La Guardia Costera de EE.UU. incautó un cargamento histórico de drogas en Florida. Se trata de 27 mil 800 kilos de cocaína y 6 mil 600 kilos de marihuana.
El contralmirante Adam Chamie aseguró que este alijo podría causar sobredosis letales a toda la población de Florida. La incautación se estima en un valor de 473 millones de dólares.
Las drogas fueron interceptadas en 19 operativos entre el 26 de junio y el 18 de agosto. Participaron tres barcos de la Guardia Costera y varios buques de guerra.
El capitán John B. McWhite destacó que se detuvieron a 34 presuntos narcotraficantes. Los aviones no tripulados de la Guardia Costera ayudaron a localizar a los traficantes.
Desde enero, la agencia ha confiscado drogas por un valor de 2 mil 200 millones de dólares. Estas incautaciones alimentan el poder de los cárteles y amenazan la seguridad de EE.UU.
El presidente Trump ha hecho de la lucha contra el fentanilo una prioridad. En julio, firmó una ley para fortalecer las penas contra los traficantes de esta sustancia.
El buen libro dice que no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran, que con la vara que midas serás medido, y lo cierto es que en los últimos dos días se ha desatado un tema desagradable en redes sociales y la autora es Lourdes Mendoza, una mujer que ha usurpado el noble oficio del periodismo para convertirse en una golpeadora política según se encuentren sus principios. Hace una década sus principios estaban con Emilio Lozoya, en 2018 la noche que AMLO ganó la elección sus principios estaban en la casa de campaña de Morena donde se le veía aplaudiendo hasta que se le hincharon las manos, hoy sus principios están con los peores intereses de México, el PRIAN.
Hace unos días Lourdes Mendoza publicó una foto de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del Expresidente López Obrador y de la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller. En la foto se ve a Jesús Ernesto de 18 años recién cumplidos sentado esperando un plato de comida presuntamente en el restaurante Hunan, y digo presuntamente porque no hay datos o pruebas que puedan comprobar que ese sea el restaurante, que incluso si fuese el caso es una nimiedad, pero en un momento entraré en profundidad a ello.
Quiero compartirles el texto tal cual que escribió Lourdes Mendoza sobre la foto que publicó: “Déjà vu en estos momentos como hace 4 años estuvo @EmilioLozoyaAus se encuentra el próximo españolado #chocoflan conviviendo con el pueblo bueno y sabio del #Hunan. ¿Pagará con los 200 pesos que su papá siempre trajo en la cartera? Así o más incongruentes Morena”.
Pongamos en contexto la situación: Lourdes Mendoza, una mujer de 66 años que tiene una columna y foro en el periódico El Financiero, decide publicar en su cuenta de Twitter, cuenta que tiene más de 232,000 seguidores, una foto de Jesús Ernesto, un muchacho que acaba de cumplir 18 años y que está pensando si estudia Relaciones Internacionales. Este muchacho no tiene redes sociales, así que no puede responder a Lourdes Mendoza, no tiene redes sociales así que tampoco puede defenderse de los ataques sobre su persona que deriven de la fotografía de Lourdes. La razón por la que alguien le tomaría foto en primer lugar no es por ser él, sino por ser hijo de quien es, posiblemente la única decisión que jamás elegirá en su vida: ser hijo de López Obrador. Mi pregunta es: ¿Se trata de una situación justa? ¿Se trata de un escenario parejo?
La indignación se propagó como la peste negra, las redes se volcaron y las masas reaccionaron, rápidamente los insultos corrieron a Lourdes por parte de gente que se identifica con la izquierda por el acto de mezquindad y también corrieron insultos a Jesús Ernesto por gente que se identifica con la derecha y que lo odia a muerte por compartir código genético con su padre. Ambas partes empezaron a subir el tono y no pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales buscaran imágenes de la hija menor de edad de Lourdes Mendoza para exponerla de la misma manera que ella hizo con el hijo de AMLO. Una parte importante de la red decidió aplicar la de: “A quien a hierro mata, a hierro muere”.
