En un rincón de El Marqués, Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de 88 años, enfrentó a quienes intentaban arrebatarle el lugar donde había vivido durante décadas. Meses después murió.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
Hay historias que explican mejor que cualquier expediente cómo funciona el poder.
Esta no comienza en una oficina de gobierno ni en una sala de tribunales. Comienza en un viejo rancho llamado El Ojal, en las inmediaciones de Amazcala, Querétaro, donde la familia Esteban Álvarez asegura haber vivido desde finales de la década de 1960 cuidando la tierra que heredó de sus abuelos. Allí, entre árboles, pozos de agua y construcciones levantadas con décadas de trabajo, ocurrió un episodio que hoy se ha convertido en uno de los casos más delicados dentro de las denuncias sobre el presunto “cártel inmobiliario” de Querétaro.
Durante un recorrido realizado por Los Reporteros MX, el periodista Luis Piña llegó hasta el lugar donde, según la familia Esteban Álvarez, una disputa por más de 70 hectáreas terminó con la muerte de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de la tercera edad.
“Creo que no he encontrado otra historia más complicada que la que les voy a mostrar hoy”, relató Piña frente al rancho. “Aquí está involucrado Humberto Palacios Alcocer, cuñado del gobernador Mauricio Kuri, y la muerte de una mujer de 88 años”.
La historia, según los testimonios recabados, se remonta años atrás. La familia asegura que desde 2015 comenzaron las presiones para abandonar el predio. Quien aparecía constantemente era Humberto Palacios Alcocer, personaje ligado a una de las familias más influyentes de la política queretana.
“Venía diciendo que todo esto era suyo”, recuerda uno de los familiares. “Le pedíamos documentos, títulos, pruebas. Nunca los presentó. Solamente decía: ‘esto es mío y se tienen que ir’”, relatan Alicia Esteban Álvarez y Margarita Esteban Álvarez, hijas de la señora Engracia Álvarez Raymundo.
Pero el episodio que cambió todo ocurrió en 2020, cuando Kuri era senador. De acuerdo con los testimonios, una mañana arribaron al rancho trabajadores, personal de seguridad y maquinaria pesada con la intención de derribar parte de las construcciones donde habitaba la familia. En ese momento solamente había tres mujeres en el lugar. Una de ellas era Engracia Álvarez Raymundo.
Según los relatos entregados a Los Reporteros MX y documentados por el activista Manuel Zamorano Escobar, la mujer salió para defender su hogar cuando observó que intentaban ingresar al terreno. Durante la confrontación, presuntamente fue empujada y cayó al suelo. La caída le provocó una fractura de cadera.
Para cualquier adulto mayor una lesión así representa un riesgo enorme. Para ella fue el principio del final.
“La aventó, le rompió la cadera y después mi abuelita ya nunca volvió a recuperarse”, relata Luis Alberto Mendiola, uno de sus nietos con la voz entrecortada. Meses después falleció.
El caso dio un nuevo giro en abril de 2026, cuando familiares de Engracia Álvarez presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro para que se investigue la posible responsabilidad penal derivada de los hechos ocurridos durante el conflicto por el Rancho El Ojal.
En la querella, los denunciantes sostienen que su familia ha habitado el predio desde finales de la década de 1960 y relatan que, durante una confrontación ocurrida en octubre de 2020, la adulta mayor sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, la familia considera que las lesiones y las complicaciones médicas posteriores guardan relación con el fallecimiento de Engracia Álvarez meses después.
La denuncia también señala que fueron incorporados comprobantes de atención médica, gastos hospitalarios y testimonios de familiares como parte de los datos de prueba ofrecidos ante la autoridad ministerial. Asimismo, los denunciantes solicitaron que se practiquen peritajes, testimoniales y demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Por ello, para la familia, el conflicto dejó de ser una disputa por tierras hace mucho tiempo.
“Ya no estamos hablando de dinero”, sostiene Manuel Zamorano. “Estamos hablando de una persona que murió después de una agresión denunciada por sus propios familiares. Eso tiene que investigarse”.
Detrás del conflicto aparece además otro elemento clave: el agua.
Los familiares afirman que en la zona existen dos pozos con importante capacidad de extracción. Una riqueza cada vez más codiciada en un estado donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad.
“Lo que quieren no son solamente las tierras”, asegura uno de los habitantes. “Quieren el agua. Aquí tenemos dos pozos y eso vale millones. Esta zona es hermosa, pasa la carretera cerca, la pueden fraccionar. Para ellos es un negocio enorme”.
La familia asegura que durante más de una década ha resistido intentos de desalojo, amenazas y procedimientos que consideran irregulares. Incluso, Manuel Zamorano afirma haber entregado documentación directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la intervención federal.
“Ahora ya no tenemos miedo”, dice Luis Alberto Mendiola. “Sabemos que no estamos solos. Lo único que queremos es justicia para mi abuelita”.
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por Zamorano, quien ha documentado denuncias relacionadas con presuntos despojos, acaparamiento de agua, cambios de uso de suelo y operaciones inmobiliarias en diversos municipios queretanos. Según el activista, existen carpetas presentadas ante autoridades federales que involucran a personajes vinculados al poder político y económico de la entidad.
Hasta el momento, la denuncia presentada por la familia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades. Las personas señaladas mantienen plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Sin embargo, en el rancho El Ojal permanece una pregunta que ni los años ni los tribunales han logrado responder.
Detrás de las cifras millonarias, de los desarrollos inmobiliarios y de las disputas por la tierra, quedó la historia de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer que salió a defender la casa donde había pasado gran parte de su vida. Y que, según su familia, nunca volvió a levantarse de aquella caída.
