Reporteros MX difundió imágenes que contradicen la versión del senador panista, quien aseguró que Natalia Torres únicamente colaboraba con él como asesora ocasional.
El senador del PAN, Agustín Dorantes, vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que un nuevo video difundido por Los Reporteros MX contradijera su versión sobre la relación laboral con Natalia Torres.
El legislador había asegurado que la militante priista “solo le daba consejos”, pero las imágenes muestran a Torres gestionando contactos y coordinando la comunicación con operadores políticos, funciones que distan mucho de una simple asesoría.
En el material se observa a Natalia Torres organizando enlaces con integrantes del equipo del senador, coordinando llamadas y facilitando la comunicación con operadores políticos. Las escenas fortalecen la versión de que desempeñaba tareas propias de una coordinadora de comunicación, pese a que Dorantes intentó minimizar públicamente su papel.
🚨MIENTE el Senador @agusdorantes cuando asegura que @naattorres1 solo ha colaborado con el para "darle consejos".
En este nuevo video que revela @ReporterosMX_ se le ve a la militante del PRI y obrera del PAN gestionando los contactos de los operadores políticos del Senador… pic.twitter.com/d9sc69onXz
La contradicción ha generado cuestionamientos sobre la credibilidad del senador panista. Si, como afirmó, Torres únicamente ofrecía recomendaciones de manera informal, ¿por qué aparece desempeñando labores de coordinación y operación política? El nuevo video alimenta las dudas sobre la versión presentada por Dorantes y reaviva el debate sobre la transparencia de su equipo.
La polémica se suma a los señalamientos que ya rodeaban a Natalia Torres, quien recientemente fue objeto de críticas en redes sociales tras intentar deslindarse de su cercanía con el PAN, pese a que ha sido vinculada con figuras y estructuras del partido. Ahora, el nuevo material difundido por Los Reporteros MX vuelve a colocarla en el centro de la conversación pública.
Mientras las evidencias siguen acumulándose, la narrativa del senador parece sostenerse cada vez menos. Una cosa es decir que alguien “solo da consejos” y otra muy distinta es que aparezca coordinando contactos, organizando la comunicación y participando en la operación política. En política, los hechos suelen pesar más que las declaraciones, y este nuevo video abre más preguntas que respuestas sobre la verdadera función de Natalia Torres dentro del equipo de Agustín Dorantes.
Aunque aseguró una y otra vez que no trabajaba para ningún partido político y retó a que presentaran pruebas, una investigación de Los Reporteros MX revela documentos oficiales e imágenes que la ubican como colaboradora del senador panista Agustín Dorantes.
Por Manuel Pedrero
Después de que Natalia Torres, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana, desatara una ola de críticas por afirmar que no todos los mexicanos merecen votar, intentó desmarcarse de cualquier vínculo con el PAN.
En entrevistas con diversos medios aseguró que no trabajaba para ningún partido político, que nadie le pagaba y que quienes la acusaban de ser panista no tenían una sola prueba. Incluso, en redes sociales respondió a un usuario que la llamó “otra en la nómina del PAN” con un contundente: “Nadie tiene pruebas porque no tengo chambas con ningún partido político”.
Pues bien, las pruebas sí existen.
Los Reporteros MX obtuvo un documento oficial del Senado de la República, membretado por el despacho del senador panista Agustín Dorantes Lambarri, en el que el legislador solicita que se otorgue acceso al recinto legislativo durante un mes a diversas personas para participar en “reuniones de trabajo de este despacho”.
Entre los nombres enlistados aparece Natalia Torres Salim. Sí, la misma Natalia Torres que aseguró públicamente no tener relación alguna con el PAN.
El documento, lejos de ser una simple coincidencia, desmonta el discurso de la autodenominada “ciudadana apartidista”. Si acudía a reuniones oficiales del despacho de un senador del PAN como parte del equipo autorizado por el propio legislador, difícilmente puede sostener que no colaboraba con él.
Pero eso apenas es el inicio.
Además del documento, Los Reporteros MX tuvo acceso a fotografías y videos donde se observa a Natalia Torres acompañando de manera permanente a Agustín Dorantes durante giras, eventos y actividades públicas. En las imágenes no aparece como una simple asistente o espectadora: coordina al equipo de comunicación, da instrucciones para las grabaciones, organiza la logística mediática y hasta reparte propaganda con el logotipo del PAN y la imagen del senador.
En otras palabras, es la sombra de Agustín Dorantes.
Fuentes consultadas por este medio dentro del PAN Querétaro aseguran que Natalia Torres es la jefa de comunicación del senador, encargada de elaborar discursos, coordinar entrevistas y gestionar su presencia en medios de comunicación. De acuerdo con estas versiones, sería una pieza clave para que Dorantes aparezca en espacios como TV Azteca y Milenio, donde, casualmente, la propia Natalia también participa.
Las mismas fuentes agregan otro detalle que pinta de cuerpo entero la cercanía entre ambos: cuando Agustín Dorantes no puede impartir clases en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien presuntamente lo sustituye como profesora adjunta es precisamente Natalia Torres.
¿Y cómo llegó toda esta información a Los Reporteros MX? La respuesta también tiene su dosis de ironía.
No fueron morenistas, ni simpatizantes de otro partido. Fueron panistas. Militantes del PAN en Querétaro, inconformes con Agustín Dorantes y alineados con el grupo del alcalde Felifer Macías, quien también busca convertirse en candidato panista a la gubernatura del estado. Al parecer, la guerra interna en Acción Nacional está dejando más filtraciones que acuerdos.
