La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la reforma electoral no merma la autonomía u operación funcional del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que obliga a un “ejercicio responsable de los recursos”.
La CNDH reiteró que las críticas que argumentan que la reforma trastoca la autonomía “carece de sustento” porque “no hay ninguna disposición constitucional expresa que determine cómo deben estructurarse y organizarse los institutos electorales”, ni mande “estrictamente cuáles serán los órganos con los que deben contar”.
“Asimismo, los posibles efectos que la reforma pudiese tener sobre la “eficiencia” del Instituto no constituyen propiamente violaciones en abstracto de la Constitución”, agregó haciendo referencia a los comentarios de los opositores que aseguran que el recorte de presupuesto mermará las capacidades del órgano electoral.
“El supuesto de que, con la reforma, de facto, pueda ocasionar un menoscabo en el adecuado desempeño de la función electoral, es una cuestión que puede o no actualizarse, debido a que es un hecho incierto y realización futura”, añadió.
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La CNDH también dijo que no se le imponen reglas concretas o específicas sobre su operación ni se incluye ninguna norma que le impida realizar su labor o preceptos que le obliguen a tomar determinada dirección, por lo que su “autonomía queda intacta”, estimó.
“Además, no se advierte que con la reforma se hayan disminuido, reducido ni privado de las funciones que constitucionalmente le competen”, aseveró en el comunicado.
“El supuesto de que, con la reforma, de facto, pueda ocasionar un menoscabo en el adecuado desempeño de la función electoral, es una cuestión que puede o no actualizarse, debido a que es un hecho incierto y realización futura”, añadió.
La CNDH también dijo que no se le imponen reglas concretas o específicas sobre su operación ni se incluye ninguna norma que le impida realizar su labor o preceptos que le obliguen a tomar determinada dirección, por lo que su “autonomía queda intacta”, estimó.
“Además, no se advierte que con la reforma se hayan disminuido, reducido ni privado de las funciones que constitucionalmente le competen”, aseveró en el comunicado.
Por último, aclaró que los derechos humanos son parámetro de todas las autoridades del Estado, “con independencia de la naturaleza de sus atribuciones”, incluidos los derechos políticos. Igualmente, explicó que su comunicado se difundió el comunicado con fines de análisis.
La Comisión ha estado bajo el escrutinio público después de que el año pasado emitiera la recomendación general 46/2022, así como un comunicado mediante el cual exhortó a los legisladores de la República a que aprobaran una reforma en materia electoral que, entre otros objetivos, transformaría al INE.
El comunicado generó controversia entre políticos, asociaciones y la sociedad civil, mientras que el consejo consultivo de CNDH cuestionó su legalidad y acusó al comunicado de publicar una postura política.
Por su parte, el INE respondió a la Comisión que no tiene facultades para ello, ya que “tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral” y le pidió que se dedique a atender sus responsabilidades. La CNDH arremetió contra el mismo por dicha respuesta.
El pasado miércoles, el Senado de la República aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral, que ha sido criticado por los opositores, quienes denuncian que esta recorta 3 mil 500 millones de pesos al INE, elimina facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparece el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección en México.
Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como miembros de la oposición han reiterado que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definir la constitucionalidad de la reforma.
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