En exclusiva para #LosReporterosMX, La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo 5 de diciembre se realizará un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció por su contribución a la democracia y a la consolidación de una Ciudad de México con derechos y libertades.
Al ser cuestionada por Luis Piña, de Los Reporteros MX, sobre el legado de Cuauhtémoc Cárdenas, la mandataria capitalina destacó su papel en la transformación política de la ciudad y adelantó que el 5 de diciembre se realizará un homenaje al primer jefe de Gobierno de la capital.
A pregunta expresa por #LosReporterosMX a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), sobre el legado de Cuauhtémoc Cárdenas, la mandataria capitalina detalló que esta ciudad es de derechos gracias a su legado y adelanto que el 5 de diciembre se hara un homenaje para el… pic.twitter.com/iGsgjrjkeO
“Esta ciudad es una ciudad de derechos y libertades gracias a Cuauhtémoc Cárdenas”, afirmó Brugada, al reconocer la importancia de su trayectoria en la construcción de una capital con mayores libertades y derechos para sus habitantes.
La jefa de Gobierno también subrayó que “su legado principal es su lucha por la democracia en este país” y agregó: “La ciudad le debe mucho a Cuauhtémoc Cárdenas, agradezco toda su lucha”. Con estas declaraciones, reiteró el reconocimiento de su administración a la trayectoria política del exmandatario capitalino.
La compra de un terreno por 86.5 millones de pesos, los vínculos entre personajes políticos y empresas, y una autorización presupuestal de casi 784 millones colocan bajo escrutinio la construcción de la nueva sede del Congreso de Puebla.
La nueva sede del Congreso de Puebla costó 783 millones 927 mil 829.79 pesos durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Sin embargo, antes de levantar el recinto, las autoridades debían esclarecer los antecedentes de propiedad del terreno, verificar su situación jurídica y comprobar que podía destinarse legalmente a la obra; no lo hicieron.
La revisión documental de Los Reporteros MX permite reconstruir una cadena de operaciones inmobiliarias y decisiones administrativas que exige respuestas.
Los personajes detrás de la operación inmobiliaria
Entre los nombres vinculados con los antecedentes del terreno figura Jorge Estefan Chidiac, político priista cuya relación con el inmueble se remonta a operaciones previas a su venta al Estado. Como se documentó en el capítulo 2 de esta investigación, en 2007 su esposa adquirió el predio, que permaneció en manos de personas y empresas relacionadas con su entorno hasta 2022.
A esta historia se suma Michelle Chidiac Acar, madre del exfuncionario, quien adquirió acciones de Inmobiliaria 2015 hasta controlar el 90% de su capital social, según documentos del Registro Público de Comercio fechados el 28 de febrero de 2022. Ese mismo año, la empresa vendió al Estado el terreno de 12 mil 855 metros cuadrados por 86 millones 552 mil pesos, donde posteriormente se construyó el nuevo recinto legislativo.
No olvidemos que Estefan Chidiac también ocupó cargos políticos y legislativos en Puebla. Durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue designado titular de la Secretaría de Educación Pública estatal. Sus antecedentes inmobiliarios y su posterior participación en la administración pública forman parte del contexto que debe examinarse para reconstruir la cadena de propiedad del terreno.
Recordemos que Chidiac estrechó su relación con Sergio Salomón Céspedes durante la legislatura en la que ambos fueron diputados locales. Su cercanía coincidió con la llegada de Salomón al gobierno de Puebla, tras la muerte de Miguel Barbosa.
Otro nombre es José Chedraui Budib, actual alcalde de Puebla, quien aparece en la estructura corporativa de Grupo Alsagi. En 2015, Jomapa quedó vinculada con ese conglomerado y tuvo una relación societaria con una firma en la que figuraban Estefan Chidiac y su socio Fernández Brito.
Por su parte, Igor Emilio Ferrer Acuña, quien estuvo al frente de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado durante la administración de Miguel Barbosa, actualmente dirige el área de Bienes Patrimoniales del gobierno municipal encabezado por ni más ni menos que José Chedraui.
Un antecedente judicial y una donación federal
La historia del predio también incluye una controversia judicial durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. El entonces gobernador promovió una demanda contra Estefan Chidiac por un conflicto relacionado con el terreno. El exgobernador ya fallecido sabía de los planes que tenía Chidiac para cometer el fraude que hoy se vislumbra en la edificación del Congreso de Puebla.
De acuerdo con la reconstrucción documental de esta investigación, el asunto llegó a un tribunal local que no tenía competencia para resolverlo, pues correspondía a una instancia federal. Posteriormente se concedió un amparo por una cuestión jurisdiccional: la resolución no determinó quién era el legítimo propietario del inmueble, sino que estableció que el tribunal local no podía resolver el fondo de la disputa.
El antecedente resulta relevante porque, en 2012, la Federación donó un terreno al estado de Puebla con la condición de destinarlo a un Parque Metropolitano. El decreto establecía que, si el inmueble se utilizaba para otro fin sin autorización federal previa, tanto el terreno como sus mejoras podían revertir a la Federación.
Las autoridades alteraron deliberadamente las medidas del terreno para ocultar que se trataba del mismo predio donado por la Federación en 2012 para construir un Parque Metropolitano. Con esta maniobra, hicieron pasar el inmueble como si fuera distinto y avanzaron con su compra y posterior construcción del Congreso, pese a que el decreto federal condicionaba su uso y contemplaba la reversión del terreno si se destinaba a otro fin sin autorización.