Reflexionando sobre el tema he llegado a las siguientes conclusiones:
La primera: El “no somos iguales” no solamente es para los políticos de la 4T, sino también para sus simpatizantes. El usar la imagen de la hija de Lourdes Mendoza para responder por su bajeza no los hace mejores que ella, solo los hace iguales, hacerlo nos rebaja a su nivel, al nivel en el que ella quiere que se desarrolle el debate, en el fango, en el lodo, pues con estiércol en los ojos es más difícil para todos distinguir el bien y el mal. Y no, no es de cobardes no responder, se necesita más valor para no jalar de un gatillo que disparar un arma.
El segundo: Lourdes obtuvo lo que quería, atención de los medios de comunicación y un papel de víctima al que pueda jugar para conseguir la misericordia de la República de Twitter, esto con tal de subir su capital mediático y en caso de que alguien esté interesado en adquirir su pluma pueda costarle más que ayer, quien lo dude que escuche la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leyva, seis minutos de drama de alguien que está dispuesto a disfrazarse de víctima a sabiendas de que lastimó a alguien que no puede defenderse. Ella gana dentro de su propio círculo y dentro de sus propios fines.
El tercero: ¿Son los hijos de los políticos criticables y pueden estar bajo escrutinio público? La respuesta es depende. En esencia responde a una serie de factores y requisitos, por ejemplo, si el hijo del político decide involucrarse en el mismo oficio de su padre o madre, sí debe estar bajo escrutinio; si el hijo del político decide permanecer en el anonimato pero decide usar la figura de sus padres para beneficios económicos y usarlos como tráfico de influencias, sí debe estar bajo escrutinio; si el hijo del político decide renunciar al foco público, si el hijo del político decide llevar una vida normal y, en especial, si el hijo del político es alguien que es menor de edad y no puede defenderse, no puede y no debe estar bajo escrutinio, porque no se trata de un personaje público, no se trata de alguien que haya decidido participar en el ring público. Bajo estos criterios se puede explicar por qué se criticó a los hijos de los siguientes políticos:
A los hijos de Martha Sahagún e hijastros de Fox se les sometió bajo escrutinio por haber hecho negocios millonarios al amparo de la Presidencia de la República que su padrastro presidía.
A la hija de Peña Nieto se le sometió bajo escrutinio porque usó el avión presidencial de su padre para traer de Nueva York a un tatuador profesional para que le hiciera un tatuaje en su muñeca en la residencia oficial de Los Pinos.
Al hijo de López Obrador no se le somete a escrutinio, se le ataca, se le difama, se le calumnia, se le pretende destruir no por algo ni siquiera remotamente similar a los dos ejemplos anteriores, sino por su apellido. Desde los 12 años, cuando su padre asumió la Presidencia de México, recibió el odio de todos los malquerientes de su viejo. Su padre sigue vivo pero sus enemigos ya los heredó. Habla de lo enfermos que se encuentran los medios de comunicación no porque existan voces como las de Lourdes Mendoza, sino porque no hay voces que estén dispuestas a combatirlas, por lo menos no en la radio, no en la televisión, no en los periódicos. Hay que levantar la voz y por eso hoy dedico esta columna a Jesús Ernesto, quien de todos los hijos de mi paisano es el más cercano a mi edad. Jesús Ernesto merece una vida, y todos debemos defender su derecho a vivirla.
PD: Alito Moreno acaba de perder otro senador de su bancada lo cual hace que el PRI pierda la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, un buen símil de cómo se encuentra su partido y su destino, en moronas.
Julio César Chávez Jr. se siente “agüitado” por las acusaciones en su contra, según su abogado Rubén Fernando Benítez. El boxeador enfrenta cargos de delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado pruebas que incluyen pantallazos de redes sociales y un audio entre desconocidos. Benítez calificó estas pruebas como “pura paja”.
El abogado explicó que las acusaciones derivan de una investigación en Estados Unidos sobre un grupo criminal que trafica armas desde Arizona a México. En total, hay 13 acusados más.
Chávez Jr. no se le acusa de traficar armas directamente, sino de formar parte de la organización. Las pruebas incluyen un audio donde se habla de un supuesto ajuste de cuentas, pero sin evidencias concretas.
