Legisladores acusan al alcalde Giovani Gutiérrez de financiar con dinero público un acto político y exigen a la Contraloría investigar posibles irregularidades.
Legisladores y concejales de Morena y el Partido del Trabajo (PT) presentaron una denuncia formal ante la Contraloría capitalina por uso indebido de recursos públicos durante un evento del PAN en la Alameda del Sur, en Coyoacán. La acción legal busca esclarecer el financiamiento y la logística del acto encabezado por Jorge Romero, así como la participación de funcionarios de la alcaldía en la movilización de asistentes.
De acuerdo con los denunciantes, entre ellos el diputado local Paulo García y el diputado federal Manuel Alejandro Robles, el evento habría sido respaldado con recursos públicos bajo la administración del alcalde Giovani Gutiérrez. Señalaron que existen evidencias de prácticas como entrega de dádivas, presión a ciudadanos y la supuesta obligación a trabajadores de la alcaldía para asistir al acto político.
Los legisladores criticaron que este tipo de acciones ocurran en un contexto donde la demarcación enfrenta problemáticas como escasez de agua, acumulación de basura y la aparición de socavones. Afirmaron que existe inconformidad entre los habitantes de Coyoacán, quienes cuestionan el destino de los recursos públicos y demandan que estos se utilicen para atender necesidades prioritarias de la población.
Por su parte, concejales de Morena y PT exigieron a la Contraloría una investigación a fondo que permita deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a los funcionarios involucrados. Subrayaron la importancia de garantizar la transparencia en el uso del presupuesto y reiteraron que el ejercicio de gobierno debe centrarse en resolver los problemas ciudadanos, evitando prácticas que, señalaron, vulneran la confianza pública.
La pieza, considerada patrimonio nacional, fue retirada de la subasta españa de Templum Fine Art Auctions.
La casa Templum Fine Art Auctions retiró de una subasta realizada este miércoles en Barcelona una máscara atribuida a la cultura maya, parte del patrimonio cultural de México, luego de que el gobierno mexicano solicitara formalmente detener su venta.
Se trataba de una máscara, catalogada como lote 823 dentro de la Gran subasta de primavera de obras de grandes maestros, bellas artes y joyería, no obstante, la empresa española eliminó la pieza de su catálogo en línea tras la solicitud.
La petición oficial se dio en una carta firmada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en la que se expresó la “desaprobación y rechazo” a la comercialización de bienes arqueológicos mexicanos fuera del país, al considerar que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la nación.
De acuerdo con un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la pieza es propiedad de la Nación, con carácter inalienable e imprescriptible. Además, subrayó que su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional se atribuye a una extracción ilícita, lo que refuerza la postura del gobierno mexicano en la defensa de su patrimonio.
El máximo tribunal dio 60 días para reclamar documentos antes de su eliminación, garantizando que se conserven solo archivos con valor jurídico, social o histórico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que 14 mil 273 expedientes de juicios de amparo, correspondientes al periodo de 1995 a 2011, podrían ser destruidos como parte de un proceso de depuración documental. Ante ello, el Alto Tribunal llamó a las partes involucradas a reclamar sus documentos en un plazo máximo de 60 días.
De acuerdo con el Aviso 1-2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la medida aplicará únicamente a archivos que no cuenten con valor histórico, jurídico o social, y que hayan sido previamente evaluados. Quedan excluidos de esta disposición aquellos expedientes relacionados con derechos humanos, seguridad nacional o criterios obligatorios.
La Corte detalló que la lista de expedientes susceptibles de baja será difundida durante 30 días naturales en su portal oficial. En ese periodo, las personas con interés jurídico podrán iniciar el trámite para recuperar documentos originales, siempre que acrediten su vínculo con los casos correspondientes.
Para realizar la solicitud, los interesados deberán acudir al Archivo Central del máximo tribunal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, o bien enviar una petición vía correo electrónico con los datos del expediente. Posteriormente, deberán formalizar el trámite ante la instancia correspondiente.
La SCJN advirtió que, una vez publicada la lista, los solicitantes contarán con un plazo adicional de 60 días naturales para completar el proceso. En caso de no hacerlo, los documentos serán eliminados de forma definitiva, conforme al Acuerdo General 8/2019 que regula la conservación de archivos judiciales.
