La consejera jurídica defendió su presentación de “Derecho de Réplica” y aseguró que solo mostró un estudio sobre redes digitales. Periodistas y analistas rechazan esa versión y mantienen sus críticas.
Luisa María Alcalde salió este jueves a defender su postura. La consejera jurídica de la Presidencia publicó un video en redes sociales para responder a las críticas que recibió tras su programa “Derecho de Réplica” del 12 de agosto.
Durante esa emisión, transmitida desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Alcalde presentó lo que llamó un “ecosistema digital de amplificación”. Según ella, ese esquema agrupa a medios, periodistas, políticos y cuentas anónimas que difunden mensajes críticos contra el gobierno deClaudia Sheinbaum.
La funcionaria mostró una lista con nombres como Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva y Héctor de Mauleón. También incluyó medios como El Universal, Reforma, Latinus y Aristegui Noticias. Además, señaló a políticos opositores como Alito Moreno, Lilly Téllez y los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
La presentación generó fuertes reacciones. Denise Dresser cuestionó que el propio gobierno elabore listas de comunicadores incómodos. Por su parte, el analista Leo Zuckermann comparó el ejercicio con prácticas del régimen nazi, en referencia a la historia de su familia.
Ante la controversia, Alcalde insistió en que no se trata de una lista negra. Explicó que su estudio busca entender cómo ciertas cuentas retoman contenido periodístico y lo convierten en tendencia coordinada. Según ella, el análisis distingue entre el origen de una noticia y su posterior manipulación en redes.
La funcionaria también habló sobre el papel de los llamados “bots”. Aseguró que estas cuentas amplifican mensajes ya editorializados, pero que eso no implica que los medios financien esa operación. Añadió que existen actores con recursos detrás de esas cuentas y que la ciudadanía tiene derecho a conocer ese fenómeno.
La polémica cobra mayor peso por unas declaraciones que la propia Sheinbaum hizo en 2021. En ese entonces, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, calificó la elaboración de listas de adversarios como una práctica cercana al macartismo.
Organizaciones como Somos México expresaron su preocupación por el uso de espacios oficiales para señalar públicamente a periodistas críticos. Consideran que este tipo de ejercicios puede convertirse en un mensaje de intimidación hacia la prensa.
La presidenta mexicana sostuvo una nueva videollamada con el mandatario brasileño y ambos celebraron el progreso comercial y energético entre las dos naciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló nuevamente con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Los dos mandatarios revisaron el estado de la relación bilateral y coincidieron en que existen avances importantes en comercio y en la colaboración energética entre Pemex y Petrobras.
Sheinbaum compartió los detalles de la llamada a través de sus redes sociales. Explicó que la conversación giró en torno al fortalecimiento comercial y a los pasos que ambas petroleras han dado en meses recientes. Pemex y Petrobras firmaron en junio un acuerdo para explorar y desarrollar proyectos conjuntos de hidrocarburos.
Durante el intercambio, la mandataria reconoció el desempeño económico de Brasil bajo la gestión de Lula. Destacó que el país sudamericano mantiene un crecimiento superior al 3 por ciento y que ha logrado controlar la inflación. Además, subrayó la creación de empleos y la reducción del desempleo en la nación vecina.
La presidenta también resaltó el fortalecimiento del salario mínimo brasileño. Señaló que esta medida ha permitido recuperar el ingreso de miles de familias. A su juicio, estos resultados reflejan avances sociales que se traducen en mejores condiciones de vida para la población.
Sheinbaum insistió en que México y Brasil comparten una visión común. “México y Brasil comparten la visión de prosperidad, bienestar y soberanía”, escribió en su mensaje. Añadió que ambos gobiernos buscan trabajar de manera coordinada para fortalecer los vínculos económicos y energéticos.
La mandataria concluyó que la relación entre ambos países continúa consolidándose. Aseguró que este vínculo bilateral traerá beneficios directos para las dos naciones. El acercamiento se suma a una serie de conversaciones recientes entre ambos gobiernos, incluida la invitación que Lula extendió a Sheinbaum para visitar Brasil próximamente.
El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, exige que quienes se benefician del tránsito por Ormuz paguen por décadas de daños al ecosistema marino.
La contaminación en aguas del Golfo se convirtió en un tema urgente para Teherán. Baqai denunció que un derrame de petróleo llegó a las costas de la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz. Según pruebas preliminares, un buque granelero extranjero provocó el incidente.
El funcionario iraní no se quedó solo en la denuncia puntual. Explicó que este derrame representa apenas un ejemplo visible de un problema más amplio. Durante décadas, el golfo Pérsico y el mar de Omán acumularon contaminación visible y oculta.
