Profesora, ADULTA MAYOR, denuncia a la UATx, que se niega a pagar una indemnización millonaria ordenada por un laudo laboral emitido hace casi ocho años.
El drama de Rocío Alcalá Esqueda, maestra en Ciencias del Lenguaje, comenzó en 2006, cuando autoridades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) decidieron reducirle el sueldo y bajarla de categoría.
Después de enfrentar aquel desalentador panorama laboral, Rocío emprendió un juicio que muchos años después, en 2017, le dio la razón.
La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala ordenó a la universidad pagarle 1 millón 059 mil 182 pesos en cuotas bimestrales de 211,831, libres de impuestos, y con el primer pago programado antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente.
Sin embargo, la UATx ha utilizado una serie de recursos legales y tácticas dilatorias, a las que la profesora califica como “dolosas”, para evitar el pago.
La universidad, asegura la profesora de 66 años, ha interpuesto múltiples amparos y recursos de revisión que, a su juicio, son “improcedentes y solo buscan alargar el proceso”.
Cabe destacar que esta estrategia, conocida como “litigio malicioso”, es una táctica común entre grandes instituciones para desgastar económica y emocionalmente a sus contrapartes, obligándolas a desistir.
Tratando de evitar engorros y controversias, la profesora les hizo una propuesta conciliatoria, pero la UATx se ha alzado de hombros ante su drama.
Hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Infelizmente, el caso de Rocío Alcalá no es único. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) reportó que, en 2023, se iniciaron más de 12,000 juicios por despidos injustificados en el sector público a nivel nacional. De estos, más del 40% involucran a personas mayores de 50 años, muchos de los cuales enfrentan situaciones similares de retraso en la ejecución de laudos.
La profesora Alcalá ha llevado su denuncia a otro nivel y ha decidido compartirnos un video donde relata su caso.
En este video, que envía en exclusiva a Los Reporteros MX, la profesora sostiene que esta dilación es una forma de violencia institucional y de género, al argumentar que el trato que recibe es, en parte, debido a su edad y género.
Esta afirmación, es importante decirlo, tiene sustento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumentos legales que prohíben explícitamente la discriminación en estas categorías.
La profesora Rocío Alcalá ha señalado la intersección de la discriminación por edad y género.
Y tiene razón.
Sociológicamente, las personas mayores, especialmente las mujeres, a menudo son percibidas como menos productivas o prescindibles en el ámbito laboral.
El caso de la maestra Rocío evidencia una terrible falla en el acceso a la justicia.
Y lo es porque, mientras que para un individuo el costo económico de un litigio prolongado es enorme, para una institución como la UATx es una fracción de su presupuesto.
A eso hay que agregar el desgaste físico y emocional que, en el caso de una mujer adulta mayor, resulta brutal.
Este desequilibrio de poder económico y legal crea una barrera de facto para la justicia. Y eso es lo que ha provocado que la profesora haga un llamado (desesperado) a la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum.
El expresidente priísta participó el día de ayer en un torneo de golf organizado por la Fundación Clínica Menorca.
Peña, quien reside en Madrid desde 2018, estuvo al lado de personalidades del deporte como el extenista Rafael Nadal y el futbolista Iker Casillas.
Pero lo que llamó la atención fue que Peña Nieto portara, orgullosamente, la playera del Banco Santander, como si fuera un feliz empleado de ese banco.
Desde hace mucho tiempo, Peña tiene fama de indolente y de incompetente.
Pero ayer, al salir a participar con semejante displicencia en un torneo organizado por la Fundación Clínica Menorca, el tipo se voló la barda.
¿Y sabe por qué? Porque la Fundación Clínica Menorca y Santander son dos de las empresas españolas más polémicas de España.
Pero eso no perturbó a Peña Nieto.
El tipo salió al Campo de Golf “La Herrería” envuelto en una playera roja y llevando en el pecho el nombre de Santander y el de Fundación Clínica Menorca.
Infelizmente, el historial de abusos y controversias que han protagonizado, tanto el banco como el nosocomio, son numerosas.
Santander, por ejemplo, fue condenado hace unos meses a pagar 4.587,98 euros, más intereses, a una clienta, por una cantidad que le fue sustraída de manera ilegal.
Pero a Peña Nieto no le interesó. Y tampoco le importó que Banco Santander, hace cuatro meses, fuera condenado a pagar 2.7 millones de euros a un colegio de sordos, al haber tratado de abusar de un colectivo especialmente vulnerable.
Peña se veía muy feliz, jugando al golf, sin importarle tampoco que Santander hubiera sido denunciado por «prácticas abusivas» en el cobro de comisiones a los clientes.
Y le digo más:
¿Sabe usted quién organiza el torneo de golf donde participó Peña Nieto?
La Fundación Clínica Menorca. De hecho, el evento donde participó el exmandatario priísta se llama Torneo de Golf en Beneficio de la Fundación Clínica Menorca.
Y ocurre que el presidente de la Fundación Clínica Menorca es un sujeto llamado Ángel Martín, médico especialista en lipoescultura y cirugía estética.
Y ahí, en 2001, falleció una mujer tras una intervención estética en el vientre.
Pero no solo eso.
