Los Reporteros Mx

Categoría: Exclusivas

  • Alessandra Rojo de la Vega se fusila trabajos de obra pública hecha por el Gobierno de la CDMX

    Alessandra Rojo de la Vega se fusila trabajos de obra pública hecha por el Gobierno de la CDMX

    Por Luis Piña

    La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quedó en el centro de la polémica tras adjudicarse como propio un proyecto de rehabilitación deportiva financiado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad de México. La intervención no solo implicó el uso de infraestructura ya renovada, sino también la remoción de la identidad institucional del gobierno central para sustituirla por la de su administración.

    El caso no es menor. En el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el gobierno capitalino anunció un ambicioso programa de recuperación del espacio público que contempla la intervención y construcción de alrededor de 300 canchas de futbol en las 16 alcaldías. De ese total, la mayoría corresponde a espacios rehabilitados con recursos públicos de la ciudad, en una estrategia que busca no solo fomentar el deporte, sino también recomponer el tejido social en zonas urbanas.

    Una de esas canchas se ubica en el Deportivo Cuauhtémoc, en la colonia Buenavista. Ahí, el gobierno de la ciudad colocó pasto sintético, mejoró el entorno y aplicó una imagen institucional vinculada a la conmemoración del Mundial 2026, incluyendo el distintivo corazón que ha caracterizado la identidad gráfica de la capital.

    Sin embargo, el pasado miércoles 30 de abril, la alcaldesa difundió un video en sus redes sociales donde presenta esa misma cancha como un logro de su administración. En las imágenes se observa incluso cómo el espacio fue repintado para incorporar el logotipo de la alcaldía, en un intento por reconfigurar la autoría del proyecto. Aun así, algunos elementos originales como el corazón institucional permanecen visibles, evidenciando el origen de la intervención.

    En el video, Rojo de la Vega afirma: “Con Renace Cuauhtémoc estamos rehabilitando canchas, porque aunque sea de gobierno no significa que sea chafa”. La frase, más allá del tono, abre un frente político: por un lado, descalifica implícitamente el trabajo del propio gobierno capitalino; por otro, intenta apropiarse de una obra realizada con recursos que no dependen de la alcaldía.

    El episodio exhibe una práctica recurrente en la derecha mexicana: la disputa por el crédito público. En un escenario donde los recursos, la narrativa y la visibilidad son capital político, las obras dejan de ser únicamente infraestructura para convertirse en símbolos de poder y posicionamiento.

  • ¿Inhabilitación de por vida? ¡El PRI tendría que empezar por sí mismo!

    ¿Inhabilitación de por vida? ¡El PRI tendría que empezar por sí mismo!

    Por Nathael Pérez

    Recientemente, en redes sociales, el PRI ha propuesto que “los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado sean inhabilitados de por vida”, lo cual llama la atención: ¿por qué, durante tantos años de gobierno, no decidieron ponerlo en práctica?

    Es más, ¿cómo un partido con un historial vinculado al crimen organizado se atreve a proponer esto? Aquí, una lista de políticos del PRI vinculados al crimen organizado que no hubieran podido continuar ejerciendo después de haber sido señalados.

    Mario Villanueva Madrid — Gobernador de Quintana Roo (1993–1999)

    Villanueva habría recibido sobornos del Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, a cambio de brindar protección institucional y garantizar el tránsito de cargamentos. Al término de su mandato en 1999, y ante la inminencia de una orden de aprehensión, el exgobernador se dio a la fuga, convirtiéndose en uno de los primeros casos de un mandatario estatal prófugo por delitos relacionados con narcotráfico. Fue capturado en 2001, extraditado a Estados Unidos en 2010, y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico en 2012. Continuó en el cargo hasta casi el último día de su mandato, apoyado en el fuero que le otorgaba la gubernatura. 

    Tomás Yarrington Ruvalcaba — Gobernador de Tamaulipas (1999–2005)

    Tomás Yarrington fue uno de los políticos más influyentes de su generación dentro del PRI, con proyección nacional e incluso aspiraciones presidenciales. Durante su mandato, Tamaulipas se consolidó como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Fue acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas. El dinero presuntamente financió su campaña política y la adquisición de propiedades en Texas. Cuando finalizó su administración, Yarrington expresó públicamente su interés por contender por la presidencia de la República. Fue detenido en Italia en 2017. En abril de 2025 fue deportado a México y trasladado al penal del Altiplano, donde quedó a disposición de la justicia. Ejerció toda su gubernatura y buscó ascender políticamente pese a las investigaciones en su contra. 

    Eugenio Hernández Flores — Gobernador de Tamaulipas (2005–2010)

    Eugenio Hernández es buscado por la DEA en los Estados Unidos por la presunta operación de un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares. La DEA informó sobre el vínculo del priista Eugenio Hernández con los Zetas y el Cártel del Golfo. Completó su mandato sin interrupciones y no fue detenido sino hasta años después, cuando el gobierno estatal emitió una orden de aprehensión por peculado y lavado de dinero. Gobernó el estado íntegramente a pesar de los vínculos documentados. 

    Humberto Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2005–2011) y Presidente Nacional del PRI (2011–2012)

    Humberto Moreira es señalado directamente por testigos en juicios contra integrantes de Los Zetas de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas políticas, a cambio no solo de protección para el cártel, sino también de contratos de gobierno. Tras terminar la gubernatura, fue nombrado presidente nacional del PRI, el cargo más alto del partido. También se le señaló por malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho. En 2012, la PGR lo absolvió de los delitos de endeudamiento al no contar con pruebas. Fue detenido en España en 2016 pero finalmente liberado por falta de pruebas suficientes ante la justicia española. 