De la compra a la autorización de casi 784 millones
El 31 de octubre de 2022, el Fideicomiso Banco Estatal de Tierra (BET), durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, adquirió el predio de Inmobiliaria 2015 por 86 millones 552 mil pesos. Posteriormente, el 12 de junio de 2023, el terreno fue donado al gobierno estatal ante la Notaría Pública 19, según los antecedentes documentales revisados para esta investigación.
La secuencia abre interrogantes sobre los dictámenes que respaldaron la compra, la acreditación de la propiedad y los documentos utilizados para transferir el inmueble. La donación al gobierno estatal no sustituía la obligación de verificar que el predio pudiera destinarse legalmente a la nueva sede legislativa.
Apenas 18 días después, el 30 de junio de 2023, María Teresa Castro Corro, entonces secretaria de Planeación y Finanzas, autorizó la suficiencia presupuestal por 783 millones 927 mil 829.79 pesos para construir el Congreso, durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes. Esa autorización garantizaba disponibilidad presupuestaria, pero no acreditaba por sí misma la legalidad del terreno ni que estuviera libre de restricciones federales.
Castro Corro también fue sancionada en 2025 con una multa de 362 millones 997 mil 678.99 pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, tras ser declarada responsable de faltas administrativas relacionadas con la inversión de más de 604 millones de pesos en Accendo Banco, institución que quebró posteriormente.
Una obra millonaria que exige respuestas
La nueva sede legislativa concentra dos operaciones de alto costo: 86.5 millones de pesos por el terreno y casi 784 millones por la construcción. A ello se suman antecedentes de propiedad, relaciones empresariales, una controversia judicial y una donación federal condicionada que deben esclarecerse con expedientes, contratos y registros oficiales.
La documentación demuestra que las autoridades alteraron deliberadamente las medidas del predio para ocultar su coincidencia con el terreno donado por la Federación en 2012.
Pese a esta maniobra, el inmueble fue adquirido por 86.5 millones de pesos, transferido al gobierno estatal y destinado a la construcción del nuevo Congreso de Puebla, cuya obra recibió una autorización presupuestal de casi 784 millones.
La cadena de operaciones y decisiones administrativas exige identificar a los funcionarios que intervinieron y determinar las responsabilidades correspondientes por el uso de recursos públicos y el posible incumplimiento de las condiciones de la donación federal.
El predio de Los Fuertes ya estaba registrado a favor del Gobierno estatal desde 2012, pero diez años después fue comprado a una inmobiliaria. Dos documentos cuestionados habrían permitido concretar la operación.
El Gobierno de Puebla pagó 86 millones 552 mil pesos por un terreno que la Federación ya le había donado, de acuerdo con documentos revisados por Los Reporteros MX. La compra se realizó el 31 de octubre de 2022, durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, a través del Fideicomiso Banco Estatal de Tierra (BET), que adquirió el predio a la empresa Inmobiliaria 2015.
El terreno tiene una superficie de 12 mil 855.64 metros cuadrados y se ubica en la zona de Los Fuertes. Actualmente alberga el nuevo Congreso del Estado. La operación está bajo cuestionamiento porque existían registros oficiales de la donación federal y porque dos documentos utilizados para justificar la compra habrían presentado información irregular sobre el inmueble.
De 9 millones a una compra de 86.5 millones
El precio del terreno aumentó considerablemente en 15 años. En 2007 fue vendido por 9 millones de pesos y, en 2009, Inmobiliaria 2015 lo adquirió por 13 millones. En octubre de 2022, el Gobierno de Puebla pagó 86 millones 552 mil pesos, equivalentes a aproximadamente 6 mil 730 pesos por metro cuadrado.
El 19 de octubre de 2022, el Comité Técnico del BET aprobó las gestiones para comprar el predio. Doce días después, su director general, Ernesto Vargas Melchor, formalizó la adquisición mediante un cheque. Posteriormente, el inmueble pasó a propiedad del Gobierno estatal.
Un año antes, en 2021, la madre de Jorge Estefan Chidiac se incorporó como accionista de Inmobiliaria 2015, según documentos asentados ante la Notaría 29. Su incorporación buscaba asegurar la firma del contrato con el Gobierno estatal, mientras Estefan Chidiac y Domingo Antonio Fernández Brito mantenían el control de las decisiones.
La Federación ya había donado el terreno
El 16 de enero de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo para entregar al Gobierno de Puebla terrenos de la zona de Los Fuertes, a solicitud del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. El objetivo era construir el Parque Metropolitano.
Al día siguiente se firmó el contrato de donación. El documento quedó registrado tanto en el Registro Público de la Propiedad de Puebla, el 18 de enero de 2012, como en el Registro Público de la Propiedad Federal, el 8 de octubre del mismo año, bajo el folio real 374627.
La donación establecía que el terreno debía utilizarse para el Parque Metropolitano y que, si se destinaba a otro propósito, la Federación podía reclamarlo.
Si el terreno ya había sido donado y estaba registrado a favor del Gobierno estatal, ¿por qué en 2022 se pagaron 86.5 millones de pesos a una empresa privada por ese mismo inmueble?
Dos documentos bajo sospecha
La documentación del caso señala dos instrumentos que habrían permitido concretar la compraventa, pese a los antecedentes de la donación federal.