El pasado mes de mayo, el lipoescultor Ángel Martín tuvo que declarar como testigo por la violación de una ‘escort’ en una fiesta vip en una mansión de Pozuelo de Alarcón.
¿No se cuestionó Peña Nieto?
Y ojo: no se trata de un simple chisme del jet-set.
La reaparición de Peña en un evento de beneficencia, ataviado con dos logos corporativos, revela que es un indolente o que está totalmente desconectado de la realidad y de las preocupaciones de la población.
Vestir la camiseta del Banco Santander y de la Fundación Clínica Menorca no es un hecho anecdótico.
Se trata de un símbolo de afinidad con un tipo de capitalismo que ha sido denunciado por prácticas predatorias.
La directora del DIF de Aguascalientes anunció que iría a una gira, no obstante, no especificó en qué tipo de gira se embarcaría, si una gira de trabajo o una gira de compras, porque dilapidó 1.8 mdp en planchas, masajeadoras, barras de sonido y otros artículos electrodomésticos.
El DIF, que es el brazo social del gobierno, se ha convertido en el brazo del saqueo en Aguascalientes.
Documentos oficiales obtenidos por LosReporterosMx revelan que se realizó un pago de 1.8 millones de pesos del DIF en Aguascalientes por una supuesta “gira de presidencia” que, de acuerdo con fuentes internas, nunca se llevó a cabo.
Lo más intrigante es que este millonario presupuesto, de acuerdo con versiones de varios trabajadores del DIF, habría sido desviado para la adquisición de artículos de lujo y electrodomésticos que nada tienen que ver con el propósito asistencial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Testimonios de empleados del DIF en Aguascalientes nos explicaron que una gira de trabajo de la directora del DIF, por definición, debería implicar una serie de visitas oficiales a centros de asistencia, albergues y comunidades marginadas para supervisar la operación de programas sociales y asegurar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan. Sin embargo, el contrato DIF-ICTPM-005-25 y el Formato de Propuesta Técnica-Económica revelan un uso del dinero distinto a lo que debía ser destinado.
Mónica Becerra Moreno, titular estatal del DIF en dicha entidad, no supo explicar en qué consistiría la supuesta gira que debía realizar con dinero el público malversado, pues se puede observar en el listado de artículos adquiridos: planchas para el cabello, masajeadores eléctricos, juegos de alhajeros, pashminas, carteras para caballero, juegos de plumas y hasta una barra de sonido.
La pregunta resuena como una bofetada: ¿Qué propósito tienen estos objetos en una gira dedicada a la población vulnerable?
La compra de electrodomésticos como una licuadora Oster, una sandwichera Hamilton Beach y un asistente virtual de Amazon, lamentablemente, solo profundiza el misterio. Al final, nadie sabe explicar con claridad para qué fueron adquiridos esos productos.
Lo más desconcertante es que fue la propia Mónica Becerra Moreno, quien supuestamente protagonizaría la gira, la persona que autorizó el pago. El contrato, firmado por su propio puño y letra, carece de una justificación clara para la compra de estos artículos, lo que deja en evidencia un posible desvío de fondos públicos.
El dinero del pueblo, destinado a programas sociales para ayudar a familias en situación de riesgo, albergues para niños y ancianos, y centros de apoyo, se convierte de esta manera en un botín para una élite política.
Y es que, en teoría, el DIF está diseñado para reducir la situación de vulnerabilidad de los más desfavorecidos. Sin embargo, estos actos, donde emana el pestilente tufo de la corrupción, solo demuestran que el dinero destinado a la población en situaciones de necesidad se está dilapidando en caprichos inexplicables.
Lamentablemente, la verdadera gira del DIF no es a las comunidades más pobres ni marginadas, sino al centro comercial.
Cabe mencionar que, en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de su gira para ofrecer su primer informe en los 31 estados del país, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, le solicitó el apoyo presupuestal de la federación para 3 proyectos de vialidad y uno de saneamiento ambiental.
De nuevo, la ponzoñosa pregunta vuelve a asomar: Si esos recursos fueran concedidos por la federación, ¿quién garantiza que serán utilizados adecuadamente y no como lo está haciendo, en el DIF estatal, Mónica Becerra Moreno, la protegida de Teresa Jiménez?
¡Lorena Cuéllar contrata a empresario señalado por haber hundido 20 años en la cárcel a Israel Vallarta! Y no le importa que el socio y director de Epel sea señalado como VIOLADOR.
El gobierno de la morenista Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, pagó 56 millones 259 mil pesos por 10 camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country. Y no solo pagó este elevado precio por dichas unidades de lujo, sino que, además, decidió mantener un hermetismo total sobre esta operación realizada con recursos públicos.
La compra, lejos de seguir el proceso habitual de una licitación pública, se realizó a través de una adjudicación directa, la cual es un método que con mucha frecuencia es señalado por su falta de competencia y riesgo de corrupción. Y es que el gobierno estatal, ante las indagaciones periodísticas, determinó clasificar los contratos y facturas relacionados con esta compra como información reservada hasta el año 2030.
