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  • Empresa ligada al excontralor de Omar Fayad, en la mira por presunta evasión fiscal y nómina simulada

    Empresa ligada al excontralor de Omar Fayad, en la mira por presunta evasión fiscal y nómina simulada

    Por Luis Piña

    La empresa Especialistas Nacionales en Tecnología e Innovación (ENTI), vinculada al entorno familiar del secretario de Contraloría en el sexenio de Omar Fayad de Hidalgo, César Román Mora Velázquez, detenido en Estados Unidos por la llamada Estafa Siniestra, vuelve a estar bajo la lupa. De acuerdo con testimonios y documentos en poder de Los Reporteros MX, la compañía opera, presuntamente, bajo un esquema de pago mixto para evadir obligaciones fiscales y pagos de aportaciones de seguridad social.



    La información recabada demuestra que este mecanismo no solo se aplica de forma interna, sino que incluso es planteado desde el proceso de reclutamiento. De acuerdo con los testimonios, Alberto Alonso Flores, explica a los aspirantes que el sueldo se divide en dos partes: una registrada formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como salario mínimo, y otra entregada mediante transferencias externas.

    Imágenes y transferencias en manos de este medio muestran como el pago del “complemento” salarial no proviene directamente de ENTI, sino de distintas razones sociales que cambian periódicamente, aproximadamente cada seis meses. Entre las empresas utilizadas para dispersar estos pagos se mencionan: Meghan Mark, S.A. de C.V.; Comercializadora Kajusa, S.A. de C.V.; Automotriz 3F, S.A. de C.V.; MDF Comer Panel, S.A. de C.V.; Comercializadora de Artículos Lenoma, S.A. de C.V.; Comercializadora de Tecnología Bici, S.A. de C.V.; Gitana Especial Group, S.A. de C.V.; Constructora y Comercializadora Fabelfil, S.A.; Comercializadora Rom Riquelme, S.A.; y Comercializadora Industrial Rom, S.A. de C.V.

    A estas se suma el caso de una persona física, identificada como Mitzi Yoselin Bello Velázquez, desde cuya cuenta se habrían realizado pagos a trabajadores bajo conceptos distintos al salarial. En uno de los comprobantes, por ejemplo, el depósito aparece etiquetado como “papelería”, pese a corresponder presuntamente a utilidades.

    Los estados de cuenta también muestran cómo un mismo trabajador recibe depósitos desde distintas instituciones bancarias y cuentas, con conceptos variados y, en algunos casos, con registros fiscales (RFC) que no coinciden con la razón social que aparece en la transferencia. En contraste, los pagos formales de nómina sí están ligados a ENTI, lo que refuerza la hipótesis de un esquema paralelo.

    Este tipo de prácticas, conocidas como esquemas mixtos o de simulación salarial, fueron uno de los principales objetivos de la reforma en materia de subcontratación aprobada en 2021, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha reforma buscó frenar que empresas registraran a sus trabajadores con salarios inferiores a los reales para reducir el pago de impuestos y cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

    De confirmarse, el esquema atribuido a ENTI no solo implicaría una afectación directa a los trabajadores, quienes verían reducidas sus prestaciones, ahorro para el retiro y seguridad social, sino, también un posible daño a la hacienda pública por la evasión de contribuciones.

    Estas acusaciones, se suman a los procesos penales que enfrentan distintos directivos de la empresa, quienes han sido señalados de violencia sexual a trabajadoras de ENTI dentro de la misma empresa, además, refuerza el esquema de la Estafa Siniestra, donde César Román Mora, habría utilizado presuntamente la triangulación de recursos públicos con empresas fantasmas.

  • Vacantes de oro en el INE

    Vacantes de oro en el INE

    Por Ricardo Sevilla

    De 169 mil pesos más prestaciones: Así son las codiciadas vacantes en el INE que disputan magistrados, jueces y hasta “políticos”

    Más de 410 expolíticos, jueces y asesores se disputan una de las tres vacantes para Consejero Electoral en el INE; una plaza que dura nueve años y goza de sendos privilegios, como auto, celular y un sueldazo de 169 mil pesos mensuales

    Más de 400 expolíticos, jueces y asesores se disputan una de las tres vacantes para consejero electoral actualmente disponibles en el Instituto Nacional Electoral (INE). Cargos, por los que los aspirantes podrían obtener un salario de hasta 169 mil pesos mensuales, un paquete de cinco prestaciones, que incluyen prima vacacional, prima quinquenal, un jugoso aguinaldo, gastos de defunción, vacaciones. Además de cinco seguros, que incluyen seguro institucional, de retiro, gastos médicos mayores, un vehículo, un celular y hasta 14 mil pesos para gastos de alimentación.

