A cinco años del inicio de la Cuarta Transformación es necesario hacer un balance de la política social implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la enorme brecha de desigualdad económica que México heredó de las casi cuatro décadas nefastas de gobiernos neoliberales. Porque aunado a la herencia de violencia criminal producto de la irresponsabilidad de la clase política que necesitaba legitimarse después del fraude electoral del 2006; se suman las políticas privatizadoras y desregulatorias de signo neoliberal, que comenzaron a implementarse en el sexenio de Miguel de la Madrid; siendo sus resultados la pobreza y exclusión de las grandes mayorías.
En el actual sexenio se demostró que no solo importan los resultados a nivel macro-económicos, si ese cambio de orientación no repercute en la vida cotidiana de las personas. Por eso, hay que resaltar todos los niveles históricos que se han alcanzado en la situación concreta de los trabajadores mexicanos, cuando en este 2023 que estamos cerrando se alcanzó un nivel record de 22 millones 409 mil trabajadores formales registrados en el IMSS, así como un nuevo aumento del salario mínimo del 20% y la disminución del desempleo a una tasa mensual de 2.6%.
En apoyo a la economía popular se suman las acciones para seguir reduciendo el nivel de inflación que globalmente se disparó como consecuencia de los efectos combinados de la pandemia y el conflicto armado en Europa, que en este mes de diciembre alcanzó 4.32%, cuando el promedio proyectado en el mundo ha sido del 7%. Estos resultados en el cambio del paradigma económico, en perspectiva del propio Presidente puede sostener un pronóstico de crecimiento en la economía para los 6 años de su sexenio en 1.3% anual, recuperándonos de la brutal caída del 19% producto de la pandemia.
Pero lo que es más notable porque implica millones de vidas, es la reducción de las personas en situación de pobreza pasando desde el 41.9% en 2018 a 36.3% en 2023, de acuerdo a los indicadores que sirven para medir la desigualdad (coeficiente de Gini) y que demuestran cómo se redujo 20 veces la diferencia entre los mexicanos más ricos con respecto a los mexicanos más pobres, reduciendo esa brecha de 35 a 15 veces entre las elites con respecto a los menos favorecidos.
Sin embargo, no basta el fomento a todas las actividades productivas desde una perspectiva popular y nacionalista en la economía, porque ha sido necesario poner atención inmediata desde el inicio del sexenio a difícil situación de amplios sectores de la población que por sus condiciones específicas no siempre tienen acceso, o abiertamente son excluidos del mercado laboral, es decir contrario al credo tecnocrático, no basta con “enseñar a pensar” y “poner a trabajar a la gente”.
Las sociedades modernas del capitalismo tardío, están diseñadas para “desechar” a millones de personas bajo criterios productivistas que intentan extrapolase de las empresas y aplicarlas como políticas públicas para administrar el “capital humano”. En esa concepción los adultos mayores, los enfermos o los discapacitados son cargas a las finanzas, porque están lejos de los criterios sobre quien puede producir plusvalía por medio de la explotación de su fuerza de trabajo. Por eso, el modelo del Estado de Bienestar surgido a fines de la Segunda Guerra Mundial, tiene que mediar el modelo desarrollista que solo me mueve por la búsqueda de mayor lucro para las elites con la menor inversión.
Las políticas sociales en todo el mundo, surgen para paliar esa desigualdad inherente a los modelos de acumulación capitalista, y son la justificación para sostener una política de atención a los grupos y sectores más afectados por la desigualdad. Esto que vuelve a parecer una obviedad en México, es lo que se intenta desregular en Argentina por los acólitos del Fondo Monetario Internacional quienes practican “la libertad” para explotar.
En cambio, en nuestro país, se ha implantado constitucionalmente una política de bienestar que intenta recuperar los logros del Estado de bienestar mexicano, desmantelado por el neoliberalismo, y recuperar el espíritu social revolucionario de la Constitución de 1917, incorporando y ampliando nuevos derechos en su artículo 4°.
Dos son los ejemplos más elocuentes de lo que implica la Transformación en la política pública en México, los programas de Pensiones para el Bienestar para personas adultas mayores y para personas con discapacidad porque justo atienden prioritariamente a quienes se consideran desechables bajo el fascismo social y económico que caracteriza a las derechas del mundo.
A cinco años de gobierno los principales avances en política de bienestar justo se concentran en estos dos programas: tan solo mencionemos algunos de los datos que compartió la propia Secretaria de Bienestar en la mañanera del 8 de diciembre que son un hito en la política social como lo es tener cubierto a 11 millones 841 mil 561 de adultos mayores derechohabientes, para quienes se están destinando 339 mil 341 millones de pesos tan solo en 2023.
La dimensión de la política de bienestar puede captarse si se compara los montos que cada persona recibe, puesto que se pasó de 1 mil 160 pesos bimestrales en 2018, a duplicarse en los primeros tres años y a partir del 2021, con aumentos del 15 al 25% anuales para alcanzar 4 mil 800 en 2023 y 6 mil en 2024. Esto implica haber pasado de 35 mil 620 millones en 2018, y se triplicó en 2019, para arrancar con 113 mil 467 millones la actual pensión universal para personas mayores de 65 años, y a punto de alcanzar en 2024 los 465 mil 048 millones.
Es decir, lo que fueron programas paliativos y electoreros tratando de contrarrestar el éxito del programa de AMLO en la Ciudad de México, con Felipe Calderón que solo destinó 67 mil 859 millones de pesos para cubrir mil pesos bimestrales, con Peña Nieto se alcanzó 211 mil 864 millones de pesos aumentando solo 160 pesos; mientras en su vigente periodo, López Obrador alcanzará el un billón 440 mil 109 millones de pesos por convicción de atender a los más necesitados. Por el bien de todos, primero los pobres.
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