Por Fabiana Estrada
Las instituciones públicas no son meras estructuras burocráticas; su esencia radica en un sentido de misión compartido que trasciende intereses partidistas o personales. Este sentido de misión implica una orientación colectiva hacia objetivos superiores, ligados al bien común: bienestar, crecimiento, seguridad, justicia, etc.
En el caso del Poder Judicial de la Federación, la reforma judicial no solo estableció una nueva estructura y un nuevo modelo de acceso a los cargos de personas juzgadoras, a través del voto popular, sino que pretende ser un replanteamiento de la visión de justicia. Busca redefinir la misión de los poderes judiciales para hacerlos más sensibles a las realidades sociales, más cercanos a las personas y más enfocados a la rendición de cuentas.
Pero la radicalidad de la reforma y el clima imperante de polarización en el discurso público generaron un ambiente de confrontación al interior del Poder Judicial de la Federación, que no ha menguado en la etapa postelectoral y que pone en riesgo no solo la función que desempeña, sino la confianza ciudadana y con ella la certeza necesaria para la vigencia del Estado de Derecho.
En la prensa y en las redes sociales se fomenta una hostilidad contra los jueces electos, a quienes despectivamente se identifica como “del bienestar”. Se les atribuye en automático una supuesta alineación con el sistema político y se contraponen a los jueces de carrera, supuestamente llenos de sabiduría y virtud. Así, se construyen barreras entre colegas, polarizando el ambiente laboral y operativo del Poder Judicial.
Estos conflictos internos y este afán de “exhibir” a las personas juzgadoras afectan la independencia judicial. Al promover narrativas que deslegitiman a ciertos jueces por su origen electoral, se incentiva un clima de desconfianza que alienta interferencias externas, como campañas mediáticas o presiones partidistas, lo cual contradice la misión de velar por la legalidad y la separación de poderes.
Además, la polarización erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Se amplifica el escepticismo público, haciendo que los ciudadanos duden de antemano de la imparcialidad de las resoluciones judiciales, lo que va en detrimento del servicio público y daña el Estado de Derecho.
Por supuesto, que todas las personas juzgadoras deben estar abiertas al escrutinio público: ese es el objetivo que se perseguía con el sistema de elección popular. Pero buscar a toda costa ridiculizar, generalizar las críticas y hacer del Poder Judicial una caja de resonancia de las divisiones partidistas es simplemente irresponsable.
Urge reconstruir puentes, priorizando la misión colectiva de justicia por encima de etiquetas divisorias y rencores pasados. Es tiempo de reconstruir el sentido de pertenencia a la institución, porque quienes pierden con este encojo absurdo son las personas justiciables. Sin un norte común, las instituciones se fragmentan, pierden legitimidad y fallan en su servicio público esencial. Nadie debería desear ese resultado.
