La minuta enviada por la Cámara de Diputados establece un plazo máximo de 180 días para emitir la norma que unifique criterios y sanciones en todo el país.
El Senado de la República decidió acelerar el proceso legislativo para aprobar la reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión a expedir la ley general contra la extorsión, luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos fueran citadas este miércoles para dictaminar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, de acuerdo con información recopilada por Leticia Robles para Excelsior.
La reforma contempla que, en su régimen transitorio, el Congreso deberá expedir la ley general en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Mientras tanto, las leyes locales seguirán vigentes hasta que se emita la norma general, la cual establecerá los plazos y condiciones para la adecuación de la legislación estatal.
El morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que las extorsiones han crecido un 58% en seis años, pasando de 19 diarios en 2018 a 29 a enero de este año. Las modalidades principales son el cobro de piso, que afecta a comercios, carreteras y negocios, y la extorsión telefónica, generalmente operada desde centros penitenciarios.
Godoy enfatizó que “enfrentar este flagelo exige considerarlo no solo como un riesgo a la seguridad personal, sino como un impacto al patrimonio, la esfera psicológica y emocional de las víctimas”.
Desde el 6 de julio, la Estrategia Nacional contra la Extorsión busca fortalecer la coordinación interinstitucional entre la SSPC, Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y CNI, junto con autoridades locales. Entre sus cinco ejes destacan: detenciones basadas en inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión, protocolos de atención a víctimas, capacitación del 089 y campañas de prevención ciudadana.
Con esta reforma constitucional, se espera lograr la homologación de penas y criterios en todo el país, generando una política criminal unificada para enfrentar de manera más eficaz el delito de extorsión, que hasta ahora depende de leyes locales con criterios dispares.
