El perro tuitazo de este viernes es de David Vargas Araujo, y expone como César Campos Quezada, el hombre de las Lomas de Chapultepec que amenazó a AMLO es el vivo retrato del padre de Mauricio Tabe, siendo ambos el ejemplo del clasismo, racismo y violencia que maneja el PAN.
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Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa de este viernes, la periodista Sandy Aguilera le comentó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene algunas denuncias previamente verificadas en contra de funcionarios que se encuentran apoyando a las corcholatas, sin embargo, el hecho de utilizar aparatos del gobierno no es algo permitido.
López Obrador respondió que ningún servidor público puede integrarse a campañas políticas y tampoco se deben utilizar recursos públicos para apoyar a algún aspirante, independientemente de los ideales políticos, ya que no es correcto y eso es lo que la derecha hacía para imponer a sus candidatos.
Sandy Aguilera le indicó al Presidente que le enviará las denuncias así como las pruebas de las acusaciones, ante esto, AMLO pidió que ningún servidor público se meta en la contienda presidencial del próximo año.
Asimismo, AMLO afirmó que no pueden hacer lo mismo que el PRIAN en los anteriores gobiernos liderados por la oposición, pues rompería con el ejercicio de la democracia y la legitimidad.
El tabasqueño recordó cuando el expresidente de la derecha, Vicente Fox Quesada, impuso a Felipe Calderón y designó a ciertos funcionarios para apoyar a Calderon en su campaña política en diferentes partes de la República Mexicana.
Aunque las corcholatas compartan la misma idea de continuar con la defensa de la Cuarta Transformación, el Presidente ha optado por hacer un proceso justo para la ciudadanía en donde las elecciones sean democráticas, sin corrupción y actos incorrectos.
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La mañana de este viernes Mariana Moguel Robles, hija de Rosario robles Berlanga, fue entrevistada por Ciro Gómez Leyva, en donde reveló sus intenciones de competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, declaraciones que no han dejado a nadie indiferente y le han provocado fuertes críticas a la priista.
Moguel Robles, en compañía de su madre, mencionó que prepara un acto político en donde hablará de sus aspiraciones políticas en la capital, sin embargo usuarios de X ya le han dejado en claro que opinan y por qué es que la hija de una gran corrupta no debería aspirar a ser Jefa de Gobierno.
“Hija de tigresa pintita”, le escribió un usuario que también la tachó de “ridícula” por pretender que puede competir y que la gente ya olvidó los desfalcos que realizó su madre durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hasta la fecha se conoce como “la estafa maestra”.
Entre los comentarios también le cuestionaron si no se cansa de robar y no les basta con los millones que Rosario Robles extrajo de las arcas públicas en el sexenio pasado.
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En la conferencia matutina de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que seguirá dándole seguimiento a lo que está realizando la Secretaría de Salud de revisar a los profesionales encargados de realizar cirugías estéticas, si realmente cuentan con la especialidad y los permisos necesarios para las intervenciones.
Desde el mes de febrero, la periodista Sandy Aguilera ha dado seguimiento de las cédulas profesionales y permisos de los médicos cirujanos, luego de cuestionar al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con respecto a las cédulas emitidas por la Universidad del Conde para realizar tratamientos estéticos, Gatell confirmó que no cuentan con los permisos necesarios por el sector salud.
Sandy Aguilera continúo con el seguimiento de este caso y el pasado 20 de junio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), informaron en un comunicado que la Universidad del Conde no puede brindar los permisos necesarios para realizar cirugías estéticas.
Asimismo, la Cofepris publicó una serie de recomendaciones para quien se encuentre con el interés de una intervención de esta índole, como revisar cuidadosamente el establecimiento y la licencia sanitaria o revisar que los diplomas de especialidad se encuentren a la vista, entre otros.
El día de hoy 11 de agosto, Andrés Manuel en seguimiento a los cuestionamientos de Sandy Aguilera, recomendó tener cuidado con el lugar y el profesional con el que se acude, comentó que es necesario informarse bien, sin embargo, el Gobierno Federal se encuentra trabajando para poder detectar las cédulas que no tengan validez y continúan las investigaciones.