    Rubén Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2011–2017) y Diputado Federal

    De acuerdo a Adolfo Tavira, identificado como exadministrador de producción de Televisa y narcotraficante, el gobernador Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. Los hermanos Humberto y Rubén Moreira son señalados en múltiples testimonios judiciales en Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal. A pesar de ello, Rubén Moreira concluyó su mandato como gobernador y posteriormente fue electo diputado federal, cargo que ocupó sin que prosperara ninguna causa penal en su contra en México. 

    Fidel Herrera Beltrán — Gobernador de Veracruz (2004–2010) y Cónsul en Barcelona (2015–2017)

    Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz, fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña. Lo más llamativo de su caso es que, ya bajo sospecha, fue designado cónsul de México en Barcelona. Fidel Herrera estuvo bajo la mira de la DEA y la policía catalana cuando fue cónsul en Barcelona, por su presunta conexión con el narcotráfico, combinando su misión diplomática con relaciones tóxicas. Renunció en enero de 2017 a su puesto como cónsul y nunca fue procesado formalmente en México. 

    Jesús Reyna García — Gobernador Interino de Michoacán (2013–2014)

    Fue nombrado gobernador interino de Michoacán por 90 días en abril de 2013. Un año después, fue detenido por la PGR al ser acusado de proteger al Cártel de Los Caballeros Templarios. La PGR acusó al priista de tener vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, considerado el líder de dicho cártel. Un juez federal le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada. Reyna permaneció más de cuatro años en prisión; sin embargo, en 2018 fue liberado luego de que un juez determinara que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar los delitos imputados. Ejerció la gubernatura interina y fue detenido solo después de dejar el cargo. 

    Fausto Vallejo — Gobernador de Michoacán (2012–2014)

    Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Fausto Vallejo se vio obligado a renunciar a la gubernatura argumentando problemas de salud; sin embargo, pese a retirarse de la vida política, su nombre siguió escuchándose debido a supuestas reuniones de su hijo Rodrigo Vallejo “El Gerber” con “La Tuta”. Gobernó casi dos años antes de dimitir. 

    Roberto Sandoval Castañeda — Gobernador de Nayarit (2011–2017)

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con organizaciones como el CJNG y el grupo de los Beltrán Leyva, señalando presuntos pagos a cambio de protección y facilidades operativas. En junio de 2021, Sandoval fue detenido en México tras varios meses fuera del radar público, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el narcotráfico, hecho que derivó en el bloqueo de más de 42 cuentas bancarias. Terminó su mandato completo de seis años sin ser procesado durante su gestión.

    Manlio Fabio Beltrones — Senador, diputado y dirigente nacional del PRI

    Beltrones, quien fue uno de los hombres más poderosos del PRI y presidente de la Cámara de Diputados, fue señalado reiteradamente por la DEA y medios como El Universal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su paso como gobernador de Sonora (1991–1997). Nunca fue sometido a proceso judicial y continuó una larga carrera política, llegando incluso a presidir el PRI en 2015–2016. 

  • Felifer Macías derrocha 35 millones en “rehabilitación” de deportiva en Querétaro

    Felifer Macías derrocha 35 millones en “rehabilitación” de deportiva en Querétaro

    Felifer Macías dilapida 35 mdp en gradas y pasto sintético para “rehabilitar” un campo de béisbol y, antes, el alcalde panista de Querétaro otorgó un contrato por 4.5 millones de pesos para pintar y poner focos en 250 metros de calle.

    Por Neri Torres

    El alcalde panista de Querétaro, Felipe Fernando Macías, presume como un logro la “rehabilitación” de la Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en Villas del Sol.

    De acuerdo con el edil, estas acciones forman parte de sus compromisos para recuperar espacios destinados al deporte y la convivencia social. Sin embargo, detrás del discurso oficial se asoman serias contradicciones, particularmente en el gasto destinado a obras que, en apariencia, resultan limitadas: la construcción de gradas y la colocación de pasto sintético en el campo de béisbol.

    Para dimensionar la situación, vale la pena revisar antecedentes.

    En 2018, durante la administración del entonces alcalde Marcos Aguilar Vega, se destinaron poco más de 3 millones de pesos para la rehabilitación integral de la misma unidad deportiva. Aquellas obras incluyeron mejoras en la pista de trote, instalación de enrejado, construcción de rampas y pisos de concreto, reubicación de luminarias y cercado perimetral.

    Además, se intervinieron canchas de frontón con nueva techumbre, se instalaron alumbrados en andadores, se rehabilitaron baños, juegos infantiles y gimnasio, y se pintaron diversas áreas.

    También se balizaron canchas de básquetbol, tenis y frontón, y se colocó pasto natural en el campo de vóleibol.

    La pregunta es: ¿cómo fue que un conjunto más amplio de mejoras costó 3 millones de pesos? Y es que, si hacemos la comparativa, estamos hablando de un incremento del 1,066 por ciento.

    ¿Gradas y pasto sintético por 35 millones? ¡Es un robo!, asegura un grupo de vecinos.

    Al revisar el contrato SOP/2025-0059/9, podemos observar que tres empresas fueron contratadas para la remodelación del campo de béisbol: Promociones y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Corpbo S.A. de C.V., y Construcciones Acero, S.A. de C.V.

    Curiosamente, Grupo Corpbo ya había sido beneficiada con un contrato de 5 millones 979 mil 749.71 pesos por instalar pasto sintético en una cancha de futbol, en la Unidad Deportiva Belén, en Lomas de San Pedrito Peñuelas.

    Sin embargo, al contrastar cifras, las inconsistencias saltan a la vista.

