Diez funcionarios, incluidos mandos, ministerios públicos y policías estatales, fueron detenidos tras difundirse un video que exhibe actos de tortura durante un operativo en Tuxtla Gutiérrez.
Un nuevo escándalo golpea a las corporaciones de seguridad en Chiapas luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara la detención de diez funcionarios presuntamente involucrados en actos de tortura contra un detenido. Entre los capturados se encuentra un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías, todos señalados tras la difusión de un video que exhibe abusos cometidos durante un operativo en Tuxtla Gutiérrez.
El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la investigación comenzó de manera inmediata después de que las imágenes circularan en redes sociales y provocaran indignación pública. El operativo donde ocurrieron los hechos se realizó el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, supuestamente como parte de acciones contra el robo de vehículos, aunque terminó convirtiéndose en otro ejemplo de prácticas ilegales dentro de corporaciones encargadas de procurar justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, ya fueron identificadas las personas que aparecen en el video y continúan las investigaciones para determinar si existen más funcionarios involucrados. Las autoridades señalaron que las diligencias permitieron reunir pruebas suficientes para proceder con las detenciones y poner a los implicados a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.
El caso vuelve a exhibir una problemática que durante años ha perseguido a distintas corporaciones policiacas y ministeriales en el país: el uso de la tortura y los abusos de autoridad como método ilegal durante operativos de seguridad. La difusión del video generó fuertes críticas contra las instituciones estatales, especialmente porque entre los implicados aparecen mandos y funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de la ley.
Llaven Abarca aseguró que no habrá protección para ningún servidor público involucrado en conductas delictivas y prometió que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias. “No habrá impunidad”, afirmó el fiscal, al tiempo que calificó los hechos como “lamentables y reprobables”. También adelantó que se revisará si existieron cadenas de mando o encubrimiento dentro de las corporaciones participantes.
