Vecinos de Naucalpan de Juárez denunciaron la distribución de volantes que promocionan al panista Alfredo Oropeza, pese a que, según señalan, los periodos electorales correspondientes aún no han comenzado. La promoción ha generado molestia entre habitantes del municipio, quienes cuestionan el cumplimiento de las reglas electorales.
Vecinos de Naucalpan de Juárez se han quejado y denunciado que comenzaron a recibir en sus buzones y domicilios volantes publicitarios del panista Alfredo Oropeza, en una aparente estrategia de promoción política anticipada.
El volante muestra al político junto con el lema “Escuchar, trabajar y construir juntos”, además de incluir su arroba de redes sociales. El material, de acuerdo con los señalamientos vecinales, busca colocar el nombre e imagen de Oropeza entre los habitantes de Naucalpan antes del inicio formal de los periodos electorales.
La distribución de estos materiales ha provocado molestia entre habitantes del municipio, quienes cuestionan que un aspirante pueda comenzar a promover públicamente su imagen cuando los periodos de precampaña y campaña todavía no han comenzado. Más allá del mensaje del volante, el episodio abre la discusión sobre el respeto a las reglas que deben observar quienes pretenden competir por un cargo público.
¿Qué se puede esperar de un político que, de acuerdo con las denuncias vecinales, comienza a promocionarse antes de que inicien formalmente los periodos electorales? Si Alfredo Oropeza pretende contender por la presidencia municipal de Naucalpan, la primera obligación debería ser respetar las reglas que rigen cualquier proceso electoral, no intentar adelantarse a ellas.
Durante este 2026, varios políticos mexicanos viajaron a Estados Unidos para denunciar a adversarios, pedir acciones de Washington o promover una mayor participación estadounidense en asuntos mexicanos. Alito Moreno, Lilly Téllez, Francisco García Cabeza de Vaca, Raúl Torres, Tania Larios, Manuel Andrade, Mario Zamora y Rosi Orozco aparecen, no deberían celebrar hoy la Independencia de México, deberían esperarse al 4 de julio.
México celebra hoy su Independencia, pero hay una parte de la clase política que parece tener una interpretación bastante peculiar de la soberanía nacional: cuando las instituciones mexicanas no les dan la respuesta que quieren, cruzan la frontera y buscan que Washington intervengaen nuestro país.
Alejandro Moreno Cárdenas
El caso más evidente es el de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. En 2026 convirtió Washington en una extensión de su estrategia contra Morena. En mayo realizó una gira de tres días por la capital estadounidense y afirmó haber presentado solicitudes ante los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro para que Morena fuera declarado organización terrorista, argumentando presuntos vínculos del partido con organizaciones criminales. Y no fue la única ocasión: en agosto volvió a Washington y llevó ante el Departamento de Estado su confrontación con consejeros del INE, solicitando sanciones y la cancelación de sus visas estadounidenses por medidas que le impedían utilizar expresiones como “narcopartido” o “narcogobierno”.
Pero Moreno había ido incluso más lejos desde enero. El 31 de enero respaldó públicamente una eventual intervención de Estados Unidos en México para combatir al narcotráfico, una postura que coloca su estrategia en un terreno todavía más delicado. En otras palabras, no se trata únicamente de un político que denuncia corrupción o delincuencia ante autoridades de otro país: se trata de un dirigente partidista que ha defendido que Washington tenga una participación directa en un problema mexicano. Y mientras el PRI habla de patriotismo, soberanía y defensa de las instituciones, su presidente nacional aparece solicitando que dependencias del Gobierno estadounidense clasifiquen como terrorista a un partido político mexicano.
Lilly Téllez
El segundo nombre que destaca es Lilly Téllez, senadora del PAN, quien durante 2026 llevó a Estados Unidos una parte importante de su discurso contra Morena y el crimen organizado. En mayo denunció en territorio estadounidense un supuesto pacto entre Morena y el Cártel de Sinaloa, acusando al Gobierno mexicano de proteger a presuntos “narcopolíticos”. Téllez también ha defendido una participación estadounidense más intensa frente a los cárteles.
Aquí, sin embargo, conviene hacer una precisión: no todo lo que ha dicho Téllez en Estados Unidos durante 2026 constituye una petición formal de intervención extranjera; algunas de sus declaraciones son denuncias políticas y llamados a fortalecer la cooperación bilateral. Aun así, el patrón es evidente: una senadora mexicana utiliza escenarios estadounidenses para presentar ante audiencias de aquel país una versión de México en la que el crimen organizado habría penetrado las estructuras del Estado. Y en agosto volvió a utilizar el tema de Estados Unidos como arma política interna al desafiar a legisladores de Morena a romper sus visas tras la cancelación de la de Andy López Beltrán.
Francisco García Cabeza de Vaca
Otro caso particularmente llamativo es el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y militante del PAN. Su situación es distinta porque actualmente permanece en Estados Unidos mientras enfrenta en México procesos y señalamientos que él atribuye a una persecución política. Desde territorio estadounidense ha sostenido que las autoridades de ese país conocen su versión de los hechos y ha destacado su colaboración previa con agencias estadounidenses contra organizaciones criminales y el llamado huachicol fiscal.