    Y es que el costo promedio del pasto sintético de alta calidad en Querétaro ronda los 289 pesos por metro cuadrado. En el caso de la Unidad Deportiva Belén, se sustituyeron mil 271 metros cuadrados, lo que arroja un costo aproximado de 367 mil 319 pesos.

    La diferencia frente a los casi 6 millones reportados resulta imposible de justificar.

    Por si fuera poco, en el informe de entrega de la obra, Felifer presume una inversión de 5.8 millones de pesos exclusivamente para la unidad deportiva, mientras que el contrato SOP/2025-008/4 detalla que el gasto correspondía únicamente al cambio de pasto. Y otra pregunta asoma con persistencia: ¿Cuál fue el destino real de los recursos?

    Y no es el único escándalo que acecha al alcalde panista.

    El gobierno de Felipe Fernando Macías enfrenta crecientes cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.

    Una investigación de Los Reporteros MX ha revelado, por ejemplo, un gasto superior a 4.5 millones de pesos en la rehabilitación de una calle de apenas 250 metros, en la colonia Reforma Agraria.

    A esto hay que sumar que, de las 80 obras que prometió el presidente municipal de Querétaro, únicamente 48 han sido concluidas, y la mayoría de ellas de carácter menor. Lo que indigna al pueblo queretano es que, en esas pequeñas obras, se han dilapidado más de mil 200 millones de pesos.

    Diferentes auditorías señalan posibles irregularidades. Y es que la mayoría de los contratos emitidos por la administración de Felifer Macías imperan las adjudicaciones directas, la falta de documentación y las obras inconclusas. Y todo ello, nos aseguran fuentes al interior del gobierno panista, sin importar que los pagos a proveedores han sido liquidados en su totalidad.

    Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, el actual alcalde blanquiazul —y que hoy aspira a la gubernatura de Querétaro— ha estado envuelto en diversas controversias, que van desde acusaciones de presuntos sobornos hasta críticas por gastos de campaña opacos y operativos municipales considerados excesivos.

    Un historial que, lejos de disiparse, parece ampliarse con cada nueva obra bajo su administración.

  • Corrupción, nepotismo y opacidad: el gobierno de Salomón Jara Cruz en Oaxaca

    Corrupción, nepotismo y opacidad: el gobierno de Salomón Jara Cruz en Oaxaca

    Por Nathael Pérez

    Desde que tomó protesta el 1 de diciembre de 2022, la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, ha acumulado denuncias formales, escándalos mediáticos y una percepción ciudadana que lo ubicó entre los mandatarios más corruptos del país.

    “Moches” y desvíos en la Secretaría de Fomento Agroalimentario (SEFADER)

    El excoordinador del Programa de Agronegocios, Jesús Pacheco Arango, denunció ante la Presidencia de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación la existencia de esquema de “moches”, desvío de recursos, tráfico de influencias y prestanombres al interior de la SEFADER. De acuerdo a la denuncia (Carpeta 924-FEMCCO-2023), funcionarios de alto rango incitaban al personal técnico a exigir cuotas ilegales a los beneficiarios del programa.

    Percepción ciudadana: entre los gobernadores más corruptos del país

    En sus primeros ocho meses de gobierno,la aprobación de Jara se desplomó 10.7 puntos porcentuales, cayendo de 57.2% a 46.5% según las encuestadoras Varela y Asociados y C&E México. En agosto de 2023, el 77% de los oaxaqueños consultados lo consideró corrupto, ubicándolo en el cuarto lugar nacional en ese rubro. El Sistema Nacional Anticorrupción colocó a Oaxaca entre los once estados con más actos de corrupción del país, con 27 mil 484 casos por cada 100 mil habitantes, y señaló que el 55% de la población percibe que convive en un entorno donde se exigen o entregan dádivas para obtener servicios públicos.

    Nepotismo: 20 familiares en la nómina del gobierno estatal

    La Jornada documentó que al menos 20 parientes del gobernador —incluyendo un hermano, tres hijos, una nuera, un yerno y diez sobrinos— ocuparon cargos en los tres poderes del estado a lo largo de su administración. El gobernador también tomó el control del partido Morena en Oaxaca a través de su sobrino Emanuel Navarro Jara (presidente estatal del partido) y su hijo Shabin Jara Bolaños (secretario de Organización). Tras la presión de la presidenta Sheinbaum, Jara pidió la renuncia de 24 funcionarios de primer nivel en febrero de 2026, aunque críticos señalaron que “se cambió para seguir igual”.

    Vínculos señalados con el crimen organizado

    Durante la campaña de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a Antonino Morales Toledo —expresidente municipal de San Blas Atempa y principal operador financiero de Jara— con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Morales Toledo fue además acusado ante la FGR en 2019 por huachicoleo. Pese a esos antecedentes, fue designado Secretario de Administración del estado de Oaxaca tras el triunfo de Jara. El gobernador atribuyó las acusaciones a “la mafia de la corrupción”.

    Irregularidades auditadas: miles de millones de pesos observados

    La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del propio gobierno estatal reportó en enero de 2025 que las auditorías del ejercicio 2023 arrojaron 185 observaciones y 50 recomendaciones, con un monto observado superior a los 3 mil 960 millones de pesos. Para 2024 se abrieron nuevas revisiones por casi 7 mil 986 millones de pesos fiscalizables. Como resultado, se presentaron 46 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra diversas dependencias estatales, incluyendo las secretarías de Administración y Movilidad, los Servicios de Salud y el DIF Oaxaca.