En adición a esto, lo que también pocos saben es que la beneficiaria del contrato GET-OMG-ADX-073-2024 es la empresa Epel, S.A. de C.V., compañía que pertenece a un personaje sombrío y rodeado de controversias: Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol
Eduardo Margolis no es solo un empresario más, puesto que su nombre ha sido mencionado en múltiples investigaciones y testimonios que lo ligan a presunto lavado de dinero, corrupción y, lo más grave, con el infame caso Vallarta-Cassez, conocido por ser uno de los mayores escándalos de montajes mediáticos y violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de México. De igual manera, diferentes testimonios sostienen incluso que Margolis Sobol habría tenido amistad con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, personajes truculentos que hoy se encuentran en prisión.
De hecho, hace unos días, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar la visa Eduardo Margolis.
La medida migratoria habría respondido a señalamientos que vinculan a Margolis con presuntas actividades ilícitas, entre las que se incluyen lavado de dinero, corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Un elemento central para la toma de esta decisión es la empresa Epel LLC, constituida en Florida y que, de acuerdo con el medio Los Ángeles Press, habría permitido la transferencia de activos entre México y Estados Unidos fuera del circuito legal y declarado.
Ahora bien, documentos del Registro Público muestran como administradores únicos de la empresa Epel a Eduardo Margolis y a Ernesto Mizrahi Haiat, su socio y director general de la compañía.
Mizrahi Haiat, actual vicepresidente de enlace gubernamental de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores, fue acusado públicamente en mayo de 2024 por trabajadores y exempleados de Epel por abuso laboral, acoso sexual y malos tratos. Cabe mencionar que ese mes los inconformes cerraron la circulación en Polanco, lanzaron huevos contra las oficinas y exhibieron una manta con su fotografía acusándolo de violador.
Sin embargo, ninguno de estos señalamientos resultó relevante para el Gobierno de Tlaxcala, ya que, a pesar de todo ello, Lorena Cuéllar Cisneros decidió conceder a empresa de Eduardo Margolis y Ernesto Mizrahi Haiat más de 56 millones de pesos.
Desafortunadamente para la gobernadora de extracción morenista la moralidad no se puede blindar. El blindaje protege del plomo, pero no de la corrupción.
Entre el PRI y el PAN, desde hace un par de años, se están repartiendo un botín millonario por medio de una red — oculta hasta ahora — que conecta a las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Esta investigación de Los Reporteros Mx revela un presunto pacto político y un entramado de corrupción entre las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, cuyas oficinas de ambas estaban dirigidas por una misma persona. Hasta ahora, se ha encargado de tejer una red de adjudicaciones directas de contratos millonarios que beneficia a un selecto grupo de empresas.
La alianza está formada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán —quien es la directora de Obras y Desarrollo Urbano— y es la clave de este esquema.
Fuentes internas de la propia alcaldía Cuauhtémoc nos relatan que este vínculo se trata de un “pago de favores” por el apoyo recibido durante la campaña electoral.
El epicentro de este presunto desvío de recursos es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc, una de las áreas más codiciadas y estratégicas de cualquier alcaldía. De acuerdo con las fuentes internas, este puesto habría sido entregado al PRI como parte de un acuerdo explícito entre las cúpulas de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Coalición, cabe recordar, por la que Alessandra Rojo de la Vega fue candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc.
Es importante señalar que Rodríguez Mier y Terán no es una figura nueva en la política de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el nombre de Mariana Rodríguez Mier y Terán salió a relucir por primera ocasión en un hecho terriblemente trágico ocurrido a finales de marzo de 2023. Supuestas amenazas de muerte, recibidas por parte de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y Mier y Terán, quien era directora general de Gobierno, habrían llevado a Darío Villeda, un hombre de 37 años, a quitarse la vida.
Villeda, en un video que grabó antes de morir, reveló algo sumamente perturbador: “acuso a Mariana (Rodríguez Mier y Terán) por todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, en la vía pública y la maldita corrupción en obras, donde cobran hasta medio millón de pesos por tolerarlas”. Acto seguido, el exempleado de la alcaldía Álvaro Obregón se quitó la vida con un tiro en el pecho. Pero esos señalamientos no le importaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien, a pesar de ello, decidió darle un puesto clave a Mier y Terán, quien es descrita como una mujer de carácter explosivo y alguien que no se tienta el corazón para alcanzar sus objetivos.
Es ahí, en la Cuauhtémoc, donde Mariana Rodríguez Mier y Terán, nos aseguran, estaría recibiendo instrucciones directas del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esta política de extracción priísta tiene también un amplio y polémico historial en la alcaldía Álvaro Obregón, bajo la administración de Lía Limón, donde, de hecho, fue directora general de Gobierno y alcaldesa sustituta.
Contratos por adjudicaciones directas. A su llegada a la Alcaldía Cuauhtémoc en octubre de 2024, Mariana Rodríguez Mier y Terán comenzó a repartir jugosísimos contratos por adjudicación directa. Una de las empresas beneficiadas fue Proyectos Y Construcciones GUSAM, S.A. DE C.V., que, curiosamente, fue uno de los proveedores consentidos de la administración de Lía Limón en Álvaro Obregón.
