El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que autorizará el ingreso de la Policía a universidades para la represión policial dentro de los campus cuando considere que existen actos de violencia, vandalismo o terrorismo, lo que genera preocupación por los límites de la autonomía universitaria.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá ingresar a las universidades cuando se registren hechos que el Gobierno considere violentos, vandálicos o terroristas. La decisión, presentada como una medida para preservar el orden público, representa un endurecimiento de la respuesta estatal dentro de espacios universitarios y abre la puerta a la represión policial frente a conflictos que hasta ahora se encontraban sujetos a reglas específicas de autonomía y actuación institucional.
De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria no coloca a los campus por encima de la Constitución ni de las leyes y anunció la creación de un protocolo nacional para distinguir entre protesta pacífica y situaciones de violencia, peligro, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público. Aunque el mandatario aseguró que respetará las manifestaciones pacíficas, el problema radica precisamente en quién determinará cuándo una movilización deja de ser protesta y comienza a ser considerada una amenaza que justifique la intervención policial.
El presidente también afirmó que no permitirá que las universidades públicas sean utilizadas como refugio para la violencia y señaló que la Policía será la “primera autoridad operativa” en este tipo de situaciones. Bajo ese argumento, agentes podrían intervenir ante presuntos actos de terrorismo urbano, destrucción de infraestructura, agresiones contra civiles o integrantes de la fuerza pública y preparación de ataques. Sin embargo, convertir a los campus en escenarios potenciales de intervención policial supone una medida especialmente delicada, debido al riesgo de que una respuesta diseñada para enfrentar hechos delictivos termine utilizándose contra expresiones legítimas de inconformidad.
La decisión de De la Espriella representa, por ello, un preocupante giro hacia una respuesta policial más dura dentro de las universidades colombianas. La violencia y la destrucción de infraestructura no deben quedar impunes, pero tampoco puede utilizarse su existencia como argumento para criminalizar la protesta o convertir los espacios académicos en territorios sometidos permanentemente a la lógica de la fuerza pública. Si el Gobierno realmente pretende proteger la libertad de expresión y el debate universitario, deberá demostrar que sus nuevos protocolos no serán una herramienta de represión policial contra quienes protesten, sino mecanismos estrictamente delimitados para responder a delitos concretos.