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El libro “El Hombre Grande: Adán Augusto López. Un ensayo escrito desde el decir de la gente” se ha convertido en un éxito desde su publicación, por lo que este próximo sábado 12 de agosto será presentado en el Tianguis Cultural “El Chopo” en la Ciudad de México.
En el evento, programado a las 11 de la mañana, estarán presentes los autores: los reporteros Amir Ibrahim, Manuel Pedrero y Hans Salazar, en donde también dialogarán con los asistentes sobre el escrito que presenta una semblanza del tabasqueño que AMLO ha mencionado, es su “hermano”.
Apenas el pasado 9 de agosto, los autores también presentaron su obra en el Auditorio Constituyente de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde el recinto se llenó de gente interesada en conocer más sobre el tabasqueño que podría ser el próximo presidente.
“El hombre grande” narra la carrera de Adán Augusto López Hernández desde el decir de la gente que ha podido conocer y convivir con el paisano del Presidente López Obrador y que ahora busca ser quien lo suceda en Palacio Nacional y darle continuidad a la Cuarta Transformación.
El ensayo crítico redactado por los periodistas Amir Ibrahim, Manuel Pedrero y Hans Salazar consta de un trabajo de investigación de campo en donde se han recopilado gran variedad de testimonios sobre el “hermano” del presidente López Obrador.
El escrito, que se ha convertido en un boom de ventas, busca dar una visión más cercana del tabasqueño, y cuya carrera en el servicio público se ha caracterizado siempre por su ayuda a los que más lo necesitan, desde su natal Villahermosa, Tabasco, donde junto a su padre, Payambé López, velaron por sus paisanos, hasta su paso por cargos locales y federales.
Ciudadanos de a píe, gobernadores, activistas y representantes sociales fueron algunos de los que dieron su testimonio para la recopilación que narra la trayectoria de López Hernández.
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Desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional, en la conferencia matutina del día de hoy 11 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se está “regresando a lo público lo que es público, lo que es del pueblo, lo que es de la nación.”
Expresó que se siente orgulloso pues es y será el único Presidente de los últimos años que más kilómetros con vías férreas ha dejado operando gracias a sus proyectos de obras de infraestructura y transporte, que, además brindarán trabajos y una solidez económica para las y los mexicanos.
Aseguró que todo el sureste mexicano estará cubierto de vías férreas, de igual manera afirmó que va a sobre volar toda la línea de vías desde Tapachula, en donde se encuentra la frontera de Guatemala hasta el municipio de Ixtepec, en el estado de Oaxaca.
Informó que en Puerto Chiapas se está realizando una rehabilitación y habrá un centro de desarrollo, también hay un vivero del cual se encarga la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
Informó que hay 80 mil sembradores con un espacio de 200 mil hectáreas en el vivero de Puerto Chiapas, mismo que ha brindado una estabilidad laboral y económica para los trabajadores de la agricultura.
Andrés Manuel será el primer Presidente de México que deje operando una generosa cantidad de obras de infraestructura, transporte y agricultura.
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Durante su conferencia matutina de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Xóchitl Gálvez Ruiz sin mencionarla debido a la censura que el INE interpuso en su contra.
AMLO cuestionó que la panista y empresaria quiera revivir la fallida estrategia de seguridad de Felipe Calderón, la cual degeneró en la llamada guerra contra el narco, en donde se sabe ahora, se favoreció a ciertos grupos del crimen aliados de su entonces secretario de seguridad, Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos por varios cargos relacionados al tráfico de drogas.
“Una persona que aspira a ser presidente de México, no voy a hablar de género, este del bloque conservador acaba de declarar que va a aplicar esta política (la de Felipe Calderón) nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense como no voy a hablar de esto, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de sufrimiento, de mucha gente”.
Tales declaraciones se dieron mientras el primer mandatario explicaba una gráfica en donde se muestra que en la administración del esposo de Margarita Zavala eran más los muertos que los detenidos y heridos, esto debido a que las Fuerzas Armadas tenían la orden de “rematar” a los presuntos criminales.
En el mismo sentido señaló que mientras en 2011 hubo 1,412 muertos en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos de la delincuencia organizada, en 2022 hubo 243 muertos.
Fue el pasado 3 de agosto cuando la empresaria Xóchitl Gálvez propuso retomar la estrategia de seguridad del expresidente panista Felipe Calderón, la gran hazaña de la “Guerra contra el narco”.
