Etiqueta: SEMARNAT

  • Tras 12 años de contaminación por Grupo México, comienza limpieza del río Sonora

    Tras 12 años de contaminación por Grupo México, comienza limpieza del río Sonora

    El plan federal contempla retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado y analizar 288 kilómetros de la cuenca, mientras las comunidades esperan recuperar el acceso seguro al agua y la calidad ambiental.

    A 12 años del derrame tóxico atribuido a Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el gobierno federal inició los trabajos de remediación ambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi, contaminados en agosto de 2014. El programa busca retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado y atender los daños que durante más de una década han afectado a las comunidades de la región.

    El plan contempla cinco frentes de trabajo, la recolección de 800 muestras de suelo a lo largo de 288 kilómetros y la instalación de campamentos en Ures, Aconchi y Huépac. Las principales labores están previstas para concluir en 87 días, mientras que la supervisión continuará hasta enero de 2027.

    Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental de la Semarnat, afirmó que los habitantes participarán en el seguimiento de las acciones y que sus observaciones serán consideradas. Por su parte, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, presentó el inicio de las obras como un avance en los compromisos asumidos con las comunidades afectadas.

    Para identificar las zonas que requieren atención, se realizarán vuelos con drones y análisis de laboratorio a cargo de instituciones acreditadas. Con los resultados se determinará qué áreas necesitan limpieza y cómo se manejarán los residuos, que podrán depositarse temporalmente en celdas especiales o trasladarse a plantas de tratamiento en Nuevo León y Coahuila.

    Los trabajos fueron asignados a Veolia, Semsa y Taesa, empresas que deberán contratar trabajadores y proveedores de la región. El proyecto también contempla 35 perforaciones, estudios de tomografía del suelo y supervisión externa para verificar el cumplimiento de las obras. Las autoridades prevén reuniones quincenales para informar sobre los avances.

    El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado llegaron a los ríos Sonora y Bacanuchi desde las instalaciones mineras. Doce años después, la remediación comienza en una cuenca cuyas comunidades han exigido durante años reparación de daños, atención sanitaria y agua segura. El reto será comprobar que las obras cumplan sus objetivos y que la recuperación ambiental se traduzca en mejoras reales para la población.

  • Dos tigres de Bengala vivían en una casa de Mazatlán sin papeles

    Dos tigres de Bengala vivían en una casa de Mazatlán sin papeles

    Un macho adulto y una hembra joven estaban en buen estado, pero sus dueños no mostraron registro ni plan de manejo. Profepa los puso bajo custodia.

    Inspectores de la Profepa encontraron a dos tigres de Bengala en una vivienda de El Bajío, una comunidad rural del municipio. La dependencia federal informó del caso.

    Todo comenzó cuando la Secretaría de Marina (Semar) avisó a la Profepa de que había ejemplares de esta especie en un inmueble. Con ese reporte, personal de ambas instituciones acudió al lugar.

    Durante la inspección, los funcionarios confirmaron la presencia de un tigre macho adulto y una hembra joven. Los dos felinos estaban en buen estado de salud.

    Aun así, los dueños no mostraron documentos que respalden el registro que otorga la Semarnat. Tampoco presentaron un plan de manejo para los animales.

    Por esa razón, los inspectores aseguraron a los felinos de forma precautoria y los dejaron en custodia.

    La Profepa también recordó las reglas para quienes cuidan fauna silvestre. Los sitios que la manejan, como las UMA y los PIMVS, deben cumplir la Ley General de Vida Silvestre. Además, necesitan autorización para funcionar y un plan de manejo para cada especie.

    Ahora la dependencia seguirá con el procedimiento administrativo. Según su aviso, la prioridad es el bienestar y el cuidado de los tigres.

  • Planta de huachicol abrió con el panista Márquez y el priista Peña Nieto

    Planta de huachicol abrió con el panista Márquez y el priista Peña Nieto

    El panista Miguel Márquez y un secretario del priista Enrique Peña Nieto inauguraron en 2017 la terminal de La Fragua. Ahora, las autoridades aseguraron ahí 59 millones de litros de presunto huachicol.