    Jueces, magistrados, consejeros electorales locales y un grupo de seis directivos de la Junta General Ejecutiva, cercanos a Guadalupe Taddei, actual presidenta del INE, compiten por las vacantes. Sin embargo, los consejeros serán elegidos por la Cámara de Diputados que, hasta el momento, ha recibido 410 solicitudes para ocupar una de las plazas altamente demandadas.

    Pero mientras el INE se sumerge en un turbulento proceso para elegir a sus próximos consejeros, la contienda anticipada por las elecciones de 2027 crece turbulentamente.

    Algunos senadores, como Andrea Chávez, Raúl Morón, Lorena Valles o Saúl Monreal, ya han dejado sus funciones para sumarse a una contienda que aún no empieza y cuyos actos anticipados podrían ser sancionables, de acuerdo con la legislación electoral vigente.

    Cabe señalar que, de los 410 aspirantes a consejero electoral, el 75% tiene nula experiencia en el ámbito electoral y otro 25% ya ha ocupado algún cargo público, algo que viola los requisitos para ocupar la plaza.

    Entre los aspirantes destacan Roberto Ruz Sahrur, consejero en el OPLE de Yucatán; Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; José Antonio González Flores, la exconsejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María del Mar Trejo Pérez, y la exjueza de Morelos, Gisela Hernández Salgado.

    Además de Luis Almazán Rodríguez, exempleado en el Poder Judicial en el Estado de México; Juan Edgar Mejía Martínez, exsecretario de juzgado en la Ciudad de México; María Santos Montoya, exconsejera electoral en Guanajuato; José Leonardo Pérez González, exfuncionario del Poder Judicial, y Alejandro Zúñiga Avilés, exconcejal del PRI en Venustiano Carranza.

    Taddei inserta a gente cercana

    Cabe señalar que fuentes, al interior del INE, apuntan a que los nominados de Guadalupe Taddei tendrían como finalidad consolidar un bloque aliado para aprobar las propuestas de la presidenta electoral en funciones, quien, por cierto, ha enfrentado obstáculos para hacer valer su voz.

    Entre dichos nominados estarían Juan Manuel Velázquez, director de asuntos jurídicos, Jesús Ancira, responsable de asuntos laborales, Pedro Chirinos, encargado de vinculación con organismos electorales locales, y Arlene Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales.

    Mismos que de obtener las plazas buscarían obtener acuerdos en materia legislativa y administrativa respecto a la administración del máximo órgano electoral.

    Actualmente, el INE cuenta con sólo ocho integrantes, luego de que Daniel Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera concluyeran su periodo como consejeros.

    En los próximos días se verá a ciencia cierta si Taddei logra construir un consenso administrativo en el órgano electoral.

    Algo tiene que enfatizarse: un consejero sin experiencia electoral es igual a un árbitro de fútbol que no conoce las reglas del juego. El INE no es –ni debería ser– una agencia de empleos para políticos desempleados.

  • Alessandra Rojo de la Vega quita a comerciantes, pero deja a criminales en San Rafael 

    Alessandra Rojo de la Vega quita a comerciantes, pero deja a criminales en San Rafael 

    Comités vecinales denuncian la proliferación de grupos criminales ligados a la Anti Unión Tepito en San Rafael, San Cosme y Tlatelolco, zonas en donde operarían puntos de distribución de drogas con el amparo de las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, las mismas que Rojo de la Vega presume en redes como altamente “efectivas”

    Vecinos de la colonia San Rafael denunciaron que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha fomentado la impunidad en la colonia, esto al permitir que grupos de narcomenudistas ligados al grupo Anti Unión Tepito operen a plena vista de las autoridades de la Cuauhtémoc. 