1. Un levantamiento topográfico con medidas cuestionadas.
El documento fue elaborado el 12 de septiembre de 2022 por el área de Topografía y Geodesia del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP).
Según los documentos revisados, las medidas y colindancias del terreno fueron modificadas para evitar que se encimara en los registros con el predio que la Federación había donado al Gobierno estatal.
En esta presunta irregularidad se señala a Lizeth Delfino Domínguez, directora general del IRCEP; Sandra Escalona Vargas, directora de Catastro, y Ernesto Vargas Melchor, director general del BET. La alteración habría permitido que el inmueble superara la revisión de sus dimensiones antes de la compra.
2. Un certificado que reportó el terreno sin gravámenes.
El 26 de octubre de 2022, la registradora Irene Magaña Mejía emitió un certificado de libertad de gravamen. Según la información aportada al reportaje, el documento es cuestionable porque el propio instituto registral tenía antecedentes de la donación federal.
En conjunto, ambos documentos habrían permitido avanzar con la compra sin resolver la contradicción entre los registros existentes y la operación que pretendía realizar el Gobierno estatal.
En esta operación existieron posibles actos de dolo y omisiones por parte de Delfino Domínguez, Escalona Vargas, Vargas Melchor e Igor Emilio Ferrer Acuña, entonces responsable de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado. La hipótesis es que estas actuaciones ocasionaron un daño al erario y beneficiaron a particulares.
Los controles del Gobierno que no detectaron las irregularidades
Antes de comprar un terreno, las dependencias estatales deben verificar sus medidas, colindancias, situación registral y propiedad. También corresponde al área de Bienes Muebles e Inmuebles llevar el control del patrimonio público, mientras que el director del BET debe presentar al Comité Técnico la documentación que justifique la adquisición.
Sin embargo, ninguna de estas revisiones impidió la operación. Catastro habría validado las medidas cuestionadas y el área encargada del patrimonio estatal no habría advertido que el terreno ya contaba con antecedentes de donación a favor del Gobierno.
El acta del Comité Técnico señala que la compra fue aprobada con base en la información presentada por el director del BET. Si los documentos contenían datos incorrectos, los integrantes del comité pudieron haber autorizado el gasto sin conocer las inconsistencias del predio.
La pregunta central es por qué las dependencias responsables no detectaron la situación jurídica del terreno antes de comprometer 86.5 millones de pesos de recursos públicos.
Un funcionario estatal que ahora trabaja con Chedraui
Cuando se realizó la compra, Igor Emilio Ferrer Acuña era responsable de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno de Puebla, el área encargada de vigilar el patrimonio estatal.
Actualmente, Ferrer Acuña ocupa la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por José Chedraui Budib, cuyo nombre también aparece en la estructura empresarial del Grupo Alsagi, descrita en el primer capítulo de esta investigación. La relación se establece a través del macroholding del grupo, en el que figura Jomapa, empresa que también fue mencionada en la entrega anterior.
Los antecedentes de Ferrer Acuña también fueron cuestionados en 2021, cuando el medio e-consulta reportó irregularidades en la compra de un horno crematorio para el panteón La Piedad, en Puebla.
Según esa investigación periodística, el equipo fue facturado en 2.99 millones de pesos, aunque su valor se estimaba en alrededor de 800 mil pesos. La adquisición se realizó mediante Ecoproject, una empresa intermediaria señalada en el reportaje como presuntamente fantasma.
El terreno terminó convertido en el nuevo Congreso de Puebla
En 2023, durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, se construyó en el predio el nuevo edificio del Congreso de Puebla.
Sin embargo, la donación federal establecía que el terreno debía destinarse al Parque Metropolitano. Por ello, su uso para construir el recinto legislativo abre otra interrogante: ¿puede la Federación reclamar el terreno y lo construido en él? La respuesta depende de las condiciones de la donación y de la determinación de las autoridades competentes.
En la siguiente entrega, Los Reporteros MX revisará cómo se utilizaron los recursos públicos para construir el nuevo Congreso y qué decisiones permitieron levantar la obra en un terreno cuya compra y situación jurídica están bajo cuestionamiento.
La presencia de vehículos que captan pasajeros sin autorización plantea dudas sobre los mecanismos de identificación, vigilancia y control en las zonas de ascenso de las terminales.
Los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey concentran millones de pasajeros cada año y, con ello, una alta demanda de transporte terrestre. En este contexto, también se registra la presencia de vehículos que ofrecen traslados sin que los usuarios puedan comprobar fácilmente si cuentan con autorización, quién es el conductor, qué seguro tienen o bajo qué condiciones operan.
El 11 de marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros aeropuertos. La dependencia señaló que una suspensión judicial relacionada con operativos no representa una autorización para prestar el servicio y recomendó utilizar transporte autorizado.
En este contexto, uno de los puntos de atención son los mecanismos de acceso y vigilancia dentro de las terminales. La Guardia Nacional participa en tareas de seguridad y vigilancia aeroportuaria, por lo que entre los aspectos a revisar se encuentra la forma en que vehículos no autorizados ingresan a determinadas zonas, permanecen en ellas y tienen contacto con pasajeros.
Una experiencia con un taxi pirata
Personas que utilizaron uno de estos servicios relataron que, después de llegar al aeropuerto, olvidaron comprar un boleto de taxi autorizado y aceptaron el servicio de uno de los vehículos que ofrecen transporte en las inmediaciones de la terminal. Aunque observaron a elementos de la Guardia Nacional cerca de los conductores, decidieron abordar para evitar una espera prolongada.