    Revocación de mandato y acusaciones de fraude electoral (enero 2026)

    El 25 de enero de 2026, Oaxaca celebró la primera consulta estatal de revocación de mandato del país. Con 100% de actas escrutadas, 58.82% de los votantes respaldó la continuidad de Jara frente a un 38.16% que exigió su revocación; sin embargo, la participación de 29.9% no alcanzó el mínimo legal de 40% para que el resultado fuera vinculante. Sin embargo, se denunció fraude, al señalar la existencia de “casillas zapatos” y la fabricación de hasta 270 mil votos. Analistas políticos atribuyeron el desgaste de Jara a su gobierno “envuelto en escándalos de corrupción y nepotismo”, y el propio gobernador reconoció que los cuatro grandes reclamos ciudadanos eran justamente el nepotismo, la corrupción, la inseguridad y la crisis en salud.

  • EUA: el imperio de la hipocresía y la guarida de la impunidad

    EUA: el imperio de la hipocresía y la guarida de la impunidad

    Por Nathael Pérez

    Estados Unidos tiene un sistema profundamente podrido, donde el discurso antidrogas se desmorona frente a indultos vergonzosos, complicidades descaradas y redes de poder que operan con total cinismo. El gobierno de Donald Trump se  compone de abusos, favores políticos y decisiones que parecen responder más a intereses que a cualquier principio democrático. Indultos a criminales, respaldo a figuras cuestionadas, corrupción dentro de agencias como la DEA y un desfile de funcionarios que derrochan recursos públicos sin consecuencias reales: todo apunta a encubrimientos y carencia de moral. 

    Aquí una recopilación de casos para  entender hasta dónde llega la impunidad, el cinismo y la corrupción del gobierno estadounidense.

    Injerencia en Honduras

    Audios filtrados evidencian un maquiavélico plan para imponer y sostener en el poder a figuras vinculadas al narcotráfico, con el respaldo directo de Donald Trump y actores ligados al estado genocida de Israel, en una clara violación a la soberanía del país. Las grabaciones apuntan a acuerdos oscuros, amenazas como el uso de remesas como presión política, indultos con tintes de pago de favores y una estrategia sistemática para controlar instituciones, debilitar a la oposición y convertir a Honduras en un enclave al servicio de intereses externos.

    Indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández

    Donald Trump otorgó indulto a Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño condenado por narcotráfico en EUA, lo cual demuestra hipocresía flagrante en el discurso antidrogas estadounidense: mientras el país presume una lucha frontal contra el crimen, se libera a un político hallado culpable de conspirar para traficar cocaína, lo que pone en duda la credibilidad del sistema judicial. La decisión minimiza el daño causado en Honduras y deja claro que la justicia puede ser negociable.

    El exdirector que se codeaba con los abogados de los capos

    Nicholas Palmeri, exdirector de la DEA en México, es algo más que un grave caso aislado: la podredumbre dentro de una agencia que presume combatir el narcotráfico mientras algunos de sus altos mandos convivían y brindaban con los abogados de los capos, además de desviar recursos públicos para lujos personales. El sistema de Estados Unidos está lleno de de instituciones que toleran y protegen la corrupción que dicen perseguir.

    El agente de la DEA que protegía narcotraficantes

    El agente de la DEA Joseph Bongiovanni operó como protector directo del narcotráfico en Buffalo, usando información confidencial para alertar criminales, desviar investigaciones y garantizar el flujo de droga sin intervención federal. Pese a la gravedad del asunto, el sistema en EUA lo condenó a solo diez años de prisión, demostrando complicidad y encubrimiento por parte de toda la institución y el sistema.

    Respaldo de Trump a Noboa

    El respaldo de Donald Trump a Daniel Noboa resulta problemático luego de que se revelara que el presidente ecuatoriano está vinculado a una estructura ligada a una exportadora de plátanos en cuyos envíos se han detectado cargamentos de cocaína en múltiples ocasiones. Curiosamente, él y su familia controlan toda la cadena de producción. Además, estas empresas radican en paraísos fiscales, todo bajo el respaldo público de Washington.

    José Irizarry, el agente que desviaba y lavaba los botines incautados

    Un escándalo que exhibe la podredumbre interna de la DEA es el caso de José Irizarry, un agente de élite que convirtió la “guerra contra las drogas” en una ganancia personal al  desviar al menos 9 millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas para financiar una vida de lujos y excesos. Este caso evidenció el fracaso estructural de la DEA, una agencia que, mientras presume combatir al narcotráfico, permitió que uno de los suyos actuara como parte del mismo sistema criminal que decía perseguir.

    Orgías en oficias de la DEA financiados por cárteles

    Otro caso que exhibe lo peor de la DEA. Entre 2001 y 2012, al menos 10 agentes, incluyendo altos mandos, participaron en orgías financiadas por los mismos cárteles que debían combatir. Utilizaban instalaciones oficiales para estas “fiestas” y presumir dinero, regalos e incluso armas provenientes del narco. De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia, pese a la gravedad de los hechos, los castigos fueron ridículamente leves, como suspensiones de días o abstenciones, dejando en claro el nivel de impunidad.

    Derroche de Kristi Noem

    Kristi Noem autorizó el gasto de 172 millones de dólares en jets de lujo con dinero público: mientras imponía controles estrictos para gastos menores, avalaba desembolsos millonarios y priorizaba el privilegio. Bajo el argumento de “seguridad”, se adquirieron aeronaves con características de lujo que poco tienen que ver con la austeridad que exigía su propio discurso.

    La renuncia de Chavez-DeRemer

    La salida de Lori Chavez-DeRemer del Departamento de Trabajo no fue solo una renuncia, sino otra consecuencia del desorden y encubrimiento dentro del gobierno de Donald Trump, donde las investigaciones por abuso de poder, uso indebido de recursos y conductas inapropiadas se tapan con el pretexto de irse al “sector privado”.