    A través de una denuncia ciudadana, vecinos de la demarcación aseguraron que la calle Guillermo Prieto esquina con Gabino Barreda se ha convertido en un punto de reparto de drogas operado por dos sujetos de origen venezolano, identificados como Edgar alias “El Payaso” y Julio César alias “El Chaparro”. 

    Dichos sujetos pertenecerían a la fracción criminal Los Vagoneros, dependientes de Fuerza Anti Unión Tepito, un grupo criminal que opera en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

    El sábado pasado uno de sus miembros, que viajaba junto a un menor de edad, fue acribillado en calles de Vidal Alcocer, muy cerca de metro Tepito, epicentro de la banda criminal. 

    Vecinos aseguran que la influencia de la banda se ha extendido a las calles aledañas tanto a la zona de San Cosme, donde hace apenas un mes la alcaldesa panista Alessandra Rojo de la Vega, protagonizó un zafarrancho en el que terminó liándose a golpes con vendedores ambulantes en un intento por desalojarlos de la vialidad. 

    Pero mientras la alcaldesa continúa con su cruzada contra el comercio informal, las pequeñas células criminales proliferan en toda la alcaldía. 

    Ejemplo de ello, son Los Vagoneros, quienes no sólo estarían comercializando marihuana, anfetaminas, cocaína y fentanilo, sino también alcohol adulterado que sería distribuido en los bares de la San Rafael. Mismos que son frecuentados por jóvenes y turistas.

    “Usan mariconeras para ocultar las bolsitas con cocaína, marihuana, fentanilo, cristal y metanfetaminas que venden a los meseros de los bares y chelerías clandestinas, algunas de ellas ya han sido clausuradas, pero siguen operando. (…) Luego ellos venden estas sustancias y alcohol adulterado a jóvenes y hombres ya adultos que una vez alcoholizados son despojados de sus pertenencias y tirados en la calle”, reza la denuncia en la que los vecinos de la San Rafael aseguran que el grupo opera con el visto bueno de la policía de la Cuauhtémoc. 

    Una corporación que estaría al tanto de todas las actividades de Los Vagoneros, mismo con los que mantendría una relación cercana y hasta “afectiva”.

    En ese sentido, los denunciantes afirmaron que ya se han intentado comunicar, sin respuesta con la alcaldesa a quien sólo han podido ver en los operativos contra los puestos ambulantes. 

    No sólo es la colonia San Rafael, donde los comités vecinales han reportado la proliferación de grupos criminales, sino también en Tlatelolco, San Cosme y Santa María la Ribera, otrora una colonia donde surgían los restaurantes y galerías de arte. 

    Durante el año 2025, el Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc aprobó un presupuesto de 4 mil millones 152 mil 240 pesos. Sin embargo, más de 3 mil millones de pesos fueron destinados a la nómina de los empleados de la alcaldía y eventualmente se destinaron recursos al desarrollo de la alcaldía, así como a la seguridad. 

    Pese a que ambos rubros han sido “ejes” de la administración de Rojo de la Vega, los habitantes de a pie de la demarcación han reprochado a la panista la falta de resultados. 

    No sólo porque colonias como San Rafael o Sa Cosme se han convertido en territorio fértil para los grupos criminales como Los Vagoneros, sino también porque lo hacen con la complicidad de la alcaldía. 

    De acuerdo con un reporte de la FGJCDMX, en 2025 se reportaron 31 mil 813 delitos sólo en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que se traduciría en un crimen por cada 82 kilómetros cuadrados. Además, la alcaldía gobernada por la panista fue, junto con Iztapalapa, la demarcación en donde más aumentaron las actividades delictivas. 

    En ese sentido, una encuesta del INEGI reveló que el 50 por ciento de los habitantes de la Cuauhtémoc consideran que la administración de Rojo de la Vega ha sido poco o “nada” efectiva para combatir delitos y resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía. 

    Pese a ello, la alcaldesa parece vivir en una realidad ajena pues no cesa de presumir sus logros, que incluyen la colocación de 300 tótems luminosos, que costaron alrededor de 9 mil millones de pesos. 

  • “Defensores de México”, rumbo a 2027, arrastran acusaciones de corrupción

    “Defensores de México”, rumbo a 2027, arrastran acusaciones de corrupción

    Por Ricardo Sevilla
     
    Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
     
    El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.

    Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.

    Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.

    Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”.
     
    Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
     
    En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.

    En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.

    A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.

    De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.

    Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
     
    Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.

    A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.

    Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.

    Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.

    En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.

    Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.

    La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.  

    Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.

    Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.

  • Alma de México: la nueva cara del PAN disfrazada de sociedad civil

    Por Redacción Los Reporteros MX

    Bajo el discurso de “participación ciudadana”, Alma de México exhibe vínculos con perfiles panistas, opacidad en su origen y respaldo mediático que ponen en duda su autenticidad como iniciativa independiente.

    En un nuevo intento por construir un supuesto “proyecto” que incluya a la ciudadanía en la toma de decisiones, surge Alma de México. 

    Se presenta como “una iniciativa de participación cívica” que busca que el futuro del país se defina con la participación activa de la gente. Sin embargo, todo apunta a que podría tratarse de un intento cuestionable por desacreditar al gobierno actual, ahora bajo el argumento de que los señalamientos provienen de la sociedad civil. 

    Pero déjeme contarle su historia con datos duros. 

    La Fundación Impulsa Tu Desarrollo Integral A.C., nombre legal que aparece en la página de esta iniciativa, cuenta con registro desde hace más de una década. Sin embargo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el único antecedente público data de 2016, cuando obtuvo autorización de operación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin que existan registros relevantes de actividad posterior.

    Aunque ahora intentan presentarse como algo “nuevo”, lo cierto es que su trayectoria ha permanecido prácticamente en la opacidad hasta fechas recientes. Fue Gerardo Priego Tapia quien, a través de TV Azteca —propiedad del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego—, lanzó el proyecto como una supuesta plataforma para impulsar liderazgos y empoderar a la ciudadanía. Pero, ¿quién está realmente detrás?

    Priego Tapia fue diputado federal entre 2006 y 2009 por el Partido Acción Nacional, además de haber presidido ese partido en Campeche. En 2007 buscó la dirigencia nacional del PAN, pero desistió al reconocer que no tenía posibilidades frente a Germán Martínez Cázares.

    Ahora bien, al revisar la página oficial de la organización, es posible identificar a algunos perfiles que integran esta supuesta alianza “ciudadana”. Entre ellos destaca Lázaro Víctor Oropeza Ríos, quien en 2022 participó como delegado a la Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional en Nezahualcóyotl. Su nombre aparece en registros del Instituto Nacional Electoral y en publicaciones del propio PAN. En el portal de Alma de México se le presenta como presidente de Ayuda en Acción de México A.C. en el Estado de México, aunque su trayectoria partidista deja poco margen para sostener una narrativa verdaderamente apartidista.

    Otro caso es el de Omeheira López, a quien describen como fundadora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. No obstante, los registros muestran que fue diputada federal del PAN entre 2006 y 2009 y actualmente busca integrarse al Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas. Incluso, en entrevistas recientes ha llamado a una “reconciliación interna” del partido, lo que evidencia que su vínculo político sigue vigente.

    Su trayectoria también revela cercanía con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con quien ocupó cargos estratégicos como la Dirección del DIF estatal y una magistratura en el Poder Judicial local. A ello se suma su relación con Francisco García Juárez, exdirector de Comunicación Social durante ese mismo gobierno, consolidando un entorno de vínculos políticos claros.

    Así, el discurso de una organización que presume fortalecer la participación ciudadana choca con los perfiles que la impulsan. Resulta difícil sostener una narrativa de apertura social cuando sus referentes políticos han privilegiado históricamente intereses de grupo por encima de la ciudadanía, evidenciando una contradicción de fondo entre lo que dicen representar y lo que realmente proyectan.

    Además, resulta llamativo que ni siquiera los propios integrantes de la organización aparezcan en la presentación oficial de su sitio, optando en cambio por imágenes generadas con inteligencia artificial para proyectar una supuesta cercanía con la ciudadanía, una conexión que, en los hechos, nunca han demostrado tener.

    No es casual que un nuevo proyecto con claros tintes panistas, disfrazado de iniciativa ciudadana, busque sumar perfiles que en realidad arrastran trayectorias partidistas. Tampoco pasa desapercibido que la plataforma haya sido impulsada desde la televisora de Ricardo Salinas Pliego, lo que abre más dudas que certezas sobre su verdadera naturaleza.