Durante el trayecto, según su relato, el conductor les informó inicialmente que el cobro sería mediante taxímetro. Sin embargo, al llegar cerca de su destino les exigió alrededor de 3 mil 200 pesos. Las personas señalaron que sus maletas permanecían en la cajuela y que las puertas estaban cerradas, por lo que finalmente realizaron el pago con tarjeta.
También explicaron que habían proporcionado al conductor su dirección exacta, situación que incrementó su preocupación. Su experiencia pone nuevamente en el centro la forma en que estos vehículos captan pasajeros dentro o en las inmediaciones de las terminales.
Millones de pasajeros y transporte irregular
En 2025, los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey registraron aproximadamente 34.6 millones de pasajeros: 18.8 millones en Guadalajara y 15.8 millones en Monterrey, de acuerdo con las cifras preliminares de la ficha informativa consultada. Para el Mundial de 2026, la Secretaría de Turismo reportó 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales en las tres ciudades sede.
Uno de los principales puntos de atención para los pasajeros es la falta de información verificable cuando se aborda un servicio irregular. En estos casos puede resultar difícil conocer la identidad del conductor, comprobar que el vehículo cuenta con el seguro correspondiente, verificar sus condiciones de operación o reconstruir el recorrido en caso de un incidente.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, por ejemplo, hombres ofrecen a gritos servicios de taxis pirata en la Terminal A, incluso a unos 100 metros de las oficinas de la Guardia Nacional. Durante recorridos no se observó intervención de la autoridad. Los vehículos no cuentan con logotipos que los identifiquen como taxis autorizados y algunos portan placas de estados como Tlaxcala y Durango.
Trabajadores de empresas autorizadas señalaron que la Guardia Nacional no interviene contra estos vehículos.
Los puntos de control
Entre los pasajeros que pueden enfrentar mayores dificultades para verificar estos servicios se encuentran turistas extranjeros, mujeres que viajan solas, adultos mayores, familias con menores y personas que llegan durante la noche. Entre los riesgos asociados a este tipo de transporte se encuentran robos, agresiones, acoso, delitos sexuales, cobros abusivos, accidentes y dificultades para determinar responsabilidades.
Entre las medidas planteadas para reducir estos riesgos se encuentran reforzar la vigilancia en puertas de llegada, bahías y zonas de ascenso, establecer padrones verificables de vehículos y conductores autorizados, colocar identificaciones visibles y habilitar mecanismos digitales que permitan al pasajero comprobar la autorización del servicio antes de abordarlo.
El punto central es identificar quién puede recoger pasajeros, dónde puede hacerlo y bajo qué controles. Contar con información verificable sobre el conductor, el vehículo, el seguro y el recorrido permitiría establecer con mayor claridad quién presta cada servicio y qué autoridad corresponde a su supervisión.
Al final, la pregunta es simple: ¿de qué sirven los controles si los taxis pirata operan prácticamente frente a la Guardia Nacional? La presencia de estos vehículos evidencia que la vigilancia no está funcionando como debería. Mientras los pasajeros quedan expuestos a cobros abusivos y otros riesgos, los servicios irregulares siguen operando con aparente facilidad dentro de los aeropuertos.
La exlegisladora priista deberá comparecer el 29 de septiembre ante una jueza federal; el caso deriva de una denuncia presentada por una excolaboradora durante su paso por San Lázaro.
La exdiputada federal Karla Ayala Villalobos, actual secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, enfrentará el próximo 29 de septiembre una audiencia inicial por el presunto delito de abuso de autoridad, dentro de la causa penal 195/2025.
La diligencia está programada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en Ciudad de México. De acuerdo con un auto fechado el 21 de julio, la defensa de Ayala solicitó una prórroga de 30 días, pero la autoridad judicial la consideró innecesaria ante la falta de avances sobre una posible salida alterna.
El documento establece además que, si la exlegisladora no acude sin una justificación válida, la jueza podría declararla “sustraída de la acción de la justicia”. Las partes deberán presentarse físicamente con al menos 30 minutos de anticipación. Durante la audiencia también corresponderá a la autoridad judicial determinar, en su caso, las medidas cautelares aplicables, incluida la prisión preventiva, posibilidad que no está definida de antemano.
El caso se originó en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por María Fernanda Moreno, quien se desempeñó como secretaria técnica de Ayala durante su gestión como diputada federal por el Distrito 5 de Ciudad de México, entre 2021 y 2024. Reportes de 2022 señalaron que la entonces legisladora fue denunciada por extorsión, abuso de autoridad, amenazas, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Según esos reportes, Moreno acusó a Ayala de exigirle 13 mil pesos mensuales, divididos en dos transferencias, bajo la amenaza de perder su empleo. La extrabajadora habría dejado de entregar el dinero y posteriormente fue despedida. Sin embargo, el documento judicial señala específicamente el abuso de autoridad como delito materia de la causa penal 195/2025, sin precisar si los demás señalamientos forman parte del mismo proceso.
Vecinos de Naucalpan de Juárez denunciaron la distribución de volantes que promocionan al panista Alfredo Oropeza, pese a que, según señalan, los periodos electorales correspondientes aún no han comenzado. La promoción ha generado molestia entre habitantes del municipio, quienes cuestionan el cumplimiento de las reglas electorales.