En febrero participó además en Washington en actividades relacionadas con el combate al narcoterrorismo, donde defendió que combatir este fenómeno debía ser una prioridad para México. Es decir, un político mexicano que enfrenta problemas judiciales en México ha construido buena parte de su defensa política desde Estados Unidos, apelando precisamente a sus vínculos y cooperación con autoridades estadounidenses. La escena vuelve a ser incómoda: el conflicto político mexicano termina cruzando la frontera y adquiriendo dimensión internacional.
Raúl Torres Guerrero
En febrero también apareció Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN en la Ciudad de México, en actividades políticas desarrolladas en la capital estadounidense alrededor de la agenda de narcoterrorismo.
Torres participó en actividades vinculadas con CPAC, dentro de un encuentro cuyo eje fue el narcotráfico, el narcoterrorismo y la posibilidad de una cooperación estadounidense mucho más agresiva frente al crimen organizado mexicano.
Tania Larios
El mismo contexto alcanza a Tania Larios, diputada priista, quien viajó a Washington durante los días 4 y 5 de febrero para participar en actividades vinculadas con CPAC y la agenda de narcoterrorismo.
El encuentro reunió a políticos mexicanos y estadounidenses alrededor de acusaciones sobre narcotráfico, infiltración criminal y seguridad nacional. En ese contexto se planteó una mayor colaboración de Estados Unidos e incluso se discutió la posibilidad de una participación militar estadounidense contra organizaciones criminales mexicanas..
Manuel Andrade Díaz
Otro nombre que aparece en la investigación es Manuel Andrade Díaz, exgobernador de Tabasco y figura priista, quien participó en el Combating Narco-Terrorism Summit celebrado en Washington el 5 de febrero de 2026.
El foro estuvo dedicado precisamente a narcotráfico, narcoterrorismo y cooperación entre México y Estados Unidos. Andrade aparece entre los participantes mexicanos de aquel encuentro, la idea de recurrir a Washington para abordar los problemas políticos y de seguridad mexicanos no fue patrimonio de un solo dirigente, sino que encontró eco en una delegación más amplia de políticos opositores.
Mario Zamora
También estuvo Mario Zamora Gastélum, político priista, quien participó en las actividades desarrolladas en Washington alrededor de aquella agenda de narcoterrorismo.
No fue un viaje turístico ni una visita protocolaria: se trató de un encuentro político estadounidense en el que participaron opositores mexicanos y donde se habló de narcotráfico, “narcogobierno” y de la necesidad de incrementar la cooperación de Estados Unidos frente al crimen organizado.
Rosi Orozco
Finalmente aparece Rosi Orozco, también vinculada con las actividades de la delegación mexicana que participó en el foro de Washington de febrero. Su presencia forma parte del mismo episodio político alrededor del narcoterrorismo y la cooperación con Estados Unidos.
Este 16 de septiembre habría que preguntar qué políticos están dispuestos a defender sus causas dentro de las instituciones mexicanas y cuáles prefieren tocar la puerta de Washington. Porque una cosa es pedirle a Estados Unidos que persiga criminales que operan a ambos lados de la frontera y otra es pedirle que castigue partidos, funcionarios, consejeros electorales o adversarios políticos mexicanos.
México podrá tener muchos problemas, pero si la solución para algunos políticos consiste en viajar a Estados Unidos a pedir que otro país meta las manos en nuestra política, quizá deberían esperar menos al 16 de septiembre y comenzar a celebrar desde el 4 de julio.
El senador panista pasó de declarar propiedades y vehículos con un valor de al menos 40.6 millones de pesos, además de un departamento de 3.5 millones de dólares, a reportar cero bienes en su declaración de modificación de 2025.
El senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, pasó de reportar cuatro bienes inmuebles y dos vehículos en su declaración patrimonial inicial de octubre de 2024 a declarar que no tenía ninguna propiedad ni automóvil apenas siete meses después, sin que en el documento aparezca ningún motivo de baja, venta, donación o transferencia.
Vargas del Villar asumió como senador el 1 de septiembre de 2024 y, por su cargo, está obligado a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. En la declaración inicial número 25831, presentada el 29 de octubre de 2024, registró cuatro inmuebles: una casa con valor de adquisición de 12 millones de pesos, un rancho de 1.5 millones, otra casa de 25 millones y un departamento adquirido a crédito por 3 millones 511 mil 400 dólares.
A estos bienes se sumaban dos vehículos adquiridos de contado en 2021: una RAM de un millón de pesos y una Chevrolet Suburban de 1.1 millones. Solo las tres propiedades reportadas en pesos representaban 38.5 millones de pesos en valor histórico de adquisición, sin contar el departamento valuado en dólares ni los automóviles.
Sin embargo, en la declaración de modificación número 30976, presentada el 28 de mayo de 2025, correspondiente al mismo ejercicio fiscal de 2024, el legislador reportó cero bienes inmuebles y cero vehículos. Tampoco incluyó algún motivo que explicara la baja de las propiedades y automóviles que previamente había registrado.
El cambio resulta relevante porque, de acuerdo con las reglas para el llenado de las declaraciones patrimoniales del Sistema Nacional Anticorrupción, una declaración de modificación debe actualizar la información previamente reportada.