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con la aprobación de Alessandra Rojo de la Vega y la priísta Mariana Rodríguez Mier y Terán, dio aGUSAM un contrato de 2.4 millones de pesos por un supuesto “mantenimiento” en el Mercado San Juan Curiosidades… trabajo que, de acuerdo con los propios empleados de la alcaldía, ¡nunca se realizó!
En septiembre de 2023, por mencionar otro ejemplo, durante la gestión de Lía Limón y teniendo como directora general de Gobierno a Mariana Rodríguez Mier y Terán, la Alcaldía Álvaro Obregón destinó 1 millón 243 mil 157 pesos para labores de rehabilitación de muros y taludes en las colonias Unidad Popular Emiliano Zapata y Lomas de Plateros. Trabajos que, de acuerdo con los propios vecinos, nunca se realizaron.
Esta no ha sido la única empresa que han forrado de dinero en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Otro caso similar es el de Desarrollo Urbano Y Suministros TECNOVA, S.A., que también ha sido una de las compañías más beneficiadas en Álvaro Obregón. En enero de este año, dicha compañía recibió un contrato por 20 millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc para realizar rehabilitaciones en el alumbrado público.
El contrato, como suele ocurrir en la administración de Alessandra Rojo de la Vega, no especifica en qué colonias se llevaría a cabo la supuesta rehabilitación. Lo que solo muestra que a fecha de hoy la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, por alguna razón, siguen forrando de dinero a TECNOVA.
El 28 de octubre de 2024, por mencionar también, la administración de Javier López Casarín dio a esa empresa 24 millones de pesos para la supuesta reconstrucción del mercado público número 353, “Marcelo Fernández Bonilla”.
La falta de transparencia y el uso recurrente de la adjudicación directa como método de contratación revelan que, ahora mismo, un Cártel de Obras fantasma podría estar ocultándose en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Vecinos estallan de indignación. Y mientras sus calles se convierten en lagos, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega solo se preocupa por su imagen pública, ignorando.
Por Ricardo Sevilla
Las recientes lluvias han inundado diversas demarcaciones de la CDMX, especialmente la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, lejos de enfrentar y prevenir los aluviones, ha aprovechado los desbordamientos para crearse una falsa imagen de servidora pública eficiente.
Su método es tan simple como ordinario: elige un sitio inundado y, acto seguido, se mete en el cenagal para pedir a su equipo que la filme haciendo falsas labores de rescate, tal como salvar a un perrito o caminar entre los charcos.
En las redes sociales sus críticos aseguran que se trata de una puesta en escena, de no más que un montaje.
De hecho, un grupo de habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc asegura que, en teoría, no debería haber inundaciones en esa demarcación, puesto que Rojo de la Vega ha destinado sumas millonarias para el saneamiento del alcantarillado. Sin embargo, los colonos señalan que, lamentablemente, no ha sido así.
Prueba de ello es que, en noviembre del año pasado, cuando aún no iniciaba la temporada de lluvias, el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega concedió un contrato por 2 millones 500 mil pesos a Grupo CUYSAT, S.A. de C.V. para que, supuestamente, rehabilitara la red de drenaje en diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.
Como se muestra en las imágenes anteriores, la administración de Rojo de la Vega aceptó pagar 2 millones 155 mil 172 pesos más un 16% de IVA por 344 mil 827 pesos.
Al consultar el contrato CDMX-AC-DGODU-AD-L-O-051-24 y revisar cuáles serían las calles rehabilitadas el documento solo dice, de manera ambigua, que se abarcará “diversas ubicaciones dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc”, sin precisar las colonias ni las ubicaciones.
Cabe destacar que el contrato por el cual fueron pagados 2 millones 500 mil pesos duró solo sesenta días: del 1 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de ese mismo año. No obstante, habitantes de la alcaldía aseguran que “las autoridades no hicieron nada”.
Pero eso no es todo. Hay más anomalías en este caso.
Y una de ellas es que la empresa contratada por Rojo de la Vega acarrea sobre su espalda una serie de turbios antecedentes en otra alcaldía gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN).
Grupo CUYSAT, que también es una de las empresas consentidas del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, tiene un largo historial de incumplimientos en esa demarcación. Por ejemplo, el gobierno de Gutiérrez Aguilar contrató a esta empresa para reparar el sistema de bombeo que distribuye agua a 900 familias de la unidad habitacional CROC VI Culhuacán.
El pago de dicha reparación fue con recursos del presupuesto participativo de 2020 y 2021, pese a ello, Grupo CUYSAT, además de incumplir el plazo de entrega de la obra, la dejó inconclusa y con defectos, de acuerdo con testimonios de los propios vecinos de la unidad habitacional en cuestión.
El alcalde panista de Coyoacán, pese a todos sus incumplimientos y las quejas de los vecinos, sigue forrando de dinero a Grupo CUYSAT: en agosto del año pasado le concedió 1 millón 887 mil 819 pesos; y en junio de este 2025, 2 millones 358 mil 608 pesos, como se observa en las siguientes imágenes.
Pero esos antecedentes no parecieron importante a la alcaldesa Rojo de la Vega, quien decidió darle, por adjudicación directa, a GRUPO CUYSAT más de 2 millones y medio de pesos.