    La FGR y la Secretaría de Seguridad y Paz aseguraron 59 millones de litros de presunto huachicol en la empresa Gas Natural del Noroeste. La terminal tiene permisos para almacenar hasta 100 millones de litros. Su historia empezó con permisos del PAN y creció bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

    La investigación arrancó el 3 de julio de 2026. Ese día, la FGR arrestó al chofer de una pipa que llevaba 33 mil litros de combustible a una gasolinera de San Luis de la Paz. Nadie acreditó la trazabilidad del hidrocarburo. Esa pista condujo a un inmueble de venta de gas L.P. en Dolores Hidalgo y, después, al cateo de la planta.

    Del total asegurado, más de 33.5 millones de litros son gasolina regular. Otros 7.2 millones son gasolina premium y 18.2 millones son diésel.

    El actual gobierno de Morena en el municipio recordó cómo empezó todo. Entre 2012 y 2015, el alcalde panista Filiberto López Plaza autorizó la instalación de la empresa SIM en La Fragua.

    Los problemas llegaron pronto. En 2017, el municipio multó a la empresa con 150 mil 980 pesos por levantar tanques sin permiso de uso de suelo. En mayo de ese año, el Ayuntamiento aceptó de esa misma compañía una donación de un millón de pesos. El pleno destinó el dinero a comprar un camión recolector y compactador de basura.

    Después, el Ayuntamiento del alcalde del PVEM César Rodríguez Zarazúa aprobó el cambio de dueño a Gas Natural del Noroeste. También autorizó ampliar el uso de suelo y aprobó la factibilidad de cuatro tanques con capacidad para más de 38 millones de litros.

    En diciembre de 2017 llegó la inauguración. El gobernador panista Miguel Márquez Márquez y el alcalde Rodríguez Zarazúa abrieron el centro de almacenamiento. Con ellos estuvo Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía del gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

    La planta está en el kilómetro 56 de la carretera federal 57. Según el gobierno local, la empresa la operaba junto con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan. Además, contaba con permisos de la ASEA y de la Semarnat.

    En febrero de 2018, aún en el sexenio de Peña Nieto, el Cabildo dio más espacio a la empresa. Aprobó subir la capacidad de 240 mil a 615 mil barriles con cinco tanques nuevos de 75 mil barriles cada uno. Con eso, el volumen permitido llegó a 97.7 millones de litros.

    Los vecinos de La Fragua sintieron el cambio. En junio de 2018, Protección Civil y la empresa gestionaron talleres de emergencia. Los bomberos de San José Iturbide y de San Luis de la Paz, junto con la Cruz Roja, los recibieron.

    En febrero de 2019, los habitantes formaron el Movimiento de Comunidades Unidas y protestaron contra el aumento de tanques. Denunciaron olores a hidrocarburo, riesgos para las escuelas y restricciones a sus fiestas tradicionales.

    Aun así, en octubre de 2019 gobernaba el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Él anunció la llegada de los primeros ferrotanques con combustible importado de Shell.

    Hoy, el alcalde morenista Edgar Montes de la Vega prometió colaborar con las autoridades federales y estatales. Pidió investigar si hubo corrupción al emitir los permisos. Contó que los vecinos le dijeron que nunca hubo un protocolo de atención para emergencias. Reconoció que estos complejos tienen un riesgo inherente, pero acusó que la empresa no capacita a la comunidad. Según el munícipe, la planta “los pone en una situación de emergencia”. (Con información de La Jornada).

  • Ambientalistas exigen a Semarnat frenar proyecto turístico del Banco Ve Por Más en La Paz

    Ambientalistas exigen a Semarnat frenar proyecto turístico del Banco Ve Por Más en La Paz

    Ciudadanos en Baja California Sur protestan contra el desarrollo “El Saltito Segunda Etapa”, que busca desmontar 109 hectáreas para un complejo residencial y golf.

    -Mateo Segura

    Colectivos ambientalistas y ciudadanos marcharon en el malecón de La Paz, Baja California Sur, para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no autorice el desarrollo del complejo turístico denominado “El Saltito Segunda Etapa”.

    El proyecto, promovido por Banco Ve Por Más S.A., solicita permisos ambientales para realizar el desmonte de 109 hectáreas de terreno forestal. La obra contempla la construcción de lotes residenciales, un hotel, un club de playa privado, cuerpos de agua artificiales y un campo de golf, con un plan de ejecución proyectado a 20 años.