    Escándalos de Tom Price

    El exsecretario de Salud de EUA, Tom Price, terminó forzado a renunciar tras revelarse que despilfarró más de 400 mil dólares en vuelos privados financiados con dinero de los contribuyentes. Aunque intentó maquillar el escándalo ofreciendo reembolsos mínimos, la presión pública y política dejó al descubierto que la élite gubernamental predica austeridad mientras vive con lujos pagados por la ciudadanía.

    La impunidad de Ryan Zinke

    El caso de Ryan Zinke exhibe con crudeza la corrupción y el cinismo dentro del gobierno de Donald Trump, luego de que un informe oficial evidenciara que el exsecretario del Interior siguió operando y beneficiándose de un proyecto inmobiliario en Montana mientras ocupaba el cargo público, violando abiertamente las leyes. Cuando fue cuestionado, mintió y ocultó información, intentando minimizar su participación pese a pruebas contundentes como correos y reuniones documentadas. A pesar de ello, el Departamento de Justicia decidió no proceder penalmente.

    Howard Lutnick visitó la isla de Epstein

    Howard Lutnick, secretario de economía de Donald Trump, admitió que visitó la isla privada de Jeffrey Epstein incluso después de que este fuera condenado por delitos sexuales, contradiciendo su propia versión de haber roto relación desde años antes. De cierta manera esto revela la tolerancia, e incluso complicidad, del poder con figuras vinculadas a abusos sexuales.

    Michael Flynn, otro indultado de Trump

    El caso de Michael Flynn es uno de los episodios más graves de corrupción y vulnerabilidad en la seguridad de EUA. Flynn tenía acceso a información altamente sensible  y mantuvo vínculos opacos con gobiernos extranjeros como Turquía y Rusia, recibía pagos y realizaba cabildeo sin transparencia. Pese a declararse culpable, terminó siendo indultado por Donald Trump. ¡Qué sorpresa!

    Marco Rubio, con familia en el cartel de Medellín

    Marco Rubio es un ejemplo de la hipocresía que atraviesa la política antidrogas de EUA, al mantener un discurso agresivo contra países latinoamericanos mientras su propio entorno familiar estuvo vinculado al narcotráfico: un cuñado condenado por nexos con el Cártel de Medellín. Su carrera política fue impulsada por financiamiento relacionado con esquemas fraudulentos y presunto lavado de dinero. Quienes dictan sanciones y condenas internacionales cargan con sombras igual o más graves que las que dicen combatir.

    Casa de Moneda se abastece de oro proveniente de cárteles

    La Casa de la Moneda de EUA estaría alimentando su cadena de suministro con oro proveniente de minas ilegales controladas por cárteles latinoamericanos, mientras sigue vendiendo monedas como si fueran “100 % estadounidenses”. Mientras EUA presume combate al narcotráfico, su propia infraestructura financiera estaría beneficiándose indirectamente de él.

  • ¡Crisis hídrica ahoga a Nuevo León y Samuel no hace nada!

    ¡Crisis hídrica ahoga a Nuevo León y Samuel no hace nada!

    Por Nathael Pérez

    Más de 40 colonias del área metropolitana de Monterrey amanecieron este martes sin servicio de agua potable tras la rotura de una tubería de 48 pulgadas, lo que obligó a Agua y Drenaje de Monterrey a suspender el suministro en varios sectores. Los municipios afectados fueron Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca y parte de Escobedo, donde algunos vecinos acumularon hasta cuatro días sin el servicio. Sin embargo, este corte exhibe una problemática más grave de fondo.

    La crisis hidrica

    Nuevo León lleva años atrapado en una crisis hídrica resultado de décadas de negligencia institucional, crecimiento urbano e industrial sin planificación y una infraestructura que se deteriora más rápido de lo que se repara. El punto de no retorno llegó en 2022, cuando, ya bajo el gobierno de Samuel García, las presas tocaron niveles críticos y comunidades enteras pasaron días —en algunos casos semanas— sin una gota de agua en sus casas. La presa Cerro Prieto, una de las tres que abastecen a la zona metropolitana, llegó a operar a apenas el 12% de su capacidad. 

    Las causas del problema son múltiples: el uso agrícola representa el 71% del consumo hídrico del estado, mientras que el abasto urbano apenas alcanza el 25%, una distribución que nunca ha sido tomada con seriedad por ningún gobierno. El panorama es tan grave que el director del Instituto para la Protección Ambiental advirtió que, pese a que las presas hoy están relativamente llenas, el agua existente solo alcanzaría para tres años si los patrones de consumo no cambian. 

    Como si esto no fuera suficiente, la red de distribución pierde una basta cantidad de agua antes de que llegue a los hogares: la llamada “agua no contabilizada”, aquella que se despacha desde las presas pero se pierde en fugas, robos o errores de medición, alcanzó el 55% en 2023. Con esfuerzo, bajó al 45% en 2025. En pocas palabras, casi la mitad del agua que sale de las presas nunca llega a ningún grifo, y cualquier esfuerzo en mejorar las presas o la captación es en vano. 

    La ineptitud de Samuel

    Samuel García llegó al poder en 2021 y se apresuró a presentarse como el gobernador que resolvería de una vez por todas la crisis hídrica de Nuevo León. Su carta de presentación fue la Presa Libertad, una obra monumental que su gobierno vendió como la salvación hídrica del estado. Lo que García omitió con notable conveniencia es que esa presa fue iniciada por su antecesor, “El Bronco”. Pese a ello, no ha dejado de lucirse con ella en cada oportunidad mediática posible.

    La Presa Libertad tuvo cuatro fechas de entrega distintas: julio de 2023, agosto de 2023, diciembre de 2024 y, finalmente, marzo de 2025. Año y medio de retrasos en una obra que el propio García calificaba como “urgente e impostergable”, mientras los ciudadanos seguían lidiando con tandeos y escasez, mientras  él se preocupaba más por sus videos para Tik Tok y redes sociales. 

