Mientras el número 1302 de la Revista Vértigo Político lo celebra con frases como “32 años trabajando por México y por la libertad” y lo define como “el periodista y conductor de mayor credibilidad en nuestro país”. ¿Es neta? La trayectoria de Javier Alatorre está más marcada por polémicas que cuestionan su rigor, ética y responsabilidad profesional más que por tener credibilidad alguna.
Durante años, Javier Alatorre ha sido el principal rostro de “Hechos”, el noticiero estelar de TV Azteca. Sin embargo, su permanencia en pantalla no ha estado exenta de señalamientos por la manera poco profesional en la que ha ejercido el periodismo. Diversos episodios han demostrado el poco rigor informativo que el conductor posee.
Uno de los momentos más graves ocurrió en 2020, cuando en plena pandemia de COVID-19 Alatorre llamó a no hacer caso a las recomendaciones de Hugo López-Gatell, el entonces subsecretario de Salud. Su mensaje fue un acto de irresponsabilidad periodística, por lo que provocó una ola de críticas.
Vamos ahora un poco más atrás, pues en la década de 1990 presentó reportajes sobre el supuesto “chupacabras”con un tono serio, tratando una leyenda urbana con tal seriedad e importancia como si fuese una noticia real.
A esto se suma un constante sesgo editorial y una intencionada mezcla de opinión con información hecha pasa como objetiva. Alatorre mezcla la noticia con su postura personal, respondiendo más a intereses de línea editorial que a un compromiso con la objetividad, aunque haga creer lo contrario. Su noticiero busca polarizar audiencias en lugar de informar.
Alatorre es un periodista que, lejos de informar a México, se dedica a mal ejercer su profesión con falta de rigor y responsabilidad. El periodismo exige ética, prudencia y compromiso con la verdad; cualidades que están ausentes en Hechos debido a su conductor.
Del lujo oculto en fraccionamientos exclusivos a la austeridad extrema en la sierra, los escondites de los grandes capos del narcotráfico en México revelan cómo el poder criminal se adapta al territorio, al momento histórico y a la relación con los estados.
Los escondites de los grandes capos del narcotráfico en México no responden a una sola lógica.
No son únicamente refugios físicos: son extensiones del poder, estrategias de control territorial, símbolos de impunidad y, en muchos casos, reflejos íntimos de la personalidad y el momento histórico de cada jefe criminal.
Al analizar los espacios donde se ocultaron figuras como Nemesio Oseguera Cervantes, Ismael Zambada García, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loera y Marcos Arturo Beltrán Leyva, emerge un patrón más profundo: el narco no se esconde solo para huir, sino para gobernar desde las sombras.
El bosque como blindaje: “El Mencho” en Tapalpa
El refugio de El Mencho en el Tapalpa Country Club revela una evolución del crimen organizado contemporáneo. No se trataba de una cueva ni de una casa improvisada, sino de una residencia de lujo integrada al paisaje, dentro de un fraccionamiento exclusivo, rodeado de pinos, silencio y caminos privados. El entorno natural funcionaba como barrera visual, acústica y táctica.
La casa —con alimentos frescos, medicinas especializadas y símbolos religiosos— muestra a un capo que vivía como alguien que no pensaba huir, sino resistir. El bosque no era escape: era trincheras naturales. El intento de fuga hacia el monte confirma que el escondite estaba pensado para defenderse y dispersarse, no para desaparecer.
La sierra profunda: “El Mayo” y la invisibilidad
El caso de El Mayo Zambada es opuesto y, al mismo tiempo, complementario. Su escondite en Vascogil, un pueblo de menos de 500 habitantes en el corazón del Triángulo Dorado, no ofrecía lujo, sino anonimato absoluto.
Aquí, el escondite no dependía de muros ni de escoltas, sino de lealtades comunitarias, aislamiento geográfico y control social. Vascogil no era solo un refugio: era territorio propio, una extensión orgánica del Cártel de Sinaloa. En estos espacios, el capo no destaca; se diluye.