El caso recuerda inevitablemente al de Edson Andrade, otro personaje que durante meses insistió en presentarse como un ciudadano independiente mientras negaba cualquier relación laboral con el PAN, hasta que diversas evidencias demostraron lo contrario. Ahora, la historia parece repetirse con Natalia Torres.
Lo curioso es que el patrón comienza a repetirse: cada vez que alguien cercano al PAN es señalado por operar políticamente para ese partido, la respuesta inicial suele ser la misma: “yo no trabajo para el PAN”. Después aparecen documentos, fotografías, videos… y el discurso termina por derrumbarse solo.
Eso sí, hay un punto que Los Reporteros MX deja claro. Fuentes del PAN Querétaro afirman que Natalia Torres presuntamente no cobra mediante la nómina del Senado, sino que recibiría un pago directo por parte del senador Agustín Dorantes, el cual rondaría los 100 mil pesos mensuales. Sobre ese monto no existen documentos que lo acrediten, por lo que permanece como una versión proporcionada por las fuentes consultadas.
Por ello, sería deseable que tanto Natalia Torres como Agustín Dorantes respondieran una pregunta muy sencilla: si no existía relación laboral, ¿por qué aparecía oficialmente integrada al equipo del despacho del senador? Y, de existir dicha colaboración, ¿cuál es exactamente el monto que recibe y de dónde provienen los recursos para cubrir ese pago?
Porque una cosa es presumirse como “ciudadana apartidista”, y otra muy distinta es aparecer en documentos oficiales, coordinar campañas, organizar la comunicación de un senador panista y después asegurar, mirando a la cámara, que “nadie tiene pruebas”.
Aunque intentó deslindarse del conductor, la fundación mantiene una estrecha colaboración con Fundación Azteca desde hace años.
Por Neri Torres
La reciente visita de Pedro Sola al Hospital Veterinario Yaakunah desató una ola de críticas en redes sociales. Usuarios señalaron como hipócrita que el conductor de Ventaneando acudiera a un espacio dedicado a la protección animal, luego de que días antes causara indignación por sus comentarios en los que insinuó envenenar perros.
Tras la polémica, el Hospital Veterinario Yaakunah intentó deslindarse tanto de las declaraciones como de la presencia de Sola. Sin embargo, una revisión de su historial muestra una relación que contradice esa postura.
El 27 de septiembre de 2024, la página oficial de Facebook del hospital promocionó el Huellatón de Fundación Azteca, una jornada de vacunación realizada en la explanada de la alcaldía Álvaro Obregón. Es decir, la institución ya colaboraba públicamente con la fundación perteneciente a TV Azteca mucho antes de la controversia.
La contradicción se hace aún más evidente porque la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah A.C. también participó en el Huellatón 2026, organizado por Fundación Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Pese a ello, tras los comentarios de Pedro Sola, la organización no emitió un posicionamiento contundente y, por el contrario, permitió que el conductor utilizara sus instalaciones en un intento por limpiar su imagen frente a las críticas por la apología del maltrato animal.
La investigación también revela que la representante legal de la fundación, Gabriela Ortiz Galarza, apareció el 12 de marzo de este año en el programa “A Quien Corresponda”, de TV Azteca, para anunciar la participación de Yaakunah en el Huellatón 2026.
Con estos antecedentes, resulta difícil sostener que Yaakunah buscó marcar distancia con Pedro Sola. Los registros públicos muestran una relación constante con Fundación Azteca, lo que pone en duda el intento de la organización por presentarse como ajena al conductor, cuando fue la propia institución la que le abrió sus puertas para una visita que muchos interpretaron como un intento de limpiar su imagen pública.
Mientras la oposición apenas comienza a mover sus piezas rumbo a las elecciones en la Ciudad de México, en redes sociales ya está en marcha una campaña sucia contra alcaldes y alcaldesas de Morena. Detrás de páginas que aparentan ser medios informativos hay miles de pesos invertidos para posicionar ataques, memes y publicaciones sacadas de contexto.
Una investigación de Los Reporteros MX documentó que, tan solo entre junio y lo que va de julio, páginas de Facebook enfocadas en Azcapotzalco e Iztacalco han desembolsado alrededor de 22 mil pesos en publicidad pagada para difundir contenido contra los gobiernos de esas demarcaciones.
El caso más evidente es el de “Azcapo News”. Aunque presume poco más de siete mil seguidores, los registros públicos de la Biblioteca de Anuncios de Meta muestran que únicamente en julio ha destinado cerca de 17 mil 500 pesos para impulsar publicaciones dirigidas contra la alcaldesa Nancy Núñez. La mayoría del contenido consiste en declaraciones fuera de contexto, videos editados y memes con el objetivo de desacreditar a la administración morenista.
Los registros de Meta muestran que Azcapo News ha contratado campañas desde 300 pesos, con un alcance estimado de hasta 20 mil personas, hasta anuncios de 7 mil pesos que podrían llegar a medio millón de usuarios.
Pero las irregularidades no terminan ahí. La información pública de Meta revela que la página anteriormente se llamaba “Vecinos Azcapotzalco” y que cambió su nombre a “Azcapo News” el 24 de junio de 2026.
Pero, ¿quién está pagando la campaña?