Si un inmueble permanece en el patrimonio al cierre del ejercicio, debe mantenerse registrado; mientras que cuando un bien deja de formar parte del patrimonio, el formato contempla indicar la causa de la baja.
La discrepancia también alcanza los ingresos. En su declaración inicial, Vargas reportó 135 mil 334 pesos netos obtenidos como senador durante los primeros meses de su encargo y 1.49 millones de pesos correspondientes a su etapa como diputado local del Estado de México. Para el cierre de 2024 declaró 625 mil 793 pesos netos por su cargo en el Senado.
Estos datos, sin embargo, no permiten afirmar que los bienes fueron adquiridos con su sueldo como funcionario público, pues tres de las propiedades fueron compradas antes de su llegada al Senado y las declaraciones analizadas no muestran todos sus posibles ingresos privados, herencias, créditos u otras fuentes de recursos.
Lo que sí queda asentado documentalmente es que cuatro inmuebles y dos vehículos que Enrique Vargas del Villar había declarado oficialmente dejaron de aparecer en su siguiente declaración patrimonial, sin que el documento consultado muestre una explicación sobre su destino.
La discrepancia amerita una aclaración del senador y, en su caso, de la Contraloría Interna del Senado.
El alcalde morenista de Puebla contrató por adjudicación directa a TV Azteca y Total Play durante sus primeros meses de gobierno, en plena disputa entre la 4T y Ricardo Salinas Pliego.
El gobierno municipal de José Chedraui Budib destinó 26 millones 48 mil 789 pesos a empresas de Grupo Salinas durante sus primeros meses al frente del Ayuntamiento de Puebla.
Entre el 22 de octubre de 2024 y el 14 de enero de 2025, la administración morenista firmó tres contratos con Total Play y TV Azteca, todos mediante adjudicación directa y sustentados en dictámenes de excepción a la licitación pública.
El primer contrato se firmó apenas ocho días después de que Chedraui asumiera el cargo. El 22 de octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana contrató a Total Play por 12 millones 888 mil 789 pesos para mantener los sistemas municipales de cámaras de videovigilancia, con vigencia hasta diciembre.
Un mes después, el 28 de noviembre, Comunicación Social otorgó a TV Azteca 1 millón 160 mil pesos para transmitir y difundir el quehacer gubernamental.
Finalmente, el 14 de enero de 2025, la misma televisora recibió otro contrato por 12 millones de pesos, ahora con vigencia durante todo 2025.
La cifra de 26 millones 48 mil 789 pesos corresponde exclusivamente a la gestión de Chedraui. En documentos relacionados aparece otro contrato de 8 millones 254 mil pesos con TV Azteca, pero éste corresponde a la administración del panista Eduardo Rivera Pérez, pues estuvo vigente de enero a septiembre de 2024, antes de que Chedraui asumiera la presidencia municipal. Es decir, bajo Chedraui, son tres contratos y más de 26 millones de pesos.
La decisión adquiere una dimensión política por el momento en que ocurrió. Mientras el Ayuntamiento de Puebla contrataba a empresas de Salinas Pliego, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantenía una confrontación pública con el usurero por sus adeudos fiscales y por la línea editorial de TV Azteca.
La presidenta ha reclamado reiteradamente el pago de impuestos y, el 25 de mayo de 2026, incluso llamó a la población a “no ver TV Azteca”, al acusar a la televisora de difundir “mentiras descaradas”. La empresa respondió señalando una supuesta censura, mientras Presidencia sostuvo que se trataba de una opinión personal de la mandataria.
La contradicción tampoco quedó únicamente en Palacio Nacional. En Puebla, el gobierno estatal de Alejandro Armenta, también emanado de Morena, rechazó un paquete de convenios con Grupo Salinas valuado en 2 mil 350 millones de pesos.
Además, su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, acusó públicamente a TV Azteca de ejercer un presunto “cobro de piso” mediático. Así, mientras el gobierno estatal marcaba distancia con el conglomerado, el ayuntamiento capitalino mantenía contratos millonarios con sus empresas.
Y Chedraui no era un alcalde ajeno a la estructura política de Morena. Llegó al cargo en 2024 como candidato de una coalición encabezada por Morena y en agosto de 2025 formalizó su militancia partidista. Por eso el cuestionamiento no es simplemente comercial: un gobierno municipal surgido de la 4T destinó recursos públicos a uno de los grupos empresariales más enfrentados con el movimiento que lo llevó al poder.
La pregunta es: ¿cómo se explica que, mientras la dirigencia morenista confrontaba a Salinas Pliego, en Puebla se mantuviera abierta la chequera municipal?
Además, la relación con Grupo Salinas no comenzó con Chedraui.
Durante la administración de Eduardo Rivera, el Ayuntamiento de Puebla había pagado alrededor de 180.5 millones de pesos a Total Play entre 2022 y 2024 por el sistema de videovigilancia. El contrato venció el 14 de octubre de 2024, un día antes de la llegada de Chedraui. Apenas ocho días después, su gobierno volvió a contratar a la misma empresa por casi 12.9 millones de pesos para mantener las cámaras hasta finalizar ese año. La transición política, en este caso, no significó romper con el proveedor: el negocio simplemente continuó.