Vecinos de Naucalpan de Juárez se han quejado y denunciado que comenzaron a recibir en sus buzones y domicilios volantes publicitarios del panista Alfredo Oropeza, en una aparente estrategia de promoción política anticipada.
El volante muestra al político junto con el lema “Escuchar, trabajar y construir juntos”, además de incluir su arroba de redes sociales. El material, de acuerdo con los señalamientos vecinales, busca colocar el nombre e imagen de Oropeza entre los habitantes de Naucalpan antes del inicio formal de los periodos electorales.
La distribución de estos materiales ha provocado molestia entre habitantes del municipio, quienes cuestionan que un aspirante pueda comenzar a promover públicamente su imagen cuando los periodos de precampaña y campaña todavía no han comenzado. Más allá del mensaje del volante, el episodio abre la discusión sobre el respeto a las reglas que deben observar quienes pretenden competir por un cargo público.
¿Qué se puede esperar de un político que, de acuerdo con las denuncias vecinales, comienza a promocionarse antes de que inicien formalmente los periodos electorales? Si Alfredo Oropeza pretende contender por la presidencia municipal de Naucalpan, la primera obligación debería ser respetar las reglas que rigen cualquier proceso electoral, no intentar adelantarse a ellas.
Durante este 2026, varios políticos mexicanos viajaron a Estados Unidos para denunciar a adversarios, pedir acciones de Washington o promover una mayor participación estadounidense en asuntos mexicanos. Alito Moreno, Lilly Téllez, Francisco García Cabeza de Vaca, Raúl Torres, Tania Larios, Manuel Andrade, Mario Zamora y Rosi Orozco aparecen, no deberían celebrar hoy la Independencia de México, deberían esperarse al 4 de julio.
México celebra hoy su Independencia, pero hay una parte de la clase política que parece tener una interpretación bastante peculiar de la soberanía nacional: cuando las instituciones mexicanas no les dan la respuesta que quieren, cruzan la frontera y buscan que Washington intervengaen nuestro país.
Alejandro Moreno Cárdenas
El caso más evidente es el de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. En 2026 convirtió Washington en una extensión de su estrategia contra Morena. En mayo realizó una gira de tres días por la capital estadounidense y afirmó haber presentado solicitudes ante los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro para que Morena fuera declarado organización terrorista, argumentando presuntos vínculos del partido con organizaciones criminales. Y no fue la única ocasión: en agosto volvió a Washington y llevó ante el Departamento de Estado su confrontación con consejeros del INE, solicitando sanciones y la cancelación de sus visas estadounidenses por medidas que le impedían utilizar expresiones como “narcopartido” o “narcogobierno”.
Pero Moreno había ido incluso más lejos desde enero. El 31 de enero respaldó públicamente una eventual intervención de Estados Unidos en México para combatir al narcotráfico, una postura que coloca su estrategia en un terreno todavía más delicado. En otras palabras, no se trata únicamente de un político que denuncia corrupción o delincuencia ante autoridades de otro país: se trata de un dirigente partidista que ha defendido que Washington tenga una participación directa en un problema mexicano. Y mientras el PRI habla de patriotismo, soberanía y defensa de las instituciones, su presidente nacional aparece solicitando que dependencias del Gobierno estadounidense clasifiquen como terrorista a un partido político mexicano.
Lilly Téllez
El segundo nombre que destaca es Lilly Téllez, senadora del PAN, quien durante 2026 llevó a Estados Unidos una parte importante de su discurso contra Morena y el crimen organizado. En mayo denunció en territorio estadounidense un supuesto pacto entre Morena y el Cártel de Sinaloa, acusando al Gobierno mexicano de proteger a presuntos “narcopolíticos”. Téllez también ha defendido una participación estadounidense más intensa frente a los cárteles.
Aquí, sin embargo, conviene hacer una precisión: no todo lo que ha dicho Téllez en Estados Unidos durante 2026 constituye una petición formal de intervención extranjera; algunas de sus declaraciones son denuncias políticas y llamados a fortalecer la cooperación bilateral. Aun así, el patrón es evidente: una senadora mexicana utiliza escenarios estadounidenses para presentar ante audiencias de aquel país una versión de México en la que el crimen organizado habría penetrado las estructuras del Estado. Y en agosto volvió a utilizar el tema de Estados Unidos como arma política interna al desafiar a legisladores de Morena a romper sus visas tras la cancelación de la de Andy López Beltrán.
Francisco García Cabeza de Vaca
Otro caso particularmente llamativo es el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y militante del PAN. Su situación es distinta porque actualmente permanece en Estados Unidos mientras enfrenta en México procesos y señalamientos que él atribuye a una persecución política. Desde territorio estadounidense ha sostenido que las autoridades de ese país conocen su versión de los hechos y ha destacado su colaboración previa con agencias estadounidenses contra organizaciones criminales y el llamado huachicol fiscal.
En febrero participó además en Washington en actividades relacionadas con el combate al narcoterrorismo, donde defendió que combatir este fenómeno debía ser una prioridad para México. Es decir, un político mexicano que enfrenta problemas judiciales en México ha construido buena parte de su defensa política desde Estados Unidos, apelando precisamente a sus vínculos y cooperación con autoridades estadounidenses. La escena vuelve a ser incómoda: el conflicto político mexicano termina cruzando la frontera y adquiriendo dimensión internacional.
Raúl Torres Guerrero
En febrero también apareció Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN en la Ciudad de México, en actividades políticas desarrolladas en la capital estadounidense alrededor de la agenda de narcoterrorismo.