La investigación de Los Reporteros MX encontró que detrás de Azcapo News continúa operando la página “Vecinos Azcapotzalco”, la cual también promociona videos y publicaciones con un contenido similar. De acuerdo con el apartado de transparencia publicitaria de Meta, los registros identifican a Dragoni como el responsable de financiar esos anuncios utilizados para golpear sistemáticamente a la alcaldesa de Azcapotzalco. Aunque en Azcapo News aparece un correo electrónico de contacto distinto, ambas páginas comparten el mismo número telefónico, con terminación 023066, el cual está ligado a Dragoni.
Dragoni Network on Fire es una firma que se presenta como especialista en innovación digital y estrategias basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, entre su cartera de clientes figuran trabajos para la administración del entonces alcalde priista Armando Cabada Alvídrez, en Ciudad Juárez, así como campañas para el PAN, el PRI, la COPARMEX y empresas estadounidenses del sector energético.
Los datos públicos de Meta dejan ver que no se trata de publicaciones espontáneas ni de simples opiniones en redes sociales. Detrás de esta estrategia hay recursos económicos destinados a ampliar el alcance de los mensajes e influir en la conversación pública mediante publicidad pagada.
Todo apunta a que la batalla por las alcaldías de la Ciudad de México ya comenzó y, al menos en el terreno digital, la primera apuesta de la oposición parece no ser la presentación de propuestas, sino el financiamiento de campañas sucias contra los gobiernos morenistas.
En un rincón de El Marqués, Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de 88 años, enfrentó a quienes intentaban arrebatarle el lugar donde había vivido durante décadas. Meses después murió.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
Hay historias que explican mejor que cualquier expediente cómo funciona el poder.
Esta no comienza en una oficina de gobierno ni en una sala de tribunales. Comienza en un viejo rancho llamado El Ojal, en las inmediaciones de Amazcala, Querétaro, donde la familia Esteban Álvarez asegura haber vivido desde finales de la década de 1960 cuidando la tierra que heredó de sus abuelos. Allí, entre árboles, pozos de agua y construcciones levantadas con décadas de trabajo, ocurrió un episodio que hoy se ha convertido en uno de los casos más delicados dentro de las denuncias sobre el presunto “cártel inmobiliario” de Querétaro.
Durante un recorrido realizado por Los Reporteros MX, el periodista Luis Piña llegó hasta el lugar donde, según la familia Esteban Álvarez, una disputa por más de 70 hectáreas terminó con la muerte de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de la tercera edad.
“Creo que no he encontrado otra historia más complicada que la que les voy a mostrar hoy”, relató Piña frente al rancho. “Aquí está involucrado Humberto Palacios Alcocer, cuñado del gobernador Mauricio Kuri, y la muerte de una mujer de 88 años”.
La historia, según los testimonios recabados, se remonta años atrás. La familia asegura que desde 2015 comenzaron las presiones para abandonar el predio. Quien aparecía constantemente era Humberto Palacios Alcocer, personaje ligado a una de las familias más influyentes de la política queretana.
“Venía diciendo que todo esto era suyo”, recuerda uno de los familiares. “Le pedíamos documentos, títulos, pruebas. Nunca los presentó. Solamente decía: ‘esto es mío y se tienen que ir’”, relatan Alicia Esteban Álvarez y Margarita Esteban Álvarez, hijas de la señora Engracia Álvarez Raymundo.
Pero el episodio que cambió todo ocurrió en 2020, cuando Kuri era senador. De acuerdo con los testimonios, una mañana arribaron al rancho trabajadores, personal de seguridad y maquinaria pesada con la intención de derribar parte de las construcciones donde habitaba la familia. En ese momento solamente había tres mujeres en el lugar. Una de ellas era Engracia Álvarez Raymundo.
Según los relatos entregados a Los Reporteros MX y documentados por el activista Manuel Zamorano Escobar, la mujer salió para defender su hogar cuando observó que intentaban ingresar al terreno. Durante la confrontación, presuntamente fue empujada y cayó al suelo. La caída le provocó una fractura de cadera.
Para cualquier adulto mayor una lesión así representa un riesgo enorme. Para ella fue el principio del final.
“La aventó, le rompió la cadera y después mi abuelita ya nunca volvió a recuperarse”, relata Luis Alberto Mendiola, uno de sus nietos con la voz entrecortada. Meses después falleció.
El caso dio un nuevo giro en abril de 2026, cuando familiares de Engracia Álvarez presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro para que se investigue la posible responsabilidad penal derivada de los hechos ocurridos durante el conflicto por el Rancho El Ojal.
En la querella, los denunciantes sostienen que su familia ha habitado el predio desde finales de la década de 1960 y relatan que, durante una confrontación ocurrida en octubre de 2020, la adulta mayor sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, la familia considera que las lesiones y las complicaciones médicas posteriores guardan relación con el fallecimiento de Engracia Álvarez meses después.
La mujer del vestido es Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
La denuncia también señala que fueron incorporados comprobantes de atención médica, gastos hospitalarios y testimonios de familiares como parte de los datos de prueba ofrecidos ante la autoridad ministerial. Asimismo, los denunciantes solicitaron que se practiquen peritajes, testimoniales y demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Por ello, para la familia, el conflicto dejó de ser una disputa por tierras hace mucho tiempo.
“Ya no estamos hablando de dinero”, sostiene Manuel Zamorano. “Estamos hablando de una persona que murió después de una agresión denunciada por sus propios familiares. Eso tiene que investigarse”.
Detrás del conflicto aparece además otro elemento clave: el agua.