Ese deterioro ambiental generó pérdidas millonarias para las costas iraníes. Baqai calculó los daños en billones de dólares para la región. Además, señaló que el ecosistema marino completo sufrió las consecuencias de este descuido prolongado.
El portavoz lanzó entonces una pregunta directa a la comunidad internacional. Cuestionó quién debe asumir la responsabilidad de compensar estos daños ambientales. Mencionó tres posibles responsables: los países consumidores de energía, las aseguradoras marítimas y los actores militares.
Baqai fue más allá y calificó a ciertos actores como agresores. Los acusó de convertir el golfo Pérsico y el mar de Omán en escenarios de guerra. Ahí, según denunció, se realizan operaciones militares y pruebas de armamento altamente destructivo.
La propuesta iraní plantea un cambio de fondo en la gestión del estrecho. Baqai insistió en que la protección ambiental debe formar parte de cualquier administración futura de Ormuz. Para Teherán, cuidar el mar ya no puede quedar fuera de la conversación política.
Periodistas y activistas pro-Palestina enfrentan suspensiones, bloqueos y menor alcance en Instagram y Facebook. Un informe documenta miles de casos y habla de borrado digital sistemático.
Faten Elwan siente que ya no existe en la red. Esta periodista de Jerusalén tiene más de 300 mil seguidores en Instagram. Antes sus publicaciones sobre Palestina alcanzaban a mucha gente. Ahora solo reciben unos cientos de vistas.
Ella cree que Meta la ha dejado en la sombra. La empresa aplica un método que reduce la visibilidad sin avisar. La gente le dice que solo la encuentra si busca su nombre exacto. Si no lo hace, ella desaparece.
Su cuenta sufrió la primera suspensión a finales de 2023. Desde entonces Meta la ha bajado ocho veces. En abril de 2026 la reactivaron de golpe. Su primera historia sobre un paseo junto al mar llegó a 30 mil vistas. Una hora después las siguientes apenas superaban unos cientos.
Elwan se reunió con representantes de Meta en mayo de 2025. Les contó su caso y mostró ejemplos. Según ella, no hubo reacción. Solo escucharon y no se comprometieron a nada. Ella compara a Meta con un director de escuela que castiga y calla al alumno molesto, pero a escala mundial.
Un informe reciente pone cifras a este problema. La organización palestina 7amleh y la Universidad de Utrecht analizaron 3 mil 520 casos verificados de violaciones de derechos digitales. El estudio se titula “Platformicide of Palestine 2021-2025”. Los autores crearon la palabra “platformicidio” para describir el borrado estructural de la presencia digital palestina.
Fabio Cristiano, investigador principal, asegura que no se trata de errores aislados. Es una práctica intencional. Combina reglas demasiado amplias, sanciones desproporcionadas, cambios de política repentinos y algoritmos que bajan el alcance. También incluye demoras en restaurar cuentas y poca comunicación con los usuarios.
Solo el 32,5 % de los casos tenía una violación clara de normas. En la mayoría Meta no dio explicación. Cuando sí lo hizo, usó casi siempre la política de Organizaciones e Individuos Peligrosos. Esa regla se aplicó en más de la mitad de los casos identificados y en más del 70 % entre periodistas.
Las consecuencias llegan directo a quienes informan desde Gaza. Las cuentas son su principal canal para mostrar lo que ocurre. Las suspensiones, los bloqueos de transmisiones en vivo y las eliminaciones de contenido dificultan que el mundo vea la realidad.
Maisoon Zoubi, especialista en medios, habla de un efecto de miedo. Muchos periodistas se autocensuran. Evitan publicar ciertas imágenes o reportes porque temen denuncias o sanciones. Yousef Abu Watfa, editor de Quds News Network, cuenta que Meta restringe su trabajo desde 2015. Durante la guerra la página de Facebook desapareció por completo. Solo sobrevivió la cuenta de Instagram en árabe.
Meta respondió que ha hecho cambios. Señaló informes de derechos humanos anteriores y ajustes en su política para permitir más debate político. También dijo que envía contenido marcado a moderadores que entienden mejor el árabe.
Sin embargo, 7amleh envió casi 2.800 apelaciones en cinco años. Casi la mitad no recibió respuesta. Lama Nazeeh, de la organización, pregunta si el programa de socios de confianza protege a los usuarios palestinos o solo a la imagen de Meta.
Cristiano pide una moderación mejor, no menor. Una que no trate el contenido palestino como algo excepcional o peligroso. Nazeeh va más lejos. Dice que el derecho de un pueblo a documentar su existencia no puede depender de la decisión de una sola empresa.
