La Auditoría Superior de la Federación detecta pagos sin comprobación y probable daño a la Tesorería en el extinto Consejo de la Judicatura Federal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial de 272.4 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante la gestión de Norma Piña Hernández, cuando encabezaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La revisión forense reveló que el organismo judicial incumplió la ley en contrataciones públicas y realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara los servicios recibidos.
El informe correspondiente a la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024 detalla que el CJF pagó 21.4 millones de pesos sin justificar servicios de seguridad y vigilancia; 49.4 millones por mantenimiento y limpieza, y 201 millones por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado. Además, no se hizo efectiva una póliza de fianza de 431 mil pesos, derivada de la suspensión del servicio de comedor en Toluca por dos meses.
En total, la ASF señaló un monto pendiente de aclarar de 272 millones 437 mil 450 pesos, advirtiendo que, aunque el CJF emprendió acciones para fortalecer su control interno, estas no garantizaron el cumplimiento de la ley ni la transparencia, lo que vulneró los principios de rendición de cuentas y control presupuestal.
La auditoría comprobó violaciones a normas como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al incumplir los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal.
El reporte se realiza tras la desaparición del CJF, derivada de la reforma judicial, y la transferencia de sus funciones e infraestructura al Tribunal de Disciplina Judicial, como parte de la reestructura del Poder Judicial.
Con información de Arturo Sánchez y Enrique Méndez para La Jornada