Torres participó en actividades vinculadas con CPAC, dentro de un encuentro cuyo eje fue el narcotráfico, el narcoterrorismo y la posibilidad de una cooperación estadounidense mucho más agresiva frente al crimen organizado mexicano.
Tania Larios
El mismo contexto alcanza a Tania Larios, diputada priista, quien viajó a Washington durante los días 4 y 5 de febrero para participar en actividades vinculadas con CPAC y la agenda de narcoterrorismo.
El encuentro reunió a políticos mexicanos y estadounidenses alrededor de acusaciones sobre narcotráfico, infiltración criminal y seguridad nacional. En ese contexto se planteó una mayor colaboración de Estados Unidos e incluso se discutió la posibilidad de una participación militar estadounidense contra organizaciones criminales mexicanas..
Manuel Andrade Díaz
Otro nombre que aparece en la investigación es Manuel Andrade Díaz, exgobernador de Tabasco y figura priista, quien participó en el Combating Narco-Terrorism Summit celebrado en Washington el 5 de febrero de 2026.
El foro estuvo dedicado precisamente a narcotráfico, narcoterrorismo y cooperación entre México y Estados Unidos. Andrade aparece entre los participantes mexicanos de aquel encuentro, la idea de recurrir a Washington para abordar los problemas políticos y de seguridad mexicanos no fue patrimonio de un solo dirigente, sino que encontró eco en una delegación más amplia de políticos opositores.
Mario Zamora
También estuvo Mario Zamora Gastélum, político priista, quien participó en las actividades desarrolladas en Washington alrededor de aquella agenda de narcoterrorismo.
No fue un viaje turístico ni una visita protocolaria: se trató de un encuentro político estadounidense en el que participaron opositores mexicanos y donde se habló de narcotráfico, “narcogobierno” y de la necesidad de incrementar la cooperación de Estados Unidos frente al crimen organizado.
Rosi Orozco
Finalmente aparece Rosi Orozco, también vinculada con las actividades de la delegación mexicana que participó en el foro de Washington de febrero. Su presencia forma parte del mismo episodio político alrededor del narcoterrorismo y la cooperación con Estados Unidos.
Este 16 de septiembre habría que preguntar qué políticos están dispuestos a defender sus causas dentro de las instituciones mexicanas y cuáles prefieren tocar la puerta de Washington. Porque una cosa es pedirle a Estados Unidos que persiga criminales que operan a ambos lados de la frontera y otra es pedirle que castigue partidos, funcionarios, consejeros electorales o adversarios políticos mexicanos.
México podrá tener muchos problemas, pero si la solución para algunos políticos consiste en viajar a Estados Unidos a pedir que otro país meta las manos en nuestra política, quizá deberían esperar menos al 16 de septiembre y comenzar a celebrar desde el 4 de julio.
El senador panista pasó de declarar propiedades y vehículos con un valor de al menos 40.6 millones de pesos, además de un departamento de 3.5 millones de dólares, a reportar cero bienes en su declaración de modificación de 2025.
El senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, pasó de reportar cuatro bienes inmuebles y dos vehículos en su declaración patrimonial inicial de octubre de 2024 a declarar que no tenía ninguna propiedad ni automóvil apenas siete meses después, sin que en el documento aparezca ningún motivo de baja, venta, donación o transferencia.
Vargas del Villar asumió como senador el 1 de septiembre de 2024 y, por su cargo, está obligado a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. En la declaración inicial número 25831, presentada el 29 de octubre de 2024, registró cuatro inmuebles: una casa con valor de adquisición de 12 millones de pesos, un rancho de 1.5 millones, otra casa de 25 millones y un departamento adquirido a crédito por 3 millones 511 mil 400 dólares.
A estos bienes se sumaban dos vehículos adquiridos de contado en 2021: una RAM de un millón de pesos y una Chevrolet Suburban de 1.1 millones. Solo las tres propiedades reportadas en pesos representaban 38.5 millones de pesos en valor histórico de adquisición, sin contar el departamento valuado en dólares ni los automóviles.
Sin embargo, en la declaración de modificación número 30976, presentada el 28 de mayo de 2025, correspondiente al mismo ejercicio fiscal de 2024, el legislador reportó cero bienes inmuebles y cero vehículos. Tampoco incluyó algún motivo que explicara la baja de las propiedades y automóviles que previamente había registrado.
El cambio resulta relevante porque, de acuerdo con las reglas para el llenado de las declaraciones patrimoniales del Sistema Nacional Anticorrupción, una declaración de modificación debe actualizar la información previamente reportada.
Si un inmueble permanece en el patrimonio al cierre del ejercicio, debe mantenerse registrado; mientras que cuando un bien deja de formar parte del patrimonio, el formato contempla indicar la causa de la baja.
La discrepancia también alcanza los ingresos. En su declaración inicial, Vargas reportó 135 mil 334 pesos netos obtenidos como senador durante los primeros meses de su encargo y 1.49 millones de pesos correspondientes a su etapa como diputado local del Estado de México. Para el cierre de 2024 declaró 625 mil 793 pesos netos por su cargo en el Senado.
Estos datos, sin embargo, no permiten afirmar que los bienes fueron adquiridos con su sueldo como funcionario público, pues tres de las propiedades fueron compradas antes de su llegada al Senado y las declaraciones analizadas no muestran todos sus posibles ingresos privados, herencias, créditos u otras fuentes de recursos.