    Los manifestantes advirtieron que la autorización de este cambio de uso de suelo provocaría graves afectaciones a la vegetación nativa de la región, como cardones y biznagas, así como a las especies de fauna local. Además, expresaron su profunda preocupación por la alta demanda de agua potable que requeriría la operación del complejo.

    Como parte del rechazo ciudadano al desarrollo y financiamiento del Banco Ve Por Más en esta zona costera, las organizaciones civiles han recolectado más de 13 mil firmas a través de plataformas digitales para respaldar la petición y presionar por la cancelación definitiva de los trámites ambientales.

  • México envía a 104 brigadistas para combatir incendios en Canadá

    México envía a 104 brigadistas para combatir incendios en Canadá

    La Semarnat confirmó el despliegue de personal especializado hacia Ontario para apoyar las labores contra el fuego forestal.

    La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció este 28 de julio el envío de un contingente mexicano a Canadá. El grupo partió rumbo a Thunder Bay, Ontario, para sumarse a las tareas contra los incendios forestales.

    Según el comunicado oficial, la delegación de la Comisión Nacional Forestal quedó conformada por 100 combatientes y 4 técnicos especializados. Todos se integrarán a las operaciones que coordinan las autoridades canadienses en la zona afectada.

    La dependencia detalló que cinco mujeres forman parte del equipo. Una proviene de Coahuila, otra de Guanajuato y las tres restantes llegan desde Jalisco.

    Además, el personal desplegado pertenece a distintas áreas de trabajo. Entre ellas destacan Protección Civil estatal y municipal, dependencias ambientales de los tres niveles de gobierno, brigadas de manejo del fuego y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También participa una organización de la sociedad civil.

    La Semarnat precisó que 24 entidades federativas aportaron representantes para esta misión. Jalisco encabezó la lista con el mayor número de integrantes, seguido por Michoacán, Durango, Tamaulipas y Chiapas.

    Por último, la dependencia explicó el marco legal de esta cooperación. El despliegue se realiza bajo el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo que ambos países mantienen para el intercambio de recursos contra incendios forestales.

  • “México no es el basurero de SpaceX”; activistas denuncian basura espacial en playas

    “México no es el basurero de SpaceX”; activistas denuncian basura espacial en playas

    Activistas de Conibio Global protestaron en Playa Bagdad, Tamaulipas, para denunciar la presencia de desechos espaciales de SpaceX en aguas mexicanas y exigir la intervención del Gobierno federal. 

    Integrantes de la organización ambiental Conibio Global realizaron una protesta pacífica en Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas, para denunciar la presencia de desechos espaciales atribuidos a SpaceX en aguas nacionales. Bajo la consigna “México no es el basurero de SpaceX”, los activistas exigieron acciones de las autoridades para evitar mayores afectaciones al medio ambiente.

    El activista Elías Ibarra Rodríguez aseguró que la empresa aeroespacial ha registrado ya tres propulsores en la zona y afirmó que actualmente existirían más de 40 kilómetros de basura espacial en playas mexicanas, además de estructuras sumergidas en el Golfo de México que, según la organización, podrían representar un riesgo ambiental. Conibio Global hizo un llamado a dependencias federales como la Semarnat, Profepa y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para atender la situación.

    La movilización ganó visibilidad en redes sociales, donde videos de las protestas acumularon millones de reproducciones y reavivaron el debate sobre el impacto ambiental de las operaciones espaciales. Los manifestantes también señalaron que buscan documentar los efectos que estos residuos podrían tener sobre especies marinas y ecosistemas costeros.

    En respuesta, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, informó que la dependencia ya trabaja en el caso y que personal de la Profepa se encuentra en la zona, además de señalar la necesidad de que la SRE participe en la regulación de este tipo de incidentes fronterizos. No obstante, los activistas lamentaron que uno de los propulsores señalados fuera finalmente destruido en territorio mexicano y advirtieron que continuarán con sus acciones de vigilancia y denuncia.

  • Gobierno federal va contra empresa que privatizó playa en Punta de Mita

    Gobierno federal va contra empresa que privatizó playa en Punta de Mita

    La Semarnat detectó obras ilegales de contención en Playa Las Cocinas y exige a la desarrolladora Cantiles de Mita retirarlas y restaurar la zona costera.

    Una playa de Nayarit está en el centro de un conflicto entre una empresa inmobiliaria y las comunidades que la habitan. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales detectó irregularidades graves en obras de enrocamiento construidas por Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, dentro de una zona federal en Punta de Mita.