    El resultado de Samuel tras cuatro años de gestión es una crisis hídrica que sigue sin resolverse de fondo, una red de distribución que desperdicia casi la mitad del agua que distribuye, decenas de colonias amanecen sin agua, como ocurrió esta semana, mientras su gran preocupación es pasear en su Tesla, viajar a Asia e ir al gimnasio.

  • Esteban Villegas y su gobierno rebasado

    Esteban Villegas y su gobierno rebasado

    Por Nathael Pérez

    Operativos sin notificación, una visa congelada y acusaciones criminales evidencian la desconfianza hacia Esteban Villegas desde el gobierno federal, EUA y el propio entorno de seguridad en Durango, por lo que queda puesta en duda su capacidad de mando.

    En las últimas semanas, tres hechos describen a Esteban Villegas mejor que cualquier logro de su gobierno: el ejército federal operó en su territorio sin avisarle, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo bloqueó para que no pudiera abordar un avión hacia ese país, y los propios cárteles lo señalaron por su nombre en una narcomanta, acusándolo de proteger criminales. El gobierno del priista Esteban Villegas está rebasado.

    El operativo que hicieron sin él

    El 22 de abril, helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano despegaron desde Culiacán rumbo a la sierra de Durango. El objetivo: Aureliano “El Guano” Guzmán Loera, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con recompensa de cinco millones de dólares de la DEA.

    El operativo, en el que participaron la Guardia Nacional, Ejército, Marina y FGR, se desplegó en Tamazula, detuvo a 10 personas y aseguró armas, explosivos y drones. Fue uno de los despliegues más importantes del año en la región.

    Esteban Villegas no estaba enterado, no participó y no fue mencionado. Se enteró por medios, pues el gobierno federal decidió excluirlo. El gabinete de seguridad no confía en él, ni en su fiscal ni en su secretario de Seguridad.

    La visa que Estados Unidos le congeló

    En noviembre de 2025, Villegas anunció una gira en Estados Unidos con empresas tecnológicas. Minutos antes de abordar, recibió la notificación: estaba marcado como“Do Not Board”, por lo que no viajó.

    Una fuente del DHS confirmó que hay una investigación por presuntos vínculos con los hermanos Cabrera Sarabia, ligados al Cártel de Sinaloa. Su visa no fue cancelada, pero está en “revisión administrativa”. El gobernador excusó que se quedó por un problema de seguridad en la Comarca Lagunera, sin embargo, no explicó por qué no reprogramó el viaje.

    Narcomanta con su nombre

    En enero de 2025,Los Chapitos arrojaron volantes en Durango en los que señalaban a Villegas, su fiscal, su secretario de Seguridad y miembros de su entorno. Semanas después ofrecieron 10 millones de pesos por él, acusándolo de proteger a Los Cabrera. Villegas no respondió y no hubo postura oficial.

    Las narcomantas coinciden con investigaciones en EUA, por lo que el señalamiento toma otro peso.

    Los empresarios ya no le creen

    Villegas prometió atender extorsiones personalmente, sin embargo 13 organismos empresariales denunciaron que siguen siendo víctimas, sin resultados por parte del gobierno.

    Datos del INEGI indican que la percepción de inseguridad subió del 33% al 49% en la capital y casi la mitad de la población se siente insegura. Los empresarios también acusaron que las extorsiones operan con contubernio de autoridades.

    Cuando un gobernador es excluido de operativos en su propio estado, enfrenta investigaciones en Estados Unidos y es señalado por el crimen organizado, es claro que no ejerce poder, solo lo aparenta.

  • Lemus gasta 21 mdp en cortometraje fantasma y en “borrar” su pasado

    Lemus gasta 21 mdp en cortometraje fantasma y en “borrar” su pasado

    Por Ricardo Sevilla

    El gobernador de Jalisco ha gastado más de 21 millones de pesos en la difusión de su primer informe de gobierno, campañas ambientales y obras; también ha destinado casi la mitad de los recursos a cubrir su “huella digital”, pagándole a Estrategia de Creación y Contenido, ligada a Badabun, más de 8 millones de pesos para eliminar de internet todo contenido que lo comprometa o contradiga.
     
    En el primer bimestre de 2026, el Gobierno de Jalisco derrochó 21 millones 796 mil 551 pesos en publicidad. Un gasto ejercido, principalmente, en la difusión del Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus, gobernador de la entidad.

    Entre los proveedores mejor pagados destacan Televisa S. de R.L; TV Azteca S.A.B de C.V; Puerto Vallarta Opina Ediciones, Radiodifusoras de Occidentes, entre otros influencers y televisores a quienes Lemus pagó millones para difundir su informe, transmitido el 6 de noviembre de 2025.

    Además de ello, el gobernador de Movimiento Ciudadano ha invertido unos 8 millones de pesos en estudios de mercado, que van desde el análisis de la conversación pública hasta el monitoreo de medios especializados en política y finanzas.

    Entre enero y febrero de 2026, la administración de Pablo Lemus desembolsó 254 mil pesos para pagar a TV Azteca y Televisa la difusión de su primer informe. A esto se sumó el pago millonario por la difusión de una campaña llamada “Cuidado con el Aire”, además de otros 8 millones en servicios de análisis de mercado.
    El gobierno de Jalisco, al igual que el de Nuevo León, ha utilizado la publicidad como un arma de guerra y posicionamiento político.

    El objetivo de los gobernadores emanados de MC es generar un impacto positivo entre las audiencias, aun cuando sus administraciones, en los hechos reales, han dejado de lado los problemas reales de la ciudadanía.

