En el estado de Jalisco, la gestión de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC) ha puesto en evidencia una preocupante tendencia: la desmedida inversión en comunicación social y publicidad.
Más que una herramienta informativa, esta práctica se ha convertido en una plataforma para la construcción de imágenes personales y el impulso de carreras políticas, transformando a los funcionarios públicos en figuras que, por su obsesión con los reflectores, se asemejan más a estrellas de la farándula que a servidores públicos.
Los datos duros que emergen de las tesorerías municipales de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan son un claro indicio de esta anomalía.
El Caso Tlajomulco: Gerardo Quirino Velázquez Chávez y el gasto duplicado
El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, ha demostrado un particular interés en mantener una “buena prensa”, y en busca de ese objetivo no repara en gastos.
Fuentes internas de la tesorería municipal han confirmado lo que una revisión de cifras corrobora: el gasto en publicidad bajo su mandato, en el último año, se ha duplicado.
Los números hablan por sí solos.
En junio de 2024, la tesorería de Tlajomulco erogó 3 millones 424 mil 731 pesos en publicidad. Apenas un año después, en junio de 2025, esta cifra se disparó a 7 millones 136 mil 369 pesos.
Este incremento representa no solo un gasto considerable, sino un patrón de comportamiento que prioriza la proyección mediática por encima de otras necesidades urgentes de la ciudadanía.
Zapopan: Juan José Frangie Saade y la dilapidación millonaria
La situación en Zapopan, bajo la administración del alcalde emecista Juan José Frangie Saade, es aún más alarmante.
El gobierno de Frangie dilapidó la asombrosa cantidad de 65 millones 211 mil 696 pesos en Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
Lo que agrava esta cifra es la admisión de las propias autoridades contables del municipio.
Al revisar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se reconoce un subejercicio de 41 millones 348 mil 220 pesos.
Fuentes al interior del municipio de Zapopan sostienen que, detrás de este subejercicio, podría esconderse una posible malversación de fondos o, al menos, una priorización desequilibrada del presupuesto.
¿Cómo es posible que haya fondos sin utilizar en áreas vitales mientras se despilfarra en publicidad?
La experiencia de Frangie como director general del Club Deportivo Guadalajara y de Tecos F.C. parece haberle imbuido una comprensión particular sobre la “proyección de imagen”.
Su cercanía con el exgobernador emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, de quien fue jefe de gabinete en sus dos gestiones en Zapopan (2015-2018 y 2018-2020), revela que estos gastos millonarios podrían estar atizando una estrategia política donde la visibilidad mediática es un pilar fundamental.
La Prioridad: El reflector antes que la gestión
Más allá de los datos fríos, lo que estos patrones de gasto revelan es una filosofía política que valora el reflejo más que la sustancia.
Estos personajes, tanto Quirino como Frangie, comparten una búsqueda constante de los reflectores.
Su objetivo primordial es que sus rostros y nombres sean lo más visibles posible, una ambición que justifican con el derroche de recursos públicos en publicidad.
Esta obsesión por la imagen se manifiesta en diversas facetas: desde la meticulosa atención a su vestimenta y lenguaje corporal, hasta la organización de eventos con una fastuosa parafernalia.
Todo está diseñado para la “puesta en escena”, maximizando el impacto visual y mediático en busca de fotos y videos virales, o la cobertura mediática que los posicione.
No es coincidencia que los municipios que gobiernan emecistas estén saturados con su imagen y sus supuestos “logros”.
Lamentablemente, los políticos de Movimiento Ciudadano están buscando generar una lealtad basada en la familiaridad y la percepción de éxito, más que en una gestión pública eficaz y transparente.
Este “marketing político” exacerbado distorsiona la relación entre gobernantes y gobernados, convirtiéndola en una dinámica de consumidores y productos.
La cifra combinada de más de 70 millones de pesos derrochados del presupuesto público en estas actividades es un testimonio innegable de esta preocupante tendencia.
Definitivamente, estamos ante la narcisización de la política. Y Movimiento Ciudadano es el protagonista.
¡Ninfa Salinas ingresa al consejo consultivo de la Fundación IMSS!
“Hoy hay más Fundación Azteca en el IMSS y más IMSS en Fundación Azteca que nunca”, dijo, orgulloso, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y eso no es todo.
Robledo firmó convenio para la implementación de la Orquesta y Coro IMSS Esperanza Azteca, a pesar de que el dueño de Elektra adeuda 74 mmdp al SAT.
El dueño de Grupo Salinas, a través de sus orquestas, entra por la puerta grande en el IMSS y tendrán presencia en la CDMX, Nuevo León, Edomex y Coahuila.
Salinas puso 110 instrumentos destartalados y el IMSS cargará con todo el paquete y pagará la nómina de los profesores, pondrá los foros, auditorios y aulas del IMSS.
El 5 de julio de 2023 se firmó el Convenio General de Colaboración entre el IMSS y Fundación Azteca de Grupo Salinas, dentro del Teatro Cubierto San Jerónimo Independencia.
Una vez que Salinas vendió al IMSS la idea de sus coros al Instituto Mexicano del SeguroSocial, no se ofreció ni un solo concierto. Hasta 2024, el IMSS puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, con un concierto pequeño el cual decidió financiarse con parte del presupuesto del IMSS y concierto supuestos “donativos” gestionados a través de la Fundación Azteca.
El coro está integrado por 194 menores. Aunque el director de la institución, Zoé Robledo, afirma que el coro ha sido un éxito, desde su fundación, lo cierto es que solo han realizado una presentación en el foro Independencia, y lo demás ha sido negocio, nos dicen fuentes al interior de la propia fundación IMSS.
Lo extraño es que el IMSS ha anunciado que están trabajando para que el IMSS tenga otros 35 coros similares a un costo que, a pesar de las solicitudes de información que hemos pedido al IMSS, la institución aún no ha querido esclarecer.
Lo cierto es que, en años recientes, más de 1,700 millones de pesos del erario público han sido inyectados a los Coros Esperanza Azteca, y otros 10 millones de pesos han sido entregados a sus Planteles Azteca.
Estas cifras, provenientes de fondos federales y estatales, contradicen la narrativa de una iniciativa puramente privada y benéfica.
De la batuta filantrópica a la caja registradora pública
El caso de los Coros y Orquestas Esperanza Azteca es paradigmático. Su origen se remonta a una iniciativa del violinista Julio Saldaña, quien, ante la necesidad de financiación, se vio obligado a ceder los derechos de su proyecto a Salinas Pliego. Lo que inicialmente se presentó como un mecenazgo de Grupo Salinas, pronto reveló su verdadera fuente de sustento: la Secretaría de Educación Pública (SEP), CONACULTA, la Cámara de Diputados y, más recientemente, el IMSS.
La trama se complejiza con la figura de Esteban Moctezuma Barragán, exdirector de Fundación Azteca, quien posteriormente asumió el cargo de Secretario de Educación Pública. Esta transición no fue fortuita. En 2019, bajo su gestión en la SEP, los Coros Azteca fueron transferidos y renombrados como Orquestas y Coros de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM). Sin embargo, antes de esta “millonaria transición”, la Fundación Azteca, en presunto contubernio con Moctezuma, supo explotar el potencial económico de las orquestas.
Un ejemplo terriblemente elocuente es el Fideicomiso Centro de Capacitación Esperanza Azteca en Puebla, creado en 2012 mediante un acuerdo con el gobierno estatal, entonces liderado por Rafael Moreno Valle.
Aquel fideicomiso no solo canalizó recursos públicos, sino que también implicó la cesión de un inmueble de más de 5 mil hectáreas, “La Constancia Mexicana”, a favor de las Orquestas y Sinfónicas Azteca. Entre 2011 y 2018, esta red de “donaciones” y contratos gubernamentales sumó los impresionantes 1,700 millones de pesos.
El modelo pseudo educativo: planteles Azteca
Pero el negocio no se ha limitado a la música. Los Planteles Azteca representan otro flanco de esta estrategia de captación de recursos públicos bajo el disfraz de la educación.
Aunque la Fundación Azteca promociona estos planteles como impulsores del “talento del mañana”, su funcionamiento se basa en un modelo que replica costos exorbitantes y que se nutre en un 85% de los presupuestos estatales.