Lo innegable en este caso es que las inundaciones y los encharcamientos continúan en la alcaldía Cuauhtémoc… Y los contratos por adjudicación directa también. La pregunta que muchos habitantes de esa demarcación se hacen nos la hacemos nosotros también: ¿Se trata de un simple caso de mala gestión o estamos ante una red de corrupción que se beneficia de la desgracia ajena? Alessandra Rojo de la Vega tiene mucho que explicar.
El estado de Tamaulipas enfrenta una situación financiera crítica, con una deuda pública directa que superaba los 15 mil millones de pesos al cierre de 2024.
A pesar de que la Secretaría de Finanzas, que estaba a cargo de Adriana Lozano Rodríguez, se jactaba de haber reducido el endeudamiento, los hechos demuestran lo contrario.
Pese a que el gobierno de Américo Villarreal asegura no estar pidiendo créditos, la Secretaría de Finanzas emitió, en diciembre de 2024, la convocatoria 01/2024 para solicitar un crédito de hasta dos mil millones de pesos, argumentando una “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.
Este contradictorio intento de reducir la deuda, mientras se buscaba nuevo financiamiento, culminó con la salida de Lozano Rodríguez en enero de 2025.
Y aunque la salida de la titular de finanzas, quien durante el gobierno de Vicente Fox fue nombrada subadministradora del SAT en Matamoros, se justificó como una renuncia por “cuestiones personales”, la realidad apunta a que hubo señalamientos de malos manejos.
Su sustituto, Jesús Lavín Verástegui, asumió el cargo prometiendo, como ya lo había hecho antes la administración de Américo Villarreal, que no adquiriría más deuda.
Pero la promesa duró poco.
En abril del mismo año, se solicitó un préstamo de 500 millones de pesos al Grupo Financiero HSBC.
CIFRAS A MODO VS. REALIDAD CIUDADANA
Dos meses después de adquirir la nueva deuda, Lavín Verástegui declaró que Tamaulipas era el estado con “mejores resultados financieros” en la frontera norte.
Y para respaldar su jubilosa afirmación, presentó un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) que indicaba una disminución en la deuda pública per cápita, pasando de 5 mil 201 pesos en 2021 a 4 mil 488 pesos en 2025.
Sin embargo, estas cifras alegres, aunque parecían técnicamente correctas, maquillaban una realidad más compleja.
Y es que, mientras las cifras oficiales buscaban tranquilizar a la población, la deuda real y su impacto continúan sintiéndose en la economía de a pie.
Y es que hoy, cada tamaulipeco tiene una deuda per cápita de 4 mil 488 pesos.
Esto se traduce en una carga financiera directa para cada ciudadano, que ve cómo el dinero se desvía para pagar intereses en lugar de invertirse en infraestructura, servicios o programas sociales.
CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA LOCAL
Lo más alarmante de este persistente endeudamiento es que la situación financiera de Tamaulipas tiene consecuencias directas en la economía local, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del INEGI, señala que el endeudamiento en la banca privada y el alto costo de la materia prima se han convertido en los principales obstáculos para estos negocios.
A la administración de Américo Villarreal no parece interesarle que la dependencia financiera de bancos sea un riesgo latente ni que, sumado a los altos gastos operativos y la baja demanda, se ponga en jaque la viabilidad de muchos emprendimientos.
La población está preocupada porque la narrativa oficial ha estado plagada de contradicciones y promesas incumplidas.
Lo cierto es que, en Tamaulipas, las finanzas públicas son un laberinto de mentiras.
Y la única realidad es que, ahora mismo, la deuda de ese estado, gobernado por MORENA, asciende a 15 mil 227 millones 44 mil 582 pesos.
Las mentiras en las finanzas públicas se pagan con el bienestar social.
En el estado de Jalisco, la gestión de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC) ha puesto en evidencia una preocupante tendencia: la desmedida inversión en comunicación social y publicidad.
Más que una herramienta informativa, esta práctica se ha convertido en una plataforma para la construcción de imágenes personales y el impulso de carreras políticas, transformando a los funcionarios públicos en figuras que, por su obsesión con los reflectores, se asemejan más a estrellas de la farándula que a servidores públicos.
Los datos duros que emergen de las tesorerías municipales de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan son un claro indicio de esta anomalía.
El Caso Tlajomulco: Gerardo Quirino Velázquez Chávez y el gasto duplicado
El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, ha demostrado un particular interés en mantener una “buena prensa”, y en busca de ese objetivo no repara en gastos.
Fuentes internas de la tesorería municipal han confirmado lo que una revisión de cifras corrobora: el gasto en publicidad bajo su mandato, en el último año, se ha duplicado.
Los números hablan por sí solos.
En junio de 2024, la tesorería de Tlajomulco erogó 3 millones 424 mil 731 pesos en publicidad. Apenas un año después, en junio de 2025, esta cifra se disparó a 7 millones 136 mil 369 pesos.
Este incremento representa no solo un gasto considerable, sino un patrón de comportamiento que prioriza la proyección mediática por encima de otras necesidades urgentes de la ciudadanía.
Zapopan: Juan José Frangie Saade y la dilapidación millonaria
La situación en Zapopan, bajo la administración del alcalde emecista Juan José Frangie Saade, es aún más alarmante.