Los familiares afirman que en la zona existen dos pozos con importante capacidad de extracción. Una riqueza cada vez más codiciada en un estado donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad.
“Lo que quieren no son solamente las tierras”, asegura uno de los habitantes. “Quieren el agua. Aquí tenemos dos pozos y eso vale millones. Esta zona es hermosa, pasa la carretera cerca, la pueden fraccionar. Para ellos es un negocio enorme”.
La familia asegura que durante más de una década ha resistido intentos de desalojo, amenazas y procedimientos que consideran irregulares. Incluso, Manuel Zamorano afirma haber entregado documentación directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la intervención federal.
Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
“Ahora ya no tenemos miedo”, dice Luis Alberto Mendiola. “Sabemos que no estamos solos. Lo único que queremos es justicia para mi abuelita”.
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por Zamorano, quien ha documentado denuncias relacionadas con presuntos despojos, acaparamiento de agua, cambios de uso de suelo y operaciones inmobiliarias en diversos municipios queretanos. Según el activista, existen carpetas presentadas ante autoridades federales que involucran a personajes vinculados al poder político y económico de la entidad.
Hasta el momento, la denuncia presentada por la familia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades. Las personas señaladas mantienen plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Sin embargo, en el rancho El Ojal permanece una pregunta que ni los años ni los tribunales han logrado responder.
Detrás de las cifras millonarias, de los desarrollos inmobiliarios y de las disputas por la tierra, quedó la historia de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer que salió a defender la casa donde había pasado gran parte de su vida. Y que, según su familia, nunca volvió a levantarse de aquella caída.
En su sitio web, que permanece activo, Distrito Yaax se promociona como “tu inversión inteligente en Cancún”, acompañado de imágenes de modernas y lujosas torres departamentales. Sin embargo, esas representaciones quedaron únicamente en ilustraciones. El desarrollo inmobiliario, ubicado sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, Supermanzana 295, Manzana 19, jamás fue concluido. Hoy, en lugar de los edificios prometidos, el complejo permanece abandonado y en su exterior destaca un aviso del Gobierno de Quintana Roo que acredita su clausura. Mientras tanto, decenas de inversionistas continúan sin recuperar los millones de pesos que destinaron al proyecto.
Qué es “Distrito Yaax”
Distrito Yaax es un desarrollo inmobiliario que oferta dos torres, cada una de 18 pisos. Presume contar con un diseño que prioriza la naturaleza con un 60% de áreas verdes y lujosas amenidades como albercas, camastros y estancias. El inicio de su construcción es un misterio.
En redes enfatizan haber ganado los Global Future Design Awards 2024. Allí se afirma que el desarrollo “está en construcción”, es decir, que la obra habría iniciado al menos ese año. Hay información contradictoria. De acuerdo con el medio “World Construcción”, que le dedicó un favorable artículo promocional al proyecto, la construcción arrancó en 2025. “Distrito Yaax” ofrece desde departamentos tipo “estudio” a 2,819,534 pesos hasta viviendas de tres recámaras a 9 millones de pesos.
Imagen promocional falsa de Distrito Yaax
Testimonio de víctimas
En junio de 2023, “Pedro” (alias para resguardar su identidad) firmó un contrato para invertir en el desarrollo “Distrito Yaax”. Quedó convencido después de visitar el Showroom junto a su madre. Al final, ambos juntaron ahorros y transfirieron un monto inicial de 1,500,000 pesos para adquirir un departamento con un valor de 3 millones de pesos.
Han pasado tres años desde entonces. La promesa era que su departamento sería entregado a más tardar el 30 de noviembre de 2025. Ni fue entregado ni fue construido. Para hallar respuestas, la primera semana de junio de 2026, los afectados se dirigieron a las oficinas del apoderado legal donde firmaron el contrato, ubicadas en calle Ébano de la Supermanzana 43. Al tocar el timbre, la actual residente de la vivienda informó que allí ya no había oficinas.
Casa que fungía como oficinas de “Distrito Yaax”
No es un caso aislado. La página inmobiliaria Zisla, donde se siguen ofreciendo departamentos de “Distrito Yaax”, sostiene que hay 263 unidades disponibles de 432 unidades totales. De ser cierto, una resta nos da el total de 169 departamentos vendidos. En Facebook ya se organizan decenas de personas afectadas en un grupo llamado “Distito Yaax Clientes”. Las historias siguen un mismo patrón: un showroom llamativo y convincente; la inversión de cientos de miles de pesos, si no es que millones; y posteriormente el nulo contacto de los responsables.
En agosto de 2025, el periódico local Quequi documentó el caso de una mujer víctima de esta estafa. El medio reportó que ella invirtió 1.1 millones de pesos y que la inmobiliaria la amenazó para que no difundiera su testimonio. La víctima presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/05/9828/2025). A pesar de esto, los responsables siguen sin enfrentar la justicia.
Fotografía publicada por víctima en octubre de 2025, nulo avance del proyecto
Alejandro Samir Martínez Escareño (izquierda), Fernando Álvarez Tostano (derecha)
Hay diversas personas que han sido identificadas por las víctimas:
Alejandro Samir Martínez Escareño, arquitecto, CEO del proyecto, socio mayoritario de la sociedad (60% de acuerdo al periódico Quequi) y representante legal de la misma.
Greta Williams, asesora inmobiliaria, promotora, vendedora o “broker”.