En 2023, la Fundación Azteca recibió más de 10 millones de pesos de la SEP para la “Implementación y desarrollo del Modelo de Intervención Plantel Azteca”.
A pesar de la supuesta filantropía, la matrícula en estos planteles tiene costos considerables para los alumnos: alrededor de $1,800 pesos de inscripción, más el costo de la mensualidad (entre $587 y 1,850 pesos), a lo que se suman derechos de la SEP y papelería, elevando el costo total de ingreso a unos 5,000 pesos.
Si bien es cierto que 12 mil alumnos han egresado, generando ingresos por matrículas de aproximadamente 60 millones de pesos, para Salinas Pliego esto parece ser insuficiente.
La última melodía: el Coro IMSS Esperanza Azteca
Con la transferencia de los coros a la SEP, Fundación Azteca no detuvo su búsqueda de nuevas avenidas de ingresos. La estrategia ahora se replica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024, se puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, financiado con parte del presupuesto del IMSS y “donativos” gestionados por la Fundación Azteca.
Aunque el director del IMSS, Zoé Robledo, lo ha calificado de “éxito”, la realidad es que el coro, integrado por 194 menores, ha tenido una única presentación pública. El verdadero interés parece residir en la venta de la idea de replicar otros 35 coros similares, con un costo aún no esclarecido.
Las solicitudes de información pública al respecto permanecen sin respuesta, lo que genera opacidad y alimenta la sospecha de un nuevo esquema de lucro.
La firma de convenios para implementar más orquestas y coros IMSS Esperanza Azteca en Monterrey, el Estado de México y Coahuila, con el IMSS asumiendo la contratación de maestros y personal de apoyo, y Fundación Azteca aportando instrumentos, metodología y dirección artística, cierra el círculo de esta “sinfonía del negocio” donde el erario público parece ser la principal partitura.
Salinas Pliego, un “maestro de la evasión fiscal”, utiliza la filantropía como una estrategia de legitimación social. Al invertir en proyectos con una alta visibilidad pública y un halo de beneficio social (coros infantiles, planteles educativos), se construye una imagen de empresario comprometido y benefactor.
Esto desvía la atención de prácticas financieras cuestionables y permite consolidar un capital simbólico que, a su vez, facilita la negociación y la obtención de beneficios del Estado. La “cultura de la donación” se convierte en un mecanismo de marketing social que oculta el flujo de recursos públicos hacia intereses privados.
El modelo de Planteles Azteca y la expansión de los coros al IMSS revelan una clara mercantilización de los derechos sociales y la educación. Lo que debería ser una provisión universal del Estado se convierte en un servicio donde, aunque se reciban fondos públicos, también se exigen cuotas a los beneficiarios.
Este “modelo pseudoeducativo” no solo genera ganancias para la fundación, sino que también crea una segmentación social en el acceso a programas educativos y culturales. La supuesta “inversión social” se transforma en un negocio parasitario que extrae valor del presupuesto público y de las familias, en lugar de complementarlo o potenciarlo de manera genuina.
Ricardo Salinas Pliego ha transformado la filantropía en una lucrativa herramienta para la extracción de recursos públicos.
Los más de 1,700 millones de pesos canalizados a sus coros no son un acto de generosidad, sino una factura pagada por todos los mexicanos.
Lo suyo no es filantropía; es un esquema ingenioso para parasitar el presupuesto del Estado.
El IMSS, institución de salud pública, ahora desvía fondos vitales para financiar los “coros” de un magnate.
Cubana revela el terror que padecen migrantes en cárcel de Trump.
El sueño americano se ha transformado en una pesadilla de detención y deportación bajo el yugo de una política antimigrante.
LA ODISEA DE SAILY
La historia de Saily Vázquez, migrante cubana, es una crónica desgarradora, entre las miles de travesías desesperadas que cruzan las fronteras en busca de un mejor futuro.
Lo que inició el 23 de septiembre de 2023 como un viaje de 10 meses desde Cuba con la esperanza de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, terminó transformándose en una lucha por la supervivencia ante las durísimas políticas migratorias de Estados Unidos.
Con solo 800 dólares y una mochila, Saily se embarcó en una odisea que la llevó a atravesar Centroamérica y México, pagando a “coyotes” y enfrentando una constante zozobra.
Ahora, en Miami, su destino pende de un hilo, sujeto a la voluntad del gobierno de Donald Trump, un presidente abiertamente antimigrante.
LA TRAVESÍA: UN LABERINTO DE RIESGOS Y PAGOS
Saily y su esposo salieron de Cuba en avión hacia República Dominicana, para luego volar a Nicaragua, donde un “coyote” los esperaba.
La ruta, que fue una combinación de caminatas extenuantes y autobuses que operan de forma irregular, los llevó por Honduras y Guatemala, pagando sobornos en cada frontera.
“Nos llevaron en autobús por unas montañas que yo no había visto en mi vida”, relata a ReporterosMx Saily con la voz quebrada por el miedo y el cansancio.
Ya en México, en Tapachula, Chiapas, la pareja se encontró con otra dura realidad: para llegar a la Ciudad de México, donde esperaban aplicar al programa CBP One, debían desembolsar mil 200 dólares por persona.
Como no contaban con ese dinero, decidieron arriesgarse y continuar su camino vía terrestre.
Sin embargo, el viaje de 18 horas hasta la capital mexicana se convirtió en una auténtica pesadilla. Saily nos asegura que tuvieron que pasar por 32 retenes policiales.
Y en cada uno de ellos, la extorsión era la norma. Les exigían, de acuerdo con Saily, entre 100 y 200 pesos para evitar que los bajaran del autobús.
“Si no pagabas, te bajaban del autobús a mitad de carretera”, recuerda Saily. La mujer de origen cubano estima que, en ese trayecto, gastaron más de “dos mil pesos por cada uno” en sobornos.
Al llegar a la Ciudad de México, la pareja fue trasladada a una casa en Chalco, en el Estado de México, donde permanecieron encerrados durante tres meses junto a otras 30 personas, y donde, además, estuvieron obligadas a pagar un alquiler de 4 mil pesos mensuales cada uno.
Desde luego, la incertidumbre y el miedo los siguió a todas partes como una sombra siniestra.
No obstante, y a pesar de haber padecido experiencias durísimas, incluyendo la detención de Saily en un Centro de Detención en Texas, la mujer se niega a renunciar a su sueño, al que le ha apostado su vida y, hasta el momento, más de 10 mil dólares.
EL SUEÑO AMERICANO EN LA CUERDA FLOJA
En julio de 2024, Saily finalmente consiguió una cita para presentarse en la garita de Ciudad Juárez.
Cruzó el puente internacional pagando solo cinco pesos mexicanos. Acto continuo fue entregada a la policía estadounidense, sin imaginar el calvario que le esperaba.
Fue llevada a un campamento, luego a una “mazmorra” y, finalmente, a un centro de detención en Texas, donde pasó 40 días incomunicada.
Sus familiares y un abogado de migración lograron su libertad provisional, enviándola a Miami con un brazalete de monitoreo.
Desde finales de 2024, Saily ha vivido con un brazalete electrónico, esperando la indulgencia de la ley estadounidense.
Sin embargo, el panorama se ha oscurecido con la reelección de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.
El programa CBP One, bajo el cual Saily y otros 919 mil migrantes lograron cruzar a Estados Unidos, fue abolido por orden ejecutiva de Trump a finales de enero de 2025.
Desde entonces, cientos de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, centroamericanos, cubanos y mexicanos, han sido repatriados a sus países de origen o recluidos en centros de detención.
El próximo 13 de agosto, Saily debe comparecer ante las autoridades migratorias para solicitar su residencia, una posibilidad remota a menos que pueda demostrar que su vida corre peligro en Cuba, algo que, si bien es cierto para gran parte de la población cubana (cerca del 90% vive por debajo del umbral de pobreza), no es una realidad exclusiva de Saily ni una justificación fácilmente aceptada por las autoridades migratorias.
Saily no sabe si será deportada nuevamente a Cuba. Pero de lo que sí está segura es que, si eso ocurre, “volverá a intentarlo en algunos años”.
La detención de Saily en Texas y el uso del brazalete de monitoreo son tácticas que buscan ejercer control absoluto sobre los cuerpos de los migrantes, despojándolos de su libertad y dignidad.
