El Gobierno federal busca convertir la mina de Calica en un proyecto turístico, pero, a más de un año después de declarar el área como protegida no existen reglas para su uso ni medidas claras para conservar su ecosistema. Ambientalistas alertan que el vacío legal podría poner en riesgo la biodiversidad de la zona.
A más de un año de haber sido decretada como Área Natural Protegida, la zona donde se ubican la mina y el puerto de Calica, hoy conocida como Sac-Tun, continúa sin un programa de manejo que establezca las reglas para su uso y conservación, mientras el Gobierno federal mantiene negociaciones con la empresa para impulsar un desarrollo turístico “de bajo impacto”.
El Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto, la cual abarca más de 53 mil hectáreas en la costa de Quintana Roo, fue declarada el 23 de septiembre de 2024, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de frenar definitivamente la extracción de materiales de construcción en la región. Sin embargo, el plan de manejo documento esencial que define las actividades permitidas, la capacidad de carga ambiental y los mecanismos de participación comunitaria sigue pendiente, a pesar de que la ley exige su publicación dentro del año siguiente a la declaratoria.
En octubre de 2024, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, aseguró que el programa estaría listo en febrero de 2025. No ocurrió. Hasta la fecha, ni la Semarnat ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) han emitido reglas para el aprovechamiento de los recursos dentro del polígono protegido.
Organizaciones ambientalistas advierten que esta omisión abre la puerta a riesgos ecológicos. Gina Chacón, integrante del colectivo NOSSA México, señaló que sin el plan de manejo no se puede garantizar la conservación efectiva del área, ya que ahí deben definirse los límites y condiciones de cualquier actividad humana, incluso las turísticas. “Hay especies de flora y fauna con alto valor ecológico; sin regulación, el turismo podría generar impactos irreversibles”, advirtió.
Pese a la falta de lineamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que su gobierno sostiene negociaciones con la empresa estadounidense Vulcan Materials propietaria de Calica para desarrollar un complejo turístico de bajo impacto o, en su defecto, concretar la compra del terreno y el puerto Punta Venado por parte del Estado mexicano.
Con información de Atzayacatl Cabrera para El Sol de México
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