El colectivo Grupo de las 6 acusó ante el Tribunal de Disciplina Judicial a la jueza Tania Neri Borjas por frenar el proceso legislativo contra el gobernador de Nuevo León.
Integrantes del Grupo de las 6 presentaron una denuncia formal contra la jueza Tania Virginia Neri Borjas. La acusan de favorecer al gobernador Samuel García Sepúlveda con un amparo exprés.
El colectivo interpuso el recurso el pasado 7 de agosto ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Rebeca Clouthier, integrante del grupo y familiar de la aspirante morenista Tatiana Clouthier, explicó los motivos.
Clouthier difundió un video en redes sociales con los detalles del caso. Además, mostró documentos oficiales del proceso de amparo que benefició al mandatario estatal.
La activista señaló que el amparo detiene el juicio político que se tramita en el Congreso local. Esta resolución impide que los legisladores voten o resuelvan el caso contra García.
“Esta resolución judicial genera una grave preocupación sobre la imparcialidad del Poder Judicial”, expresó Clouthier en su mensaje. También cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo.
El colectivo destacó un dato clave sobre el nombramiento de la jueza. Movimiento Ciudadano y el propio gobernador impulsaron su llegada al cargo durante la elección judicial pasada.
Por esta razón, las activistas hablan de un posible conflicto de interés. Consideran que la decisión judicial podría interpretarse como un pago de favores políticos.
El Grupo de las 6 pidió al Tribunal investigar los hechos con total transparencia. Además, exigió que se determinen responsabilidades para quienes resulten implicados en el caso.
El origen del conflicto se remonta al 12 de junio pasado. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el juicio político contra García.
Legisladores del PRI, PAN y Morena votaron a favor de la medida con seis votos. Solo Movimiento Ciudadano se opuso a abrir el proceso contra el gobernador.
El Congreso acusa al mandatario de triangular más de mil millones de pesos en recursos públicos. Los fondos habrían beneficiado a empresas ligadas al propio gobernador.
Antes de que García presentara su defensa por escrito el 23 de junio, la jueza ya había actuado. Diez días antes, Neri Borjas concedió la suspensión provisional al gobernador.
Esta medida permite que el proceso legislativo continúe en sus distintas etapas. Sin embargo, las autoridades no pueden someterlo a votación ni emitir un dictamen final.
El presidente Abelardo de la Espriella activa un mecanismo constitucional para crear el Fondo Milagro y reconstruir el país tras el terremoto de magnitud 7.4.
El mandatario colombiano tomó una decisión histórica este miércoles. Anunció el uso de la emergencia económica, una herramienta que otorga la Constitución para enfrentar crisis de gran magnitud. Con ella espera agilizar la respuesta ante la tragedia que golpeó al país.
La medida permitirá crear el Fondo Milagro, un mecanismo especial para canalizar recursos. Ahí llegarán aportes nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción. El dinero se enfocará en hospitales, escuelas, viviendas, carreteras y aeropuertos dañados.
“Se trata, sin duda, de una enorme tragedia”, afirmó De la Espriella durante su intervención. El presidente explicó que el gobierno concentra sus esfuerzos en dos frentes. Primero atiende a los heridos y después reconstruye las zonas más golpeadas.
Las cifras de daños revelan la magnitud del desastre. El terremoto afectó 53.526 viviendas y provocó el colapso de 140 edificios. También dejó daños en 1.819 instituciones educativas, 631 centros comunitarios y 179 centros de salud.
La infraestructura de transporte también sufrió golpes severos. Un puente peatonal quedó totalmente destruido, mientras otros 20 puentes vehiculares resultaron dañados. Además, 203 tramos de carretera, 44 sistemas de agua potable y cinco aeropuertos presentan afectaciones.
El gobierno descartó por ahora subir impuestos para financiar la reconstrucción. En cambio, buscará créditos internacionales, entre ellos uno cercano a 450 millones de dólares con el Banco Mundial. La emergencia económica tendrá una duración aproximada de doce meses.
La organización InSight Crime publicó un análisis sobre el llamado “efecto Bukele”. El texto describe cómo Nayib Bukele logró doblegar a las pandillas MS13 y Barrio 18 mediante un régimen de excepción permanente, detenciones masivas, juicios colectivos, suspensión de derechos constitucionales y el funcionamiento de megacárceles como el CECOT, caracterizadas por condiciones extremadamente restrictivas.