Alejandro Samir Martínez Escareño (izquierda), al lado de Greta Williams (derecha)
El periódico Quequi identificó a otros involucrados (de izquierda a derecha): Arturo Serrato Villanueva, representante legal; Gabriela Rodríguez Álvarez, exgerente administrativa; y Betzabé Aguilar Álvarez, asesora de ventas.
Involucrados identificados por periódico Quequi
Adicionalmente, en la página Global Future Design Awards se enlistan a otros integrantes del proyecto: Francisco Rivera, Juliana Avila, Dennis Fuentes, Reyna Hernandez, Sarahi Cadena y Daniel Lopez.
Estafadores se dan a la fuga
El 18 de febrero de 2025, una de las víctimas denunció en Facebook que Arturo Alvarado Betancourt, director jurídico de Distrito Yaax, le afirmó que el socio mayoritario, Alejandro Samir Martínez Escareño, había fallecido el 1 de diciembre de 2025. Esa fue la justificación ofrecida por la cual no se han devuelto los millones de pesos de las víctimas. Ninguna prueba fue adjuntada por el director jurídico para constatar esta versión.
Actualmente, en Google Maps, el desarrollo aparece como “cerrado permanentemente”. Aunque sus cuentas en redes sociales siguen activas, el celular de atención (998 758 9361) se encuentra fuera de servicio. Además, al solicitar información en su página web, se marca un error, afirmando que no se puede enviar el formulario. Mientras tanto, las víctimas afirman que no les contestan correos, mensajes ni llamadas.
Documentos notariales, huellas digitales, poderes irrevocables, una dación en pago y una deuda que terminó convirtiendo a dos campesinos en presuntos deudores millonarios forman parte de una historia que hoy sigue generando preguntas en Querétaro.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
El tránsito no se detiene. A cualquier hora del día, miles de vehículos recorren el Anillo Vial Fray Junípero Serra, una de las arterias que mejor simboliza la transformación económica de Querétaro. A sus costados se levantan desarrollos residenciales, plazas comerciales, complejos habitacionales y terrenos cuyo valor se ha multiplicado de forma extraordinaria durante las últimas dos décadas. En este corredor se concentra una parte importante del crecimiento inmobiliario del estado y también algunos de los proyectos más rentables construidos en años recientes.
Desde la superficie, todo parece contar una historia de prosperidad. Sin embargo, detrás de las fachadas comerciales, del concreto y de la plusvalía, existe otra historia. Una que comienza en el campo, entre parcelas ejidales y adultos mayores que dedicaron su vida a trabajar la tierra. Una historia que hoy es reconstruida a partir de testimonios, expedientes judiciales y escrituras notariales que permiten seguir la ruta mediante la cual dos terrenos terminaron fuera del patrimonio de sus propietarios originales para convertirse en parte de uno de los desarrollos más importantes de la zona metropolitana de Querétaro.
La historia gira alrededor de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado, una pareja de ejidatarios del Ejido Bolaños. Según los testimonios recabados por el activista Manuel Zamorano y la documentación a la que tuvo acceso Los Reporteros MX, ambos vivieron durante años de las actividades agrícolas y enfrentaban una condición que los colocaba en una posición particularmente vulnerable frente a abogados, empresarios y operadores inmobiliarios: no sabían leer ni escribir.
Esa circunstancia aparece una y otra vez en los relatos que sobreviven alrededor del caso. Porque mientras para la mayoría de las personas una firma representa una decisión consciente, para quienes no saben leer el contenido de un documento, la huella digital se convierte en un acto de confianza. Confianza en quien explica el documento, confianza en quien lo redacta y confianza en quien promete que aquello que se firma corresponde a lo acordado verbalmente.
De acuerdo con la versión que sostienen familiares de los afectados, alrededor del año 2000 Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer acudieron personalmente al domicilio de la pareja para negociar la adquisición de las parcelas. La escena, reconstruida a partir de los testimonios obtenidos por Manuel Zamorano, describe la llegada de ambos hombres con cien mil pesos en efectivo: cincuenta mil para cada propietario.
Para una familia campesina, aquella cantidad resultaba difícil de imaginar. Según los relatos, la propuesta consistía en adquirir las dos parcelas por un millón de pesos cada una. El dinero entregado era presentado como un anticipo y el resto sería cubierto posteriormente mediante pagos sucesivos. Los propietarios aceptaron bajo esa promesa. Sin embargo, los familiares sostienen que esos pagos nunca llegaron.
Lo que sí continuó, afirman, fue la firma de documentos. O más exactamente, la colocación de huellas digitales en papeles cuyo contenido los propietarios originales no podían leer por sí mismos. En esa visita, aquellas huellas quedaron estampadas en distintos instrumentos legales que eventualmente tendrían consecuencias definitivas sobre la propiedad de la tierra.
Con el paso del tiempo, el valor de las parcelas aumentó de manera acelerada. La apertura del Anillo Vial Fray Junípero Serra modificó completamente la dinámica económica de la zona. Lo que durante décadas había sido tierra agrícola comenzó a convertirse en uno de los puntos más codiciados para el desarrollo urbano. El dinero llegó a la región. Las constructoras llegaron a la región. Los grandes proyectos llegaron a la región. Pero los propietarios originales jamás vieron reflejada esa prosperidad.
Los documentos revisados permiten observar que para 2013 ya existía una compleja estructura jurídica alrededor de las parcelas. La escritura pública número 20,446, otorgada el 30 de septiembre de ese año ante el notario Francisco Pérez Rojas, constituye una de las piezas centrales del expediente. En ella comparecen Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer como apoderados y representantes legales de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado.