El boxeador fue liberado recientemente y enfrenta restricciones, como no poder salir del país. Las autoridades tienen tres meses para decidir si lo acusan formalmente.
Su abogado confía en que las acusaciones son débiles y que su cliente saldrá adelante. “Está fatigado, pero va a pelear y ganará esta batalla”, afirmó Benítez.
En México, la venta ilegal de armas de fuego se ha convertido en un problema alarmante. Por cada arma vendida legalmente, hay diez más en el mercado negro.
Anualmente, se venden alrededor de 20 mil armas de forma legal, pero más de 200 mil llegan del mercado ilegal. Se estima que hay casi 17 millones de armas en circulación en el país.
Los traficantes utilizan aplicaciones de mensajería como WhatsApp para ofrecer armas. Un vendedor de la Ciudad de México muestra un catálogo de rifles y pistolas a través de chats.
Por ejemplo, un rifle de alto poder se ofrece entre 50 y 60 mil pesos. Una pistola Pietro Beretta calibre .25 cuesta alrededor de 30 mil pesos en el mercado negro.
Javier Oliva, investigador de la UNAM, señala que quienes compran armas ilegalmente se integran a la cadena delictiva. Las autoridades decomisaron 6 mil 582 armas de fuego en los primeros cinco meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El 75% de las armas incautadas en delitos de alto impacto provienen de Estados Unidos. Esta situación ha contribuido a un aumento en los homicidios por arma de fuego, superando los 260 mil en los últimos años.
Stephen Miller, asesor de Seguridad Interna de la Casa Blanca, vinculó la violencia en Washington, DC, con los cárteles del narcotráfico. Durante una conferencia, afirmó que los delincuentes locales hacen negocios con organizaciones terroristas.
Miller destacó que estos grupos colaboran para traficar armas y drogas en la capital. “La ciudad no solo estaba gobernada por delincuentes, sino que también se asociaban con organizaciones peligrosas”, señaló.
El presidente Trump firmó órdenes ejecutivas para fortalecer la seguridad en la ciudad. Además, autorizó el uso de armas para las tropas en la Guardia Nacional.
Desde hace dos semanas, cientos de efectivos desarmados patrullan las calles de Washington tras la declaración de emergencia criminal. La Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia-DC subrayó que usarán la fuerza solo como último recurso.
Trump también considera extender esta ofensiva a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago y Baltimore. La situación genera preocupación y anticipación sobre las medidas que se tomarán.
Miller concluyó que los hallazgos sobre la conexión entre la delincuencia y el narcotráfico son impactantes y espera compartir más información pronto.
Al declararse culpable por narcotráfico, Ismael “El Mayo”, abrió la puerta a que otros líderes del crimen organizado en México pelearan por su lugar. Tras su captura y declaración, el foco se centra ahora en otros narcotraficantes, razón por la que Estados Unidos ofrece recompensas millonarias por al menos cinco líderes del narco.
Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, dirige el Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los más buscados y su recompensa asciende a 15 millones de dólares.
Iván Archivaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”, ahora lidera a Los Chapitos tras la detención de su hermano Ovidio. Las autoridades estadounidenses ofrecen 10 millones de dólares por su captura. Jesús Alfredo Guzmán, su hermano, también es buscado por su papel en la organización criminal, y su recompensa es de 10 millones de dólares.
Ismael Zambada Sicairos, apodado “El Mayito Flaco”, se perfila como el heredero de ‘El Mayo’. A medida que crece su notoriedad, también lo hace la violencia en Sinaloa.
Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, es otro fugitivo. Su recompensa asciende a 5 millones de dólares, aunque su actividad ha disminuido en comparación con otros líderes.
Con “El Mayo” tras las rejas, la lucha por el control del narcotráfico en México se intensifica. Las autoridades nacionales e internacionales están bajo presión para capturar a estos nuevos líderes.
A través de la campaña capitalina “Bacheando Puebla”, que implementó el alcalde José Chedraui Budib, los ciudadanos podrán disponer de una mejor movilidad urbana, con entornos viales seguros y amigables para peatones, ciclistas y automovilistas.