El gobierno de Frangie dilapidó la asombrosa cantidad de 65 millones 211 mil 696 pesos en Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
Lo que agrava esta cifra es la admisión de las propias autoridades contables del municipio.
Al revisar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se reconoce un subejercicio de 41 millones 348 mil 220 pesos.
Fuentes al interior del municipio de Zapopan sostienen que, detrás de este subejercicio, podría esconderse una posible malversación de fondos o, al menos, una priorización desequilibrada del presupuesto.
¿Cómo es posible que haya fondos sin utilizar en áreas vitales mientras se despilfarra en publicidad?
La experiencia de Frangie como director general del Club Deportivo Guadalajara y de Tecos F.C. parece haberle imbuido una comprensión particular sobre la “proyección de imagen”.
Su cercanía con el exgobernador emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, de quien fue jefe de gabinete en sus dos gestiones en Zapopan (2015-2018 y 2018-2020), revela que estos gastos millonarios podrían estar atizando una estrategia política donde la visibilidad mediática es un pilar fundamental.
La Prioridad: El reflector antes que la gestión
Más allá de los datos fríos, lo que estos patrones de gasto revelan es una filosofía política que valora el reflejo más que la sustancia.
Estos personajes, tanto Quirino como Frangie, comparten una búsqueda constante de los reflectores.
Su objetivo primordial es que sus rostros y nombres sean lo más visibles posible, una ambición que justifican con el derroche de recursos públicos en publicidad.
Esta obsesión por la imagen se manifiesta en diversas facetas: desde la meticulosa atención a su vestimenta y lenguaje corporal, hasta la organización de eventos con una fastuosa parafernalia.
Todo está diseñado para la “puesta en escena”, maximizando el impacto visual y mediático en busca de fotos y videos virales, o la cobertura mediática que los posicione.
No es coincidencia que los municipios que gobiernan emecistas estén saturados con su imagen y sus supuestos “logros”.
Lamentablemente, los políticos de Movimiento Ciudadano están buscando generar una lealtad basada en la familiaridad y la percepción de éxito, más que en una gestión pública eficaz y transparente.
Este “marketing político” exacerbado distorsiona la relación entre gobernantes y gobernados, convirtiéndola en una dinámica de consumidores y productos.
La cifra combinada de más de 70 millones de pesos derrochados del presupuesto público en estas actividades es un testimonio innegable de esta preocupante tendencia.
Definitivamente, estamos ante la narcisización de la política. Y Movimiento Ciudadano es el protagonista.
¡Ninfa Salinas ingresa al consejo consultivo de la Fundación IMSS!
“Hoy hay más Fundación Azteca en el IMSS y más IMSS en Fundación Azteca que nunca”, dijo, orgulloso, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y eso no es todo.
Robledo firmó convenio para la implementación de la Orquesta y Coro IMSS Esperanza Azteca, a pesar de que el dueño de Elektra adeuda 74 mmdp al SAT.
El dueño de Grupo Salinas, a través de sus orquestas, entra por la puerta grande en el IMSS y tendrán presencia en la CDMX, Nuevo León, Edomex y Coahuila.
Salinas puso 110 instrumentos destartalados y el IMSS cargará con todo el paquete y pagará la nómina de los profesores, pondrá los foros, auditorios y aulas del IMSS.
El 5 de julio de 2023 se firmó el Convenio General de Colaboración entre el IMSS y Fundación Azteca de Grupo Salinas, dentro del Teatro Cubierto San Jerónimo Independencia.
Una vez que Salinas vendió al IMSS la idea de sus coros al Instituto Mexicano del SeguroSocial, no se ofreció ni un solo concierto. Hasta 2024, el IMSS puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, con un concierto pequeño el cual decidió financiarse con parte del presupuesto del IMSS y concierto supuestos “donativos” gestionados a través de la Fundación Azteca.
El coro está integrado por 194 menores. Aunque el director de la institución, Zoé Robledo, afirma que el coro ha sido un éxito, desde su fundación, lo cierto es que solo han realizado una presentación en el foro Independencia, y lo demás ha sido negocio, nos dicen fuentes al interior de la propia fundación IMSS.
Lo extraño es que el IMSS ha anunciado que están trabajando para que el IMSS tenga otros 35 coros similares a un costo que, a pesar de las solicitudes de información que hemos pedido al IMSS, la institución aún no ha querido esclarecer.
Lo cierto es que, en años recientes, más de 1,700 millones de pesos del erario público han sido inyectados a los Coros Esperanza Azteca, y otros 10 millones de pesos han sido entregados a sus Planteles Azteca.
Estas cifras, provenientes de fondos federales y estatales, contradicen la narrativa de una iniciativa puramente privada y benéfica.
De la batuta filantrópica a la caja registradora pública
El caso de los Coros y Orquestas Esperanza Azteca es paradigmático. Su origen se remonta a una iniciativa del violinista Julio Saldaña, quien, ante la necesidad de financiación, se vio obligado a ceder los derechos de su proyecto a Salinas Pliego. Lo que inicialmente se presentó como un mecenazgo de Grupo Salinas, pronto reveló su verdadera fuente de sustento: la Secretaría de Educación Pública (SEP), CONACULTA, la Cámara de Diputados y, más recientemente, el IMSS.
