Judicializar la política como estrategia contra los gobiernos de izquierda en América Latina no es una idea original de la élite que controla hoy día la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. La confabulación de albaceas y cabilderos de poderes fácticos con jueces y magistrados para incubar desde el poder judicial golpes de Estado -técnicos o blandos- ha sido una artimaña recurrente en la historia negra del conservadurismo contra las luchas de liberación de los pueblos del continente.
Las oligarquías suelen disfrazar sus desmedidas e ilegales ambiciones de poder con legajos y expedientes donde cuadran delitos -los sacan de contexto para magnificarlos o de plano los inventan-, para derribar así adversarios políticos que surgieron o que se han reivindicado como auténticos representantes populares.
El fascismo como gobierno o como oposición suele regodearse en una tramposa aplicación de la ley, y esconderse tras el viejo discurso del “irrestricto respeto al Estado de la derecho, la ley y el orden”; la película ha sido la misma, mientras desde los juzgados y barandillas amparan a delincuentes de cuello blanco, en las calles persiguen a inocentes por el simple hecho de ser dirigentes disidentes de las elites de poder. Cuando un movimiento social o político emergente trastoca, elimina o pone en riesgo los privilegios de los grupos del poder -al que se someten los sectores del poder judicial cómplices de tráficos de influencias y corruptelas-, entonces, viene la reacción, la fabricación de delitos para rehacerse del poder sin democracia ni justicia. Habitualmente, primero se crean escenarios de linchamiento mediático contra los dirigentes de los movimientos de izquierda, se calienta la calle con piquetes violentos, montajes y provocaciones, y luego se giran ordenes de aprehensión desde algún remoto juzgado fabricando pruebas e inventando acusaciones.No olvidemos que en 2004 con el objetivo de descarrilar a la mala las posibilidades de que el Pueblo organizado llegara a la silla presidencial por la vía legal, democrática y pacífica con Andrés Manuel López Obrador, la SCJN solapó el uso faccioso del aparato del estado, y promovió la tesis del desafuero del entonces jefe de Gobierno por la supuesta y según los magistrados “gravísima falta” de construir ¡una calle hacia un hospital!
Con el montaje del desafuero las autoridades judiciales posibilitaron incluso operativos exagerados donde policías ministeriales acudieron con armas largas al domicilio particular del entonces jefe de Gobierno del DF en Copilco, catearon domicilios aledaños y hostigaron a López Obrador, cuando nuestro dirigente siempre señaló estar dispuesto a ir a la cárcel de consumarse una injusticia por motivos políticos en contra de su integridad e inocencia. La imagen de un fanático o esbirro de la derecha intentando golpear a una persona mayor en el plantón pacífico que han sostenido desde hace semanas colectivos ciudadanos en la sede de la SCJN, nos remite a que un sector del poder judicial anclado a actores políticos del viejo régimen, está desplegando estrategias de confrontación y violencia para justificar y dictar desde las barandillas medidas de represión, y sobre todo calentar el ambiente de cara a blandir nuevamente el estribillo de la “urgente aplicación de la ley” y construir escenarios donde los asuntos políticos y públicos se definan en los juzgados y tribunales.
Judicializar la política es cosa no menor en la antesala del proceso electoral federal del 2024, donde todas encuestas y sondeos de opinión expresan una abrumadora mayoría del Pueblo a favor de que continue y se profundice la Cuarta Transformación de México.
Cuando las oligarquías no encuentran otra salida, cuando el empuje de la gente los ha sacado del poder por la vía pacífica y desde el mandato de las urnas, cuando se acaban los caminos del saqueo, la corrupción y el influyentismo, recurren a torcer los expedientes judiciales para generar climas crispados y pavimentar el camino de la intervención policiaca o militar. No olvidemos que, desde la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, más de 34 golpes de Estado se han ejecutado en 12 países de América Latina, y como fueron los casos recientes de Brasil, Bolivia, Argentina y Perú, las asonadas no fueron puramente auspiciadas o secundadas por fuerzas militares sino por autoridades judiciales.
El despliegue de los golpes de Estado, históricamente, se ha efectuado contra gobiernos de izquierda, progresistas o populares, y se ha puesto el mismo guion en marcha en Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Honduras, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá. Varios de esos países, más de una vez han padecido los embates de grupos de poder que se valieron de todo para recuperar sus privilegios.
Si bien, hoy día en México las condiciones de posibilidad para que avance un golpe jurídico o técnico son remotas, la estridencia y cinismo de los actos de algunos actores del poder judicial, en consonancia con el bloque conservador que sí anhela un desenlace golpista, son un llamado a estar atentos; el Estado de Bienestar que ha construido el gobierno de México está fundado en una amplia, solida y vigorosa base social, el peso mexicano y la economía nacional se han fortalecido en el sexenio, y la relación con Estados Unidos es entre iguales, pero siempre es importante mantener los procesos de reflexión y organización de los millones de mexicanos que respaldamos la transformación, y hacer lo propio desde el interior del movimiento para una mayor concientización. La vieja mafia está desesperada y agazapada en un sector de la Corte; pero el Pueblo ya despertó.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