Esta iniciativa forma parte del Programa Integral de Obra Pública, que tiene como finalidad transformar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de los ciudadanos en la capital poblana.
Los trabajos de este martes suman 13 vías, dentro de las que se encuentran la calle Miguel Hidalgo, Adolfo López Mateos, Avenida 5 de Mayo, Bulevar México, entre otras principales.
A la par de la campaña de bacheo, el medio MTP Noticias informó que Pepe Chedraui también ordenó que por 15 días se lleven a cabo 4 auditorías de obras públicas realizadas durante la administración de Adán Domínguez, una de estas en particular fue de bacheo.
Dulce Rivera, contralora de la Ciudad de Puebla, fue entrevistada por el medio MTP, donde aseguró que al terminar las auditorías habrá un plazo de dos semanas para dar solución a las observaciones, de lo contrario la Contraloría procederá según sea el caso. Dichas revisiones se llevarán a cabo porque la administración anterior a Chedraui no realizó el mantenimiento correspondiente a las calles.
Pepe Chedraui agregó que se ha destinado una inversión de 100 millones de pesos para bacheo, “Esperemos que sea suficiente y bueno, haremos todo lo necesario para seguir bacheando, para afectar lo menos posible, pero también relaminando”, agregó.
Rivera, por otra parte, mencionó que se están investigando a 5 personas del área de Normatividad y Regulación Comercial, además de llevar 30 expedientes a trabajadores de Normatividad de la administración anterior.
La Sala Superior del TEPJF confirmó la validez de la elección de los seis miembros del Tribunal de Disciplina Judicial tras descartar pruebas sobre presunta influencia de acordeones en la votación del 1 de junio.
Durante la sesión, los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes rechazaron las pruebas presentadas, pues consideraron que no había evidencia contundente que justificara la nulidad del proceso.
La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, afirmó que las 87 impresiones de acordeones y otros materiales no demostraron que hubiese influencia en la votación. “No hay una sola prueba”, aseguró Soto.
Los magistrados coincidieron en que no se acreditó la participación de funcionarios de Morena en la elección, y Felipe de la Mata destacó que las pruebas eran meras sospechas sin veracidad.
A pesar de las objeciones, el magistrado Reyes Rodríguez votó en contra del proyecto, así como también criticó la valoración de las pruebas y argumentó que la decisión no consideró adecuadamente las implicaciones de los acordeones.
Con esta resolución, el TEPJF reafirma su postura sobre la transparencia en los procesos electorales y la necesidad de pruebas contundentes para anular elecciones.
El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por el presidente Ricardo Moreno, busca impulsar un modelo de Justicia Cívica con el fin de reforzar el orden y la convivencia ciudadana. Para ello se contará con procedimientos ágiles y efectivos para sancionar faltas administrativas, con el propósito de prevenir conflictos y garantizar la armonía social.
La Justicia Cívica se concibe como un conjunto de mecanismos cercanos a la ciudadanía, orientados a fomentar la cultura de la legalidad, resolver de manera pronta y transparente los desacuerdos cotidianos y evitar que éstos escalen a delitos o actos de violencia.
De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, los Juzgados Cívicos especializados de Toluca atendieron 257 casos derivados del programa “Conduce sin Alcohol”, además de registrar 785 personas remitidas por distintas faltas administrativas y 311 accidentes viales.
Las infracciones más comunes fueron por consumo de alcohol o drogas en la vía pública, hacer necesidades fisiológicas en espacios abiertos, y por generar escándalos que alteran la tranquilidad de los vecinos. También se sancionó apartar lugares de estacionamiento, obstruir la vía pública con objetos, realizar actos sexuales en lugares visibles, obstaculizar el trabajo de autoridades, discriminar o agredir por razones de género, edad u origen, e incluso ejercer violencia contra integrantes de instituciones de seguridad.
Con estas acciones, el Gobierno municipal de Toluca reafirma su compromiso de ofrecer un entorno más seguro y ordenado, consolidando así a las instituciones cívicas como aliadas de la ciudadanía para construir una vida comunitaria armónica.