Estas acciones no solo ignoran las causas estructurales de la migración, sino que exacerban el sufrimiento humano, empujando a los migrantes a rutas más peligrosas y a caer aún más en manos de la criminalidad organizada.
Sin duda, la historia de Saily es un llamado urgente a rehumanizar el debate migratorio y a que los gobiernos busquen y ofrezcan soluciones que aborden las raíces de la migración y la desigualdad global.
¡140 mil pesos derrocha, en 15 días, Jorge Álvarez Máynez en pauta digital!
¡Y no paga él, sino Movimiento Ciudadano!
¡Y lo hace a través de una compañía catalogada como “empresa fantasma”!
¡Apenas el año pasado esta empresa recibió más de 50 mdp de parte de MC y sus gobiernos!
Lamentablemente, la opacidad en el manejo de recursos públicos y partidistas sigue infectando a la democracia mexicana.
A través de un reportaje especial de Los ReporterosMx, pudimos develar la relación que el político emecista Jorge Álvarez Máynez Máynez mantiene con una controvertida empresa llamada Nauka Comunicación Estratégica S de RL de CV.
Le cuento la historia, con Datos duros:
A Jorge Álvarez Máynez, desde hace tiempo, le gusta mucho publicitar su imagen en redes sociales.
En lo que va de este mes, de acuerdo con la Biblioteca de anuncios de la red social Facebook, el integrante de Movimiento Ciudadano (MC) ha publicado cerca de una veintena de anuncios en su página.
El Identificador de la biblioteca de Facebook informa que Jorge Álvarez Máynez ha contratado, en 15 días, 17 anuncios, por los cuales ha pagado 140 mil 599 pesos.
Lo curioso es que el político de origen zacatecano no ha gastado ni un solo centavo de su bolsa.
Y es que todos los contenidos pautados, de acuerdo con los datos de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger Live y Threads, es pagada por el partido Movimiento Ciudadano.
En la información que comparte Meta se puede observar que el propio Máynez es el responsable de su página de Facebook, pero, en la administración, es auxiliado por un equipo de 35 personas (34 se encuentran en México y una en Canadá).
¡140 mil pesos derrochados en 15 días para promover la imagen de un político es una barbaridad!
Cabe mencionar que, para ganar 140 mil pesos en México, una persona necesitaría aproximadamente 17 salarios mínimos mensuales, tomando en cuenta que el salario mínimo en 2025 es de 8 mil 364 pesos mensuales.
No obstante, el verdadero epicentro de la controversia en este caso es la empresa Nauka Comunicación Estratégica S de RL de CV.
Y es que esta compañía, que administra la página de Facebook de Máynez, en 2022 fue señalada por el INE como “posible empresa fantasma”.
En aquel entonces, el INE sostuvo que MC habría comprometido un millón 100 mil pesos a través de seis contratos para supuestas pautas publicitarias a favor de diversos candidatos.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), en ese momento, aseguró que “al proveedor Nauka, Comunicación Estratégica S de R.L. de C.V., no fue posible localizarlo y en el domicilio fiscal que refirió, se identificó un inmueble desocupado desde hace aproximadamente un mes, que parece ser un restaurante o cafetería”.
Sin embargo, esta alerta temprana del INE fue ignorada por el partido naranja.
Lejos de terminar la relación con Nauka, MC decidió extenderla y profundizarla.
El resultado fue que ambos volvieron a incurrir en anomalías.
En 2024, el Consejo General del INE detectó un contrato de 2 millones 16 mil 120 pesos entre Nauka y Salomón Chertorivski Woldenberg, precandidato único de MC a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por “servicios para pautas”.
La falta de documentación por parte de Chertorivski, sobrino de José Woldenberg, expresidente del extinto IFE, derivó en una multa de 7 mil 261 pesos para MC.
Una sanción menor que, a juzgar por los posteriores movimientos financieros, no disuadió al partido naranja de continuar y estrechar su relación con Nauka.
Los montos desembolsados a Nauka son, cuando menos, asombrosos.
En marzo del año pasado, por ejemplo, Nauka recibió 43 millones 239 mil pesos por “servicio de pauta publicitaria en plataformas” y “servicios de administración de pauta y en comunicación”.
Y dos meses después, en mayo de 2024, MC pagó otros 3 millones de pesos a la misma empresa.
Y para cerrar el semestre con broche de oro, el 1 de julio del año pasado, MC celebró otro contrato por 741 mil 240 pesos más.
Pero la injerencia de esta empresa, catalogada como “fantasma”, no se limita al ámbito partidista.
Esta compañía se les ha arreglado para obtener jugosísimos contratos con gobiernos emanados de MC.
En enero de 2024, Nauka Comunicación Estratégica, S. DE R.L., representada por un personaje llamado Arturo Álvarez Amaral, recibió del Municipio de Zapopan (gobernado por el emecista Juan José Frangie) 3 millones 420 mil pesos por “servicios publicitarios”.
Estamos hablando de que, en el primer semestre de 2024, la empresa que maneja las pautas publicitarias de Jorge Álvarez Máynez en Facebook e Instagram ha obtenido más de 50 millones de pesos de parte de Movimiento Ciudadano.
Ahora bien, la extensión de los contratos de Nauka a gobiernos municipales afines a MC revela un anómalo patrón de reciprocidad y consolidación de redes de poder.
Y es que estos contratos millonarios no solo levantan banderas rojas sobre posibles conflictos de interés, sino que también revelan cómo el poder político en manos de los emecistas ha entretejido una red de proveedores favorecidos.
La persistencia de MC en contratar a una empresa señalada por el INE como “fantasma”, además de los montos estratosféricos dilapidados por en pautas digitales y servicios publicitarios, y la extensión de estos contratos a gobiernos municipales controlados por el partido, develan un patrón preocupante.
La etiqueta de “fantasma” sugiere que la empresa podría carecer de la infraestructura, personal o actividades reales para justificar los servicios por los que es contratada, abriendo la puerta a la simulación de operaciones y el desvío de recursos.
Y eso, sin duda, lo tienen que aclarar Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano.
¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas.
Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero.
La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto perfil empresarial y gubernamental.
En el centro de esta oscura maraña se encuentran la empresa Adamantium Security, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, y los exzares de la seguridad pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Y lo que a primera vista parecen transacciones financieras legítimas, se han revelado como un sofisticado esquema de lavado de dinero que desvió millones de pesos de las arcas públicas hacia los bolsillos de estos funcionarios.
A través de un reportaje exclusivo para ReporterosMx, profundizamos en los mecanismos, actores e implicaciones de esta vasta y turbia operación.
Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, participó en la red de corrupción y lavado de dinero orquestada por Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, la empresa de Salinas Pliego habría concedido dos préstamos, uno por 10 mdp y el otro por 9 mdp, a la empresa Adamantium Private Security S. de R.L de C.V, dirigida por Luis Cárdenas Palomino, y que, curiosamente también figura como una subsidiaria de Grupo Salinas.
Pero Arrendadora Internacional Azteca no habría sido la única en prestar sus servicios financieros para la red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna.
A través de Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V, las subsidiarias de Grupo Salinas realizaron depósitos a Adamatium Private Services y a la propia cuenta en Banco Azteca de Cárdenas Palomino.
Así lo revela, con datos duros, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en 2023, desentrañó la participación de al menos una decena de empresas fachada que sirvieron de “lavandería” para Luna y Palomino.
Le cuento más detalles:
Entre 2013 y 2019, Cárdenas Palomino y García Luna, quienes otrora se habían encumbrado como zares de la seguridad pública en México, recibieron millones de pesos por contratos, que nunca fueron esclarecidos tanto de la Secretaría de Gobernación (Segob) como de la Tesorería de la Federación y del Gobierno del entonces Distrito Federal.
Dichos recursos eran filtrados a través de una red de empresas que, eventualmente, se encargaban de hacerle llegar el dinero tanto a Cárdenas Palomino como a Genaro García Luna y a sus familiares.
Una de las empresas resultó ser NUNVAV IN, con sede en Panamá y operaciones en México.
Una empresa medular para la trama de lavado.
NUNVAV IN era la encargada de distribuir millones de pesos a otras empresas dedicadas a la publicidad, la seguridad privada, la construcción, la consultoría e incluso la tecnología.