    Desde que se desempeñaba como alcalde de Zapopan, Pablo Lemus y su esposa María Elena Villa (Maye) utilizaron el poder de las redes sociales para catapultar su imagen pública.

    De ahí que el gobernador de Jalisco, quien cuenta con una aceptación de 53%, de acuerdo con la empresa de encuestas Mitosfsky, no escatima dinero a la hora de “invertir los recursos públicos” en casas encuestadoras.

    Al gobernador emecista parece interesarle mucho dónde está la atención de la conversación pública. El primer mandatario de Jalisco también pone especial interés en presumir sus obras y sus viajes de trabajo al extranjero. También le interesa mucho conocer las debilidades de sus adversarios políticos.

    En lo que va de 2026, Lemus ha contratado los servicios de al menos tres consultoras para dichos fines. Entre ellas Creación de Contenido y Estrategia 360 S.A de C.V, que figura como una de las proveedoras mejor pagadas en materia de comunicación y marketing.

    Entre enero y febrero, el Gobierno de Jalisco entregó a Creación de Contenido y Estrategia un total de 5 millones 555 mil 555 pesos, que fueron diferidos en cinco partidas por distintos conceptos. Dos de ellos atribuidos a la filmación de un “cortometraje”, cuyo precio se fijó en 10 millones de pesos, pero que, hasta el momento, el gobierno de Jalisco no ha especificado de qué se trata.

    Lo más alarmante es que, de acuerdo con la adjudicación directa AD/025, el Gobierno de Jalisco deberá entregas otros siete millones y medio para cubrir el total del pago por el cortometraje.

    Es importante destacar que Creación de Contenido y Estrategia es una empresa mexicana ligada a Badabun, otra promotora con sede en Tijuana, Baja California, especializada en la creación y viralización de contenido sensacionalista.

    En 2019, la empresa enfrentó una serie de señalamientos que se vitalizaron luego de que varios de los YouTubers que colaboraban con la marca denunciaron al CEO, César Morales Jiménez, por acoso sexual y laboral.

    Tras el escándalo, Badabun comenzó a buscar clientes entre la clase política a quienes promete “borrar” contenido comprometedor de la red.

    En octubre de 2025, la Red de Defensa de los Derechos Digitales documentó cómo Harry Rodríguez, diputado plurinominal en Yucatán, y Andrés Fernández, diputados del Verde Ecologista, recurrieron a Badabun para retirar de X un video en el que aparecían en estado de ebriedad.

    Finalmente, Rodríguez perdió su cargo como dirigente estatal del PVEM.

    Otro político que ha recurrido a Badabun para eliminar de la red contenido comprometedor es Jorge Álvarez Maynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien pagó para retirar en 2024 un video -que él mismo subió- y en el que aparecía junto a Samuel García en estado de ebriedad.

    Desde el proceso electoral de 2024, Creación de Estrategia y Contenido ha prestado servicios al Partido Verde Ecologista de México y a Movimiento Ciudadano para eliminar de plataformas y buscadores información que pudiera perjudicar a algunos de sus miembros.

    En un momento en el que la realidad se mezcla con la ficción  en el universo del internet, la estrategia de los partidos políticos y sus miembros ha evolucionado para enfocarse en la creación de una narrativa de hombres exitosos que hacen todo bien.

  • Cártel inmobiliario de Coahuila: cómo operó y su relación con el gobernador Manolo Jiménez

    Cártel inmobiliario de Coahuila: cómo operó y su relación con el gobernador Manolo Jiménez

    Por Nathael Pérez

    El Fraude: Robo de casa con todo y notario

    El modus operandi comienza con una oferta en Facebook, la cual te permite contactar a un asesor, quien te cita en una notaría para firmar los documentos. Todo parece legal: hay escrituras, sellos del Registro Público de la Propiedad, papeles de Catastro. Pero después de pagar no se recibe nada.

    En esta estafa cayeron decenas de familias en Torreón, Coahuila. De acuerdo con víctimas organizadas y reportes de El Coahuilense, el esquema operaba principalmente a través de publicaciones en Marketplace de Facebook, donde se ofrecían terrenos y viviendas a precios atractivos. Una vez que los compradores interesados hacían contacto, eran llevados a la Notaría Pública Número 45 de Torreón, donde firmaban contratos y entregaban su dinero creyendo que el proceso era completamente legal.

    En realidad, los terrenos no eran del vendedor, ya tenían dueño o incluso eran propiedad del municipio, por lo que las víctimas nunca recibieron sus escrituras ni sus nuevos hogares.

    Los acusados

    El principal señalado es Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, titular de la Notaría 45, ubicada en la colonia Villa California de Torreón. De acuerdo a información de Proceso, el notario huyó a España —acompañado por la exregidora del municipio Xochilt Cepeda, hija de un operador político del PRI— y actualmente ya cuenta con ficha roja de la Interpol, tramitada a solicitud de la Fiscalía del Estado.

    El segundo acusado identificado es Víctor N, quien aparecía como propietario de la mayoría de los terrenos que se ofrecían a las víctimas y era quien proporcionaba la documentación falsa para validar las transacciones, de acuerdo con el medio Vanguardia.

    La magnitud del daño

    De acuerdo con el medio Más Información y reportes de la Fiscalía de Coahuila, a la fecha existen más de 80 denuncias formales, 11 órdenes de aprehensión activas, y solo dos mujeres han sido detenidas. El caso más antiguo data de 2021, y la persona más afectada perdió 1 millón 800 mil pesos. Las víctimas calculan que el monto total del fraude supera los 40 millones de pesos.