El contraste también aparece en los contratos de TV Azteca. Con Eduardo Rivera se habían pagado 8 millones 254 mil pesos por nueve meses, alrededor de 917 mil pesos mensuales. Con Chedraui, el contrato de 2025 representó 12 millones de pesos por 12 meses, es decir, un millón de pesos mensuales.
El Ayuntamiento no solo conservó la relación comercial: el monto mensual del contrato anual aumentó. Y existe otro punto que merece explicación: el documento disponible no precisa cuántos spots se transmitirían, su duración ni las franjas horarias, sino que establece un servicio anual de difusión.
El contrato de Total Play también tiene un antecedente relevante. Tras el vencimiento del convenio anterior, el tesorero municipal Héctor González Cobián señaló que no había presupuesto disponible y que cerca de 2 mil cámaras estaban fuera de operación. Sin embargo, días después, el nuevo gobierno encontró recursos para contratar nuevamente a la empresa.
De esta manera, durante los primeros meses de Chedraui se reactivaron dos líneas de negocio distintas con empresas del mismo grupo: seguridad pública mediante Total Play y comunicación gubernamental mediante TV Azteca.
Los contratos también tienen nombres y responsables. Ricardo Gutiérrez Loyola, coordinador general de Comunicación Social, firmó los dos convenios con TV Azteca y emitió los dictámenes de excepción a la licitación.
Por la televisora firmó su apoderado legal, José Manuel Meillón del Pando. El contrato de videovigilancia fue suscrito por el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Rosales Solís, junto con Alejandro Cedillo May y Ramsés Bonilla Luna; por Total Play firmó su apoderado, Jorge Vázquez Santamaría.
El contrato de 12 millones de pesos con TV Azteca, firmado en enero de 2025 y vigente todo el año, concentra buena parte de las dudas. El documento establece un servicio general de transmisión y difusión, pero no detalla con precisión la cantidad de spots, duración o horarios de emisión.
También contempla la posibilidad de utilizar herramientas comerciales adicionales bajo iniciativa de la televisora. En términos simples: el municipio comprometió 12 millones de pesos por un paquete anual cuyo desglose específico de exposición publicitaria no aparece detallado en la información proporcionada.
Aquí lo cuestionable es la congruencia de Chedraui con el discurso de la 4T. Porque mientras Morena confrontaba a Ricardo Salinas Pliego, mientras Sheinbaum cuestionaba a TV Azteca y mientras el gobierno de Puebla rechazaba acuerdos millonarios con Grupo Salinas, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por un “militante de Morena”, destinaba más de 26 millones de pesos del erario a dos empresas del mismo conglomerado.
La paradoja queda servida: la 4T pelea con Salinas Pliego en público, pero Pepe Chedraui le contrató servicios con dinero público en Puebla.
Y aunque cada contrato pueda defenderse desde el terreno administrativo, políticamente resulta difícil explicar por qué un gobierno surgido de Morena decidió mantener una relación comercial millonaria con uno de los grupos más críticos de la llamada Cuarta Transformación.
A casi un mes del intento de feminicidio contra Nadia Beller, Latinus y TV Azteca guardan silencio, pese a las implicaciones políticas internacionales del caso y los vínculos de Fernando Cerimedo con actores de la derecha latinoamericana. En contraste, sí han dado amplia cobertura al asesinato de la esposa de Jonathan Meléndez, diferencia de trato que exhibe sus prioridades y su imparcialidad editorial.
Casi un mes después del intento de feminicidio contra Nadia Beller, el silencio de TV Azteca y Latinus resulta llamativo frente a la cobertura que ambos medios han dado al asesinato de la esposa deJonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo. El caso Beller no se trata de un hecho menor o exclusivamente personal: es un intento de feminicidio ocurrido en Bolivia que involucra al consultor político argentino Fernando Cerimedo, señalado por la propia víctima como presunto responsable intelectual y actualmente investigado por las autoridades bolivianas. Además, el caso tiene implicaciones que trascienden las fronteras mexicanas por los nexos políticos y mediáticos de Cerimedo con sectores de la derecha latinoamericana y con figuras y proyectos vinculados a México.
En contraste, la muerte de la esposa de Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, sí ha recibido una cobertura amplia y sostenida por parte de estos medios. TV Azteca y Latinus han informado sobre el crimen, las víctimas, los detenidos, las líneas de investigación, el hijo que sobrevivió a la tragedia y las circunstancias alrededor del asesinato. Es comprensible que un crimen de esta naturaleza genere interés periodístico; lo cuestionable es que un caso reciba seguimiento constante mientras otro, con una dimensión política internacional evidente, prácticamente no aparezca en el radar editorial.
¿Por qué el asesinato de la esposa de un músico merece una cobertura mucho mayor que un intento de feminicidio con implicaciones políticas internacionales? Nadie cuestiona que el crimen contra la familia de Meléndez deba ser informado y seguido; la pregunta es por qué esa misma capacidad de cobertura, investigación y seguimiento desaparece cuando el caso involucra a Fernando Cerimedo, un operador político con conexiones internacionales, vinculado con La Derecha Diario y con personajes de la derecha latinoamericana. Si los medios consideran relevante seguir cada nuevo detalle de un crimen, resulta legítimo preguntar por qué no aplican el mismo criterio cuando la historia toca intereses y actores políticos de mayor alcance.