La ciudad como máscara: Félix Gallardo y Beltrán Leyva
Con Miguel Ángel Félix Gallardo, el escondite fue urbano y frontal: una casa lujosa en Guadalajara, sin túneles ni selva. En los años ochenta, el poder del narco aún se sostenía en protecciones políticas y acuerdos institucionales. No necesitaba esconderse lejos: se ocultaba a plena vista.
Algo similar ocurrió décadas después con Marcos Arturo Beltrán Leyva, abatido en departamentos de lujo en Cuernavaca. El narco se movía entre edificios residenciales, fiestas privadas y zonas de clase alta. La ciudad ofrecía normalidad, cobertura social y ruido, pero también mayor exposición. Ahí, el escondite se volvió escenario de guerra.
La austeridad estratégica: Caro Quintero
El contraste más fuerte aparece con Rafael Caro Quintero, localizado en una casa humilde, con techo de lámina, en la sierra de Choix, Sinaloa. No había lujo ni sofisticación: había discreción extrema.
Este tipo de refugio responde a una lógica de supervivencia pura. Caro Quintero ya no gobernaba un imperio: huía del tiempo, de la memoria y de la persecución internacional. Su escondite demuestra que, cuando el poder se erosiona, el narco abandona la ostentación y apuesta por desaparecer entre los olvidados.
La guarida como ingeniería: “El Chapo”
La última guarida de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis sintetiza otra dimensión: la arquitectura del escape. No era solo una casa, sino un sistema: túneles, compuertas ocultas, drenajes, rutas de evasión.
Aquí, el escondite no es estático, es dinámico. Está diseñado para fallar y, aun así, permitir la huida. La vivienda quedó como ruina, museo involuntario de la narcocultura, símbolo de que el escondite también puede ser una trampa.
Los escondites de los grandes capos no son casuales. Revelan el momento histórico del narcotráfico, el nivel de control territorial, la relación con el Estado y el grado de confianza —o paranoia— del criminal.
Del lujo integrado al bosque, a la choza serrana; del departamento urbano al túnel subterráneo, cada refugio cuenta una historia: cuando el narco domina, se exhibe; cuando resiste, se camufla; cuando cae, se encierra.
En México, los escondites no solo ocultan cuerpos: ocultan redes, pactos, silencios.
El Senado ha dilapidado una suma millonaria en café, agua embotellada, vales de despensa, comida y hasta pensiones de estacionamiento. Tan sólo en comida y café los gastos ascienden a 21 millones 595 mil 380 pesos, un millón más que en 2024.
Al escandaloso cierre de un salón de belleza que operó por cerca de dos años en las instalaciones del Senado, y que fue equipado con presupuesto público, se suma, ahora, el derroche en café, alimentos y pensiones para estacionamiento en el que han incurrido los senadores.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, la Cámara Alta erogó más de 21 millones de pesos en café, galletas, agua y alimentos, tanto dentro como fuera de sus instalaciones.
Los senadores disfrutaron de los servicios de cathering y restaurante a costa del erario fueron los senadores.
Los senadores y las senadoras, especialmente. Porque el resto de los trabajadores del Senado recibieron un trato distinto.
Y es que, mientras el personal de limpieza recibió un menú de 80 pesos, los senadores tuvieron “lunchs” de 750 pesos cada uno.
De acuerdo con la cuenta pública del Senado, la empresa WWPL México S.A de C.V recibió un contrato de 4 millones 352 mil 354 mil pesos para suministrar, durante un año, agua y café.
Y no solo eso. Por los servicios de alimentos, la empresa Mobiliarios Mifflin S. A de C.V recibió otros 17 millones 241 mil 38 pesos.