Lo que sí queda asentado documentalmente es que cuatro inmuebles y dos vehículos que Enrique Vargas del Villar había declarado oficialmente dejaron de aparecer en su siguiente declaración patrimonial, sin que el documento consultado muestre una explicación sobre su destino.
La discrepancia amerita una aclaración del senador y, en su caso, de la Contraloría Interna del Senado.
El alcalde morenista de Puebla contrató por adjudicación directa a TV Azteca y Total Play durante sus primeros meses de gobierno, en plena disputa entre la 4T y Ricardo Salinas Pliego.
El gobierno municipal de José Chedraui Budib destinó 26 millones 48 mil 789 pesos a empresas de Grupo Salinas durante sus primeros meses al frente del Ayuntamiento de Puebla.
Entre el 22 de octubre de 2024 y el 14 de enero de 2025, la administración morenista firmó tres contratos con Total Play y TV Azteca, todos mediante adjudicación directa y sustentados en dictámenes de excepción a la licitación pública.
El primer contrato se firmó apenas ocho días después de que Chedraui asumiera el cargo. El 22 de octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana contrató a Total Play por 12 millones 888 mil 789 pesos para mantener los sistemas municipales de cámaras de videovigilancia, con vigencia hasta diciembre.
Un mes después, el 28 de noviembre, Comunicación Social otorgó a TV Azteca 1 millón 160 mil pesos para transmitir y difundir el quehacer gubernamental.
Finalmente, el 14 de enero de 2025, la misma televisora recibió otro contrato por 12 millones de pesos, ahora con vigencia durante todo 2025.
La cifra de 26 millones 48 mil 789 pesos corresponde exclusivamente a la gestión de Chedraui. En documentos relacionados aparece otro contrato de 8 millones 254 mil pesos con TV Azteca, pero éste corresponde a la administración del panista Eduardo Rivera Pérez, pues estuvo vigente de enero a septiembre de 2024, antes de que Chedraui asumiera la presidencia municipal. Es decir, bajo Chedraui, son tres contratos y más de 26 millones de pesos.
La decisión adquiere una dimensión política por el momento en que ocurrió. Mientras el Ayuntamiento de Puebla contrataba a empresas de Salinas Pliego, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantenía una confrontación pública con el usurero por sus adeudos fiscales y por la línea editorial de TV Azteca.
La presidenta ha reclamado reiteradamente el pago de impuestos y, el 25 de mayo de 2026, incluso llamó a la población a “no ver TV Azteca”, al acusar a la televisora de difundir “mentiras descaradas”. La empresa respondió señalando una supuesta censura, mientras Presidencia sostuvo que se trataba de una opinión personal de la mandataria.
La contradicción tampoco quedó únicamente en Palacio Nacional. En Puebla, el gobierno estatal de Alejandro Armenta, también emanado de Morena, rechazó un paquete de convenios con Grupo Salinas valuado en 2 mil 350 millones de pesos.
Además, su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, acusó públicamente a TV Azteca de ejercer un presunto “cobro de piso” mediático. Así, mientras el gobierno estatal marcaba distancia con el conglomerado, el ayuntamiento capitalino mantenía contratos millonarios con sus empresas.
Y Chedraui no era un alcalde ajeno a la estructura política de Morena. Llegó al cargo en 2024 como candidato de una coalición encabezada por Morena y en agosto de 2025 formalizó su militancia partidista. Por eso el cuestionamiento no es simplemente comercial: un gobierno municipal surgido de la 4T destinó recursos públicos a uno de los grupos empresariales más enfrentados con el movimiento que lo llevó al poder.
La pregunta es: ¿cómo se explica que, mientras la dirigencia morenista confrontaba a Salinas Pliego, en Puebla se mantuviera abierta la chequera municipal?
Además, la relación con Grupo Salinas no comenzó con Chedraui.
Durante la administración de Eduardo Rivera, el Ayuntamiento de Puebla había pagado alrededor de 180.5 millones de pesos a Total Play entre 2022 y 2024 por el sistema de videovigilancia. El contrato venció el 14 de octubre de 2024, un día antes de la llegada de Chedraui. Apenas ocho días después, su gobierno volvió a contratar a la misma empresa por casi 12.9 millones de pesos para mantener las cámaras hasta finalizar ese año. La transición política, en este caso, no significó romper con el proveedor: el negocio simplemente continuó.
El contraste también aparece en los contratos de TV Azteca. Con Eduardo Rivera se habían pagado 8 millones 254 mil pesos por nueve meses, alrededor de 917 mil pesos mensuales. Con Chedraui, el contrato de 2025 representó 12 millones de pesos por 12 meses, es decir, un millón de pesos mensuales.
El Ayuntamiento no solo conservó la relación comercial: el monto mensual del contrato anual aumentó. Y existe otro punto que merece explicación: el documento disponible no precisa cuántos spots se transmitirían, su duración ni las franjas horarias, sino que establece un servicio anual de difusión.
El contrato de Total Play también tiene un antecedente relevante. Tras el vencimiento del convenio anterior, el tesorero municipal Héctor González Cobián señaló que no había presupuesto disponible y que cerca de 2 mil cámaras estaban fuera de operación. Sin embargo, días después, el nuevo gobierno encontró recursos para contratar nuevamente a la empresa.