Sin embargo, la misma escritura contiene un elemento que ha llamado la atención de quienes han revisado el caso. Mientras Mauricio Kuri y Humberto Palacios aparecen representando jurídicamente a los propietarios originales, Humberto Palacios figura también como la persona que recibe el inmueble mediante una operación de dación en pago. Es decir, una misma estructura documental coloca a Palacios en una posición donde participa tanto dentro de la representación legal de los propietarios como en la adquisición final del terreno.
La operación no se presenta como una compraventa tradicional. Los documentos establecen expresamente que se trata de un Convenio de Cumplimiento de Transacción y Dación en Pago. En términos jurídicos, una dación en pago ocurre cuando una persona no puede cubrir una deuda y entrega un bien para extinguirla. Dicho de otra manera, el terreno no cambia de manos porque sea vendido directamente, sino porque sirve para saldar obligaciones económicas previamente reconocidas.
Es precisamente ahí donde aparece el elemento más desconcertante de toda la historia.
La escritura incorpora antecedentes relacionados con el Juicio Sumario Hipotecario 1207/2010 del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro. Dentro de esa documentación aparecen obligaciones económicas atribuidas a los propietarios originales. Una de ellas corresponde a once millones de pesos, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor desde 2001. A ello se agregan otras cantidades vinculadas al valor comercial del terreno.
Conforme esas cifras fueron actualizadas durante años, los montos crecieron de manera exponencial. Según la información recabada por los denunciantes, la suma total de las obligaciones terminó superando los 214 millones de pesos.
La cifra resulta difícil de ignorar. No sólo por su magnitud, sino porque genera preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta pública. ¿Quién entregó originalmente esos recursos? ¿Dónde se encuentran los comprobantes de recepción? ¿Cómo una pareja de adultos mayores dedicada al campo adquirió obligaciones económicas capaces de alcanzar cientos de millones de pesos? ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Son interrogantes que constituyen el núcleo de la denuncia.
Los documentos muestran además que para 2013 el inmueble ya tenía un enorme valor económico. El propio expediente incorpora un avalúo bancario que asignaba a la parcela un valor superior a los 58 millones de pesos. Para entonces, la transformación urbana de la zona era evidente y el corredor del Fray Junípero Serra se perfilaba como uno de los espacios más rentables para el desarrollo inmobiliario de Querétaro.
La escritura también contiene cláusulas mediante las cuales la parte enajenante se declara pagada y recibida de las cantidades relacionadas con la operación. Asimismo, se extinguen derechos y obligaciones previas, se cancelan reclamaciones y se establecen desistimientos relacionados con acciones futuras sobre el inmueble.
No obstante, para quienes cuestionan la legalidad y legitimidad de todo el proceso, la existencia de esos documentos no resuelve el problema. Por el contrario. Lo profundiza.
La discusión no gira únicamente en torno a la validez formal de las escrituras, sino alrededor de una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más importante: ¿comprendían realmente Guadalupe Campos y Flavia Herrera lo que estaban autorizando cuando colocaban sus huellas digitales?
Esa pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que ambos fallecieron sin ver resuelto el conflicto. Ella murió años después de iniciados los procedimientos. Él enfrentó problemas de salud durante el desarrollo de los litigios y falleció en 2014. Hoy ninguno puede explicar qué entendió cuando firmó, qué le prometieron, qué recibió realmente o qué ocurrió durante cada una de las etapas que terminaron con la pérdida de sus tierras.
El 19 de abril de 2016 aparece otra escritura relevante dentro de la cadena de operaciones. Para entonces, Humberto Palacios Alcocer ya figura como propietario de la parcela y posteriormente la transmite a la empresa Cabi Paseos Querétaro, vinculada al desarrollo inmobiliario de la zona donde actualmente se encuentra Paseo Querétaro.
La tierra había cambiado definitivamente de manos.
Hoy, donde alguna vez hubo parcelas ejidales, circulan miles de automóviles cada día. Donde antes trabajaban campesinos, se levantan desarrollos comerciales y habitacionales que representan millones de pesos en inversión. El paisaje cambió por completo.
Lo que permanece sin resolverse es la pregunta de fondo: si esa transformación fue el resultado de una operación plenamente comprendida y aceptada por quienes eran dueños de la tierra o si, como sostienen quienes denuncian el caso, una combinación de poderes notariales, juicios, deudas, documentos firmados con huellas digitales y figuras jurídicas complejas terminó arrebatando a una familia campesina el patrimonio construido durante toda una vida.
Los Reporteros MX buscó obtener testimonios directos de familiares de los propietarios originales. Sin embargo, las personas consultadas manifestaron temor a hablar públicamente sobre el caso. Esa negativa, respetada por este medio, impidió incorporar sus voces de manera directa en este reportaje. Aun así, los documentos existentes, los expedientes revisados y los testimonios recabados por quienes han acompañado la denuncia permiten reconstruir una historia que continúa esperando respuestas.
Mientras el Hospital Materno Infantil de Nuevo León agoniza entre quejas por falta de insumos y precariedad, el gobierno emecista de Samuel García ha inyectado más de 147 millones de pesos a la empresa de Jorge Rodríguez Cantú, hermano de la influencer Mariana Rodríguez.
