El pasado domingo 23 de junio, se inauguró el primer foro informativo sobre la Reforma Judicial organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), llevada cabo en el Parque Sur 165 de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco. A este foro fueron invitados Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Hamlet García Almaguer, Diputado Federal de Morena del estado de Jalisco; Francisco Sánchez, Diputado Federal de Morena del Distrito 13; y Federico Alcalá, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaborador del INFP. Este foro se llevó a cabo en un espacio público para que el debate fuera popular y estos personajes tuvieran más cercanía con la gente.
La exposición de la ministra fue bruscamente interrumpida por trabajadores del Poder Judicial (PJ), encabezados por Fernando Migues, individuo identificado por el periódico La Jornada. Él y los demás trabajadores cuestionaron a la ministra cuando se le pregunto sobre cómo se elegían a los ministros actualmente, además de acusarla de “mentirosa” por haber mencionado que los magistrados eran elegidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Después que estos supuestos trabajadores intentaran “reventar” el foro informativo, acción que no les resulto porque gracias a las y los compañeros organizadores del INFP calmaron los ánimos, el foro informativo continúo. La ministra puso importantes ejemplos de cómo la máxima corte se extralimita de sus facultades en beneficio de algunas empresas y en contra del interés público. Así mismo, explicó cómo utiliza indebidamente el debido proceso para liberar delincuentes, como en el caso de Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien fuera liberado después de permanecer dos años en prisión preventiva y así enfrentar en arraigo domiciliario, el juicio en su contra por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad graves.
“¿Ustedes creen que se va a meter el narco?, actualmente el único que hace propuestas es el presidente de la República, y el único de ministros, y el único que aprueba a los ministros y ministras es el Senado de la República, y los magistrados son 100 por ciento determinados por el Consejo de la Judicatura Federal que es presidido por la Ministra Presidenta del Poder Judicial de la Federación”, dijo la ministra. Lo más importante, destaco los requisitos indispensables para ser ministro de la SCJN: ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, gobernador o legislador en los últimos dos años.
¿Quién minó la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial en México? La respuesta es sencilla, el mismo Poder Judicial. La función política principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es “dar esperanza a los grupos y personas que puedan utilizar este recurso, de salvar en lo particular sus intereses o derechos”, así lo menciona el fallecido ideólogo Pablo González Casanova en su libro La Democracia en México, en el que examina el sistema político mexicano en su totalidad. El fondo de legitimidad de este poder de la Unión yace en la “honradez” de los jueces que son los interpretes de las normas jurídicas, estudian los documentos legales, se empapan de la idea de justicia de cada época y dan sus decisiones de manera “imparcial”. Pero en realidad, estos jueces hacen un mal funcionamiento de la administración de la justicia en favor de los poderes fácticos, para salvar los intereses de las empresas transnacionales, las elites, la oposición y del crimen organizado.
Ahora con la obtención de la mayoría calificada en el Legislativo, se podrá aprobar esta iniciativa de elegir a los a los ministros con el voto popular. De modo que el parlamento abierto tiene como intención que se abra la discusión para que se plantee, se tenga conocimiento de la reforma y que se abra el espacio de diálogo a las barras de abogados, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
No obstante, analistas, comentócratas y voces afines a la derecha que ni siquiera han leído la reforma, han infundido temor y dando imprecisiones para boicotear esta reforma constitucional, tales como “si Morena y la presidencia de México impondrán a ministros, jueces y magistrados para que cuiden únicamente sus intereses”, “que cualquier persona podrá llegar a ser juez o sin preparación ni experiencia”. También han proliferado mensajes en la que se convoca a trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial a movilizarse en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo acontecido con la ministra Batres el domingo pasado.
Gracias a la formación política, más de 36 millones de mexicanos y mexicanas votaron para garantizar una justicia pronta y expedita, porque sus impartidores de justicia son deshonestos y parciales. No se trata de someter o darle más poder al presidente López Obrador, se trata de dialogar para avanzar en la construcción de un país más justo y más igualitario, y podrá modificarse la iniciativa del presidente, siempre y cuando existan argumentos sustentables de peso.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