TV Azteca y Latinus se presentan como medios comprometidos con la libertad de expresión, el periodismo crítico y la exigencia de rendición de cuentas. Precisamente por eso, su silencio frente al caso Beller resulta cuestionable. No se les pide condenar a Cerimedo ni presentar como probadas acusaciones que todavía son materia de investigación: se les pide informar. Se les pide explicar a sus audiencias que una mujer denunció haber sido víctima de un intento de feminicidio y que el principal señalado es un operador político con conexiones internacionales que también tienen relevancia para México.
Cuando estos medios pueden dedicar una cadena de publicaciones al asesinato de la esposa de un músico, pero guardan silencio ante un intento de feminicidio que involucra a un personaje con vínculos políticos y mediáticos internacionales, el problema deja de ser simplemente una diferencia de criterios periodísticos. La disparidad de cobertura obliga a cuestionar qué intereses, relaciones o afinidades están detrás de sus decisiones editoriales.Porque el periodismo verdaderamente independiente no debería decidir qué casos merecen atención en función de quién aparece involucrado: debería informar precisamente cuando la historia resulta incómoda.
TV Azteca estrenará un nuevo panel político con María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, conducido por Manuel López San Martín, pero la elección de sus integrantes abre una pregunta inevitable: ¿por qué presentar como voces de análisis y autoridad pública a personajes cuya trayectoria está marcada polémicas y vínculos cuestionables?
Jorge Castañeda Gutman
El excanciller Jorge Castañeda Gutman ha protagonizado diversas polémicas por sus declaraciones públicas. En 2020, durante un programa de televisión, calificó al municipio de Putla, Oaxaca, como “pueblo horroroso” y “arrabalero”, expresiones que la CNDH consideró discriminatorias y ofensivas. El Congreso de Oaxaca lo declaró persona non grata y distintos sectores lo acusaron de clasismo y racismo. También generó críticas al defender a Rosario Robles con la frase “la costumbre es robar, está bien, se vale”.
A estos episodios se suman cuestionamientos sobre algunos de sus vínculos profesionales. Castañeda formó parte del comité de asesores de Stanford Financial Group, cuyo propietario, Allen Stanford, fue condenado en Estados Unidos por un fraude multimillonario. Asimismo, documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad lo identificaron en 1980 bajo acusaciones de espionaje y actividad política. Más recientemente, investigaciones periodísticas lo han señalado por participar en estrategias de comunicación contra gobiernos de Morena y por promover publicidad relacionada con etiquetas como #narcopresidente, señalamientos que forman parte de la disputa política y mediática en el país.
María Amparo Casar
La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, enfrenta uno de los cuestionamientos jurídicos más relevantes. La FGR abrió una investigación relacionada con la pensión y otros pagos que recibió tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien trabajaba en Pemex. La acusación sostiene que ella y sus hijos habrían recibido más de 17 millones de pesos entre seguro de vida y gastos funerarios, además de una pensión que Pemex considera indebida, por lo que la empresa ha reclamado la devolución de más de 31 millones de pesos.
El caso escaló posteriormente al ámbito penal y Casar fue citada dentro de una investigación por presunto uso ilícito de atribuciones. Casar rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política, argumentando que ejerció legítimamente un derecho. Paralelamente, MCCI ha sido objeto de cuestionamientos por el origen de sus financiamientos, incluidos donativos provenientes de Estados Unidos y recursos de USAID, mientras que autoridades fiscales también han señalado presuntas irregularidades tributarias. La organización ha rechazado estos señalamientos y cuestionado la utilización de información fiscal en su contra.
Héctor Aguilar Camín
El escritor y exdirector de Nexos, Héctor Aguilar Camín, también arrastra un episodio particularmente controvertido por su relación con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con investigaciones periodísticas, entre 1989 y 1991 recibió recursos provenientes de la denominada “partida secreta” del Ramo 23, utilizada discrecionalmente durante el sexenio salinista. Los pagos habrían sido canalizados mediante organizaciones y empresas vinculadas con Nexos, incluso antes de que algunos de los trabajos contratados fueran entregados.
Los documentos dados a conocer posteriormente registraron pagos por 3 mil 424 millones 450 mil pesos viejos, realizados mediante cheques cuyos recibos fueron firmados por el propio Aguilar Camín. El escritor posteriormente ha rechazado distintas interpretaciones sobre aquella relación y en 2009 calificó como “fantasías” las versiones que lo vinculaban políticamente con Salinas. Años después también enfrentó un conflicto por un contrato de publicidad de Nexos con el IMSS que derivó en una sanción administrativa, la cual denunció como un acto de censura. A ello se suma su larga confrontación pública con figuras como Andrés Manuel López Obrador y el subcomandante Marcos, que lo convirtió en uno de los intelectuales más visibles y polémicos del debate político mexicano.
En entrevista exclusiva con Manuel Pedrero, el politólogo español advierte que las fuerzas conservadoras capturan el poder con dinero y algoritmos, pero su incapacidad para resolver crisis terminará por colapsar sus proyectos en América Latina.