InSight Crime sostiene que, gracias al control casi absoluto del aparato estatal y a la suspensión de garantías constitucionales bajo el régimen de excepción, Nayib Bukele logró doblegar a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 mediante detenciones masivas, cárceles como el CECOT y juicios colectivos.
La organización contabiliza más de 15 propuestas de megacárceles en la región y al menos 30 estados de emergencia declarados entre 2020 y 2023, además de campañas en Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, y Francia que citaron directamente la retórica de “mano dura” de Nayib Bukele.
Lo que InSight Crime describe en términos neutros (“líderes de toda América Latina”) es un fenómeno concentrado casi por completo en la derecha radical y la ultraderecha, tanto en América Latina como en Europa:
Abelardo de la Espriella (Colombia) prometió siete megacárceles inspiradas en el modelo salvadoreño y ha expresado admiración abierta por Nayib Bukele.
Keiko Fujimori (Perú) propuso un megapenal “como el CECOT” como eje central de su plataforma de seguridad.
José Antonio Kast (Chile) ha anunciado réplicas del esquema penitenciario salvadoreño.
Flavio Bolsonaro (Brasil) planteó un régimen carcelario inspirado en Nayib Bukele que incluye castración química y penas ejemplares para menores de edad.
Javier Milei (Argentina) se reunió en dos ocasiones con Nayib Bukele para hablar de seguridad.
Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National francés, partido heredero del Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, citó públicamente el sistema penitenciario salvadoreño como modelo para Francia.
En Estados Unidos, figuras del entorno trumpista como Tucker Carlson, Donald Trump Jr., Matt Gaetz, quien creó un “Caucus El Salvador” en el Congreso, y empresarios como Elon Musk han celebrado el “bukelismo” como modelo de gobernanza.
La fórmula de estado de excepción prolongado, detenciones masivas sin debido proceso, espectacularización del castigo y concentración del poder en el Ejecutivo, se vende como prueba de que la democracia liberal, los controles judiciales y los derechos humanos son obstáculos que hay que neutralizar para “recuperar el orden”.
Esa narrativa ha capturado a candidatos y partidos de la derecha radical en la región, prometiendo resultados visibles y rápidos a cambio de sacrificar garantías básicas.
Presenta el “efecto Bukele” como un paquete autoritario que combina alta popularidad con erosión del Estado de derecho. Las críticas de organizaciones de derechos humanos por las detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia, ausencia de debido proceso y detención de personas sin vínculo comprobado con pandillas indican que son parte constitutiva del modelo de Nayib Bukele.
Harman Consultores de América, S.A. de C.V., una de las empresas señaladas en las denuncias contra el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, por presunto uso indebido de recursos públicos para su promoción personal, tiene en su acta constitutiva el nombramiento de Director General a favor de Juan de Dios Gascón Rocha, un operador político con trayectoria documentada dentro del PRI.
Documentos en propiedad de Los Reporteros MX muestran, además, que la misma empresa mantiene —o mantuvo hasta mediados de 2025— un contrato de prestación de servicios publicitarios con el Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, por el mismo tipo de actividades que factura al municipio gobernado por un alcalde de Morena.
Quién es Harman y quién la dirige
De acuerdo con el testimonio de su constitución, protocolizado el 21 de enero de 2021 ante el notario público número 46 de Aguascalientes, Ciro Silva Murguía (folio mercantil electrónico N-2021013545), Harman Consultores de América quedó con Gabriel Eduardo Esparza Llamas como Administrador Único, y con Juan de Dios Gascón Rocha como Director General, con facultades otorgadas dentro de la propia acta.
Gascón Rocha no es una figura desconocida en la política priista.
En 2018, siendo presidente de una asociación juvenil en Aguascalientes, tomó protesta como presidente del “Movimiento PRI.mx” de manos del entonces dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, junto con Janneth Moreno Argüelles como secretaria general. Su trayectoria pública en medios locales de Aguascalientes lo ubica de forma reiterada dentro de la estructura del tricolor en ese estado.
Un documento del Registro Público de Comercio de Aguascalientes, correspondiente a la constitución de otra sociedad —Blue Mountain Dream, S.A. (FME N-2021046337)— confirma además que Gascón Rocha y Lilia Estefanía Montoya Palacios son socios en esa empresa. Montoya Palacios es, a su vez, la representante legal de Harman Consultores de América: es ella quien firma en nombre de Harman el contrato con el PRI de Aguascalientes que se describe abajo, identificada con su credencial de elector del INE.
El contrato con el PRI de Aguascalientes
El 18 de noviembre de 2024, Harman Consultores de América firmó un “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Actividades para Gasto Ordinario” con el Partido Revolucionario Institucional, representado por el maestro Kendor Gregorio Macías Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes. Por Harman firmó Lilia Estefanía Montoya Palacios.