Sin embargo, la compleja red de empresas servía para que dos personajes ultrainfluyentes en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, llenaran sus carteras, sus bolsillos y sus cuentas bancarias a manos llenas.
Azteca da préstamos a Palomino
De acuerdo con la UIF, en 2019 Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V SA prestó un total de 19 millones de pesos a Andamantium Private Services, empresa de seguridad privada dirigida por Cárdenas Palomino y que, curiosamente, en lo legal, es propiedad del autonombrado “Tío Richie”.
Nada extraño, para una empresa que iniciaba operaciones si no fuese porque la Arrendadora de Salinas Pliego se dedica, como bien lo explica su nombre, a la renta de equipo de cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes inmuebles.
Recordemos que Arrendadora Internacional es una subsidiaria al 99.83% de CASA, una empresa dirigida precisamente por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
A su vez, Adamantium Private Security Services figura como una empresa del Grupo Salina dedicada a la seguridad privada, pero dirigida por Cárdenas Palomino.
Y esta información es indispensable para entender lo que sucedería después.
Entre 2017 y 2019, aquella empresa de seguridad se benefició de innumerables contratos federales, algunos por adjudicación directa y otros por licitación.
Durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Adamantium recibió 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.
La empresa, según consta en los registros federales, prestó servicios al Gobierno de Puebla, del entonces Distrito Federal y de la propia corporación federal que dirigía Palomino, a la cual brindaba equipo de rastreo y seguridad.
Adamantium Private Security Services también recibió recursos procedentes de NUNVAV desde Estados Unidos.
El beneficiario final de 4.1 millones de pesos fue Cárdenas Palomino, el brazo derecho del hoy convicto Genaro García Luna.
Ese mismo año, 2019, Adamantium realizó un depósito de 6.2 millones de pesos a MIGALAB Construcciones, al mismo tiempo Nueva Elektra del Milenio realizó otro depósito por 3.2 millones de pesos.
Y las cosas no pararon ahí.
A su vez, MIGALAB pasó los recursos por otras dos empresas que iniciaron operaciones manejando altos volúmenes de dinero como Diseño y Publicidad Gonther, Adamantium Private Security Services o Esfaga SC.
Pero las cosas tampoco se detuvieron en esa parte.
Además de participar en el esquema de corrupción que en última instancia benefició a García Luna y Cárdenas Palomino, la arrendadora de Salinas Pliego tuvo una sospechosa participación en el caso Fertinal, una trama mediante la cual Pemex adquirió Grupo Fertinal con posible sobrepecio.
La empresa fue vendida a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluyendo deuda, precio que se infló en casi 200 millones de dólares.
La compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, resultando extremadamente costosa para Pemex.
Lo que más llama la atención es que, desde su aparición en escena, en 2005, la Arrendadora de Salinas Pliego ha funcionado más como un banco, que como una empresa que alquila computadoras.
Palomino llegó a la Policía a robar
El ascenso de Luis Palomino inició en 1989 cuando ingresó al CISEN, dos años después en 1993, dirigió el primer operativo del Centro Nacional de Control de Drogas. Para 2001, cuando ingresó a la AFI, el brazo derecho de García Luna ya había tejido una poderosa red de amigos y distribuidores.
Tras su salto a la “fama” con el caso de FlorenceCassez en 2005, Palomino asumió la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.
Palomino operaba desde sus oficinas centrales de la extinta Policía Federal, ubicadas en el denominado “búnker de Iztapalapa”.
Desde ahí “El Oaxaco”, como apodaban a Palomino sus propios colaboradores, debido a su actitud déspota y racista, recibía informes sobre cada punto aeroportuario y retén, donde se hubiese decomisado droga.
El objetivo, por supuesto, no era la lucha contra el crimen organizado, sino la batalla por el trasiego.
Un expolicía federal que operó en 2012 en las instalaciones del AICM, pero que por temor a represalias prefiere no ser identificado, recuerda para ReporterosMx el momento en que Palomino ordenó aniquilar a tres agentes, que traficaban droga de un cártel rival el 25 de junio de 2012.
“Palomino sabía que agentes federales traficaban droga sin su autorización, así que mandó a tres policías de inteligencia a eliminarlos. Ante el Ministerio Público, la versión oficial fue que investigaban a tres agentes por corrupción y vínculos con el narco, pero al interior del aeropuerto, todos sabíamos que había sido El Jefe”, contó.
El expolicía admite no contar con documentos probatorios porque Palomino, además de ser un sujeto déspota, era en extremo cuidadoso.
“No hablaba con nadie, llegaba de sorpresa, cuando nos presentábamos a rendirle, nos ignoraba pasaba de largo y se subía a su auto”, asegura.
Pero entre los pasillos todos sabíamos que “era un wey al que le gustaba la lana, y que era muy amigo del Cártel de Sinaloa. Él decidía quien pasaba por el aeropuerto. Nosotros debíamos entregar un reporte detallado de todos los incidentes relacionados con cargamentos de droga y especificar cuánto y a quiénse le decomisaba. Él delegaba encargados y ya ellos decían este sí, este no pasa”
“Palomino llegó a la Policía Federal a robar, desde ahí empezó la decadencia de la corporación. Con él y con García Luna. Hubo muchos mandos de la PF que lo permitieron y que los apoyaron porque los deslumbró el dinero que recibían, pero nunca les interesó la seguridad ni el trabajo como policías”, narró para ReporterosMx.
Sin embargo, la fama le duró poco Cárdenas Palomino, el socio de García Luna, quien desde 2021 se encuentra preso en el Penal del Altiplano en espera de ser juzgado por su participación en el operativo Rápido y Furioso, la cual sirvió para, presuntamente, comerciar armas procedentes de Estados Unidos.
La CDMX se ahoga en la frustración debido a que las calles y avenidas se han convertido en auténticos ríos y hogares inundados. Pero esto no es un problema causado por el calentamiento global ni la naturaleza.
Una investigación exclusiva de Los ReporterosMX detectó que, detrás de estas inundaciones, se esconde un patrón de despilfarro, opacidad e ineficiencia.
SEGIAGUA gasta 1,000 mdp al mes; pero CDMX padece drenajes tapados, inundaciones y falta de agua
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), antes SACMEX, eroga más mil millones de pesos, sin embargo, las obras de drenaje, desazolve y distribución del agua quedan incompletas o inexistentes
De acuerdo con expertos de la UNAM, la Ciudad de México es una de las zonas urbanas más inundables del país. Principalmente porque tiene una planeación hidráulica deficiente que ya no coincide con el ritmo al que crece su población.
Un problema que se ve agravado por la crisis climática y las llamadas ondas de calor.
Sin embargo, desde 2003 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), actualmente SEGIAGUA, presume haber realizado programas de desazolve en los que ha gastado miles de millones de pesos y cuyos resultados, hasta el día de hoy, son poco palpables para los habitantes.
Lo mismo ocurre en el caso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Año tras año, se destina una sustanciosa cantidad de la partida presupuestaria a planes de desarrollo, renovación de infraestructura y desazolve, los cuales en temporada de lluvias parecen no tener ningún resultado positivo.
Tan sólo para este 2025, de acuerdo con el presupuesto anual de la Secretaría de Hacienda para el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales había un presupuesto anual de 44 mil 370 millones de pesos. Tres quintas partes de dichos recursos, según lo acordado, recaerían en la Comisión Nacional del Agua.
De dichos recursos erogados en el Presupuesto, se estima que unos 30 mil 885 millones de pesos se destinarían a 37 proyectos hídricos y otros 122 mil 600 millones para 27 proyectos de infraestructura hídrica en distintas zonas del país, en el periodo 2025-2030.
Sin embargo, los resultados de dichas inversiones no son palpables para los habitantes de la Ciudad de México.
Año con año, con la llegada de la temporada de lluvias también aparece el temor a perderlo todo. Autos, trabajos y sus hasta viviendas de estas inundaciones.
Este 2025, por ejemplo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, antes Sacmex, tiene un presupuesto asignado de 15 mil millones de pesos.
Este año, por ejemplo, el presupuesto anual de la Secretaría de Hacienda destinó, para el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 44 mil 370 millones de pesos. Y se especificó que tres quintas partes de dichos recursos recaerían en la Comisión Nacional del Agua.
Y eso no sería todo.