Eso quiere decir que, por ambos servicios, el Senado desembolsó un millón de pesos más que en 2024, cuando solo contrató a Mifflin, la cual brindó el servicio de comida para la celebración del 15 de septiembre en la Alcaldía Cuauhtémoc, que, dicho sea de paso, encabeza la panista Alessandra Rojo de la Vega, y por el cual la alcaldía pagó 9 millones 100 mil pesos.}
Pero le digo más: la empresa también ofrece distintos “servicios” que van desde la organización de eventos y espectáculos, pasando por el servicio de comida, pasando, incluso, por la renta de mobiliario.
Pero hay más.
Además del ostentoso servicio de comida para los senadores, la institución gastó 7 millones 752 mil pesos en estacionamiento para 252 vehículos, los cuales fueron llevados a distintas pensiones de la colonia Roma, Tabacalera y Juárez.
A esta prestación se suman los vales de despensa por los que el Senado pagó 74 millones 529 mil pesos; o el seguro de vida para los jubilados que costó 252 mil pesos. Incluso, la institución se dio el lujo de pagar 850 mil pesos para la fumigación y eliminación de “fauna” nociva en las instalaciones.
Cabe señalar que durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, la partida presupuestaria del Senado incrementó 11,000%, pasando de ocho millones a 894 millones de pesos.
Sin embargo, el tabasqueño aseguró, en su momento, que el aumento se trató de una reclasificación del presupuesto y al “aumento de costo de insumos”.
Más allá de estas declaraciones, una cosa es cierta: los senadores han incurrido en gastos excesivos, contrario a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado implementar en sus círculos más cercanos: la austeridad.
Acostumbrados a los excesos de los “viejos tiempos”, lamentablemente, los senadores no están dispuestos a renunciar a sus antiguos privilegios y tampoco a practicar la austeridad. Prueba de ello, es la disparidad que existe entre el costo de las comidas de los senadores y la de los trabajadores, que cuesta 670 pesos menos.
Infelizmente, estos senadores no son representantes, son comensales de lujo a costa de una nación en ayunas. Y es que, mientras el pueblo cuenta centavos, los senadores cuentan millones en galletas.
Desde acusaciones por un presunto soborno vinculado a la privatización de la basura hasta críticas por gastos de campaña y señalamientos sobre operativos municipales. Estas son las cinco controversias más relevantes que han rodeado a Felifer Macías, quien planea ser gobernador en 2027, en los últimos años.
La carrera política de Felipe Fernando Macías Olvera, conocido como Felifer Macías y actual alcalde de Querétaro, ha estado acompañada por diversas polémicas, principalmente en contextos electorales y de gestión pública.
Una de las más sonadas fue la acusación de un presunto soborno por 400 mil pesos relacionado con la empresa Red Recolector S.A. de C.V., ligada al servicio de recolección de basura en la capital queretana. El señalamiento apuntaba a que el cheque habría sido emitido a nombre de su madre. En su defensa, Macías rechazó los hechos y los calificó como falsos.
En el marco del proceso electoral, durante un debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el entonces candidato de Morena, José María Tapia Franco, lo acusó de corrupción y de favorecer la privatización del agua y la basura. El intercambio escaló a descalificaciones personales.
Otra controversia giró en torno a los gastos de campaña, que fueron señalados por sectores críticos como “excesivos y opacos”, debido al despliegue de espectaculares y publicidad en redes sociales. Aunque no se derivaron sanciones públicas de alto perfil, el tema alimentó el debate sobre la fiscalización electoral en Querétaro.
Ya como alcalde, su administración también ha enfrentado críticas por operativos contra comerciantes indígenas en el Centro Histórico, acciones que activistas calificaron como represivas. A ello se sumaron cuestionamientos por la adquisición de ciertos elementos decorativos y mobiliario urbano con costos considerados elevados por parte de la oposición.
Finalmente, en distintos momentos, Macías ha tenido quedeslindarse de propaganda y pintas que aparecieron en la ciudad y que algunos sectores vincularon con su equipo político. El alcalde negó cualquier relación con esos actos y reiteró que no formaban parte de su estrategia.