Este proceso busca optimizar el resguardo documental y garantizar que los archivos judiciales relevantes se conserven, al tiempo que se eliminan aquellos sin valor, bajo criterios técnicos y legales establecidos por el máximo tribunal del país.
Con 123 votos a favor, la ONU reconoció la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad, mientras Estados Unidos, Argentina e Israel votaron en contra y varios países europeos, históricamente implicados, optaron por abstenerse.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con 123 votos a favor, la resolución que califica la esclavitud africana como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. Sin embargo, Argentina, Israel y Estados Unidos votaron directamente en contra, mientras que hubo 52 abstenciones, donde se encuentran gran parte de los países históricamente implicados en la esclavitud.
La iniciativa fue presentada por 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, y la votación se dio este miércoles, en el marco del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos; y los 25 años de la Declaración y Programa de Acción de Durban, que proclama la esclavitud de personas africanas como “injusticia inhumana”, pues se trató de un sistema de explotación que se prolongó durante más de cuatro siglos y afectó a millones, donde a día de hoy se pueden ver sus consecuencias, como el racismo.
🔴 La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.
A favor: 123 En contra: 3 (Argentina, Estados Unidos, Israel) Abstenciones: 52 pic.twitter.com/KSGJpROvlg
La esclavitud de africanos no fue un accidente histórico ni una simple respuesta a la demanda de mano de obra, fue un sistema consciente, construido sobre una jerarquía racial que colocó a las personas negras, por su color de piel, al final.
A partir del siglo XV, las grandes potencias europeas convirtieron cuerpos africanos en mercancía, articulando una economía global cuyo crecimiento dependió directamente del sufrimiento y la violencia normalizada. Un sistema que se consolidó a través del llamado comercio triangular, entre Europa, África y América.
Según datos de la ONU, fueron hasta 15 millones los africanos que fueron arrancados de sus territorios, sometidos a condiciones brutales y forzados a trabajar en plantaciones, minas y con particulares.
La bodega de un buque negrero, representada por el pintor alemán Johann Moritz Rugendas
Entre los países implicados en la esclavitud africana están Portugal, que encabezó el proceso y mantuvo durante siglos el control del tráfico hacia Brasil; España, que utilizó el sistema para abastecer sus colonias; Inglaterra, que se convirtió en el mayor transportista de esclavos en el siglo XVIII; Francia, que desarrolló economías esclavistas en Haití y otras colonias; y Países Bajos, que participaron activamente mediante sus compañías comerciales.
A estos se suman Dinamarca, que operó en el Caribe; Estados Unidos, que heredó y expandió el sistema esclavista tras su independencia; y Bélgica, cuyo dominio en el Congo implicó formas extremas de explotación forzada, aunque claro, otros actores internacionales formaron parte del sistema.
No obstante, la votación de la ONU, dejo en claro que estos países se muestran reacios de aceptar su pasado y la deuda histórica que mantienen no sólo con los africanos, sino con la humanidad y los derechos humanos, pues además de las votaciones en contra, en especial de Estados Unidos, cuyo sistema condonó por muchos años la esclavitud en su territorio, fueron los países europeos, quienes hicieron uso de la abstención, una forma pasiva de mostrarse en contra.
Entre las abstenciones, se encuentran las naciones antes mencionadas, que fueron potencia en la esclavitud. Esta es la lista de los países que se abstuvieron: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Camboya, Canadá, Croacia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Palaos, Paraguay, Polonia, Portugal, Moldova, Rumania, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido.
La sesión sobre la reforma electoral terminó en gritos, insultos y acusaciones de narco, obligando a la presidencia del Senado a intervenir para frenar el show.
La discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado se convirtió en un espectáculo luego de que los senadores Saúl Monreal y Lilly Téllez protagonizaran un enfrentamiento cargado de gritos y acusaciones.
Todo comenzó cuando el legislador de Morena tomó la palabra, pero fue interrumpido por la plurinominal panista, quien —sin presentar una sola prueba— lo acusó de tener nexos con el crimen organizado. Monreal, visiblemente molesto, frenó su intervención para responder y retar a Téllez a demostrar sus dichos en instancias legales. “Usted es una farsante”, le lanzó, evidenciando el nivel del debate.