De dichos recursos, se estima que 30 mil 885 millones de pesos se destinarían a 37 proyectos hídricos y otros 122 mil 600 millones para 27 proyectos de infraestructura hídrica en distintas zonas del país. Todo ello de aquí al 2030.
Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos proyectos se ha visto materializado.
Pese a que, en los últimos cinco meses, el organismo desconcentrado ha ejercido una partida presupuestaria, en promedio de mil millones de pesos por mes, las obras no han comenzado y otras más han quedado a medias.
Por ejemplo, es el de una obra inconclusa en la colonia María G. de García Ruiz, en la alcandía Álvaro Obregón, que el 25 de abril terminó en una megafuga.
Además de eso, la SEGIAGUA ha sido blanco de críticas por la puesta en marcha de su Operativo Tlaloque, el cual inició 15 días después de que se registraran las primeras lluvias y encharcamientos en la capital.
Los reportes y denuncias ciudadanas por drenaje obstruido, fugas y falta de agua crecen. Tan entre 2022 y 2024, la SEGIAGUA recibió un total de 313 mil 757 denuncias ciudadanas, que dan cuenta de las omisiones del organismo.
Pero la SEGIAGUA, no es la única que está bajo el escrutinio público sino también la CONAGUA.
De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, la Comisión Nacional del Agua tuvo ingresos que no pudo comprobar durante 2024. Específicamente de los contratos 023-B04-B04-RM-02-RF-LP-A-OR-0001, 2023-B04-B04-RM-26-RF-LP-A-OR-0010 y 2024-B04-B04-RM-26-RF-AD-A-OR-0002, asociados a la construcción de la Presa Yaqui, en Sonora.
La auditoría demostró que la CONAGUA recibió 10 mil 947millones 824 pesos que no pudo aclarar.
Sin embargo, la comisión dirigida por Efraín Morales López, se ha quejado de que su presupuesto se redujo desde que inició la era de la 4T.
Mientras la CONAGUA asegura que el presupuesto federal que le asignan para rehabilitación y mantenimiento de las fuentes hídricas del país, son pocos, esta se dedica a generar ingresos que no puede aclarar.
Recursos limitados para el desazolve
En la Ciudad de México, se invirtieron cerca de mil 570 millones de peso en acciones de desazolve y fortalecimiento del sistema de drenaje, además de 500 millones en adquisición de maquinaria pesada.
Pero de acuerdo con lo dado a conocer por el Gobierno de la CDMX, el equipo Tlaloque sólo tiene un grupo de 150 trabajadores para toda la capital y 15 nuevos vactors. Equipo insuficiente para una metrópoli congestionada y susceptible a las inundaciones.
Finalmente, las preguntas quedan al aire ¿Cómo se gastan realmente los recursos? ¿Por qué los proyectos hídricos quedan a medias si el presupuesto de la SEGIAGUA es bastante generoso?
Hasta el cierre de esta edición, la unidad de Transparencia del organismo no había respondido a nuestra querella acerca de cómo se distirbuyen los recursos mes a mes.
Gigantes empresariales dejan de pie a sus trabajadores a pesar de la “Ley Silla”.
La salud de miles de empleados es sacrificada en el altar de la “imagen profesional” y la avaricia de las grandes cadenas comerciales.
Las multas son un costo menor para empresas que, en el último de los casos, prefieren pagar estas sanciones económicas antes que dignificar a sus empleados.
A poco más de una semana de haber entrado en vigor, la “Ley Silla”, esta legislación está enfrentando un auténtico muro de resistencia por parte de grandes corporativos y la cúpula empresarial.
Cabe destacar que esta disposición busca dignificar las condiciones laborales garantizando el derecho de trabajadoras y trabajadores a que, cada determinado tiempo, gocen de un merecido descanso, sentados.
Lo que se vislumbraba como un paso disruptor en la cultura laboral mexicana, se ha convertido, en la práctica, en una aplicación a medias o, francamente, inexistente.
Recorridos por pasillos de cadenas departamentales como Walmart, Coppel, Elektra y El Palacio de Hierro nos revelan una estampa desoladora: empleados que superan las ocho horas diarias de jornada continúan trabajando de pie.
Las sillas ergonómicas, que la ley ya obliga a proporcionar, brillan por su ausencia o, en el mejor de los casos, son meros adornos para simular un cumplimiento que dista mucho de la realidad.
La llamada “Ley Silla”, impulsada por los senadores Ricardo Monreal y Patricia Mercado, de los partidos MORENA y Movimiento Ciudadano, respectivamente, establece descansos mínimos de cinco minutos por cada hora laborada y obliga a empresas del sector privado –incluyendo farmacias, supermercados, restaurantes y tiendas de conveniencia– a ofrecer sillas con respaldo, especialmente para jornadas mayores a seis horas.
Sin embargo, la intención de acatar la norma parece ser exigua. Algunas empresas han llegado, incluso, al extremo de prohibir el uso de celulares durante los escasos “descansos” o de restringir que los empleados tomen asiento para “cuidar la imagen profesional” ante los clientes, lo cual revela una desconexión total con el espíritu de la ley.
Aunque esta ley establece un plazo de 180 días naturales para su total implementación, la falta de voluntad es palpable.
Empresas como El Palacio de Hierro, de Alejandro Baillères (Grupo BAL), o Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, operan bajo el arcaico precepto de “a más horas, mejor trabajo”, donde, lamentablemente, los descansos son vistos como concesiones o consentimientos inadmisibles.
Lizbeth Villegas León, médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nos asegura que permanecer de pie de manera excesiva, puede provocar múltiples dolencias, como problemas en la columna vertebral, caderas, rodillas y pies. La especialista en medicina familiar nos asegura que “es indignante que las grandes empresas abusen de su autoridad para que sus empleados trabajen en bipedestación prolongada, que es permanece de pie por más de ocho horas”.
Pero “la Ley silla no está en contra de los empresarios. Está en contra de la ignorancia, de la inconciencia y de la falta de empatía de las áreas de recursos humanos, salud laboral y finanzas”
nos asegura la psicóloga y consultora Josefa Galván. La Ley silla, de acuerdo con esta explicación, sería “un símbolo de justicia, de dignidad y de cuidado de la gente”. Galván, quien también es coach y empresaria, explica que la gente es el recurso principal de las empresas”. Y subraya: “Si no hay gente, no hay empresa”.
En lo que parece ser una estrategia para sortear las multas –que oscilan entre 250 y 2 mil 500 UMAs–, algunas marcas de lujo, como Pandora, han implementado medidas pírricas: boletines internos especificando descansos de 10 minutos cada dos horas y la “concesión” de tapetes masajeadores de pies.
Además, la práctica de colocar una sola silla para plantillas de tres a diez trabajadores es una burla a la normativa.
Farmacia Guadalajara, que forma parte del Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., difundió un comunicado interno entre sus empleados donde asegura, con total indolencia, que por ahora no dará sillas a sus trabajadores y esperará hasta el 15 de diciembre para cumplir con lo que exige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Pero la resistencia no es solo empresarial; miembros del Consejo Coordinador Empresarial y de la CONCANACO Servytur se han pronunciado en contra de la “Ley Silla”, evidenciando una postura que prioriza la rentabilidad sobre la salud y el bienestar de los trabajadores.
Mientras la PROFEDET y la Secretaría del Trabajo prometen vigilar el cumplimiento, la realidad es que miles de trabajadores están expuestos a problemas musculoesqueléticos y circulatorios.
Molay Maza Ontiveros, especialista en temas históricos y sociológicos, nos explica que hay una “falta de respeto de las empresas nacionales y extranjeras a la legislación y a la Ley Silla”, porque “el capital está acostumbrado, históricamente, a subordinar a los trabajadores, y a su fuerza de trabajo, a sus ganancias, a sus intereses y a maximizar la explotación”.
Lo cierto es que, hasta el momento, la “Ley Silla”, diseñada para proteger la salud laboral, se encuentra en un limbo, atrapada entre la necesidad de los trabajadores y la inercia de un modelo empresarial anacrónico que sigue concibiendo el control y la supervisión directa como sinónimos de producción, a costa del cuerpo y la dignidad de sus empleados.
Es importante destacar que la existencia de “sillas de adorno” o la provisión de una única silla para múltiples trabajadores (3 a 10) demuestra una táctica de simulación para evadir la ley sin una verdadera intención de cumplirla.