    Las inspecciones, realizadas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a partir de un dictamen solicitado por la Fiscalía General de la República, arrojaron un hallazgo contundente: las obras “exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal”. Esa concesión solo permite mantener la superficie en estado natural, sin construcciones ni infraestructura permanente.

    La autoridad también detectó incumplimientos a las condicionantes establecidas y posibles daños a la dinámica natural de la playa. En paralelo, la Semarnat avanza en el proceso de revisión de la concesión otorgada a la empresa.

    Los vecinos de Punta de Mita y Emiliano Zapata llevan meses denunciando lo que describen como la privatización de esa playa. En mayo pasado, habitantes y defensores del medio ambiente alzaron la voz contra la construcción de un muro de piedra levantado por la constructora en la zona.

    Ante la presión institucional y social, la Semarnat ya se sentó con representantes de la empresa. En esas reuniones les comunicó la posición del gobierno federal, les explicó la ruta jurídica derivada de las irregularidades y les planteó una exigencia directa: retirar voluntariamente las obras y restaurar la playa.

    El diálogo también incluyó a autoridades estatales y municipales, así como a comunidades locales. Todos buscan alternativas de restauración costera que cumplan con la normatividad ambiental vigente.

    El próximo 25 de junio, equipos técnicos de varias direcciones generales de la Semarnat y de la Profepa realizarán una visita conjunta a Playa Las Cocinas. El objetivo es verificar el estado actual de la zona y definir los pasos a seguir.

    La secretaría también mantiene abiertas las acciones administrativas derivadas de un aviso de emergencia que emitió en noviembre de 2025, cuando detectó los primeros incumplimientos de la empresa.

    La Semarnat fue clara en su postura: el acceso público a las playas y la protección de los ecosistemas costeros no están a negociación.

  • Frenar planta de GPO alejaría inversiones de Sinaloa, advierte líder empresarial

    Frenar planta de GPO alejaría inversiones de Sinaloa, advierte líder empresarial

    El presidente de ADECEM exige respetar los permisos ya otorgados a Gas y Petroquímica de Occidente, cuya planta de fertilizantes en Topolobampo lleva 80% de avance.

    Julio César Silvas Inzunza no se anduvo con rodeos. El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) lanzó este martes una advertencia directa: detener la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo mandaría una señal peligrosa a quienes piensan invertir en Sinaloa.

    “Todo inversionista, en cualquier parte del mundo, lo primero que busca es certeza jurídica. Cuando esa certeza no existe, o se le violenta, pues obviamente ahuyenta la inversión”, dijo el líder empresarial.

    La planta concentra hoy la atención de grupos ambientalistas que presionan para frenarla. Frente a eso, Silvas Inzunza recordó que GPO tramitó y obtuvo todos los permisos, licencias y concesiones que exige la ley federal. Incluso la Semarnat, señaló, ha enviado personal a la zona para supervisar el cumplimiento de la normativa.

    Para el dirigente, cancelar un proyecto con 80% de avance y con respaldo legal no tiene justificación. En todo caso, propone sentarse a buscar soluciones técnicas concretas.

    “Si el problema es la descarga de aguas, pues se resuelve con un tubo. Hay que ver la manera de que el proyecto avance, no la forma de detenerlo y acabar con esa inversión”, planteó.

    Más allá del debate ambiental, Silvas Inzunza puso el acento en lo que esta planta significa para los agricultores sinaloenses. Producir fertilizantes localmente bajaría sus costos de forma considerable, ya que hoy los precios son muy elevados. A eso se suman los empleos directos y el impulso al desarrollo inmobiliario que genera la obra.

    El líder empresarial también ubicó el proyecto en un contexto más amplio: la planta de GPO forma parte del polígono del Plan México, una estrategia federal orientada a detonar desarrollo económico en la región. Por eso, insistió, no se trata de un proyecto aislado, sino de un ancla que arrastra beneficios para toda la zona.

    “Tenemos que garantizar que hay un Estado de derecho”, cerró Silvas Inzunza.