Eugenio Derbez ha protagonizado distintos episodios de confrontación pública con el Gobierno de la Cuarta Transformación. El actor ha cuestionado y criticado directamente a Morena, lo cual llama la atención ya que lleva años radicado y activo profesionalmente en Estados Unidos, por lo que ha abierto el debate sobre el papel de figuras públicas que opinan sobre la política mexicana desde el extranjero.
Desde hace varios años, Eugenio Derbez, quien ya vive y trabaja en Estados Unidos, es ahora un actor recurrente pero de la discusión política nacional. Aunque su carrera y residencia están centradas fuera de México, sus mensajes en redes sociales han tenido eco directo en el debate político de nuestro país, particularmente sobre el Gobierno federal y la 4T.
Uno de los episodios más destacados ocurrió en marzo de 2022, cuando participó en la campaña #SélvameDelTren, iniciativa que cuestionaba el impacto ambiental del Tren Maya. Tras las declaraciones del presidente López Obrador, quien descalificó a los artistas involucrados, Derbez respondió públicamente rechazando cualquier vínculo partidista y defendiendo que su postura era ambiental y ciudadana.
El momento más llamativo llegó en mayo de 2024, justo antes de las elecciones presidenciales, pues, a través de un video difundido en redes sociales, el actor trató de inducir el voto de los ciudadanos al plantear preguntas sobre violencia, inseguridad, desigualdad y corrupción en México. En ese mensaje afirmó que “Morena salió igual o peor que el PRI y el PAN”, una declaración que fue interpretada como un rechazo directo al proyecto político de López Obrador y a la 4T. Aunque sostuvo que su llamado era apartidista, la evidencia ya estaba sobre la mesa.
Las reacciones no se hicieron esperar, pues en redes sociales se cuestionó por qué un actor que vive y trabaja principalmente en Estados Unidos interviene de forma reiterada en la discusión política mexicana, por lo que también surgieron señalamientos sobre la coherencia de criticar la situación del país mientras desarrolla su vida profesional fuera de él.
Las críticas de Derbez, aunque forman parte del debate democrático y pueden ser válidas en términos de libertad de expresión, también han sido percibidas como reiterativas y desconectadas de la realidad cotidiana que viven millones de mexicanos. En cambio, Salma Hayek ha sido blanco de ataques en redes simplemente por expresar simpatía o respaldo hacia el proyecto en el poder, algo que forma parte de su derecho individual y que no debería convertirse en motivo de descalificación. A diferencia del caso de Derbez, las críticas hacia Hayek resultan desproporcionadas e injustificadas, pues apoyar una postura política es tan legítimo como cuestionarla.
Es importante recordar que varias producciones en las que participó Eugenio Derbez accedieron en su momento a incentivos fiscales y apoyos públicos contemplados en mecanismos como Eficine, diseñados para impulsar el cine nacional. Por lo que es contradictorio que hoy mantenga una postura abiertamente adversa al gobierno en turno cuando anteriormente su trabajo se desarrolló dentro de un esquema que incluía estímulos estatales, lo que puede dar una idea del motivo de sus constantes quejas y ataques.
Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.
Pero déjeme contarle la historia con datos duros.
Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.
En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.
La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.
El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañaneradel Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.
Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.
De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.
No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.
Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.
Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.
Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.
De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.
Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.
Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.
Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.
En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.
Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.
Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.
Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.
Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.
Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.
Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.
Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí
Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.
Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.
Mucho se ha hablado del contexto político y social que se vive en las alcaldías de la Ciudad de México, principalmente por la renovación de las estructuras seccionales de Morena en todo el país, dado que no solo es un trámite interno, si no una medición real de organización territorial.
Lo que pasó este fin de semana en la segunda alcaldía más poblada de la CDMX no es para menos, ya que en cada sección se eligieron liderazgos por voluntad popular en un proceso que refrenda los principios de la 4T, lo que permitió ver quién SÍ tiene estructura y quién NO.