Por si fuera poco, la prohibición del uso de celulares durante el breve “descanso” y la exigencia de que las sillas no sean visibles a los clientes para “cuidar la imagen profesional” son indicativos de una mentalidad que prioriza la apariencia y el control sobre el bienestar de los empleados.
La idea de que “el control y la supervisión directa se traducen en producción” denota una cultura empresarial de enorme desconfianza hacia el trabajador.
El derecho a sentarse, o incluso a trabajar de forma remota, es percibido entre muchas empresas como una pérdida de control por parte de los empleadores.
Sociológicamente, esto puede interpretarse como un mecanismo para mantener la jerarquía y el poder, donde el cuerpo del trabajador es un recurso a ser gestionado y no un sujeto con derechos y necesidades.
En el fondo, no es una silla lo que los grandes corporativos están negando, es el reconocimiento de un ser humano con derechos y necesidades.
¡Javier Laynez quiere regalar perdón fiscal a Movistar a costa del pueblo!
El ministro Javier Laynez Potisek pretende promover una controversia para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)no le cobre más de 4 mil millones de pesos en impuestos, que datan de 2015, a la empresaPegaso PCS, S.A. de C.V., fundada por Alejandro Burillo Azcárraga, y que actualmente opera en México bajo el nombre comercial de Movistar.
La actual estirpe de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya está mirando el reloj para despedirse del máximo tribunal de México, está a poco más de dos meses de terminar su mandato.
Sin embargo, antes de irse algunos juzgadores han decidido resolver, de “último momento” y a puerta cerrada, una serie de controversias fiscales.
Cabe señalar que estos casos, en mayor o menor medida, benefician a una cúpula empresarial que tuvo sus mejores épocas en el llamado periodo neoliberal.
Y una de estas controversias es precisamente la propuesta por la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek –tristemente famoso y recordado por su fallo contra la Reforma Electoral y por ocupar puestos cercanos al poder– para absolver a la empresa Movistar del pago de impuestos.
La propuesta de Laynez Potisek beneficia directamente a Pegaso PCS S.A de C.V ya que pretende exonerarla de un pago de impuestos que data de 2014 y asciende a 4 mil 442 millones de pesos.
El tema habría pasado inadvertido si no hubiera sido porque la ministra LeniaBatrés Guadarrama alzó la voz y se negó a formar el quórum necesario para la votación y resolución de la controversia, dado el daño al erario que esa deuda representa.
Tras su negativa para formar quórum, Batrés pidió que el tema fuese debatido de manera pública, algo que, hasta el momento, no ha tenido respuesta.
Negocios turbios y lazos incómodos:
Ahora bien, más allá del impacto fiscal que esta decisión podría tener, la controversia saca a la luz la cercana relación entre el ministro Laynez Potisek, quien fue consejero jurídico durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de la compañía Pegaso PCS S.A. de C.V.
Burillo, que ha sido catalogado como el primo incómodo de Emilio Azcárraga Milmo, desapareció de la escena pública en 1998 tras vender sus acciones en Televisa. Sin embargo, su empresa, Pegaso PCS, siguió operando como proveedora de servicios de telefonía hasta 2002, cuando fue adquirida por Telefónica Movistar, aunque ha seguido trabajando bajo este último nombre comercial.
Movistar, legalmente Pegaso PCS S.A. de C.V., actualmente es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México, solo superada en ese terreno por Telcel y AT&T.
Desde entonces, Movistar ha amasado una fortuna a través de cientos de contratos millonarios.
En 2024, por ejemplo, la empresa facturó 26 mil 590 millones de pesos, lo que representa el 4.3% de los ingresos globales de Telefónica.
No obstante, a pesar de estas jugosas ganancias, la multinacional ha intentado evadir el pago de impuestos en nuestro país.
De hecho, entre 2017 y 2019, Pegaso interpuso tres amparos ante la SCJN buscando condonaciones fiscales, bajo el falaz argumento de que otras empresas pagaban menos.
En 2017, cinco ministros, incluido Laynez, votaron a favor de amparos para empresas como Bestcable (Totalplay), Televisión Azteca y Pegaso PCS.
Esta acción logró blindar a dichas empresas para no pagar impuestos conforme al principio de Proporcionalidad Tributaria, que establece que los gravámenes deben tasarse de acuerdo con la capacidad económica.
La empresa, a través de una serie de ardides legales, argumentó una supuesta vulneración de sus derechos de igualdad, amparándose en los artículos 1°, 6°, 14, 16 y 28 de la Constitución.
Lamentablemente, la recurrente búsqueda de artificios legaloides para evadir impuestos por parte de Movistar ha encontrado respaldo en el ala más conservadora de la SCJN, con el ministro Laynez a la cabeza y Norma Piña y sus aliados cuidándole la espalda.
La última propuesta, el recurso de reclamación 158/25, elaborado por el propio Laynez, es un claro ejemplo de estas prácticas.
La empresa, pretendiendo esgrimir un argumento contundente, arguyó que sus ingresos de 2014 aumentaron por una fusión con una firma extranjera, buscando que Hacienda no cobrara impuestos a una empresa con sede fuera de México, aunque, paradójicamente, la compañía estuviera prestando servicios en el país.
Prácticas de viejo dinosaurio:
Aunque para algunos ministros debatir temas fiscales a puerta cerrada es un procedimiento común y que, argumentan, obedece a la Ley Fiscal, hay voces críticas que sostienen que este es el momento oportuno para que algunos ministros “salden favores”.
Tocado este punto, hay una pregunta que se impone: ¿El ministro Laynez estará queriendo saldar favores antes de irse? En la pregunta podría estar oculta la respuesta. Pero, de ser así, entonces no se trata de un tema de justicia, sino de un negocio millonario. Y estos artificios legales serían entonces un saqueo legalizado.
No obstante, hay algo más que llama poderosamente la atención: el sexenio pasado, Movistar logró que la Secretaría de Economía y la PROFECO, de la mano de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, le renovara la concesión a PEGASO PCS, S.A. de C.V. para los Servicios Móviles bajo la modalidad de Prepago, hasta el 6 de junio de 2048. Es decir: ¡durante los próximos 24 años!
¿Tendrán algo qué decir Raquel Buenrostro y Jorge Nuño Lara, quienes entonces eran secretaria de Economía y de Comunicación, respectivamente?
La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México firmó contratos millonarios para impresión de libros que, presuntamente, no existen y propaganda que no está registrada en el sitio digital oficial del partido albiazul. Además, vecinos de la alcaldía Benito Juárez acusaron al dirigente panista en la capital, Andrés Atayde Rubiolo, de facilitar la explanada de la alcaldía como sede el Circo Atayde en Escena.
Ciudad de México (Los Reporteros Mx).-Andrés Atayde Rubiolo, presidente del Partido Acción Nacional en la capital del país (PAN-CDMX), a través de la tesorería de esta institución, facilitó la firma del contrato PANCDMX/PS/RM/TES/068/2019, del 1 de mayo del 2019, con la razón social Básicos F.M., S.A. de C.V. Esto fue para el mantenimiento y actualización integral del boletín informativo del PAN-CDMX, por un costo de 46 mil 632 pesos.
Asimismo, a través de los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se conoce que, entre enero y octubre de 2022, el PAN-CDMX pagó a la razón social Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V., 4 millones 124 mil 997 pesos, por el siguiente servicio:
Envío de Newsletter, Desarrollo de Creatividad e Imagen Institucional y Contenido de Medios para el PAN-CDMX, entre otros.
Contrato PANCDMX/PS/RM/TES/068/2019
Los contratos entre ambas partes fueron firmados el día primero de cada mes, por un monto de 458 mil 333 pesos. Entre ellos, el documento PANCDMX/PS/RM/TES/274/2022, del 1° de septiembre de 2022, señala que Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V. debió expedir las facturas a nombre del PAN, con domicilio en Av. Coyoacán 1546, colonia Del Valle, en la BJ.
En el sitio oficial https://www.pancdmx.org.mx/newsletter-pan-cdmx/ solo están los boletines Newsletter de marzo de 2019 a septiembre de 2020. Cabe señalar que en el Newsletter del 24 de mayo de 2019, tras el pago para actualizar la plataforma, se invitaba a un foro donde:
[se expusieron] testimonios de expertos y afectados respecto a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Propagande del PAN-CDMX
Además, en el sitio oficial del PAN-CDMX, no existe información referente al Newsletter de 2022, cuando el partido pagó, por este servicio, más de 4 millones de pesos.