El objeto del contrato: “la elaboración de material publicitario, así como diseño de imagen para la promoción de las actividades efectuadas por ‘EL PARTIDO’ a través de las distintas redes sociales”, incluyendo fotografía, video y diseño gráfico, con entregas mensuales. La contraprestación pactada fue de $50,000 mensuales más IVA ($58,000 mensuales en total), y el contrato fija su vigencia desde el 3 de julio de 2024 hasta junio de 2025, con posibilidad de prórroga.
Ese periodo —julio de 2024 a junio de 2025— coincide casi por completo con el tramo en el que, según los registros de pagos de Escobedo ya documentados en la primera parte de este reportaje, el municipio comenzó a pagar de forma regular a proveedores de publicidad y comunicación vinculados con la promoción de Mijes.
Es decir: durante buena parte de ese año, Harman Consultores facturaba de manera simultánea al Comité Estatal del PRI en Aguascalientes y —de acuerdo con las denuncias ante el INE y la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León— a un municipio gobernado por un alcalde de Morena, por el mismo tipo de servicio: producción de contenido y material para redes sociales.
Un pago documentado desde Escobedo, sin el contrato a la vista
La relación analítica de pagos de la Tesorería de Escobedo correspondiente a enero de 2026 registra, entre cientos de proveedores, un pago del 8 de enero de 2026 (cheque 23000037429) a HARMAN CONSULTORES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., por $621,760.00, bajo el concepto “SEGUIMIENTO EN VIDEO”.
El archivo público no incluye, junto a este pago, el contrato o la orden de servicio que lo respalda —a diferencia de lo que sí ocurre en el expediente de Magenta Multimedia revisado en la primera parte—, lo que impide conocer con precisión el objeto contractual completo detrás de esa factura. Esa ausencia documental es, en sí misma, un punto que las autoridades investigadoras tendrían que requerir directamente al municipio.
Esta cifra es consistente con lo señalado en las denuncias de Ramiro Alvarado Beltrán ante el INE, que atribuyen a Harman Consultores 21 pagos del municipio de Escobedo por un total de $4,640,000 entre noviembre de 2023 y enero de 2026, así como el pago de 743 anuncios en la Biblioteca de Anuncios de Meta difundidos desde las cuentas personales de Andrés Mijes en Facebook e Instagram —346 de ellos activos durante el mismo periodo en que se registraron los pagos municipales a la empresa.
Que Harman Consultores esté dirigida estatutariamente por un operador con trayectoria dentro del PRI, y que esa misma empresa haya cobrado al gobierno de un alcalde morenista por su promoción personal, alimenta la acusación central de las denuncias presentadas ante Morena: que Andrés Mijes usó el erario de un municipio gobernado por su partido para financiar, entre otros, a estructuras y operadores de la oposición que dice combatir.
Para sus críticos dentro del propio movimiento, no se trata de un descuido administrativo, sino de una traición con recursos públicos al proyecto que Mijes dice representar.
La presidenta Laura Fernández presenta un proyecto para eliminar las pensiones de expresidentes, una medida que ya aplicó Andrés Manuel López Obrador en México.
Costa Rica da un giro drástico en su política de pensiones. La presidenta Laura Fernández anunció este miércoles un proyecto de ley para eliminar los pagos vitalicios que reciben los expresidentes del país. La iniciativa también alcanzará a los mandatarios que asuman el cargo en el futuro.
Fernández cambió de postura en apenas 48 horas. Una semana antes, ella misma defendía ese beneficio y explicaba que el puesto presidencial merecía condiciones especiales. Las críticas de la oposición y la presión pública la llevaron a reconsiderar su posición.
El proyecto lleva el nombre “Cero Tolerancia a las Pensiones de Lujo”. Busca terminar con un régimen que otorga a los expresidentes una pensión ligada al salario que recibieron durante su mandato. Actualmente, ese beneficio ronda los cuatro millones de colones mensuales.
La medida recuerda una decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador en México. Durante su gobierno, el entonces presidente mexicano canceló las pensiones que recibían los expresidentes de su país. Ese cambio se convirtió en una bandera de austeridad que trascendió fronteras y hoy inspira a otros líderes latinoamericanos.
El legado de AMLO sigue marcando la conversación pública en la región. Costa Rica se suma a una tendencia que busca terminar con privilegios históricos para la clase política. Todavía falta que el Congreso costarricense apruebe la iniciativa para que se convierta en ley.