    También están involucradas la Notaría 65 y la Notaría 20, y existen señalamientos, con órdenes de aprehensión, contra funcionarios de Catastro, Urbanismo y la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de acuerdo a declaraciones del representante de las víctimas citadas en El Coahuilense.

    Todo indica que el fraude no era posible sin complicidades dentro del propio aparato del gobierno.

    Manolo Jiménez Salinas, ¿parte del fraude?

    Manolo Jiménez Salinas es gobernador de Coahuila desde el 1 de diciembre de 2023. Su relación con el caso del cártel inmobiliario de Torreón tiene tres capas distintas, y es importante no mezclarlas.

    El gobernador controla a los notarios

    Es pertinente aclarar que en México los notarios públicos no son ni funcionarios de gobierno ni profesionistas totalmente independientes, son designados por el Ejecutivo estatal. De acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila, la ley establece que el notariado es “una función de orden público” que “está a cargo del Ejecutivo del Estado”. Esto significa que el fraude ocurrió bajo una institución que el gobierno estatal tiene la obligación de supervisar. La Notaría 45 operó durante años, incluyendo los primeros meses del gobierno de Jiménez, sin que nadie la detuviera. Solo cuando las denuncias se hicieron públicas y masivas llegó la cancelación.

    Los notarios como moneda política del PRI

    Este caso no es aislado. De acuerdo con una investigación de la revista Emeequis publicada en 2024, el cuerpo notarial de Coahuila está permeado de personajes con afinidad al PRI, quienes obtuvieron sus cargos como favores de gobernadores priistas anteriores, y esa cercanía llega hasta la presidencia del Colegio de Notarios.

    En enero de 2024, se revelaron documentos que detallan un acuerdo firmado entre el PRI y el PAN para la repartición de cargos en Coahuila, incluyendo nombramientos en el Poder Judicial y en notarías. Éstas últimas, en otras palabras, eran fichas de negociación política.

    El conflicto de interés del propio gobernador

    Aquí entra la polémica que antecede al fraude de la Notaría 45. El gobernador Manolo Jiménez no llega al cargo como alguien ajeno al mundo inmobiliario: es empresario del sector.

    De acuerdo con una investigación publicada por SinEmbargo y la revista Emeequis en 2023, cuando Jiménez era alcalde de Saltillo (2018-2021), su administración otorgó 18 permisos de construcción a tres empresas inmobiliarias vinculadas a su familia: Jisa Bienes Raíces (empresa de la que él mismo es socio junto con su padre), Verjip Constructores Inmobiliarios (de su padre y tío) y Jiménez Bienes Raíces (de su tío). En su declaración patrimonial, Jiménez reconoce su participación en Jisa Bienes Raíces.

    El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el portal Sociedad Noticias, señaló que este negocio familiar “no es nuevo” y viene desde el abuelo del gobernador, quien fue delegado agrario y alcalde de Saltillo. Además, acusó la existencia de propiedades en Estados Unidos ligadas al gobernador, incluyendo un complejo turístico en Isla del Padre, Texas, valuado en más de 450 millones de pesos.

    El diputado de Morena en el Congreso de Coahuila, Antonio Castro, vinculó esto con las megaobras públicas actuales del estado. De acuerdo con TV Azteca Noticias, Castro señaló que el Bulevar Los Pastores —obra de 120 millones de pesos— se construye precisamente en zonas donde la familia del gobernador tiene intereses inmobiliarios.

    Lo que resulta curioso

    Nadie ha acusado formalmente a Manolo Jiménez de haber ordenado o conocido el fraude de la Notaría 45, pero algo resulta curioso: el gobernador encabeza el sistema que nombraba al notario, que nombra a los funcionarios de Catastro y Urbanismo presuntamente implicados, y tiene intereses personales directos en el sector inmobiliario que en teoría debería regular.

    ¿Puede  el gobernador investigar con credibilidad a sus propias dependencias cuando él mismo tiene negocios en el sector que esas dependencias regulan?

  • ¡Gallardo y Galindo prefieren pelear antes que solucionar!

    ¡Gallardo y Galindo prefieren pelear antes que solucionar!

    Por Nathael Pérez

    ¡Entre ambos se están aventando la bolita! La confrontación entre el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y el alcalde municipal, Enrique Galindo Ceballos, se intensificó por diferencias en el manejo de la seguridad y el abasto de agua en la capital de San Luis Potosí.

    De nuevo hay conflictos en San Luis Potosí, ¡pero ahora entre sus propios mandatarios! Esto, luego de que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, criticara abiertamente a Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí,  al acusarlo de descuidar los problemas de la capital mientras realiza actividades fuera de la ciudad. En respuesta, el mandatario estatal cuestionó al alcalde por una visita a la Huasteca, cuando —de acuerdo con su postura— en la capital persisten temas urgentes sin resolver. ¡Ya no saben ni a quién culpar!

    Uno de los principales puntos del conflicto es la seguridad, donde Gallardo aseguró que los recientes homicidios registrados ocurrieron en la capital y que su contención ha sido resultado de la intervención de la Guardia Civil Estatal, no de la policía municipal. Además, señaló que durante las noches la presencia de elementos municipales disminuye, lo que obliga a corporaciones estatales y federales a reforzar la vigilancia.

    En el tema del agua, el gobernador acusó desorganización en la gestión del suministro, afirmando que el estado ha tenido que intervenir mediante el envío de pipas gratuitas a colonias afectadas por el desabasto. Con estas críticas, Gallardo insistió en que el alcalde debe “poner orden en su casa”, dejando en evidencia que ambos niveles de gobierno se responsabilizan mutuamente sobre problemas que ninguno parece hacerse cargo, y quienes pagan el costo son los ciudadanos. ¡Ni a cuál irle!