La Jornada de este domingo 15 de febrero en Defensa de la Soberanía Nacional, en la Gustavo A. Madero, dejó claro su peso territorial: más de mil 600 presidentas, presidentes y secretarios seccionales, es decir, poco más del 95% de la estructura territorial deMorena, se coordinaron bajo el liderazgo del alcalde Janecarlo Lozano.
Con la presencia de la Secretaria Nacional de Comunicación del partido, Camila Martínez; y de la Secretaria General de Morena en la capital, Alicia Barrientos Pantoja, la estructura del norte se manifestó en unidad en defensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en respaldo a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El mensaje es clarocuando la segunda alcaldía más poblada de la Ciudad muestra tal nivel de cohesión: hay unidad, hay organización y hay estabilidad territorial.
La Gustavo A. Madero no solo acompañó la jornada, ni es una alcaldía cualquiera: es la demarcación que demuestra y reafirma ser el corazón de la transformación.
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas sin bajar salarios ni prestaciones, en Argentina la administración de Javier Milei promovió cambios que facilitan despidos, amplían jornadas y debilitan el poder sindical. El contraste refleja dos modelos opuestos: uno centrado en el trabajador y otro en la flexibilización empresarial.
En México, la propuesta plantea una reducción gradual de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, con 2026 como periodo de transición. El ajuste será progresivo —46, 44, 42 y finalmente 40 horas— y sin afectar ingresos. Además, se regulan las horas extra con un tope de 12 horas diarias combinadas, se prohíben horas extraordinarias a menores, se establecen registros electrónicos obligatorios y se eleva el cambio a rango constitucional mediante reforma al Artículo 123 y ajustes a la Ley Federal del Trabajo. La lógica es clara: mejor calidad de vida con protección jurídica plena.
El panorama argentino es distinto. Entre los puntos más cuestionados están la precarización de derechos laborales, la ampliación del periodo de prueba, un esquema que puede reducir indemnizaciones por despido y la creación de fondos alternativos de cese laboral. También se contempla el “banco de horas”, que puede extender jornadas hasta 12 horas sin el pago tradicional de extras, así como mayores restricciones al derecho de huelga y más peso a acuerdos individuales sobre los colectivos. A ello se suman críticas por posibles impactos en el sistema previsional y la opción de pagos en moneda extranjera o en especie.
Así, mientras México avanza hacia estándares internacionales con una reforma que reduce horas y mantiene derechos, Argentina enfrenta señalamientos por ir en sentido contrario, priorizando la desregulación. Dos visiones laborales en el continente: una que apuesta por fortalecer al trabajador y otra que, para sectores sindicales y sociales, representa un retroceso en conquistas históricas.
En las últimas semanas, el debate sobre el nepotismo ha cobrado fuerza como un reclamo social frente a prácticas que recuerdan a esquemas monárquicos, donde familias completas se heredan cargos públicos. En la Ciudad de México, el caso del diputado migrante del PAN, Raúl Torres, vuelve a colocar el tema en el centro de la discusión.
Luego de que Los Reporteros Mx revelara que Torres mintió sobre su residencia en Estados Unidos, una nueva investigación exhibe una red familiar en torno a su suplencia legislativa.
Durante su primera legislatura como diputado migrante en 2021, su suplente fue Nancy Vireidiana Rangel López, hermana de Shirley Vianney Rangel López, esposa del legislador; es decir, su cuñada.
Para la siguiente legislatura, Torres fue aún más lejos: sustituyó a su cuñada y designó como suplente a su propia esposa, Shirley Vianney Rangel López.
El caso no termina ahí. Durante la campaña de 2024, Shirley Vianney aseguró residir en Estados Unidos; sin embargo, registros oficiales indican que en 2023 trabajaba en el INAI, donde percibía un salario neto mensual de 73 mil 456 pesos.