  • Ambientalistas alertan por nuevo megaproyecto de Royal Caribbean en Cozumel tras freno a Perfect Day

    Ambientalistas alertan por nuevo megaproyecto de Royal Caribbean en Cozumel tras freno a Perfect Day

    Activistas denuncian que el proyecto Royal Beach Club amenaza manglares, arrecifes y zonas de desove de tortugas en Cozumel; exigen a Semarnat rechazar definitivamente el plan turístico.

    Luego de que el gobierno federal frenó el polémico proyecto acuático Perfect Day en Mahahual, organizaciones ambientalistas de Cozumel encendieron nuevamente las alarmas por el avance del proyecto Royal Beach Club, impulsado por la naviera Royal Caribbean en la isla quintanarroense. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el desarrollo en Mahahual, todavía no emite una resolución definitiva sobre el complejo turístico planteado para Cozumel.

    La ambientalista Guadalupe Martín Cab advirtió que los terrenos adquiridos por la empresa contienen amplias zonas de manglar protegido, además de playas utilizadas por tortugas marinas para desovar debido a la baja presencia de sargazo en esa área. También señaló que frente al predio se encuentra parte del sistema arrecifal mesoamericano, considerado uno de los más importantes y mejor conservados del mundo.

    La especialista recordó que expertos han alertado sobre el deterioro progresivo de los arrecifes por el blanqueamiento de coral, fenómeno que ya provocó la pérdida de cerca del 40 por ciento de las colonias coralinas en Quintana Roo. Por ello, sostuvo que permitir otro megaproyecto turístico en la zona pondría aún más presión sobre los ecosistemas marinos y costeros de Cozumel.

    Martín Cab acusó además que Royal Caribbean ha intentado minimizar el alcance del proyecto pese a que la solicitud continúa activa ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Según explicó, la naviera ya controla el tercer muelle de cruceros en la isla y anteriormente buscó construir un cuarto, contando únicamente con autorizaciones municipales otorgadas durante la administración del ex alcalde Pedro Joaquín Delbouis, sin permisos federales completos.

    Los grupos ambientalistas también denunciaron la creciente privatización de playas en Cozumel, situación que, aseguran, ha limitado el acceso público al litoral. La activista lamentó que los habitantes tengan que pagar para ingresar a zonas costeras que deberían ser de libre acceso, mientras desarrolladores turísticos continúan expandiendo sus proyectos sobre espacios naturales protegidos.

    Ante este panorama, colectivos ciudadanos llamaron a la población a sumarse a campañas digitales y firmas en plataformas como Change.org para exigir que Semarnat rechace el proyecto Royal Beach Club y priorice la protección ambiental de Cozumel frente a intereses privados vinculados al turismo de cruceros.

  • Certificado para proteger bosques de la deforestación

    Certificado para proteger bosques de la deforestación

    La Semarnat presenta un nuevo certificado que busca detener la deforestación impulsada por la agricultura, protegiendo así la biodiversidad mexicana.

    La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lanzó una iniciativa para proteger los bosques de México. Este anuncio llega en un momento crítico, ya que entre 2001 y 2024, la expansión agrícola fue responsable de 22% de la pérdida de ecosistemas forestales. Esta cifra equivale a más de 44 mil hectáreas deforestadas cada año.

    Para abordar este problema, la Semarnat introducirá el Certificado de Libre de Deforestación de los Ecosistemas Forestales. Este documento valida la preservación de los bosques y asegura que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia ambiental. El certificado se convierte en una herramienta clave para combatir la deforestación y fomentar un uso sostenible de los recursos naturales.

    La Dirección General de Gestión Forestal de la Semarnat será la encargada de verificar que las actividades de quienes soliciten el certificado no afecten zonas boscosas. El objetivo es evitar que se realicen cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Esto se alinea con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que prohíbe otorgar apoyos económicos a actividades agropecuarias en áreas ya deforestadas.

    Los datos también revelan una alarmante tendencia: 28% de los ecosistemas terrestres han sido convertidos a usos agropecuarios y urbanos. Esta transformación continúa exacerbando el problema de la deforestación, un tema que preocupa a muchos ciudadanos y activistas. El lanzamiento del certificado representa una esperanza en la lucha por la conservación de la biodiversidad.

    Con esta medida, la Semarnat busca crear un futuro más sostenible y responsable. El camino hacia la protección de los bosques de México comienza ahora. La colaboración entre instituciones y la sociedad civil será fundamental para garantizar la preservación de nuestro patrimonio natural.