De esta manera, durante los primeros meses de Chedraui se reactivaron dos líneas de negocio distintas con empresas del mismo grupo: seguridad pública mediante Total Play y comunicación gubernamental mediante TV Azteca.
Los contratos también tienen nombres y responsables. Ricardo Gutiérrez Loyola, coordinador general de Comunicación Social, firmó los dos convenios con TV Azteca y emitió los dictámenes de excepción a la licitación.
Por la televisora firmó su apoderado legal, José Manuel Meillón del Pando. El contrato de videovigilancia fue suscrito por el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Rosales Solís, junto con Alejandro Cedillo May y Ramsés Bonilla Luna; por Total Play firmó su apoderado, Jorge Vázquez Santamaría.
El contrato de 12 millones de pesos con TV Azteca, firmado en enero de 2025 y vigente todo el año, concentra buena parte de las dudas. El documento establece un servicio general de transmisión y difusión, pero no detalla con precisión la cantidad de spots, duración o horarios de emisión.
También contempla la posibilidad de utilizar herramientas comerciales adicionales bajo iniciativa de la televisora. En términos simples: el municipio comprometió 12 millones de pesos por un paquete anual cuyo desglose específico de exposición publicitaria no aparece detallado en la información proporcionada.
Aquí lo cuestionable es la congruencia de Chedraui con el discurso de la 4T. Porque mientras Morena confrontaba a Ricardo Salinas Pliego, mientras Sheinbaum cuestionaba a TV Azteca y mientras el gobierno de Puebla rechazaba acuerdos millonarios con Grupo Salinas, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por un “militante de Morena”, destinaba más de 26 millones de pesos del erario a dos empresas del mismo conglomerado.
La paradoja queda servida: la 4T pelea con Salinas Pliego en público, pero Pepe Chedraui le contrató servicios con dinero público en Puebla.
Y aunque cada contrato pueda defenderse desde el terreno administrativo, políticamente resulta difícil explicar por qué un gobierno surgido de Morena decidió mantener una relación comercial millonaria con uno de los grupos más críticos de la llamada Cuarta Transformación.
A casi un mes del intento de feminicidio contra Nadia Beller, Latinus y TV Azteca guardan silencio, pese a las implicaciones políticas internacionales del caso y los vínculos de Fernando Cerimedo con actores de la derecha latinoamericana. En contraste, sí han dado amplia cobertura al asesinato de la esposa de Jonathan Meléndez, diferencia de trato que exhibe sus prioridades y su imparcialidad editorial.
Casi un mes después del intento de feminicidio contra Nadia Beller, el silencio de TV Azteca y Latinus resulta llamativo frente a la cobertura que ambos medios han dado al asesinato de la esposa deJonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo. El caso Beller no se trata de un hecho menor o exclusivamente personal: es un intento de feminicidio ocurrido en Bolivia que involucra al consultor político argentino Fernando Cerimedo, señalado por la propia víctima como presunto responsable intelectual y actualmente investigado por las autoridades bolivianas. Además, el caso tiene implicaciones que trascienden las fronteras mexicanas por los nexos políticos y mediáticos de Cerimedo con sectores de la derecha latinoamericana y con figuras y proyectos vinculados a México.
En contraste, la muerte de la esposa de Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, sí ha recibido una cobertura amplia y sostenida por parte de estos medios. TV Azteca y Latinus han informado sobre el crimen, las víctimas, los detenidos, las líneas de investigación, el hijo que sobrevivió a la tragedia y las circunstancias alrededor del asesinato. Es comprensible que un crimen de esta naturaleza genere interés periodístico; lo cuestionable es que un caso reciba seguimiento constante mientras otro, con una dimensión política internacional evidente, prácticamente no aparezca en el radar editorial.
¿Por qué el asesinato de la esposa de un músico merece una cobertura mucho mayor que un intento de feminicidio con implicaciones políticas internacionales? Nadie cuestiona que el crimen contra la familia de Meléndez deba ser informado y seguido; la pregunta es por qué esa misma capacidad de cobertura, investigación y seguimiento desaparece cuando el caso involucra a Fernando Cerimedo, un operador político con conexiones internacionales, vinculado con La Derecha Diario y con personajes de la derecha latinoamericana. Si los medios consideran relevante seguir cada nuevo detalle de un crimen, resulta legítimo preguntar por qué no aplican el mismo criterio cuando la historia toca intereses y actores políticos de mayor alcance.
TV Azteca y Latinus se presentan como medios comprometidos con la libertad de expresión, el periodismo crítico y la exigencia de rendición de cuentas. Precisamente por eso, su silencio frente al caso Beller resulta cuestionable. No se les pide condenar a Cerimedo ni presentar como probadas acusaciones que todavía son materia de investigación: se les pide informar. Se les pide explicar a sus audiencias que una mujer denunció haber sido víctima de un intento de feminicidio y que el principal señalado es un operador político con conexiones internacionales que también tienen relevancia para México.
Cuando estos medios pueden dedicar una cadena de publicaciones al asesinato de la esposa de un músico, pero guardan silencio ante un intento de feminicidio que involucra a un personaje con vínculos políticos y mediáticos internacionales, el problema deja de ser simplemente una diferencia de criterios periodísticos. La disparidad de cobertura obliga a cuestionar qué intereses, relaciones o afinidades están detrás de sus decisiones editoriales.Porque el periodismo verdaderamente independiente no debería decidir qué casos merecen atención en función de quién aparece involucrado: debería informar precisamente cuando la historia resulta incómoda.