Además, en febrero de ese mismo año, ella y el diputado celebraron en México el baby shower de su hija, evento al que asistieron diversos panistas. Este hecho la ubica físicamente en el país en un periodo clave, pues la legislación establece que para ser diputada migrante debía acreditar al menos dos años de residencia previa en el extranjero, es decir, desde 2022.
Entre los asistentes a la celebración estuvieron los diputados panistas Ricardo Rubio Torres, Luisa Gutiérrez Ureña, Diego Garrido López, Gonzalo Espina Miranda y Aníbal Cañéz Morales, lo que sugiere que el partido tenía conocimiento de la situación.
Así, el caso no solo abre cuestionamientos sobre el uso de cargos públicos en beneficio familiar, sino también sobre el cumplimiento de los requisitos legales para representar a la comunidad migrante.
El PAN, lamentablemente, ya es sinónimo de privatización.
Y eso no es una ocurrencia. Es la terrible realidad. A nadie se le olvida que, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, se aceleró y profundizó el proceso de privatización de empresas y concesiones estatales. Y eso lo saben perfectamente Vicente Fox y Felipe Calderón.
Y esa misma escuela, la panista y la privatizadora, la han continuado personajes como Mauricio Tabe, actual alcalde de Miguel Hidalgo en la CDMX.
Y para muestra basta un botón. Desde hace días, vecinos de esa demarcación han denunciado que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pretende privatizar el Parque Lira mediante la instalación del evento privado “Alicia: experiencia inmersiva”, a pesar de que se trata de una zona protegida y de que los permisos no han sido autorizados.
De hecho, el diputado Víctor Romo señaló que, en una reunión reciente con vecinas y vecinos, funcionarios de la propia alcaldía reconocieron que los permisos apenas se encuentran “en trámite”, mientras que el montaje del evento ya está en marcha, lo que evidencia un posible trato preferencial a empresas privadas.
Y sus preguntas son pertinentes: “¿Cómo es posible que un evento de esta magnitud se esté instalando en un parque público sin permisos concluidos? ¿Así gobierna Mauricio Tabe? ¿Con ocurrencias, opacidad y beneficios para unos cuantos?”
Y déjeme decirle que el evento que impulsa Tabe es promovido por la productora Let’s Go Company, en coordinación con Fever, y fue anunciado públicamente por el propio alcalde, quien pretende mantenerlo durante seis meses dentro del Parque Lira, es decir: dentro de un espacio público que pertenece a las vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo. Y Tabe dirá que no, que no es así, que se están tergiversando las cosas. Pero no es así. Tabe quiere montar un evento privado en un espacio público. Y esos son los hechos. Tanto así que los boletos ya se encuentran a la venta.
Infelizmente, nada de esto nos sorprende.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se otorgaron miles de concesiones mineras a empresas privadas, destacando la entrega de derechos de exploración y explotación a grupos como Peñoles y Grupo México.
Y es la misma escuela que trae Mauricio Tabe.
Lo que pretende hacer el alcalde de Miguel Hidalgo es una privatización de proximidad“. Y ese evento “Alicia: experiencia inmersiva” no es, para nada, una oferta cultural; es la ocupación de una Zona de Conservación Patrimonial por capital privado sin ninguna legalidad administrativa.
A los panistas les importa un cacahuate la sociología. Pero lo que está sucediendo en el Parque Lira es un ejemplo de cómo el capital privado, apapachado por el panismo, está intentando colonizar el “espacio vital” de la ciudadanía. El irresponsable Mauricio Tabe debería saber que, cuando un parque se cierra para un evento de seis meses, se desgarra el tejido social y se golpea al ecosistema local.
El PAN quiere convertir el patrimonio nacional en una barata de temporada. Pero los blanquiazules deberían saber que el ciudadano no es un cliente, ni el espacio público es una mercancía.
