Un reducido grupo de empresas concentra contratos del INE y Oples; persisten señalamientos por posibles prácticas monopólicas y sobrecostos en la cadena de suministro electoral.
La organización de la megaelección 2027 en México, que incluirá comicios federales y locales, podría implicar un gasto superior a 3 mil millones de pesos en boletas y materiales electorales, de acuerdo con estimaciones basadas en procesos recientes.
En los últimos años, un grupo reducido de cuatro empresas y sus asociados ha concentrado la mayoría de los contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Esta situación derivó en 2022 en una investigación de oficio de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por presuntas prácticas monopólicas absolutas. Sin embargo, antes de la desaparición del organismo no se hicieron públicos los resultados.
Los antecedentes muestran variaciones significativas en costos. Entre 2014 y 2021, el INE pagó 0.87 pesos por boleta, mientras que en Tlaxcala el costo ascendió a 5.89 pesos y en Hidalgo a 3.29 pesos, evidenciando posibles desequilibrios en el mercado.
En 2024, la producción de boletas y materiales representó un gasto aproximado de 2 mil 340 millones de pesos. Para 2025, solo la elección judicial implicó cerca de mil millones de pesos para imprimir 602 millones de papeletas, pese a que la participación ciudadana fue de apenas 13 por ciento.
Un estudio interno del INE, elaborado en 2023 sobre la cadena de suministro dentro del Sistema Nacional Electoral, advirtió desarticulación y atrasos atribuibles a proveedores, además de inconsistencias en diversas entidades. Aun así, no se han implementado cambios estructurales, especialmente en un contexto donde han prevalecido adjudicaciones directas.
Empresas como Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Litho Formas y la paraestatal Talleres Gráficos de México figuran de manera recurrente como proveedoras.
En medio de la discusión de una reforma electoral, la representación del PRI ante el INE solicitó revisar si existe conflicto de interés del actual administrador del instituto, quien previamente representó a compañías del sector.
Con información de La Jornada.
Deja un comentario