En los últimos días ha tomado relevancia el conflicto entre el poder legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual entiendo cada vez menos. Por un lado, está la información que la comisión de la cámara de diputados ha dado a la opinión pública, una serie de gastos desmedidos para cosas que parecen inconsistentes dentro de las funciones de los magistrados. En el otro, está lo que han dicho los trabajadores del poder judicial, en rueda de prensa afirman que ellos son quienes nutren los fideicomisos y que serían afectados porque en algunos pueden tener un ahorro.
También en la rueda de prensa organizada por el Frente Amplio, los trabajadores dijeron que los fideicomisos para alimentos se nutrían de sus cuotas. Lo que hace pensar en un manejo muy extraño del presupuesto, más bien que es opaco, pues los mismos trabajadores no conocen los detalles sobre los detalles presupuestales de la institución en la que laboran. ¿Les parece absurdo? Voy a realizar una comparación que tiene que tomarse con precaución, pero que nos ayudará a comprender que el conflicto tiene muchos recovecos que no alcanzamos a observar.
Hablemos de la UAM Xochimilco, un espacio que conozco como estudiante, trabajadora, colega de algunos y desde la comparación de su quehacer con otras instituciones de educación superior. Como trabajador o estudiante, uno nunca sabe cuál es el presupuesto de la lo que te afecta ¿dónde nos podemos informar de ello?, hay informes generales que se entregan por año. Tuve que hacerme cargo de varias diligencias, entre ellas del presupuesto de un área de investigación, nunca supe cuánto era lo que recibía el departamento al que estaba adscrita el área donde yo trabajaba. Menos del presupuesto de la División de Ciencias Sociales o el de la Rectoría de Unidad.
Durante ese periodo, organicé un coloquio anual en el que participaban, por lo menos 20 profesores del departamento y tuve que solicitar apoyo económico a la división. Ahí me enteré que para la segunda mitad del año presupuestal, el monto de la División de Ciencias Sociales se nutría de Educación continua, una sección donde se dedican a ofrecer cursos al público general a costos accesibles. Las áreas de investigación se dedican a dotar a los profesores de equipos de trabajo para que puedan conseguir becas o estímulos, por ejemplo, de Conacyt, sin “h”, para llevar a cabo trabajos que aportaran al conocimiento en diversos temas.
Es una actividad relevante para las funciones sustantivas de la universidad y requiere de dotar a los profesores de los recursos necesarios. El problema es que nada de eso impacta de forma directa en los estudiantes, el gasto para éstos se toma de otra partida presupuestal que, al menos yo, nunca conocí; ni como estudiante, ni como trabajadora. Cuando comencé mis estudios recuerdo las quejas constantes de mis compañeros más avanzados en la carrera que pedían que se continuara con el apoyo presupuestal para los estudiantes. A ellos les estaban negando apoyo para asistencia a congresos o becas para cursos en Educación continua.
El gasto de ese dinero se acabó poco a poco en licenciatura y no sé si en estos momentos se realice. Sería una mentira decir que ya no se da. Lo que sí conozco es la experiencia que tuve en los posgrados. Sé que el presupuesto de posgrado de la División de Ciencias Sociales está separado de las licenciaturas, éste puede apoyar a los estudiantes para algunos gastos que se enfocan en su formación. Uno siendo estudiante lectivo puede solicitar apoyo para gastos de congreso, ya sea que solicites el pago de la inscripción o viáticos, dependiendo del presupuesto que haya. Es más difícil que te aprueben apoyo en la segunda mitad del año, que en la primera. Para 2019 solicité apoyo para inscripción a un congreso de investigación, eran $1,000 pesos que me fue negado porque en agosto ya no había presupuesto.
¿Qué habrán hecho con el dinero? Supongo que lo gastaron, ¿en qué?, no lo sé; ¿cuánto era?, no tengo idea. Lo cierto es que nadie tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante la comunidad universitaria. En el área de investigación llegaba el presupuesto, uno pedía los recursos que calculaba que se iban a necesitar, los justificaba y se asignaba una cantidad. Casi siempre el mismo presupuesto del año anterior, algunas veces un poco más, pero el cálculo se hacía a partir de la argumentación de la importancia de tus proyectos. Los economistas siempre recibían más dinero que los otros departamentos de la División de Ciencias Sociales.
¿En serio pensamos que los trabajadores de la corte conocen el uso del presupuesto? El problema con las instituciones autónomas es que no “están obligadas” a rendir cuentas a nadie. Entregan su ejercicio presupuestal a hacienda, pero eso no implica que brinden todos los detalles y menos que se analice la información. Su opacidad está sustentada sobre el argumento de la autonomía de gestión, cosa que tendríamos que cambiar.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