Por Ricardo Sevilla
Desde que Samuel García Sepúlveda asumió las riendas de Nuevo León, la bonanza parece haberse instalado no solo en el Palacio de Gobierno, sino en las cuentas bancarias de su círculo más íntimo. Y es que el mandatario emecista no ha parado de beneficiar a sus familiares consanguíneos y políticos, tejiendo una red de contratos que hoy pone bajo la lupa a su cuñado, Jorge Rodríguez Cantú.
Fuentes al interior del gobierno de Nuevo León aseguran que, desde 2021, el gobernador emanado de las filas de Movimiento Ciudadano ha entregado, al menos, cinco licitaciones del sector salud a uno de los tres hermanos de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú.
Cabe destacar que el protagonista de esta trama de opulencia es Jorge Rodríguez Cantú, quien reside en Guadalajara junto a su esposa, Alejandra Sánchez Böker. Al saber que su cuñado llevaría las riendas de Nuevo León, Jorge Rodríguez Cantú, quien es médico cirujano de profesión, ni tardo ni perezoso, fundó o se asoció con al menos 10 empresas, de las cuales ocho operan precisamente en la industria farmacéutica y servicios hospitalarios.
Es importante subrayar que, entre el conglomerado de Rodríguez Cantú destacan nombres como Hospital Jardines, Jardines Hospital de Especialidades y Hospital Jardines de Guadalupe. Sin embargo, la compañía Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. es la que ha acaparado buena parte de estos contratos.
No parece ser anecdótico que, desde 2021, esta empresa ha sido beneficiada con millonarias licitaciones tanto en Nuevo León como en Jalisco, ambas administraciones encabezadas por gobernadores del partido naranja.
De hecho, Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. figura actualmente como uno de los principales proveedores de materiales de curación y quirúrgicos para diversas instituciones de salud en dichos estados.
La “luna de miel” financiera comenzó en 2022, apenas meses después de que Samuel García tomara posesión.
Bajo la licitación LP 919044992-162-2022, el estado buscó proveeduría de insumos médicos para hospitales materno-infantiles. El ganador resultó ser, previsiblemente, la empresa donde el hermano de Mariana Rodríguez es socio fundador.
En aquella ocasión, el gobierno le concedió 70 millones 897 mil 51 pesos a cambio de materiales de curación “no especificados”. Pero eso fue solo el inicio, porque, en 2023, Samuel adjudicó a su cuñado un nuevo contrato por 8 millones 705 mil 598 pesos para el Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad.
Y eso no fue todo.
En 2024, la cifra volvió a dispararse con una licitación de 68 millones 214 mil 417 pesos.
En 2025, para cerrar la pinza de la corrupción y el nepotismo, la administración de Samuel García concedió un contrato adicional por 128 mil 788 pesos.
En total, la administración estatal ha destinado más de 147 millones de pesos a la empresa familiar, consolidándola como proveedora principal, pese a que su contratación representa un evidente conflicto de interés al tratarse de un familiar directo del gobernador.
Lamentablemente, mientras las cuentas de Paraclínicos se inflan, la realidad en los pasillos de los hospitales es terriblemente desoladora.
Lo más preocupante es que el Hospital Materno Infantil de Guadalupe enfrenta una crisis de gestión. El personal médico, incluso, denuncia sobrecarga de trabajo y hasta venta de plazas, mientras que los usuarios padecen una sobresaturación asfixiante.
Las quejas han llegado hasta la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, donde se documenta la precariedad de las instalaciones y, paradójicamente, la falta de insumos médicos que el cuñado del gobernador debería estar cubriendo.
Sin embargo, el gobernador Samuel García parece indiferente a estas problemáticas, mientras enriquece los bolsillos de su familia.
Una cosa es cierta: este esquema de licitaciones directas podría ser solo la punta del iceberg.
Y es que, aunque muchos medios de comunicación se alzan de hombros, recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación señalando a Samuel García como artífice de una presunta triangulación de recursos.
Se sospecha el desvío de al menos mil millones de pesos del erario hacia 10 empresas familiares.
El modus operandi, de esta estructura nepotista, consistiría en el uso de empresas fantasma y testaferros para canalizar fondos hacia el bufete Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., propiedad de Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Es un círculo perfecto: el estado paga, la familia provee y el despacho jurídico “asesora”.
Es evidente que Samuel García está creando una aristocracia de negocios protegida por el fuero y el marketing político.
El poder en Nuevo León se ha vuelto un negocio de familia con cargo al contribuyente. Y en los hospitales de ese estado, mientras el pueblo padece la saturación, la familia del poder disfruta la licitación
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quedó en el centro de la polémica tras adjudicarse como propio un proyecto de rehabilitación deportiva financiado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad de México. La intervención no solo implicó el uso de infraestructura ya renovada, sino también la remoción de la identidad institucional del gobierno central para sustituirla por la de su administración.
El caso no es menor. En el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el gobierno capitalino anunció un ambicioso programa de recuperación del espacio público que contempla la intervención y construcción de alrededor de 300 canchas de futbol en las 16 alcaldías. De ese total, la mayoría corresponde a espacios rehabilitados con recursos públicos de la ciudad, en una estrategia que busca no solo fomentar el deporte, sino también recomponer el tejido social en zonas urbanas.
Una de esas canchas se ubica en el Deportivo Cuauhtémoc, en la colonia Buenavista. Ahí, el gobierno de la ciudad colocó pasto sintético, mejoró el entorno y aplicó una imagen institucional vinculada a la conmemoración del Mundial 2026, incluyendo el distintivo corazón que ha caracterizado la identidad gráfica de la capital.