Entre otras contrataciones de esta institución en la capital del país, a cargo del blanquiazul Andrés Atayde Rubiolo, se tiene noticia del documento PANCDMX/ADQ/RM/TES/184/2019, del 18 de septiembre del 2019, con la empresa Letra Impresa GH, S.A. de C.V.
Este servicio costó de 160 mil 196 pesos, para la impresión de mil ejemplares del libro De la democratización al constituyente: Historia del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, del cual no se tiene noticia.
Dependencia
Empresa
Servicio
Contrato
Fecha
Monto
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/027/2022
1-01-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/084/2022
1-03-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/119/2022
1-04-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/161/2022
1-05-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/166/2022
1-06-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/202/2022
1-07-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/218/2022
1-08-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/274/2022
1-09-2022
$458,333
PAN-CDMX
Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativas, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
PANCDMX/PS/RM/TES/277/2022
1-10-2022
$458,333
Total
$4,124,997
Información elaborada con base en la Plataforma Nacional de Transparencia
Vecinos señalan a Atayde Rubiolo de facilitar a la BJ como sede del Circo Atayde
Aunque el presidente del PAN-CDMX, Andrés Atayde Rubiolo, niegue alguna relación con la empresa cirquera que manejan familiares suyos, vecinos acusan un presunto conflicto de interés, por las facilidades que el Circo Atayde en Escena ha tenido en la BJ.
Se conoce que el Circo Atayde en Escena, en abril de 2024, se instaló en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez (BJ), para ofrecer sus espectáculos.
el circo Atayde está en la explanada de la alcaldía BJ, íbamos a ir hasta que en este instante me enteré que es del presidente del pan en la CDMX: Andrés Atayde Rubiolo.
Asimismo, el subdirector de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Vía Pública de la BJ, en el oficio DGAJG/DGEMEP/SEMEVP/07191/2024,del pasado 27 de junio de 2024, apuntó que en los archivos de la dependencia se localizaron dos folios que autorizan la estancia del circo en la Explanada Soberanía de la República, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la BJ.
El Número de Oficio DGAJG/DGEMEP/SEMEVP/03966/2024, del 3 de abril de 2024, permitió la instalación de la carpa del circo, baños móviles, mobiliario, una taquilla móvil, entre otros enseres. En colonias de la zona oriente de la BJ, fue captado un vocho realizando tareas de perifoneo para promocionar el Circo Atayde en Escena, a la vez que regalaban boletos para el espectáculo.
Los oficios DGAJG/DGEMEP/SEMEVP/03966/2024 y DGAJG/DGEMEP/SEMEVP/05728/2024, indican que el lapso concedido para la estancia del circo en la alcaldía fue del 10 de abril al 30 de junio del 2024.
A través de la PNT se pudo constatar que, por este permiso, la BJ solo pagó por derechos 4 mil 24 pesos. Mientras que a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, bajo el mismo concepto, desembolsó mil 493 pesos.
En las redes sociales de Circo Atayde en Escena, los eventos se publicitaron como únicos y la adquisición de entradas se ofertó a través de la boletería Ticketópolis. Sin embargo, en el sitio digital de esta empresa, se anuncia que los espectáculos son efectuados en Av. Insurgentes Sur, número 1741, colonia Guadalupe INN, alcaldía Álvaro Obregón.
Lo único seguro que va a ser #SantiagoTAJADA con el metro de la #CDMX es privatizarlo. Para el #CartelinmobiliarioDeIPAN todo es negocio, privatizaron casas de la cultura, deportivoS. La explanada de la @Alcaldia_BJ cedida al Circo Atayde, negocio del presidente del pan en #CDMX
Por su parte, en el folio OF/PANCDMX/UT/179/2024, del 27 de junio de 2024, el PAN-CDMX destacó que no tienen la facultad jurídica para ofrecer información sobre los contratos entre la BJ y el Circo Atayde en Escena.
Por último, se conoce que Ticketópolis, S.A. de C.V. es una empresa con domicilio fiscal en Monterrey, Nuevo León. A través de la PNT, se constató que esta razón social es proveedora de “servicios profesionales, tecnológicos y científicos”. El Instituto de la Juventud de San Pedro Garza García, en Nuevo León, por concepto del servicio de boletaje del Festival de la Juventud, pagó a la empresa 27 mil 260 pesos.
Santiago Taboada Cortina, quien perdió la elección a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, estuvo al frente de la alcaldía Benito Juárez entre octubre de 2018 y diciembre de 2023. En este lapso, continuó con actividades fraudulentas relativas a negocios inmobiliarios, que han costado a las arcas públicas millones de pesos. Esta investigación da cuenta de algunos contratos que suman 43 millones de pesos, para trabajos de construcción que, en su momento, fueron señalados de corruptos. Además, ciertas empresas que hicieron negocios con el blanquiazul, también celebraron contratos con las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, al frente de los panistas Lía Limón y Mauricio Tabe, respectivamente.
Ciudad de México (Los Reporteros Mx).- Durante la administración de Santiago Taboada Cortina, militante del Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldía Benito Juárez (BJ) gastó 43 millones 335 mil 80 pesos, entre 2019 y 2020, para rehabilitar y ofrecer mantenimiento a varios inmuebles dentro de las instalaciones de la BJ.
Entre ellos, el Gimnasio del Deportivo Benito Juárez, el edificio de Servicios Urbanos, el Auditorio Euquerio y el Edificio BJ-2. De acuerdo con Ulises Lara, ex vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en ese último sitio, Santiago Taboada Cortina citó a un empresario, presunto involucrado con la trama de corrupción inmobiliaria, para invitarlo a “apoyar” con los trabajos de rehabilitación, tras los daños del sismo de septiembre de 2017.
Deportivo Benito Juárez, Uxmal 807 B, colonia Santa Cruz Atoyac, BJ
Esta persona, en su declaración ante la FGJ, alegó que las autoridades de la BJ, supuestamente, habrían cometido fraude ante estos trabajos de rehabilitación. En su momento, este testimonio indicó que la BJ contaba con un presupuesto de 25.6 millones de pesos, pero que solo les entregaron 15.5 millones de pesos.
La base de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), resguarda los contratos ABJ-LP-012-19 y ABJ-LP-032-19, de julio y diciembre de 2019, entre la BJ y la empresa Grupo Comercial Díaz Mendoza, S.A. de C.V.
Instalaciones de la Alcaldía BJ
Ambos documentos fueron para rehabilitar el Edificio BJ-2, por un monto total de 29 millones 728 mil 87 pesos. Mientras que también se detectaron otros 13 millones 606 mil 993 pesos para trabajos de rehabilitación en inmuebles de la BJ. Este monto corresponde con los contratos ABJ-AD-009-19, ABJ-AD-008-19 y ABJ-IR-007-2020.
Investigaciones ministeriales de la FGJ habrían determinado que, presuntamente, Grupo Comercial Díaz Mendoza, S.A. de C.V., era cercano a las autoridades de la alcaldía, en especial al entonces Director de Obras, René Nicias Aridjis. En febrero de 2023 fue condenado a 3 años de prisión por el delito de asociación delictuosa, por su relación con el Cártel Inmobiliario.
Cabe resaltar que estas labores y gastos millonarios no fueron suficientes para que las autoridades de la BJ resguardaran su archivo con cerca de 9 mil expedientes, algunos relativos a negocios irregulares de ex funcionarios de la alcaldía con inmobiliarias. Además, algunas de estas empresas fueron sancionadas y otras, presuntamente, son irregulares.
Las empresas favorecidas por la BJ
Las empresas responsables de la remodelación y rehabilitación de las instalaciones de la BJ son las siguientes:
Win Mart, S.A. de C.V.
Atracción Comercial S.A. de C.V.
Grupo Comercial Díaz Mendoza, S.A. de C.V.
Promotora Deportiva Cultural y de Espectáculos PDL, S.A. de C.V.
