Defender que la ley es la ley es una obviedad que solo tiene sentido cuando se defiende que la ley es la ley en favor de quienes deben ser favorecidos. En otras palabras, la ley es la ley solo cuando la ley preserva los privilegios de las clases privilegiadas y sus esbirros. No cuando la ley se utiliza para impulsar un proceso de transformación que ―en el mejor de los casos― amenaza con destruir todo aquello que el régimen neoliberal había destruido y desarticular eso que el PRIANato se esforzó por articular de forma tan enmarañada que garantizara que nada pudiera cambiarse. En el fondo, ese es el problema que pone sobre la mesa la potencial mayoría aplastante que Morena y sus aliados tendrán en el Congreso de la Unión y los Congresos locales: el uso de la ley para transformar la ley, el uso de los mecanismos del sistema para la transformación de la maquinaria del sistema ¡Un escándalo! Un escándalo que resulta tanto más escandaloso no porque sea anticonstitucional e ilegal, sino justo porque es constitucional y legal, ¿en que momento los barbaros se civilizaron y apropiaron de la civilización para barbarizarla? ¿Cómo nos sucedió esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta?
En aras de defender la democracia de los excesos de la democracia que ponen en riesgo el control de la democracia como herramienta social de transformación social, urge preservar la pluralidad política impidiendo que las voces históricamente relegadas del quehacer político puedan manifestarse, impidiendo el exceso de diputados de Morena que pone en riesgo la supervivencia del estatus quo al eliminar la sobrerrepresentación histórica de la minoría privilegiada en las cámaras y orilla a los heroicos partidos atrincherados en su opositora oposición a una nueva, aunque esta vez involuntaria, moratoria constitucional, dejándolos con un voto que tendrá poco peso.
Lo primero que debe quedar claro es que no es lo mismo que el PRI y el PAN se vean beneficiados por la sobrerrepresentación que la ley les otorgó a partir de las reforma de 1996, la eliminación que en 2008, siendo mayoría, llevaron a cabo PAN, PRI y PVEM, del párrafo cuarto del artículo 59-A del entonces Cofipe, que decía que “a la coalición les serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido”, y la negativa ― en 2012 y 2015― cuando Morena no tenía la posibilidad de frenar reformas constitucionales que el PRIAN pactara, de reformar el artículo 54 de la Constitución para establecer que la sobrerrepresentación no puede ser superior a 8 puntos porcentuales, para partidos o coaliciones; a que Morena se vea beneficiada por la ambigüedad de la que sacó provecho el PRIANato y pretendía seguir sacando provecho. No. No. Y no. Dicha ambigüedad, dicho beneficio, dicha negativa a reformar la ley para regular la asignación de congresistas tenía un espíritu claro y dicho espíritu debe defenderse, honrarse, respetarse y preservarse: impedir que la democracia hiciera lo que le viniera en gana pasando por encima de organismos, instituciones y leyes que fueron creadas para defender los derechos de la oligarquía y mantener el orden ordenado, no para buscar la igualdad de los mexicanos.
La literalidad de la norma, el que la ley sea la ley resulta absurdo cuando se utiliza para atentar en contra de la norma y la ley que son inatentables justamente porque de atentar en contra de ellas se ponen en entredicho la supervivencia de un sistema que garantiza la desigualdad y la injusticia en favor de los que más tienen. Poco importa que la lógica de asignación de congresistas haya sido por partidos políticos y no por coaliciones desde que reformaron el párrafo cuarto del artículo 59-A del entonces Cofipe. Lo que importa es garantizar el quietismo legislativo que sólo debe salir de su permanente estado de contemplación e inactividad cuando existan razones de peso para legislar a favor del capital, las trasnacionales o las clases privilegiadas y los magnates déspotas que no dejan de presumir su desprecio por el resto de la sociedad. Bajo ninguna otra circunstancia el Poder Legislativo debe legislar, mucho menos para hacerlo en contra de los agentes antes mencionados.
Sumado a esto, y a manera de corolario, resulta terriblemente ofensivo y vergonzoso para las buenas costumbres de las buenas costumbres que el PVEM y el PT cuenten con porcentajes de representación que superen al PAN y al PRI, ni hablar del PRD, en numero de legisladores. No puede ser, por amor a Dios, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuándo se ha visto semejante barbaridad? Pluralidad significa la defensa del derecho de ser diferente, la democracia no debe atentar en contra de este derecho, sobre todo cuando esa diferencia consiste en beneficiarse del sistema político, económico y social para hacerse rico a costillas del resto de la población. La pluralidad también incluye a los privilegiados que aprovechando relaciones, palancas, vacíos legales y rompiendo la ley han construido su imperio de privilegios. La pluralidad también debe garantizar la digna supervivencia de todos esos esbirros y perros guardianes, comentócratas que hoy en día están muriendo de hambre a falta de chayote y políticos dedicados a resguardar los privilegios de sus patrones y de quien mejor les pague. Pluralidad, en resumen, implica anteponer los intereses de una minoría interesada en si misma a las necesidades y derechos de una mayoría que está acostumbrada a vivir sin satisfacer sus necesidades y sin derechos.
Entrados en gastos
Evitar que Morena y los cuatreros de la cuatrote tengan una representación en la cámara que les facilite legislar en el sentido por el que la mayoría de la población votó, es solo el principio, garantizar que los partidos de oposición ―que no saben a qué se oponen pero se siguen oponiendo― puedan ejercer su libre derecho a realizar una huelga de brazos cruzados y negarse a debatir para la aprobación de las reformas por las que la gente votó, en lugar de verse obligados a quedarse de brazos cruzados mientras ven como la aplanadora del voto ciudadano les pasa por encima, es solo el principio. Debemos tomarla bandera de la defensa de lo que no dice la constitución para ir más allá. Debemos exigir al próximo gobierno que en nombre de la pluralidad oligarca no solo renuncien a la representación que les corresponde en los Congresos, sino que también entreguen la designación del gabinete y funcionarios públicos de alto nivel a la oposición y a sus patrones. No es correcto y resulta anticonstitucionalmente anticonstitucional que sólo porque ganó avasalladoramente, Claudia Sheinbaum y su equipo sean quienes designen al gabinete de su gobierno. Un verdadero demócrata entregaría ese poder a la oposición para garantizar que se gobierne para todos, con un acento especial a favor de las clases privilegiadas en contra de quienes tanto se ha atentado.
Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.
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