En una conferencia de prensa a medios de comunicación, la conservadora declaró que la Guardia Nacional tiene la culpa de la inseguridad en las carreteras de Guanajuato ya que, según ella, no están haciendo su trabajo.
En este mismo sentido, añadió que consideraba retomar algunas estrategias de Felipe Calderón que consideró “exitosas” para terminar con la inseguridad del país.
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Desde la semana pasada Televisión Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, se viralizó en redes sociales debido a una absurda campaña en contra de los nuevos libros de texto, acusando que estos contagiarían con el “virus comunista” a las y los estudiantes.
La desconcertante estrategia de la televisora del deudor de impuestos, generó molestia entre la población, que ahora piden que el Gobierno de México le retire la concesión a la empresa y que le cobren a su dueño los millones que debe al Estado en impuestos.
“Ricardo Benjamín Salinas Pliego ha cometido una serie de delitos que justifican la revocación de su concesión de televisión. Desde el préstamo que obtuvo para comprar dicha concesión, hasta la evasión de impuestos y el asalto al Cerro del Chiquihuite, Salinas Pliego ha demostrado una falta de ética y responsabilidad. Lo más peligroso ha sido su desinformación a través de sus noticias falaces, como decir que el virus COVID no era peligroso y que la gente debería ir a trabajar sin tomar las medidas de protección promovidas por el gobierno. Ahora, inicia una narrativa en contra de los libros de texto, mintiendo y diciendo que son “panfletos comunistas” sin ningún argumento verídico. Como miembros del Estado mexicano, tenemos el deber de proteger el interés público y revocar su concesión de televisión”
Se lee
En la petición creada por Ramses Arroyo, se exige que las autoridades le quiten la concesión, señalando que ya es demasiado el cinismo y guerra sucia contra la Transformación que no solo encabeza AMLO, sino también millones de mexicanas y mexicanos.
“Pongamos un hasta aquí al señor que se ha enriquecido de manera ilegal a costa de la evasión de impuestos, de los intereses leoninos que cobra en sus tiendas, de esquilmar a sus trabajadores, de insultar al pueblo mexicano, BASTA”.
Por su parte, algunos firmantes consideran que la televisora solo emite basura y que se podría darle un mejor uso a las señales que ahora maneja la empresa.
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Este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia matutina dando muy buenas noticias ya que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó sus resultados respecto a la reducción de la pobreza y desigualdad en México, los cuales han bajado de manera histórica.
Se redujo la pobreza como no se lograba desde 1984; 6.9% menos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 9.8% menos que con Felipe Calderón y 10.7% menos que con Vicente Fox.
Ahora con el presidente Andrés Manuel la población en pobreza es del 36.3 por ciento. Mientras que con Peña Nieto la cifra era de 43.2 por ciento y de 46.1 por ciento en tiempos de Felipe Calderón.
En cuanto a la desigualdad, el primer mandatario mostró una tabla que deja ver como la diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres ha disminuido durante la Cuarta Transformación.
El líder del Ejecutivo federal agregó que según datos del Coneval, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad mostró una disminución de 4.4%, (equivalente a 5.1 millones de personas). Además, el indicador de seguridad alimentaria presentó un cambio positivo respecto a 2020, donde el porcentaje de personas con seguridad alimentaria pasó de 57.8% a 66.1%, lo que representa un incremento de 11.9 millones de personas.
Sobre la pobreza extrema, AMLO explicó que esta se encuentra en sus niveles más bajos en los últimos 30 años, al estar en un 7.1 por ciento, en contraste con el 11.3 en tiempos de Felipe Calderón y el 17.5 en épocas de Vicente Fox.
Finalmente el mandatario explicó que la pobreza en México se ha reducido en lo que va del sexenio ya que un 36.3 por ciento se encuentra en esa situación, cifras más abejas que en los mandatos de Peña Nieto y Felipe Calderón, el porcentaje era de 41.9 y 43.2 por ciento respectivamente.
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La libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquéllas que “ofenden, resultan chocantes o perturban” por lo que; los órganos electorales no tienen facultades para censurar, ya que pueden ser sujetos de juicio político por violaciones a los derechos humanos.