    La pregunta es inevitable: ¿se trata de un ejercicio genuino de participación social o de una estrategia política encubierta para reposicionarse ante la ciudadanía? Porque cuando el “ciudadanismo” viene respaldado por intereses mediáticos y figuras con pasado partidista, la narrativa pierde credibilidad y se acerca más a un montaje que a un movimiento auténtico.

  • Legisladores parásitos: ¡Cuestan 28 mdp y se reeligen para seguir saqueando el presupuesto!

    Legisladores parásitos: ¡Cuestan 28 mdp y se reeligen para seguir saqueando el presupuesto!

    Por Ricardo Sevilla

    Mientras el ciudadano promedio tiene que lidiar con la inflación y la precariedad en servicios públicos, en el Congreso de la Ciudad de México se vive una realidad paralela. El recinto ubicado en Donceles y Allende se ha impuesto como el cuarto más costoso del país, con un gasto per cápita por legislador de 28.5 millones de pesos anuales.

    Lamentablemente, el 80% del presupuesto de las bancadas se evapora en sueldos, bonificaciones y legisladores que no han logrado la aprobación de una sola iniciativa. Este sistema, que opera como una suerte de “becas legislativas”, se ha blindado mediante la reelección consecutiva, permitiendo que figuras como Víctor Hugo Lobo o Tania Larios conviertan las curules en patrimonios personales de largo plazo.

    Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral, el cual, adelantó, contempla la reducción del gasto de los congresos locales y municipios.

    De acuerdo con el Gobierno federal, de aprobarse, el Plan B de la Reforma Electoral permitiría un ahorro de 4 mil millones de pesos que serían destinados a infraestructura y programas sociales.

    Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista podrían sumarse a la propuesta por lo que el Plan B podría ser aprobado en las próximas semanas.

    Se trata de un proyecto que busca eliminar los excesos y reducir los privilegios de la clase política en aras de impulsar el desarrollo social de la población. Y es que algunos Congresos, como el de la Ciudad de México, tienen gastos desmesurados.

    Entre los más costosos para el país destacan:

    • Baja California con un costo de 34 mdp por cada legislador.
    • Colima con 5.1 millones de pesos por legislador.
    • Morelos con 31 millones de pesos por congresista.
    • Ciudad de México con 28.5 millones de pesos por legislador.
    • Jalisco con 26.73 millones.

    En el caso de la capital, los 66 legisladores que componen el Congreso capitalino cuestan al erario alrededor de 300 millones de pesos anuales.

    En 2025, por ejemplo, la institución tuvo un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y para este 2026 se autorizó un ejercicio de 313 mil 385 millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento de 7.5 por ciento.

    Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asignó un presupuesto de 587 millones 712 mil 191 pesos para la financiación de partidos políticos, con una asignación de 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos en actividades específicas.

    Lo que más llama la atención es que tras la aprobación de la reelección consecutiva, en el Congreso capitalino existen legisladores que han perpetuado por años sus privilegios, bonificaciones y salarios, y que también han aprobado incrementos anuales a dichas remuneraciones.

    Y ese es precisamente el caso del perredista Víctor Hugo Lobo Román, la panista América Rangel y la priísta Tania Larios Pérez.

    La reelección de estos legisladores, desgraciadamente, fomenta una “clase política profesional” que se distancia de sus representados. Y, en esos casos, el poder no circula; se acumula. Esto genera un cierre social donde el acceso a la toma de decisiones está mediado por el costo del mantenimiento de la estructura, no por la meritocracia o la representación efectiva.

    Con 24 legisladores, Morena tiene asignado un presupuesto de 143 mil 670 millones de pesos; mientras que el PAN, que ostenta 15 representantes, mantiene 132 mil 891 millones de pesos; el PVEM 76 mil 159,943.77; el PT 63 mil 530,008.76; Movimiento Ciudadano 65 mil 957,260.12 y el PRI, con solo dos representantes, gasta 64 mil 928 millones de pesos.

    Y esto es lo que ha encendido las alarmas: que partidos con mínima representación, como el PRI, que únicamente tiene dos diputados: Tania Nanette Larios Pérez (coordinadora) y Omar Alejandro García Loria (vicecoordinador), ejerzan presupuestos de 64,928 millones de pesos.

