La Fiscalía mexiquense señala que la red exigía decenas de millones de pesos al mes a propietarios para evitar el cierre de líneas de verificación y mantener sus concesiones.
Dos altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México fueron detenidos por su presunta participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros, luego de una investigación derivada de múltiples denuncias.
Los detenidos son Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, capturado en Acapulco, Guerrero, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, detenido en la Ciudad de México. En el operativo participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Guardia Nacional y autoridades de Guerrero y CDMX.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los funcionarios formarían parte de una estructura integrada también por servidores públicos, exfuncionarios y particulares, dedicada a exigir pagos ilegales a los dueños de verificentros a cambio de permitirles continuar operando. En otros casos, presuntamente utilizaban sus atribuciones para despojar a los concesionarios de sus permisos e infraestructura.
La investigación señala que la red habría generado varias decenas de millones de pesos mensuales mediante el cobro de cuotas para evitar el cierre de líneas de verificación. A estas cantidades se sumaban otros pagos exigidos para la revalidación de autorizaciones. Según la autoridad, el dinero era entregado en efectivo en un domicilio previamente identificado.
La Fiscalía también documentó que las víctimas habrían sido amenazadas con sufrir consecuencias si denunciaban. Por ello, la dependencia pidió a otros propietarios de verificentros que hayan sido afectados acercarse a las autoridades para ampliar las investigaciones y fortalecer las acusaciones contra los detenidos y otros presuntos integrantes de la red que permanecen prófugos.
El caso exhibe un presunto esquema de corrupción y extorsión desde áreas encargadas de regular la verificación vehicular en el Estado de México. Las autoridades deberán determinar ahora el grado de responsabilidad de los funcionarios detenidos y localizar a los demás involucrados.
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