Durante una entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, el reconocido politólogo Juan Carlos Monedero analizó la convulsa coyuntura política global y advirtió sobre el avance de la ultraderecha. El analista ibérico señaló que aunque estos sectores han logrado capturar el poder en varios países latinoamericanos gracias a potentes maquinarias mediáticas y económicas, carecen por completo de la capacidad para gestionar el Estado.
“Pueden ganar elecciones porque controlan circuitos tecnológicos, dinero y presiones, pero luego no pueden gobernar”, enfatizó Monedero al repasar la situación en países como Ecuador, Perú, Colombia y Argentina, donde la arrogancia y la falta de preparación operativa han provocado un rápido descontento social y protestas en las calles. A excepción de casos consolidados como México o Brasil, el resto de la región enfrenta gobernantes serviles ante los intereses internacionales que rompen instituciones a su paso.
Para el académico español, el éxito electoral de las fuerzas conservadoras radica en que las fuerzas progresistas subestimaron cómo la derecha tomó el control absoluto de los dos pilares de la democracia liberal: la esfera pública y la división de poderes. A través de la compra masiva de plataformas digitales, el uso sin control de la inteligencia artificial y la manipulación mediante granjas de bots, han logrado imponer un cerco ideológico sobre la ciudadanía.
Monedero subrayó que la estrategia central de la derecha consiste en erosionar el pensamiento crítico e inculcar una narrativa individualista de la “falta de alternativas” para destruir el sentido comunitario. Paralelamente, la izquierda tradicional enfrenta una severa crisis por su incapacidad para actualizar su discurso, conectar emocionalmente con las nuevas generaciones y ofrecer proyectos atractivos frente al despliegue disruptivo pero vacío de la extrema derecha.
Finalmente, el analista concluyó que la democracia actual requiere repensarse urgentemente más allá del formato representativo, apostando por mecanismos de participación popular real y la desarticulación del control corporativo en las redes sociales. El desafío inmediato para las fuerzas transformadoras será romper la “cárcel del pensamiento” e impulsar un nuevo periodo de formación y organización política en el territorio.
Un análisis técnico detectó que el video viralizado tras el reportaje sobre los vuelos privados de la gobernadora de Quintana Roo utiliza un escenario que aparece en al menos tres grabaciones con personajes distintos.
Por Redacción de Los Reporteros MX
Durante 17 segundos, Mara Lezama aparece sentada dentro de un supuesto jet privado, mientras consulta una tableta. Frente a ella, un joven revisa su teléfono. El video comenzó a circular el 27 de agosto, tres días después de que Reforma publicara información sobre 97 movimientos migratorios de la gobernadora de Quintana Roo en aeronaves privadas.
La escena, sin embargo, nunca ocurrió.
Un análisis realizado por este medio encontró que el mismo interior de aeronave aparece en al menos otros tres videos, pero con personajes completamente diferentes. En uno aparece una mujer con una banda de Miss Universe; en otro, un hombre barbado acompañado de una mujer rubia; y en un tercero únicamente se observan manos sosteniendo dispositivos electrónicos.
Los cuatro materiales comparten asientos, ventanillas, plafones, paneles superiores y la misma iluminación, lo que apunta a que fueron generados utilizando el mismo escenario digital.
La huella técnica apunta a inteligencia artificial
Tres de los videos tienen una resolución de 1024 × 576 píxeles, una medida poco habitual en cámaras y teléfonos de consumo. Además, funcionan a 24 cuadros por segundo, una configuración característica de numerosas herramientas de generación de video.
Dos de los clips tienen exactamente la misma duración: 5.040 segundos y 121 cuadros.
La coincidencia no se limita a las características del archivo. Este medio aplicó un análisis mediante SIFT, utilizado en visión por computadora para identificar puntos característicos entre imágenes, y posteriormente validó las correspondencias mediante RANSAC.
El resultado fue de 39 coincidencias robustas, de las cuales 28 conservaron coherencia geométrica. Las correspondencias se localizaron en elementos como los respaldos, plafones y paneles del supuesto avión.
Los resultados son consistentes con que los distintos videos muestran el mismo escenario tridimensional generado artificialmente, con personajes diferentes.
En otras palabras: el avión parece haber sido utilizado como un decorado digital para generar varias escenas.
Un diario presentó el video como aparentemente auténtico
La noche del 27 de agosto, el Periódico Zócalo publicó una nota titulada “Exhiben video de Mara Lezama y Gino Segura a bordo de un avión privado”.
El texto aseguró que especialistas en inteligencia artificial habían analizado aspectos como iluminación, reflejos, sombras, anatomía y movimiento de cámara, y que “el video aparenta ser auténtico”.
Sin embargo, la publicación no identifica a esos especialistas, no señala una institución ni explica una metodología que pueda ser replicada.
Así, un video cuya autenticidad no estaba acreditada pasó a convertirse en una pieza de información periodística respaldada por una supuesta revisión técnica cuya fuente permanece sin identificar.
Los documentos sobre los vuelos no prueban lo que muestra el video
El caso requiere separar dos asuntos.
Los registros migratorios utilizados para documentar los viajes de Mara Lezama acreditan movimientos de entrada y salida, fechas y aeronaves. No prueban qué ocurrió dentro de los aviones, ni permiten establecer por sí mismos una escena de complicidad entre la gobernadora y Gino Segura.