La trama se complejiza con la figura de Esteban Moctezuma Barragán, exdirector de Fundación Azteca, quien posteriormente asumió el cargo de Secretario de Educación Pública. Esta transición no fue fortuita. En 2019, bajo su gestión en la SEP, los Coros Azteca fueron transferidos y renombrados como Orquestas y Coros de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM). Sin embargo, antes de esta “millonaria transición”, la Fundación Azteca, en presunto contubernio con Moctezuma, supo explotar el potencial económico de las orquestas.
Un ejemplo terriblemente elocuente es el Fideicomiso Centro de Capacitación Esperanza Azteca en Puebla, creado en 2012 mediante un acuerdo con el gobierno estatal, entonces liderado por Rafael Moreno Valle.
Aquel fideicomiso no solo canalizó recursos públicos, sino que también implicó la cesión de un inmueble de más de 5 mil hectáreas, “La Constancia Mexicana”, a favor de las Orquestas y Sinfónicas Azteca. Entre 2011 y 2018, esta red de “donaciones” y contratos gubernamentales sumó los impresionantes 1,700 millones de pesos.
El modelo pseudo educativo: planteles Azteca
Pero el negocio no se ha limitado a la música. Los Planteles Azteca representan otro flanco de esta estrategia de captación de recursos públicos bajo el disfraz de la educación.
Aunque la Fundación Azteca promociona estos planteles como impulsores del “talento del mañana”, su funcionamiento se basa en un modelo que replica costos exorbitantes y que se nutre en un 85% de los presupuestos estatales.
En 2023, la Fundación Azteca recibió más de 10 millones de pesos de la SEP para la “Implementación y desarrollo del Modelo de Intervención Plantel Azteca”.
A pesar de la supuesta filantropía, la matrícula en estos planteles tiene costos considerables para los alumnos: alrededor de $1,800 pesos de inscripción, más el costo de la mensualidad (entre $587 y 1,850 pesos), a lo que se suman derechos de la SEP y papelería, elevando el costo total de ingreso a unos 5,000 pesos.
Si bien es cierto que 12 mil alumnos han egresado, generando ingresos por matrículas de aproximadamente 60 millones de pesos, para Salinas Pliego esto parece ser insuficiente.
La última melodía: el Coro IMSS Esperanza Azteca
Con la transferencia de los coros a la SEP, Fundación Azteca no detuvo su búsqueda de nuevas avenidas de ingresos. La estrategia ahora se replica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024, se puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, financiado con parte del presupuesto del IMSS y “donativos” gestionados por la Fundación Azteca.
Aunque el director del IMSS, Zoé Robledo, lo ha calificado de “éxito”, la realidad es que el coro, integrado por 194 menores, ha tenido una única presentación pública. El verdadero interés parece residir en la venta de la idea de replicar otros 35 coros similares, con un costo aún no esclarecido.
Las solicitudes de información pública al respecto permanecen sin respuesta, lo que genera opacidad y alimenta la sospecha de un nuevo esquema de lucro.
La firma de convenios para implementar más orquestas y coros IMSS Esperanza Azteca en Monterrey, el Estado de México y Coahuila, con el IMSS asumiendo la contratación de maestros y personal de apoyo, y Fundación Azteca aportando instrumentos, metodología y dirección artística, cierra el círculo de esta “sinfonía del negocio” donde el erario público parece ser la principal partitura.
Salinas Pliego, un “maestro de la evasión fiscal”, utiliza la filantropía como una estrategia de legitimación social. Al invertir en proyectos con una alta visibilidad pública y un halo de beneficio social (coros infantiles, planteles educativos), se construye una imagen de empresario comprometido y benefactor.
Esto desvía la atención de prácticas financieras cuestionables y permite consolidar un capital simbólico que, a su vez, facilita la negociación y la obtención de beneficios del Estado. La “cultura de la donación” se convierte en un mecanismo de marketing social que oculta el flujo de recursos públicos hacia intereses privados.
El modelo de Planteles Azteca y la expansión de los coros al IMSS revelan una clara mercantilización de los derechos sociales y la educación. Lo que debería ser una provisión universal del Estado se convierte en un servicio donde, aunque se reciban fondos públicos, también se exigen cuotas a los beneficiarios.
Este “modelo pseudoeducativo” no solo genera ganancias para la fundación, sino que también crea una segmentación social en el acceso a programas educativos y culturales. La supuesta “inversión social” se transforma en un negocio parasitario que extrae valor del presupuesto público y de las familias, en lugar de complementarlo o potenciarlo de manera genuina.
Ricardo Salinas Pliego ha transformado la filantropía en una lucrativa herramienta para la extracción de recursos públicos.
Los más de 1,700 millones de pesos canalizados a sus coros no son un acto de generosidad, sino una factura pagada por todos los mexicanos.
Lo suyo no es filantropía; es un esquema ingenioso para parasitar el presupuesto del Estado.
El IMSS, institución de salud pública, ahora desvía fondos vitales para financiar los “coros” de un magnate.
Cubana revela el terror que padecen migrantes en cárcel de Trump.
El sueño americano se ha transformado en una pesadilla de detención y deportación bajo el yugo de una política antimigrante.