Sin embargo, el pasado miércoles 30 de abril, la alcaldesa difundió un video en sus redes sociales donde presenta esa misma cancha como un logro de su administración. En las imágenes se observa incluso cómo el espacio fue repintado para incorporar el logotipo de la alcaldía, en un intento por reconfigurar la autoría del proyecto. Aun así, algunos elementos originales como el corazón institucional permanecen visibles, evidenciando el origen de la intervención.
En el video, Rojo de la Vega afirma: “Con Renace Cuauhtémoc estamos rehabilitando canchas, porque aunque sea de gobierno no significa que sea chafa”. La frase, más allá del tono, abre un frente político: por un lado, descalifica implícitamente el trabajo del propio gobierno capitalino; por otro, intenta apropiarse de una obra realizada con recursos que no dependen de la alcaldía.
El episodio exhibe una práctica recurrente en la derecha mexicana: la disputa por el crédito público. En un escenario donde los recursos, la narrativa y la visibilidad son capital político, las obras dejan de ser únicamente infraestructura para convertirse en símbolos de poder y posicionamiento.
Felifer Macías dilapida 35 mdp en gradas y pasto sintético para “rehabilitar” un campo de béisbol y, antes, el alcalde panista de Querétaro otorgó un contrato por 4.5 millones de pesos para pintar y poner focos en 250 metros de calle.
Por Neri Torres
El alcalde panista de Querétaro, Felipe Fernando Macías, presume como un logro la “rehabilitación” de la Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en Villas del Sol.
De acuerdo con el edil, estas acciones forman parte de sus compromisos para recuperar espacios destinados al deporte y la convivencia social. Sin embargo, detrás del discurso oficial se asoman serias contradicciones, particularmente en el gasto destinado a obras que, en apariencia, resultan limitadas: la construcción de gradas y la colocación de pasto sintético en el campo de béisbol.
Para dimensionar la situación, vale la pena revisar antecedentes.
En 2018, durante la administración del entonces alcalde Marcos Aguilar Vega, se destinaron poco más de 3 millones de pesos para la rehabilitación integral de la misma unidad deportiva. Aquellas obras incluyeron mejoras en la pista de trote, instalación de enrejado, construcción de rampas y pisos de concreto, reubicación de luminarias y cercado perimetral.
Además, se intervinieron canchas de frontón con nueva techumbre, se instalaron alumbrados en andadores, se rehabilitaron baños, juegos infantiles y gimnasio, y se pintaron diversas áreas.
También se balizaron canchas de básquetbol, tenis y frontón, y se colocó pasto natural en el campo de vóleibol.
La pregunta es: ¿cómo fue que un conjunto más amplio de mejoras costó 3 millones de pesos? Y es que, si hacemos la comparativa, estamos hablando de un incremento del 1,066 por ciento.
¿Gradas y pasto sintético por 35 millones? ¡Es un robo!, asegura un grupo de vecinos.
Al revisar el contrato SOP/2025-0059/9, podemos observar que tres empresas fueron contratadas para la remodelación del campo de béisbol: Promociones y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Corpbo S.A. de C.V., y Construcciones Acero, S.A. de C.V.
Curiosamente, Grupo Corpbo ya había sido beneficiada con un contrato de 5 millones 979 mil 749.71 pesos por instalar pasto sintético en una cancha de futbol, en la Unidad Deportiva Belén, en Lomas de San Pedrito Peñuelas.
Sin embargo, al contrastar cifras, las inconsistencias saltan a la vista.
Y es que el costo promedio del pasto sintético de alta calidad en Querétaro ronda los 289 pesos por metro cuadrado. En el caso de la Unidad Deportiva Belén, se sustituyeron mil 271 metros cuadrados, lo que arroja un costo aproximado de 367 mil 319 pesos.
La diferencia frente a los casi 6 millones reportados resulta imposible de justificar.
Por si fuera poco, en el informe de entrega de la obra, Felifer presume una inversión de 5.8 millones de pesos exclusivamente para la unidad deportiva, mientras que el contrato SOP/2025-008/4 detalla que el gasto correspondía únicamente al cambio de pasto. Y otra pregunta asoma con persistencia: ¿Cuál fue el destino real de los recursos?
Y no es el único escándalo que acecha al alcalde panista.
El gobierno de Felipe Fernando Macías enfrenta crecientes cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
Una investigación de Los Reporteros MX ha revelado, por ejemplo, un gasto superior a 4.5 millones de pesos en la rehabilitación de una calle de apenas 250 metros, en la colonia Reforma Agraria.
A esto hay que sumar que, de las 80 obras que prometió el presidente municipal de Querétaro, únicamente 48 han sido concluidas, y la mayoría de ellas de carácter menor. Lo que indigna al pueblo queretano es que, en esas pequeñas obras, se han dilapidado más de mil 200 millones de pesos.
Diferentes auditorías señalan posibles irregularidades. Y es que la mayoría de los contratos emitidos por la administración de Felifer Macías imperan las adjudicaciones directas, la falta de documentación y las obras inconclusas. Y todo ello, nos aseguran fuentes al interior del gobierno panista, sin importar que los pagos a proveedores han sido liquidados en su totalidad.
Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, el actual alcalde blanquiazul —y que hoy aspira a la gubernatura de Querétaro— ha estado envuelto en diversas controversias, que van desde acusaciones de presuntos sobornos hasta críticas por gastos de campaña opacos y operativos municipales considerados excesivos.
Un historial que, lejos de disiparse, parece ampliarse con cada nueva obra bajo su administración.