El video pretende llenar precisamente ese vacío.
Es decir, la evidencia documental acredita viajes; la grabación intenta fabricar una escena que esos documentos no pueden demostrar.
La polémica creció en redes sociales
El video fue retomado por distintas páginas y medios digitales. El Informante Quintana Roo lo acompañó con mensajes contra la gobernadora, mientras que Abejorromedia publicó contenido relacionado con los 97 vuelos.
También Morocoy Noticias, con presencia en Chetumal, replicó el tema.
Este medio revisó 13 portales que retomaron la historia y no encontró evidencia suficiente para afirmar la existencia de una red coordinada de sitios falsos o bots detrás de la difusión.
Siete de esos portales cuentan con algún respaldo empresarial o editorial verificable. En X tampoco se identificó un patrón claro de publicaciones automatizadas o una etiqueta creada específicamente para impulsar la historia.
Lo que sí ocurrió fue una rápida amplificación de un material cuya autenticidad no había sido demostrada.
El otro ángulo de los vuelos
La polémica surgió originalmente a partir de información sobre 97 movimientos en aeronaves privadas relacionados con Mara Lezama.
Pero existe otro elemento de mayor relevancia: una investigación publicada por POPLab y CONNECTAS señaló que 43 de esos vuelos habrían sido realizados en dos aeronaves Gulfstream G200, identificadas con las matrículas XA-PKR y XA-GLF, operadas por PABE-TAX.
La investigación relacionó a esa empresa con representantes legales vinculados con Grupo Seguritech, proveedor de sistemas de videovigilancia para el gobierno de Quintana Roo.
El costo estimado de esos vuelos ronda los 20 millones de pesos, de acuerdo con dicha investigación.
La cobertura mediática, sin embargo, se concentró principalmente en el estilo de vida y los viajes privados, mientras que el posible conflicto de interés recibió menor atención.
Gino Segura y la disputa política en Quintana Roo
El momento en que apareció el video tampoco es menor.
El 11 de agosto, una encuesta de CE Research colocó a Eugenio “Gino” Segura al frente de las preferencias rumbo a la contienda interna de Morena en Quintana Roo, con 47.3 por ciento, por encima de Ana Patricia Peralta.
Trece días después, el reportaje sobre los vuelos colocó simultáneamente bajo escrutinio a Mara Lezama y Gino Segura.
Posteriormente, un blog anónimo amplió las acusaciones hacia Ana Patricia Peralta, principal contendiente de Segura, aunque sin aportar evidencia verificable para algunas de sus afirmaciones.
Estos elementos muestran que la difusión del contenido ocurrió en medio de una disputa política por el futuro de Morena en Quintana Roo, aunque no permiten determinar quién produjo o difundió el video.
Lo que todavía no se sabe
El análisis permite establecer que los videos comparten un escenario y presentan características compatibles con material generado mediante inteligencia artificial.
Pero todavía hay preguntas sin respuesta.
No se ha podido establecer quién generó los videos, qué herramienta utilizó ni quién encargó su producción. Tampoco está acreditado quién produjo la versión que circula con las palabras “FALSO” e “IA”.
Además, los archivos analizados llegaron por WhatsApp, plataforma que puede recomprimir los videos y eliminar metadatos originales. Por ello, la ausencia de información sobre el dispositivo de origen no fue utilizada como prueba.
Tampoco se ha establecido documentalmente quién pagó los vuelos reales ni se han corroborado todas las cifras que circulan en redes sociales sobre contratos entre el gobierno de Quintana Roo y empresas relacionadas.
Un video falso no borra los hechos que sí están documentados
Los vuelos investigados por distintos medios son un asunto independiente y cuentan con registros, matrículas y documentación que deben ser revisados por separado.
El video viral, en cambio, no aporta una prueba sobre lo ocurrido dentro de la aeronave.
Es una escena sin vuelo, un escenario que aparece con distintos personajes y una pieza audiovisual cuya autenticidad fue cuestionada por un análisis técnico.
La pregunta que queda abierta no es si los viajes existieron. Los documentos disponibles apuntan a que sí.
La pregunta es otra: ¿quién decidió fabricar una escena para mostrar algo que los documentos nunca habían mostrado?
Cómo se realizó el análisis
Para este reportaje se analizaron cuatro archivos mediante ffprobe, OpenCV y scikit-image. Se revisaron resolución, tasa de cuadros, duración, número de fotogramas, estructura de compresión y etiquetas de contenedor.
Para comparar las escenas se utilizaron técnicas SIFT, el test de razón de Lowe y validación geométrica RANSAC. También se compararon las trayectorias de cámara mediante correlación cruzada normalizada.
Los valores obtenidos fueron 0.226, 0.006 y −0.026, compatibles con generaciones independientes y no con simples recortes de una misma grabación.
Los archivos originales y las láminas de comparación quedan disponibles para que otros medios, especialistas o instituciones puedan replicar el análisis.
El Gobierno federal proyecta atender a más de 42.8 millones de personas mediante pensiones, becas, capacitación laboral, apoyo al campo y servicios de salud, con recursos entregados de manera directa.
Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 un presupuesto superior a un billón de pesos, con una meta de beneficiar a 42 millones 860 mil 296 personas en todo el país. Al cierre de mayo, el Gobierno de México había ejercido 490 mil 253 millones de pesos, equivalentes al 49 por ciento de los recursos previstos para todo el año.
La estrategia concentra buena parte de sus recursos en pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, pero también incluye becas para estudiantes, capacitación para jóvenes, apoyos al campo y servicios médicos a domicilio.
El programa con mayor presupuesto es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 contempla una inversión de 526 mil 508 millones de pesos para más de 13.6 millones de personas de 65 años o más. Cada beneficiario recibe 6 mil 400 pesos bimestrales, es decir, 38 mil 400 pesos al año.
El apoyo es universal y no está condicionado a que la persona carezca de otra pensión. Para incorporarse es necesario acreditar la edad, nacionalidad mexicana y residencia en el país, además de presentar documentación como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
A este esquema se suma la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de entre 60 y 64 años. El programa entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses y para 2026 busca alcanzar a más de 3.4 millones de beneficiarias, con una inversión superior a 56 mil millones de pesos.
Uno de sus principales cambios es que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores, por lo que su apoyo aumenta a 6 mil 400 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.
Para las Personas con Discapacidad, el Gobierno federal contempla una pensión de 3 mil 300 pesos bimestrales. El programa es universal para personas de 0 a 29 años en todo el país, mientras que entre los 30 y 64 años depende de los convenios establecidos con cada entidad federativa. Al llegar a los 65 años, los beneficiarios se incorporan a la pensión para adultos mayores.
La política social también se extiende directamente al ámbito de la salud. Salud Casa por Casa lleva atención médica y de enfermería hasta los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad. Las visitas incluyen revisión de signos vitales, pruebas de glucosa y colesterol y seguimiento de enfermedades crónicas. Para 2026 se contempla además la prescripción y entrega de medicamentos básicos para padecimientos como diabetes e hipertensión.
Más de 20 mil médicos y enfermeras participan en estas visitas, que se realizan de lunes a sábado.
En materia educativa, las Becas para el Bienestar alcanzan a más de 20 millones de estudiantes. Entre ellas destaca la Beca Rita Cetina, que desde 2026 es universal para estudiantes de escuelas públicas de educación básica.
En secundaria, las familias reciben mil 900 pesos bimestrales, además de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en el mismo hogar. Para primaria se contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a uniformes y útiles escolares. El programa cuenta con un presupuesto de 122 mil millones de pesos.
Los jóvenes también forman parte de esta estrategia mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que suma 3.5 millones de participantes desde 2019. En 2026, quienes tienen entre 18 y 29 años, no estudian ni cuentan con empleo formal, pueden recibir 9 mil 582.47 pesos mensuales, además de cobertura médica del IMSS, mientras se capacitan hasta por un año en un centro de trabajo.
En el campo, Sembrando Vida contempla hasta 445 mil beneficiarios en 26 estados, quienes reciben 6 mil 450 pesos mensuales, además de semillas, plantas, herramientas e insumos para desarrollar sistemas agroforestales. El programa está dirigido a personas adultas que viven en localidades rurales y cuentan con al menos 2.5 hectáreas disponibles para el proyecto.
La estrategia no se limita a transferencias económicas. En materia de infraestructura sanitaria, el Gobierno federal contempla mil 635 obras de remodelación y construcción de unidades médicas, además de la adquisición de 3 mil 983 equipos médicos.
Con estos recursos, los Programas para el Bienestar buscan combinar transferencias directas, educación, capacitación laboral, apoyo al campo y atención médica, con una cobertura proyectada de más de 42 millones de personas durante 2026.
La periodista vinculó el crecimiento político de Javier Milei con las granjas de bots atribuidas a Fernando Cerimedo y cuestionó el impacto de estas estructuras en las campañas electorales.
La escritora y periodista Olga Wornat puso en duda la forma en que Javier Milei llegó a la Presidencia de Argentina y planteó que su triunfo pudo haber sido favorecido mediante estructuras de manipulación digital vinculadas con Fernando Cerimedo.
Durante una entrevista con Los Reporteros MX, Wornat cuestionó directamente: “¿No fue manipulada la llegada de Milei al poder?”, luego de hablar sobre las estructuras digitales que, según sus señalamientos, operaba Cerimedo durante la campaña presidencial.
La periodista relató que estas estructuras incluían granjas de bots y numerosos perfiles destinados a operar en redes sociales, con equipos separados para plataformas como X, Facebook e Instagram. A partir de ello, consideró necesario investigar cuánto del respaldo digital que mostraba Milei correspondía a usuarios reales y cuánto pudo ser producto de una operación coordinada.
Wornat también relacionó el caso con otros procesos políticos de América Latina y mencionó cuestionamientos similares sobre Chile, Perú, Bolivia y Colombia. En su opinión, el uso de redes sociales para influir en la opinión pública representa uno de los principales desafíos actuales para las democracias.
La periodista advirtió además que este tipo de estrategias podrían buscar replicarse en México, aunque no presentó pruebas de una operación concreta en el país. Por ello, llamó a mantener cautela frente a la información que circula en redes, donde, dijo, las noticias falsas y los perfiles manipulados pueden influir en la percepción de la ciudadanía.