LA ODISEA DE SAILY
La historia de Saily Vázquez, migrante cubana, es una crónica desgarradora, entre las miles de travesías desesperadas que cruzan las fronteras en busca de un mejor futuro.
Lo que inició el 23 de septiembre de 2023 como un viaje de 10 meses desde Cuba con la esperanza de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, terminó transformándose en una lucha por la supervivencia ante las durísimas políticas migratorias de Estados Unidos.
Con solo 800 dólares y una mochila, Saily se embarcó en una odisea que la llevó a atravesar Centroamérica y México, pagando a “coyotes” y enfrentando una constante zozobra.
Ahora, en Miami, su destino pende de un hilo, sujeto a la voluntad del gobierno de Donald Trump, un presidente abiertamente antimigrante.
LA TRAVESÍA: UN LABERINTO DE RIESGOS Y PAGOS
Saily y su esposo salieron de Cuba en avión hacia República Dominicana, para luego volar a Nicaragua, donde un “coyote” los esperaba.
La ruta, que fue una combinación de caminatas extenuantes y autobuses que operan de forma irregular, los llevó por Honduras y Guatemala, pagando sobornos en cada frontera.
“Nos llevaron en autobús por unas montañas que yo no había visto en mi vida”, relata a ReporterosMx Saily con la voz quebrada por el miedo y el cansancio.
Ya en México, en Tapachula, Chiapas, la pareja se encontró con otra dura realidad: para llegar a la Ciudad de México, donde esperaban aplicar al programa CBP One, debían desembolsar mil 200 dólares por persona.
Como no contaban con ese dinero, decidieron arriesgarse y continuar su camino vía terrestre.
Sin embargo, el viaje de 18 horas hasta la capital mexicana se convirtió en una auténtica pesadilla. Saily nos asegura que tuvieron que pasar por 32 retenes policiales.
Y en cada uno de ellos, la extorsión era la norma. Les exigían, de acuerdo con Saily, entre 100 y 200 pesos para evitar que los bajaran del autobús.
“Si no pagabas, te bajaban del autobús a mitad de carretera”, recuerda Saily. La mujer de origen cubano estima que, en ese trayecto, gastaron más de “dos mil pesos por cada uno” en sobornos.
Al llegar a la Ciudad de México, la pareja fue trasladada a una casa en Chalco, en el Estado de México, donde permanecieron encerrados durante tres meses junto a otras 30 personas, y donde, además, estuvieron obligadas a pagar un alquiler de 4 mil pesos mensuales cada uno.
Desde luego, la incertidumbre y el miedo los siguió a todas partes como una sombra siniestra.
No obstante, y a pesar de haber padecido experiencias durísimas, incluyendo la detención de Saily en un Centro de Detención en Texas, la mujer se niega a renunciar a su sueño, al que le ha apostado su vida y, hasta el momento, más de 10 mil dólares.
EL SUEÑO AMERICANO EN LA CUERDA FLOJA
En julio de 2024, Saily finalmente consiguió una cita para presentarse en la garita de Ciudad Juárez.
Cruzó el puente internacional pagando solo cinco pesos mexicanos. Acto continuo fue entregada a la policía estadounidense, sin imaginar el calvario que le esperaba.
Fue llevada a un campamento, luego a una “mazmorra” y, finalmente, a un centro de detención en Texas, donde pasó 40 días incomunicada.
Sus familiares y un abogado de migración lograron su libertad provisional, enviándola a Miami con un brazalete de monitoreo.
Desde finales de 2024, Saily ha vivido con un brazalete electrónico, esperando la indulgencia de la ley estadounidense.
Sin embargo, el panorama se ha oscurecido con la reelección de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.
El programa CBP One, bajo el cual Saily y otros 919 mil migrantes lograron cruzar a Estados Unidos, fue abolido por orden ejecutiva de Trump a finales de enero de 2025.
Desde entonces, cientos de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, centroamericanos, cubanos y mexicanos, han sido repatriados a sus países de origen o recluidos en centros de detención.
El próximo 13 de agosto, Saily debe comparecer ante las autoridades migratorias para solicitar su residencia, una posibilidad remota a menos que pueda demostrar que su vida corre peligro en Cuba, algo que, si bien es cierto para gran parte de la población cubana (cerca del 90% vive por debajo del umbral de pobreza), no es una realidad exclusiva de Saily ni una justificación fácilmente aceptada por las autoridades migratorias.
Saily no sabe si será deportada nuevamente a Cuba. Pero de lo que sí está segura es que, si eso ocurre, “volverá a intentarlo en algunos años”.
La detención de Saily en Texas y el uso del brazalete de monitoreo son tácticas que buscan ejercer control absoluto sobre los cuerpos de los migrantes, despojándolos de su libertad y dignidad.
Estas acciones no solo ignoran las causas estructurales de la migración, sino que exacerban el sufrimiento humano, empujando a los migrantes a rutas más peligrosas y a caer aún más en manos de la criminalidad organizada.
Sin duda, la historia de Saily es un llamado urgente a rehumanizar el debate migratorio y a que los gobiernos busquen y ofrezcan soluciones que aborden las raíces de la migración y la desigualdad global.