Lejos de centrarse en la reforma electoral, la sesión degeneró en un intercambio de insultos. Téllez subió a tribuna para repetir sus señalamientos y gritar calificativos como “narcopolítico” y “asqueroso”, mientras grababa la escena, como si el Senado fuera set de redes sociales y no la máxima tribuna del país.
Ante el desorden, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, tuvo que intervenir en múltiples ocasiones para pedir silencio y recordar el reglamento. Sin embargo, sus llamados fueron prácticamente ignorados por la senadora del PAN, que prefirió el escándalo antes que el debate serio.
Mientras tanto, Monreal insistía en exigir respeto y pedía que se le permitiera continuar, aunque su participación terminó marcada por interrupciones constantes y el ambiente enrarecido por la bancada panista. El resultado: una sesión descarrilada y un tema clave opacado por el circo político.
Así, mientras el país espera discusiones de altura sobre la reforma electoral, algunos legisladores parecen más interesados en montar shows mediáticos y lanzar acusaciones al aire, confirmando que para ciertos perfiles, el Senado no es espacio de debate… sino de espectáculo.
Cuatro elementos de la Guardia Estatal fueron vinculados a proceso por privación ilegal de la libertad y extorsión; autoridades indagan una red más amplia de abusos.
Un juez de control en Ciudad Victoria vinculó a proceso a cuatro policías de la Guardia Estatal por su presunta participación en un secuestro exprés, luego de detener ilegalmente a un ciudadano y exigirle dinero a cambio de su liberación en el fraccionamiento Valladolid.
De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían incurrido en abuso de autoridad, uso indebido de funciones y secuestro agravado, delitos que podrían alcanzar penas de hasta 15 años de prisión. Como medida cautelar, el juez determinó que los imputados permanezcan en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso judicial.
Las autoridades ministeriales señalaron que este caso no sería aislado. Existen indicios de que más elementos de la corporación podrían estar involucrados en prácticas similares, por lo que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para deslindar responsabilidades dentro de la institución.
Además, se documentan denuncias ciudadanas en municipios fronterizos y del centro del estado, donde presuntamente agentes de seguridad han cometido actos de extorsión, afectando principalmente a productores de naranja y ganaderos, quienes reportan cobros ilegales y amenazas.
El aumento de estos casos ha encendido alertas en la entidad, particularmente tras cambios recientes en la estructura de seguridad pública. Las autoridades aseguraron que se actuará con firmeza para sancionar a los responsables y evitar que se repitan estos abusos.
La reforma avanzó con mayoría calificada tras un acuerdo con el PT que eliminó la posibilidad de adelantar la revocación de mandato a 2027, manteniendo la unidad de la coalición.
El Senado de la República aprobó en lo particular la reforma electoral conocida como “Plan B” de Claudia Sheinbaum, tras más de seis horas de debate y con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada. Sin embargo, el dictamen sufrió un cambio clave: se eliminó la propuesta de adelantar la revocación de mandato, lo que permitió destrabar el respaldo del Partido del Trabajo (PT).
El ajuste fue resultado de una negociación encabezada por Alberto Anaya, quien condicionó el apoyo de su bancada a retirar cualquier modificación al artículo 35 constitucional. A cambio, el PT respaldó medidas centrales del proyecto, como la austeridad en órganos legislativos y electorales, incluyendo recortes a presupuestos y salarios de funcionarios.
Con esta modificación, la minuta fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados, donde fue recibida durante la madrugada y enviada a comisiones. Se prevé que el dictamen sea discutido en los primeros días de abril, en medio de un proceso que ya perfila su aprobación en el pleno.
Desde San Lázaro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que ya inició una “operación cicatriz” con el PT para preservar la alianza rumbo a 2027. “Nos necesitamos todos”, afirmó, tras reconocer el papel del acuerdo político que permitió mantener la cohesión de la coalición oficialista.
Durante la discusión, legisladores de oposición criticaron la reforma al considerar que busca influir en el proceso electoral de 2027; no obstante, la eliminación del apartado sobre revocación desactivó uno de los puntos más polémicos. Incluso, desde el propio PT se defendió mantener el mecanismo en sus términos actuales, para preservar su carácter democrático.
