La compra de un terreno por 86.5 millones de pesos, los vínculos entre personajes políticos y empresas, y una autorización presupuestal de casi 784 millones colocan bajo escrutinio la construcción de la nueva sede del Congreso de Puebla.
La nueva sede del Congreso de Puebla costó 783 millones 927 mil 829.79 pesos durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Sin embargo, antes de levantar el recinto, las autoridades debían esclarecer los antecedentes de propiedad del terreno, verificar su situación jurídica y comprobar que podía destinarse legalmente a la obra; no lo hicieron.
La revisión documental de Los Reporteros MX permite reconstruir una cadena de operaciones inmobiliarias y decisiones administrativas que exige respuestas.
Los personajes detrás de la operación inmobiliaria
Entre los nombres vinculados con los antecedentes del terreno figura Jorge Estefan Chidiac, político priista cuya relación con el inmueble se remonta a operaciones previas a su venta al Estado. Como se documentó en el capítulo 2 de esta investigación, en 2007 su esposa adquirió el predio, que permaneció en manos de personas y empresas relacionadas con su entorno hasta 2022.
A esta historia se suma Michelle Chidiac Acar, madre del exfuncionario, quien adquirió acciones de Inmobiliaria 2015 hasta controlar el 90% de su capital social, según documentos del Registro Público de Comercio fechados el 28 de febrero de 2022. Ese mismo año, la empresa vendió al Estado el terreno de 12 mil 855 metros cuadrados por 86 millones 552 mil pesos, donde posteriormente se construyó el nuevo recinto legislativo.
No olvidemos que Estefan Chidiac también ocupó cargos políticos y legislativos en Puebla. Durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue designado titular de la Secretaría de Educación Pública estatal. Sus antecedentes inmobiliarios y su posterior participación en la administración pública forman parte del contexto que debe examinarse para reconstruir la cadena de propiedad del terreno.
Recordemos que Chidiac estrechó su relación con Sergio Salomón Céspedes durante la legislatura en la que ambos fueron diputados locales. Su cercanía coincidió con la llegada de Salomón al gobierno de Puebla, tras la muerte de Miguel Barbosa.
Otro nombre es José Chedraui Budib, actual alcalde de Puebla, quien aparece en la estructura corporativa de Grupo Alsagi. En 2015, Jomapa quedó vinculada con ese conglomerado y tuvo una relación societaria con una firma en la que figuraban Estefan Chidiac y su socio Fernández Brito.
Por su parte, Igor Emilio Ferrer Acuña, quien estuvo al frente de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado durante la administración de Miguel Barbosa, actualmente dirige el área de Bienes Patrimoniales del gobierno municipal encabezado por ni más ni menos que José Chedraui.
Un antecedente judicial y una donación federal
La historia del predio también incluye una controversia judicial durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. El entonces gobernador promovió una demanda contra Estefan Chidiac por un conflicto relacionado con el terreno. El exgobernador ya fallecido sabía de los planes que tenía Chidiac para cometer el fraude que hoy se vislumbra en la edificación del Congreso de Puebla.
De acuerdo con la reconstrucción documental de esta investigación, el asunto llegó a un tribunal local que no tenía competencia para resolverlo, pues correspondía a una instancia federal. Posteriormente se concedió un amparo por una cuestión jurisdiccional: la resolución no determinó quién era el legítimo propietario del inmueble, sino que estableció que el tribunal local no podía resolver el fondo de la disputa.
El antecedente resulta relevante porque, en 2012, la Federación donó un terreno al estado de Puebla con la condición de destinarlo a un Parque Metropolitano. El decreto establecía que, si el inmueble se utilizaba para otro fin sin autorización federal previa, tanto el terreno como sus mejoras podían revertir a la Federación.
Las autoridades alteraron deliberadamente las medidas del terreno para ocultar que se trataba del mismo predio donado por la Federación en 2012 para construir un Parque Metropolitano. Con esta maniobra, hicieron pasar el inmueble como si fuera distinto y avanzaron con su compra y posterior construcción del Congreso, pese a que el decreto federal condicionaba su uso y contemplaba la reversión del terreno si se destinaba a otro fin sin autorización.
De la compra a la autorización de casi 784 millones
El 31 de octubre de 2022, el Fideicomiso Banco Estatal de Tierra (BET), durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, adquirió el predio de Inmobiliaria 2015 por 86 millones 552 mil pesos. Posteriormente, el 12 de junio de 2023, el terreno fue donado al gobierno estatal ante la Notaría Pública 19, según los antecedentes documentales revisados para esta investigación.
La secuencia abre interrogantes sobre los dictámenes que respaldaron la compra, la acreditación de la propiedad y los documentos utilizados para transferir el inmueble. La donación al gobierno estatal no sustituía la obligación de verificar que el predio pudiera destinarse legalmente a la nueva sede legislativa.
Apenas 18 días después, el 30 de junio de 2023, María Teresa Castro Corro, entonces secretaria de Planeación y Finanzas, autorizó la suficiencia presupuestal por 783 millones 927 mil 829.79 pesos para construir el Congreso, durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes. Esa autorización garantizaba disponibilidad presupuestaria, pero no acreditaba por sí misma la legalidad del terreno ni que estuviera libre de restricciones federales.
Castro Corro también fue sancionada en 2025 con una multa de 362 millones 997 mil 678.99 pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, tras ser declarada responsable de faltas administrativas relacionadas con la inversión de más de 604 millones de pesos en Accendo Banco, institución que quebró posteriormente.
Una obra millonaria que exige respuestas
La nueva sede legislativa concentra dos operaciones de alto costo: 86.5 millones de pesos por el terreno y casi 784 millones por la construcción. A ello se suman antecedentes de propiedad, relaciones empresariales, una controversia judicial y una donación federal condicionada que deben esclarecerse con expedientes, contratos y registros oficiales.
La documentación demuestra que las autoridades alteraron deliberadamente las medidas del predio para ocultar su coincidencia con el terreno donado por la Federación en 2012.
Pese a esta maniobra, el inmueble fue adquirido por 86.5 millones de pesos, transferido al gobierno estatal y destinado a la construcción del nuevo Congreso de Puebla, cuya obra recibió una autorización presupuestal de casi 784 millones.
La cadena de operaciones y decisiones administrativas exige identificar a los funcionarios que intervinieron y determinar las responsabilidades correspondientes por el uso de recursos públicos y el posible incumplimiento de las condiciones de la donación federal.
El Cártel del Despojo no puede quedar impune.