Por un monto total de 43 millones 335 mil 80 pesos, estas empresas firmaron, vía adjudicación directa con la BJ, los siguientes contratos:
ABJ-Actividad
Empresa
Contrato
Fecha
Monto
Mantenimiento Edificio Servicios Urbanos
Win Mart, S.A. de C.V.
ABJ-AD-009-19
11-07-2019
$5,570,000
Mantenimiento Auditorio Euquerio
Atracción Comercial, S.A. de C.V.
ABJ-AD-008-19
11-07-2019
$4,840,000
Mantenimiento Edificio Público BJ-2
Grupo Comercial Díaz Mendoza, S.A. de C.V.
ABJ-LP-012-19
26-07-2019
$9,801,846
Rehabilitación Edificio Público BJ-2
Grupo Comercial Díaz Mendoza, S.A. de C.V.
ABJ-LP-032-19
30-12-2019
$19,926,241
Mantenimiento Deportivo BJ
Promotora Deportiva Cultural y de Espectáculos PDL, S.A. de C.V.
ABJ-IR-007-2020
21-05-2020
$3,196,993
Total
$43,335,053
Información elaborada con base en la Plataforma Nacional de Transparencia
Además, los contratos ABJ-AD-009-19, ABJ-AD-008-19 y ABJ-LP-012-19 señalan que los trabajos debieron concluir el 31 de diciembre de ese año. Entretanto, el contrato ABJ-LP-032-19 indica que, las rehabilitaciones finales al Edificio BJ-2, debieron concluir el 30 de abril del 2020. Por último, con base en el contrato ABJ-IR-007-2020, el mantenimiento al Gimnasio del Deportivo Benito Juárez debió realizarse entre el 22 de mayo y el 18 de septiembre del 2020.
Emilio Sordo Zabay, en el oficio ABJ/DGODSU/DDU/2021/1339, declaróque las autoridades de la alcaldía estuvieron rebasadas de trabajo por falta de personal en tiempos de la pandemia por SARS-CoV-2. Sin embargo, no dejaron de hacer contratos millonarios ni en vísperas de Año Nuevo; la corrupción en la BJ no duerme.
El contrato ABJ-IR-007-2020 fue firmado por la ex Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, a quien se le dictó prisión preventiva justificada en 2023, por parte de la FGJ, por su presunta relación con el Cártel Inmobiliario.
Cabe resaltar que las autoridades de la BJ, supuestamente, habrían movido al deportivo, el 22 de abril de ese año, los 9 mil expedientes relativos al Cártel Inmobiliario. Mientras que, aún cuando los funcionarios de la alcaldía sabían que el área estaba en remodelación, no resguardaron los documentos, tal como lo establece la Ley Federal de Archivos.
PAN desapareció rastros del Cártel Inmobiliario
En el editorial del pasado 25 de junio, Los Reporteros Mx explicaron cómo las autoridades de la BJ alegaron “haber perdido” expedientes incriminatorios relacionados con el Cártel Inmobiliario.
En el oficio ABJ/DGODSU/DDU/2021/1339, Emilio Sordo Zabay, ex Director de Desarrollo Urbano y actual prófugo de la justicia por su presunta relación con el Cártel Inmobiliario, declaró que los archivos se perdieron porque, el pasado 22 de abril de 2020, los resguardaron el sótano del Deportivo de la BJ.
Emilio Sordo Zabay alegó que esto ocurrió mientras se hacían trabajos de remodelación en el edificio principal de la BJ. Entretanto, entre el 15 y 17 de septiembre de ese año, el sitio se inundó por fuertes lluvias y habría destruido los documentos.
Empresas “patito” y ganancias millonarias en regencias neoliberales
Se conoce que la empresa Win Mart, S.A. de C.V., que cobró 5 millones 570 mil pesos por rehabilitar el Edificio de Servicios Urbanos en la BJ, también celebró el contrato ISEM-ADM-RF-013-2020, con el Instituto de Salud del Estado de México, el 12 de octubre de 2020.
Esto ocurrió mientras Alfredo del Mazo Maza, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue gobernador de esa entidad federativa. Este contrato, por un monto de 59 mil 180 pesos, fue por la entrega de playeras unitalla, actividad lejana a los trabajos que ofreció en la BJ.
Asimismo, el 19 de julio de 2021, el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado inhabilitó a esta empresa para celebrar contratos públicos, por un lapso de 30 meses, por incumplimientos administrativos.
Por su parte, Atracción Comercial S.A. de C.V., también firmó con la misma dependencia, vía adjudicación directa, el 26 de julio de 2019, el contrato ABJ-LP-011-19. Este fue por un monto de 5 millones 869 mil 505 pesos, para la rehabilitación y mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo, en la colonia Insurgentes Mixcoac.
Casa de Cultura Juan Rulfo, Campana 59, colonia Insurgentes Mixcoac, BJ
En este lapso, la empresa cambió de giro comercial y firmó, con la BJ, el contrato DGA-R-010-A03-2019. Este fue por un monto de casi 3 millones de pesos, por la adquisición de materiales de papelería.
En la BJ, la administración del panista Santiago Taboada Cortina entregó otros contratos vía adjudicación directa para adquirir materiales de papelería a sobreprecio. Por ejemplo, Innovación de Proyectos Terra S.A. de C.V., cobró 3 millones 500 mil pesos, a través de los contratos DGAyF/R-037-A03/2023 y DGAyF/R-010-A03/2023.
Asimismo, esta empresa estuvo ligada a las regencias de los panistas Mauricio Tabe y Lía Limón, en las alcaldías Miguel Hidalgo (MH), y Álvaro Obregón (AO), respectivamente. Ambas administraciones pagaron un total de 973 mil 90 pesos por productos de papelería, cubrebocas y guantes de látex.
Alcaldía
Empresa
Contrato
Fecha
Monto
BJ
Innovación de Proyectos Terra s.A. de C.V.
DGAyF/R-037-A03/2023
20-10-2023
$1,999,992
BJ
Innovación de Proyectos Terra s.A. de C.V.
DGAyF/R-010-A03/2023
13-01-2023
$1,500,000
AO
Innovación de Proyectos Terra s.A. de C.V.
CAPS/22-05/008
23-05-2022
$299,950
AO
Innovación de Proyectos Terra s.A. de C.V.
CAPS/23-03/010
07-03-2023
$374,000
MH
Innovación de Proyectos Terra s.A. de C.V.
017-AMH-DGA-2022
03-02-2022
$299,140
Total
$4,473,082
Información elaborada con base en la Plataforma Nacional de Transparencia
Otra empresa que firmó contratos con las administraciones de Santiago Taboada y Lía Limón, en las alcaldías BJ y AO, respectivamente, fue Todi Eventos S.A. de C.V., empresa que, supuestamente se dedica al servicio de “productos alimenticios y bebidas”. Por su parte, la BJ firmó con esta empresa los contratos DGA/S-013-A03-2019, del 26 abril de 2019, y el DGAyF/S-096-A03/2023, del 8 de noviembre de 2023. Ambos contratos por un total de 477 mil 82 pesos.
Mientras que la AO firmó con Todi Eventos S.A. de C.V., los contratos CAPS/19-05/003 y CAPS/19-05/003 CM-01, entre el 16 y 20 de mayo del 2019, por un monto de 623 mil 210 pesos.
Cabe resaltar que la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en la auditoría ASCM/51/21, relativa a los gastos pagados por la AO a los proveedores, solicitó a Todi Eventos S.A. de C.V. lo siguiente:
Los expedientes […] que contienen el comprobante de transferencia, en donde se refleja la salida de los recursos por el pago [de los] contratos. [Esto] con cargo a las partidas 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”. [Pero esta empresa no respondió] a los oficios de solicitud.
ASCM en el oficio ASCM/51/21
Alcaldía
Empresa
Contrato
Fecha
Monto
BJ
Todi Eventos S.A. de C.V.
DGA/S-013-A03-2019
26-04-2019
$317,086
BJ
Todi Eventos S.A. de C.V.
DGAyF/S-096-A03/2023
08-11-2023
$159,996
Total
$477,082
AO
Todi Eventos S.A. de C.V.
CAPS/19-05/003 CM-01
20-05-2019
$124,642
AO
Todi Eventos S.A. de C.V.
CAPS/19-05/003
16-05-2019
$498,568
Total
$623,210
Información elaborada con base en la Plataforma Nacional de Transparencia
