La semana pasada, mientras escribía la columna de opinión anterior ocurrió algo inédito, Norma Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió un recurso del Partido Acción Nacional (PAN) para revertir la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y para ello asignó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el anfitrión de la escandalosa cena de la Ministra Presidenta con los magistrados electorales y Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, el Ministro González Alcántara Carrancá aclaró que se tomará el “tiempo debido” para proponer un proyecto en el pleno de la corte y reconoció que “este no podrá tener efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que a su competencia corresponda”.
Por otro lado, cuatro jueces de Distrito con residencia en Chiapas, Ismael Arróniz Palacios, Jorge Alberto Orantes López, Mario Felipe Mata Ríos y Mario Alberto Rivera Rivera; y Martha Eugenia Magaña López, jueza Quinta de Distrito en Morelos, solicitaron un amparo para impedir que el Poder Legislativo no discuta la Reforma al Poder Judicial de la Federación a un día del último Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador llevado a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Cito lo siguiente:
“Los quejosos solicitan la medida cautelar para efecto que el acto que se reclama: Dictamen de reforma Constitucional en materia judicial aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales no sea sujeto a discusión ni votación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ni mucho menos, de ser el caso, se turne al ejecutivo para ser sancionado (momento en que se podrá hacer uso del derecho de veto) y promulgado…Es legalmente factible conceder la suspensión de oficio solicitada por los quejosos y previo a establecer los efectos, es preciso los motivos de procedencia”.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Diputado federal de Morena Hamlet García Almaguer, denunció que el Poder Judicial pretende rescatar una idea de hace más de 188 años para usurpar facultades y así suspender las sesiones en el Congreso, el Supremo Poder Conservador.
¿En qué consiste esta idea? Recordemos que México nació como una nación independiente con gran extensión territorial tras una costosa y sangrienta guerra de independencia, aunque era una nación económicamente exhausta. La construcción de la nación enfrentaba grandes problemas, así como la necesidad de definiciones sobre la organización política del país, sus instituciones y sus leyes. Conservadores y liberales se enfrentaron durante más de 50 años por la República o la monarquía o el estado laico la monarquía española.
Los conservadores tomaron el poder y establecieron el centralismo, restituyendo sus derechos y bienes que fueron afectados por las reformas liberales de 1833-1834. Con la declaración de las Siete Leyes Constitucionales, existieron cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y un Supremo Poder Conservador. Éste último, era un órgano-jurídico-político colegiado impulsado por Mariano Bustamante y Francisco Manuel Sánchez Tagle, era compuesto por cinco personas, con el fin de ejercer un control de constitucionalidad dentro del régimen centralista y mantenerse como una institución independiente que conserva el equilibrio y las competencias del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No obstante, sólo duró de 1837 hasta 1841 y fue eliminado por la Constitución de 1843.
Si bien creían que el nuevo orden acabaría los problemas atribuidos al sistema federal, no lograron alcanzar la tan deseada estabilidad política, pues ocurrieron desgracias como el intento de separación de Yucatán y la pérdida de Texas, en la que Antonio López de Santa Anna encabezó una expedición militar para someter a los rebeldes que rechazaban la Constitución de 1824, con la sangrienta batalla del Álamo. Posteriormente, fue derrotado en San Jacinto y obligado a firmar los Tratados de Velasco con las que finalizó la guerra con Texas.
Actualmente, el Poder Judicial de la Federación enfrenta numerosas críticas serias por prácticas que han minado la confianza de su imparcialidad y eficacia. Problemas como una rampante corrupción y decisiones cuestionables que han generado la necesidad de una profunda reforma para así garantizar un sistema de justicia más equitativo. Más aún, se han exhibido la complicidad de ministros, magistrados y jueces con corporaciones extranjeras y el crimen organizado.
Durante estas últimas semanas, personajes deleznables de la derecha, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de las escuelas privadas y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han realizado paros y manifestaciones en contra de las propuestas de reformas o recortes presupuestales en diferentes partes del país, con el temor de que socaven la independencia del Poder Judicial al “reducir su autonomía, su presupuesto y autonomía financiera”. Por el contrario, lo que defienden son los privilegios de los ministros y que prevalezcan “las redes familiares en tribunales”, juzgados federales, según información del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Plan Integral de Combate al Nepotismo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
No quieren discutir los juzgadores, ni sus patrocinadores del PRIAN, porque ellos apuestan a viejas ideas rancias para conservar todo tal como está a la medida de los intereses políticos, económicos y criminales que la defienden. Es condenable las pretensiones arbitrarias de los jueces y de la débil oposición, porque según el artículo 135 constitucional, establece un procedimiento para las modificaciones o adiciones a la Constitución, en el que además de la aprobación del Congreso de la Unión se debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los congresos de los Estados de la República. Además, el artículo 61 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia del Poder Judicial impiden que esta instancia pueda involucrarse para detener los procesos legislativos para aprobar reformas constitucionales. No enfrentamos la misma situación que el siglo XIX, porque se está construyendo una nación con organización política, instituciones y leyes que sean capaces de enfrentar problemas.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