El Derecho a la libertad de expresión, es el derecho a expresar ideas, opiniones y emitir información de toda índole, derecho a acceder, buscar y recibir información, derecho a difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de expresión. Como todo derecho humano, el derecho a la libertad de expresión es universal e inalienable, es, además, indivisible e interdependiente de todos los demás derechos humanos.
Indivisible e interdependiente: el avance de un derecho facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Inalienable: no se puede suprimir, salvo en situaciones excepcionales bajo las debidas garantías procesales. Universal: inherente a todos los seres humanos, sin excepción.
El derecho a la libertad de expresión es crucial para el ejercicio de otros derechos, pero también para el pleno desarrollo de las personas. Es la piedra angular de toda sociedad libre, democrática y participativa.
Es esencial para la realización del ser humano. Sin el derecho a la libertad de expresión se negaría la más básica de nuestras libertades: el derecho a pensar y compartir con otras personas nuestras opiniones.
Un sistema democrático no podría consolidarse sin la plena y efectiva participación de la ciudadanía en el marco de una sociedad libre y democrática. Para participar, es imprescindible tener acceso a medios de expresión, así como acceso a información que permita a las personas tomar decisiones sobre la sociedad en la que quieren vivir.
Es imprescindible para el ejercicio de otros derechos humanos. Sin la garantía del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, no es posible ejercer otros derechos, como por ejemplo la libertad de asociación, de asamblea, de pensamiento, de conciencia y de participación de los asuntos públicos. Sin el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, además, difícilmente se pueden ejercer otros derechos como a la educación.
En tal sentido es que nuestro derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en el artículo 7º de nuestra constitución, el cual señala:
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
En tal virtud es que tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal electoral, vulneran ampliamente el derecho a la libertad de expresión, ya que bajo pretexto de que supuestamente se está ejerciendo violencia política de género se atreven a censurar sin fundamento ni facultad alguna que les otorgue ningún precepto de nuestro orden jurídica nacional ni internacional a las autoridades electorales para poder censurar y prohibir que se escriba en una red social que además es internacional.
La censura no se puede permitir por ningún motivo en un Estado libre y Soberano,
Y menos por autoridades electorales, que su competencia se reduce al aspecto electoral y en todo caso, suponiendo, sin conceder que existiera algún tipo de violencia política de genero, es decir que se estuvieran violentando los derechos políticos electorales de alguna persona, pero además en ese supuesto, tampoco tendría facultades la autoridad electoral para censurar.
En efecto, los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal electoral han decidido censurar al titular del ejecutivo, pero también lo han hecho con muchos ciudadanos que se expresan en redes sociales, supuestamente por violencia política de genero, expresiones que no tienen que ver con afectación a los derechos político electorales de ninguna persona, ya que las expresiones que se realizan tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión de todo ciudadano de poder criticar actos de los funcionarios públicos que considera inadecuados, como sucedió con el caso de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, a la cual se le critica su abuso de influencias cuando fue Alcaldesa en la Delegación Alvaro Obregón, y que la población tiene derecho a saber y tiene derecho a criticar porque es una servidora pública.
En tal sentido es que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral, actúan de manera por demás inconstitucional al pretender censurar al titular del ejecutivo y a la población en general, por el hecho pensar y criticar las actuaciones de un servidor público, pero que no afectan en nada sus derechos políticos electorales, y tampoco se ejerce violencia política en razón de genero.
En efecto, pretenden hacer valer supuesta violencia política de genero solo por el hecho de que se critica las acciones de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en su carácter de servidora publica pero que en ningún momento se están dañando sus derechos políticos electorales para que se califique como violencia política de género, ya que la violencia política de genero consiste según la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES en lo siguiente:
La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Como podemos observar, para que exista violencia política de género, debe existir una acción u omisión basada en elementos de género, para lo cual se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, por lo que las criticas a la senadora como funcionaria publica, no tiene que ver con violencia política de género, ya que en primer lugar no se le está criticando por ser mujer, tampoco se están vulnerando sus derechos políticos electorales, sino por los presuntos actos de corrupción que han sido ventilados y que como ciudadanos tenemos derecho a conocer y derecho a manifestarnos en contra, por cualquier medio, incluso las redes sociales, entendiendo a ésta como un medio de comunicación global predominante para la exposición de ideas, pensamientos e información de toda índole, mismas que, posibilitan un ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, debe estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte del derecho humano a la libertad de expresión.
