Familiares de Berenice y Miguel, fotoperiodistas muertos durante el colapso de una grúa en el Festival Ceremonia, acusan que OCESA ha maniobrado legalmente para deslindarse del caso; el director ejecutivo, el poderoso empresario Alejandro Soberón, niega que la empresa haya colaborado con la organización del evento.
Por Martha Rojas
Miguel Rojas Hernández perdió la vida durante una cobertura que realizaba en el Festival AXE CEREMONIA. Tenía 26 años, estudiaba en las FES Aragón de la UNAM y su sueño era convertirse en fotoperiodista profesional.
Pero estos sueños y su vida quedaron frustrados la tarde del 5 de abril de 2025, cuando una estructura de 2.5 toneladas, le cayó encima, a él y a otra de sus colegas, Berenice Aguilar.
A casi un año de la tragedia, familiares y amigos de Miguel señalan que la poderosa empresa de espectáculos OCESA así como otros implicados, entre ellos la promotora cultural ECO LIVE y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo SA de CV, habrían maniobrado legalmente para evitar el proceso dar carpetazo al caso con un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, para los familiares de Miguel la impartición de justicia va más allá de la reparación del daño. Consiste, según expresan sus representantes legales a Los Reporteros MX, de que los responsables asuman públicamente su responsabilidad.
Diana, hermana de Miguel, señala que, en distintas ocasiones la investigación ha sido pospuesta. En primer lugar, porque familiares de Berenice, quien también murió en el lugar, interpusieron un amparo para que la audiencia final se pospusiera hasta que OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo SA de C fueran imputadas e investigadas.
Sin embargo, representantes legales de la familia de Miguel exponen que las audiencias pueden continuar aún si OCESA no ha sido imputada en el caso.
Una diferencia legal que abre la pregunta ¿están encubriendo a alguien?
En entrevista con Los Reporteros MX, la familia de Miguel Rojas desmintió que OCESA haya logrado un acuerdo monetario fuera de los juzgados.
Lo que piden es que el caso continúe sin demoras legales que obstaculicen el avance de la investigación.
Por otra parte, familiares de Berenice Giles piden que no se omita en dicho proceso la probable responsabilidad de la organizadora de eventos más importante en América Latina.
Soberón Kuri, el poderoso empresario detrás de OCESA
El viernes 23 de enero de 2026, la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados notificó que OCESA, propiedad de Luis Alejandro Soberón Kuri, y su filial Servicios de Protección Privada Lobo SA de C, fueron imputadas por el caso.
Un vocero de la organizadora señaló que dicha imputación aún no había sido notificada, sin embargo, admitió que forman parte de las investigaciones por la muerte de Miguel y Berenice.
Familiares de los deudos coinciden en que la promotora ha desplegado un ejército legal y monetario para desligarse del caso.
Después de que la muerte de Miguel y Berenice fue confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, OCESA se desentendió del festival y limitó su participación a “difusor de publicidad”.
En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de Justicia habría respaldo la versión, pero luego de algunos meses y ante los señalamientos de encubrimiento, la dependencia optó por imputar a la promotora.
En un primer comunicado la FGJ indicó que las responsables directas del montaje de la grúa, así como de la aplicación del Programa de Protección Civil serían Agencia de los Socios SAPI de CV (Grupo ECO) y Operadora Eclectic S.A de CV.
En total la Fiscalía imputaría a ocho personas físicas y tres morales por el colapso de la estructura en el Ceremonia.
Según acusan familiares de ambas víctimas, OCESA habría desplegado todas sus influencias y recursos para salir bien librada del caso y continuar con sus operaciones.
Y es que, por años, OCESA ha controlado la industria del entretenimiento a través de diversas compañías que van desde la promotoría, la seguridad privada, hasta la publicidad y la venta de boletos.
Alejandro Soberón Kuri fundó OCESA (Operadora de Centro de Espectáculos) cuando tenía 30 años.
Se trata de un empresario, de bajo perfil, que figura como presidente y director general de OCESA y de varias filiales dedicadas a la seguridad privada y la promoción de eventos.
Soberón también es miembro de los consejos de administración de América Móvil, liderado por Carlos Slim; Grupo Financiero Banamex, dirigido por Fernando Chico Pardo, y de asociaciones civiles como Fundación Carlos Slim, Fundación Coca-Cola o Fundación IMSS.
Además, el también novio de la actriz Shasa Sokol es miembro del patronato de instituciones médicas y hasta de organizaciones pro bosque de Chapultepec.
Soberón ha mantenido una participación silenciosa pero influyente en distintas esferas de la vida pública y empresarial. Con el tiempo, OCESA se convirtió en la mayor promotora de espectáculos, pero su fama ha estado acompañada de acusaciones de sobreventa de boletos, negligencias y corrupción.
Además, la empresa sería señalada en Estados Unidos y México por prácticas monopólicas.
La última acusación gira en torno a la preventa de boletos para BTS. ARMY y Jorge Maynez presentaron una denuncia ante PROFECO acusando que la promotora realizó la preventa con precios inflados que violaban el derecho de los consumidores.
En distintas ocasiones han sido los propios consumidores quienes se han quejado de que las preventas organizadas por OCESA muestran precios inflados y que son adquiridos por revendedores que vuelven a sobreinflar y falsificar boletos.
Por su parte Ticketmaster se mantiene alejado de sus contadores con ventas en línea y un servicio impersonal.
Ambas han cancelado eventos sin reembolsar a los consumidores el dinero del boleto.
Se trata de acusaciones que han sido investigadas por la PROFECO y el ya extinto COFECE, pero que de una u otra forma han sido cerradas o dictaminadas en favor de OCESA gracias al poder de sus accionistas.
En total, la PROFECO ha reunido 4 mil 746 denuncias contra la promotora por distintos eventos, pero ninguna ha tenido consecuencias significativas para la empresa que dirige Soberón.
Una de ellas fue la interpuesta por la diputada morenista Laura Pérez Segura, quien exhortó a la PROFECO a investigar y sancionar la presunta relación de OCESA con la mafia de revendedores de boletos.
Pero el poder económico e institucional de la promotora se hace evidente, impidiendo que las averiguaciones progresen.
