesidad de una profunda transformación con el fin de garantizar un sistema de justicia más equitativo y confiable.
Uno de los puntos sobre la reforma al Poder Judicial es la Austeridad Republicana y Transparencia. Los sueldos de los Ministros, Magistrados y Jueces por encima del tope máximo establecido en la Carta Magna, ya que ganan $595,102 al mes. Más las prestaciones adicionales: más de $382,000 de aguinaldo para ministros; más de $416,000 anuales para pago por riesgo; y para gastos de alimentación, los ministros reciben hasta $1,059,432 al año, según datos presentados por la abogada Gabriela Díaz para la revista Sentido Común.
Gracias a un reportaje hecho por el equipo de investigación de la revista Contralínea, reveló los nombres de personajes que reciben millonarias pensiones y que pueden heredarse a sus cónyuges e hijos. Por este concepto, se eroga más de 60 millones de pesos cada año, para pagarle a más de 32 beneficiarios. Entre los beneficiarios resultan ser principales opositores a esta renovación impulsada por el presidente López Obrador, como Diego Valadés Ríos (hijo del historiador y periodista José C. Valadés), quien se desempeñó como ministro sólo cuatro meses y desde hace 30 años se mantiene gracias al erario público; también, Eduardo Medina-Mora Icaza, quien habría salido de la Corte Máxima para enfrentar un proceso judicial, derivado de su participación en las acciones criminales de Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos; y José Ramón Cossío Díaz, abierto opositor del presidente López Obrador.
Por otro lado, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han sumado reacciones adversas en contra de la reforma constitucional como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual será revisado en el 2026. Según sus argumentos, los inversores buscan estabilidad y un sistema eficaz y cualquier cambio es motivo de preocupación por sus posibles impactos negativos en las relaciones comerciales.
Más aún, estos medios de comunicación dominantes han desatado una tendenciosa campaña de desinformación que, en vez de enriquecer el debate, hacen todo lo contrario. Por ejemplo “cualquier persona sin preparación puede ser juez”, “Morena y la presidenta electa impondrán a ministros, magistrados y jueces” y “la reforma afectará en la independencia judicial”. Entre otras reacciones adversas, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas pidió a México reconsiderar el proyecto para salvaguardar la “independencia judicial” de jueces y abogados. Y un argumento similar expresó la organización no gubernamental Human Rights World, que esta propuesta “socava la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”.
La independencia judicial no radica en la ley o quien puede nombrar a un juez, sino en su ética profesional para resolver conflictos. Se está llevando a cabo un cambio a fondo de un sistema para civilizar al país y este cambio ha tocado intereses particulares, el cual ha trascendido de los escritorios a las calles. No hay que bajar la guardia, hay que estar muy bien informados de las actividades llevadas en torno a este debate. La reforma ha pasado la primera aduana en el Senado con 25 votos a favor (Morena-Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo) y 12 en contra (PRI-PAN-Movimiento Ciudadano) para ser discutida en el pleno, de manera que su posible aprobación implicaría un salto cuántico en el que se aseguraría el Derecho de Acceso a la Justicia, es decir, habría impartidores de justicia obligados a informar de sus actividades y el sistema judicial dejaría de ser un instrumento de las elites.
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