En tal sentido es que los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral violentan el derecho a la libertad de expresión del titular del ejecutivo y de la población en general, lo que ha venido presentandose desde que encabezaba el INE el señor Lorenzo Córdova Vianello el cual comenzó esas practicas de censura sin fundamento alguno, prohibiendo se hablara del señor Alejandro Moreno Cardenas, presidente del PRI y sus abusos relacionados con las diputadas.
Respecto de este derecho, la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ha manifestado que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública… Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que, dado que la libertad de expresión y pensamiento desempeña una función crucial y central en el debate público, la Convención Americana otorga un “valor sumamente elevado” a este derecho y reduce al mínimo toda restricción del mismo.
Como lo señaló la Corte, es en interés del “orden público democrático”, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente.
El artículo 13 de la Convención Americana contiene la definición más apropiada de la libertad de expresión, al establecer lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
La Corte ha sentado el amplio alcance y carácter del derecho a la libertad de expresión amparado por el artículo 13.
El artículo 13 establece dos aspectos distintivos del derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye no sólo la libertad de expresar pensamientos e ideas, sino también el derecho y la libertad de procurarlas y recibirlas.
Al garantizar simultáneamente los derechos a expresar y recibir tales expresiones, la Convención fomenta el libre intercambio de ideas necesario para un debate público efectivo en la arena política.
Asimismo, la Corte Europea ha afirmado reiteradamente que la libertad de expresión es uno de los “fundamentos esenciales de una sociedad democrática”.
Por ejemplo, cuando decidió que la sentencia del reclamante por difamación de un funcionario público violaba el artículo 10 de la Convención Europea, la Corte Europea afirmó que la protección de la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquéllas que “ofenden, resultan chocantes o perturban”. Como lo señaló la Corte Europea, “tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática”.
El Comité de Derechos Humanos, interpretando el Pacto de la ONU, también ha comentado que las restricciones a la libertad de expresión no deben “perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia”. Además en la misma opinión se señaló la importancia especial de proteger “la libertad de expresión en lo que se refiere a las opiniones, incluyendo aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayoría”
Resulta evidente que el derecho a la libertad de expresión y pensamiento garantizado por la Convención está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática. Es más, la plena y libre discusión evita que se paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y fricciones que destruyen las civilizaciones.
Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquélla que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma.
Por lo que el criticar el desempeño de los servidores y en especial de servidoras publicas no es equivalente a violencia de genero, y si se afecta gravemente el derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo la población en general carece de un medio de defensa eficaz en contra de esos actos autoritarios por parte de las autoridades electorales, ya que el ordenamiento jurídico señala que sus resoluciones son inatacables.
En virtud de lo aquí argumentado es que corresponde al congreso de la Unión poner un alto a sus violaciones de las autoridades electorales al derecho a la libertad de expresión y de información de todos los mexicanos.
En efecto, tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal Electoral, han violentado el derecho a la libertad de expresión, desde que incluso se encontraba encabezado por el Sr. Lorenzo Cordova, por lo que pueden ser sujetos de juicio político tal y como lo señalan los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Los artículos 74, fracción V, artículo 110 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 5, 6, el 7º fracción III, 9, 10 y demás relativos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De acuerdo al artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Por lo cual es procedente el juicio político en contra de los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral.
Por su parte el ARTÍCULO 5o.- de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que, “En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan.”
Y el artículo 6º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que “Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
El artículo 7º de la referida Ley detalla que “Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:” (…)
III.- Las violaciones a los derechos humanos; (…)
Así pues, los consejeros electorales, incluidos Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón que son los que iniciaron con la censura, asi como los magistrados del Tribunal Electoral, al violentar gravemente el derecho a la libertad de expresión protegido ampliamente por nuestra constitución y tratados internacionales, caen en el supuesto citado, por lo que corresponde al congreso de la Unión iniciar juicio político en su contra.
La censura no se puede permitir por ningún motivo en un Estado libre y Soberano.
Atentamente:
El pueblo de México
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.