    Infelizmente, observamos una burocracia colmada de lujos que ha dejado de servir al Estado para servirse a sí misma. Y es que, cuando el 80% de los recursos se destina a la manutención de la élite (sueldos y bonos) y no a la producción legislativa, la institución pierde su función social y se convierte en un mecanismo de extracción de rentas públicas.

    La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar ese gasto, al tiempo que fomenta la transparencia y racionalidad del gasto público.

    De aprobarse el Plan B, los gastos podrían reducirse considerablemente en las próximas elecciones intermedias. Y eso es justo lo que el pueblo demanda.

  • Confirmado, diputada migrante suplente del PAN en la CDMX no migró, vivía y trabajaba en México

    Confirmado, diputada migrante suplente del PAN en la CDMX no migró, vivía y trabajaba en México

    Por: Luis Piña

    Shirley Vianney Rangel López, diputada suplente del PAN en la Ciudad de México por la figura migrante, no cumplía con los requisitos para ostentar la representación migrante.

    Según el Formulario de Aplicación de Registro del Instituto Nacional Electoral, del cual LosReporterosMx tiene copia, la esposa del titular de la fórmula migrante, Raúl Torres, declaró tener tres años de residencia en su domicilio en México, lo que desmiente su aseveración de vivir en Estados Unidos.

    A través de un video publicado en redes sociales durante el periodo de campañas, Shirley aseguró vivir en Nueva York; sin embargo, el documento del INE contradijo esa afirmación. No solo eso: también declaró ser empleada, lo que confirma lo que en semanas anteriores habíamos revelado.

    En la publicación que realizamos el pasado 12 de febrero, se documento cómo Shirley es esposa del diputado titular de la figura migrante, Raúl Torres, además de haber trabajado en el INAI y percibir un sueldo bruto superior a los 73 mil pesos mensuales en 2024, mismo año en el que fue elegida como legisladora.

    Con este documento queda en evidencia cómo el PAN en la CDMX ha tenido que mentir para convertir el Congreso de la capital en una empresa familiar para los blanquiazules.

  • Senadores gastan más de 21 millones de pesos en café y alimentos durante 2025

    Senadores gastan más de 21 millones de pesos en café y alimentos durante 2025

    Por Martha Rojas

    El Senado ha dilapidado una suma millonaria en café, agua embotellada, vales de despensa, comida y hasta pensiones de estacionamiento. Tan sólo en comida y café los gastos ascienden a 21 millones 595 mil 380 pesos, un millón más que en 2024.

    Al escandaloso cierre de un salón de belleza que operó por cerca de dos años en las instalaciones del Senado, y que fue equipado con presupuesto público, se suma, ahora, el derroche en café, alimentos y pensiones para estacionamiento en el que han incurrido los senadores.

    Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, la Cámara Alta erogó más de 21 millones de pesos en café, galletas, agua y alimentos, tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

    Los senadores disfrutaron de los servicios de cathering y restaurante a costa del erario fueron los senadores.

    Los senadores y las senadoras, especialmente. Porque el resto de los trabajadores del Senado recibieron un trato distinto.

    Y es que, mientras el personal de limpieza recibió un menú de 80 pesos, los senadores tuvieron “lunchs” de 750 pesos cada uno.

    De acuerdo con la cuenta pública del Senado, la empresa WWPL México S.A de C.V recibió un contrato de 4 millones 352 mil 354 mil pesos para suministrar, durante un año, agua y café.

    Y no solo eso. Por los servicios de alimentos, la empresa Mobiliarios Mifflin S. A de C.V recibió otros 17 millones 241 mil 38 pesos.

    Eso quiere decir que, por ambos servicios, el Senado desembolsó un millón de pesos más que en 2024, cuando solo contrató a Mifflin, la cual brindó el servicio de comida para la celebración del 15 de septiembre en la Alcaldía Cuauhtémoc, que, dicho sea de paso, encabeza la panista Alessandra Rojo de la Vega, y por el cual la alcaldía pagó 9 millones 100 mil pesos.}

    Pero le digo más: la empresa también ofrece distintos “servicios” que van desde la organización de eventos y espectáculos, pasando por el servicio de comida, pasando, incluso, por la renta de mobiliario.

    Pero hay más.