El dictamen final contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y un añadido al 134 constitucional, enfocados en reducir privilegios y ajustar el funcionamiento del sistema electoral, sin tocar la figura presidencial de revocación anticipada.
La presidenta encabezó la instalación de sistemas para la igualdad sustantiva y para erradicar la violencia contra las mujeres.
En un evento celebrado en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lideró la instalación de sistemas que buscan promover la igualdad de género en el país.
Durante el acto, que tuvo lugar esta tarde, la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por miembros de su gabinete federal. También asistieron gobernadores estatales de manera virtual.
Sheinbaum enfatizó la importancia de estos sistemas para asegurar una igualdad real entre hombres y mujeres. En su cuenta de X, destacó que la iniciativa incluye dos componentes clave: la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia hacia las mujeres.
El evento refleja el compromiso del gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres. Con esta instalación, se busca construir un México donde todas las personas tengan las mismas oportunidades.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo cubano y organiza ayuda humanitaria tras las amenazas de Donald Trump.
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se pronunció enérgicamente en defensa del pueblo de Cuba. Ante el incremento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, los legisladores reafirmaron su compromiso de organizar colectas y enviar donativos a la isla.
En una conferencia de prensa, María Magdalena Rosales, presidenta del grupo de hermandad México-Cuba, condenó las amenazas de Washington hacia Cuba y otros países. “Es terrible e inhumano hablar de invadir Cuba”, señaló, aludiendo al impacto que tales acciones podrían tener en la población, especialmente en los niños.
Rosales compartió que han surgido diversas iniciativas para apoyar a Cuba, incluyendo el envío de víveres y celdas solares. Su próximo proyecto consiste en enviar plantas fotoeléctricas para los hospitales cubanos que cuentan con quirófanos. “Es nuestra obligación como pueblo mexicano estar alerta”, añadió.
Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de la bancada, criticó las recientes declaraciones de Donald Trump, quien sugirió una intervención militar en Cuba. “Hablar de invasión en el siglo XXI revive el intervencionismo y el colonialismo”, expresó. Enfatizó que la soberanía de las naciones debe ser defendida y que Cuba no está sola en esta lucha.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe también se unió a las críticas hacia el gobierno estadounidense. Recordó que, a pesar del bloqueo, el pueblo cubano ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. “La dignidad y valentía del pueblo cubano son ejemplo para el mundo entero”, señaló.
Pérez Bernabe celebró la reciente llegada del barco Granma 2.0 a Cuba, el cual transportó 30 toneladas de ayuda humanitaria. “Este gesto muestra la alta solidaridad del pueblo mexicano hacia Cuba”, concluyó.
Con acciones concretas y un fuerte mensaje de apoyo, la bancada de Morena reitera su compromiso de estar al lado del pueblo cubano en estos momentos difíciles.
El movimiento chiita yemení Ansar Allah ha manifestado su disposición para tomar el control del estrecho de Bab el Mandeb, en apoyo a Irán.
El grupo hutí, conocido como Ansar Allah, ha declarado su estado de alerta máxima. Están preparados para actuar y controlar el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave en el contexto de las crecientes tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Según información de Tasnim News, los hutíes consideran que esta acción serviría para “someter aún más al enemigo”. Desde el inicio de las agresiones contra Irán, han estado listos para intervenir.
La fuente señala que los hutíes ya han demostrado su capacidad para cerrar esta importante ruta y resistir en el mar Rojo. Su control sobre el estrecho tendría un impacto significativo en la economía global, interrumpiendo el comercio internacional.
Si se lleva a cabo este cierre, los costos de transporte aumentarían y las cadenas de suministro enfrentarían retrasos. Esto afectaría directamente a Estados Unidos, Israel y sus aliados, complicando sus operaciones logísticas y aumentando sus gastos militares.
La situación se vuelve más tensa a medida que los hutíes muestran su determinación de actuar. La comunidad internacional observa de cerca, consciente de las posibles repercusiones que tendría cualquier movimiento en esta zona estratégica para la economía mundial.