    Además del ostentoso servicio de comida para los senadores, la institución gastó 7 millones 752 mil pesos en estacionamiento para 252 vehículos, los cuales fueron llevados a distintas pensiones de la colonia Roma, Tabacalera y Juárez.

    A esta prestación se suman los vales de despensa por los que el Senado pagó 74 millones 529 mil pesos; o el seguro de vida para los jubilados que costó 252 mil pesos.
    Incluso, la institución se dio el lujo de pagar 850 mil pesos para la fumigación y eliminación de “fauna” nociva en las instalaciones.

    Cabe señalar que durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, la partida presupuestaria del Senado incrementó 11,000%, pasando de ocho millones a 894 millones de pesos.

    Sin embargo, el tabasqueño aseguró, en su momento, que el aumento se trató de una reclasificación del presupuesto y al “aumento de costo de insumos”.

    Más allá de estas declaraciones, una cosa es cierta: los senadores han incurrido en gastos excesivos, contrario a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado implementar en sus círculos más cercanos: la austeridad.

    Acostumbrados a los excesos de los “viejos tiempos”, lamentablemente, los senadores no están dispuestos a renunciar a sus antiguos privilegios y tampoco a practicar la austeridad. Prueba de ello, es la disparidad que existe entre el costo de las comidas de los senadores y la de los trabajadores, que cuesta 670 pesos menos.

    Infelizmente, estos senadores no son representantes, son comensales de lujo a costa de una nación en ayunas. Y es que, mientras el pueblo cuenta centavos, los senadores cuentan millones en galletas.

  • Dinastía potosina: esposa de gobernador Gallardo quiere heredar el trono

    Dinastía potosina: esposa de gobernador Gallardo quiere heredar el trono

    Por Ricardo Sevilla

    Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.

    Pero déjeme contarle la historia con datos duros.

    Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.

    En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.

    La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.

    El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañanera del Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.

    Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.

    De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.

    No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.

    Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.

    Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.

    Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.

    De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.

    Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.

    Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.

    Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.

    En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.

    Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.

    Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.

    Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.

    Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.

    Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.

    Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.

    Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí

    Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.

    Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.

  • Raúl Torres, el diputado migrante que puso a su esposa como suplente

    Raúl Torres, el diputado migrante que puso a su esposa como suplente

    Por: Luis Piña

    En las últimas semanas, el debate sobre el nepotismo ha cobrado fuerza como un reclamo social frente a prácticas que recuerdan a esquemas monárquicos, donde familias completas se heredan cargos públicos. En la Ciudad de México, el caso del diputado migrante del PAN, Raúl Torres, vuelve a colocar el tema en el centro de la discusión.

    Luego de que Los Reporteros Mx revelara que Torres mintió sobre su residencia en Estados Unidos, una nueva investigación exhibe una red familiar en torno a su suplencia legislativa.

    Durante su primera legislatura como diputado migrante en 2021, su suplente fue Nancy Vireidiana Rangel López, hermana de Shirley Vianney Rangel López, esposa del legislador; es decir, su cuñada.

    Para la siguiente legislatura, Torres fue aún más lejos: sustituyó a su cuñada y designó como suplente a su propia esposa, Shirley Vianney Rangel López.

    El caso no termina ahí. Durante la campaña de 2024, Shirley Vianney aseguró residir en Estados Unidos; sin embargo, registros oficiales indican que en 2023 trabajaba en el INAI, donde percibía un salario neto mensual de 73 mil 456 pesos.

    Además, en febrero de ese mismo año, ella y el diputado celebraron en México el baby shower de su hija, evento al que asistieron diversos panistas. Este hecho la ubica físicamente en el país en un periodo clave, pues la legislación establece que para ser diputada migrante debía acreditar al menos dos años de residencia previa en el extranjero, es decir, desde 2022.

    Entre los asistentes a la celebración estuvieron los diputados panistas Ricardo Rubio Torres, Luisa Gutiérrez Ureña, Diego Garrido López, Gonzalo Espina Miranda y Aníbal Cañéz Morales, lo que sugiere que el partido tenía conocimiento de la situación.

    Así, el caso no solo abre cuestionamientos sobre el uso de cargos públicos en beneficio familiar, sino también sobre el cumplimiento de los requisitos legales para representar a la comunidad migrante.