Tras el ataque en una secundaria de Torreón, autoridades federales crearán un grupo de trabajo para establecer obligaciones a las plataformas digitales.
El Gobierno de México prepara un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales y exigir la detección, reporte y retiro oportuno de publicaciones que inciten a la violencia, el abuso o el acoso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este viernes.
La medida fue anunciada luego del ataque ocurrido en la secundaria 13 de Torreón, Coahuila, y contempla la creación de un grupo de trabajo coordinado por Luisa María Alcalde Luján, consejera Jurídica del Ejecutivo. En él participarán la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El secretario de Educación, Mario Delgado (@mario_delgado), detalló que, con el programa “A.B.C. de las emociones”, se trabaja con niñas, niños y jóvenes para hablar y atender problemas emocionales. Además, aseguró que se trabaja junto con padres, madres y tutores para regular el… pic.twitter.com/FIHdxppu3I
También se prevé la participación de especialistas de la UNAM y el IPN, con el objetivo de diseñar mecanismos para detectar contenidos y conductas que puedan derivar en hechos violentos. Sheinbaum llamó además a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los contenidos que consumen sus hijos en redes sociales.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que el grupo buscará actuar de manera anticipada, reducir riesgos y mejorar los mecanismos de detección, acompañamiento y respuesta frente a publicaciones que puedan estar relacionadas con situaciones de violencia. Adelantó que la próxima semana comenzarán los trabajos para elaborar el decreto.
Respecto al ataque en Torreón, García Harfuch informó que dos jóvenes, hermanos y exalumnos del plantel, agredieron con armas blancas a personal educativo y estudiantes. Una directiva resultó gravemente lesionada y posteriormente murió. Además, cuatro personas resultaron heridas: dos docentes, uno de ellos en estado delicado, un alumno y una mujer, quienes reciben atención médica.
El hijo del expresidente López Obrador competirá por el Distrito 6, que comprende Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, de cara a las elecciones de 2027.
Andrés Manuel López Beltrán anunció su registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en el sexto distrito federal electoral de Tabasco, con miras al proceso electoral de 2027. El anuncio fue realizado mediante un video publicado en sus redes sociales desde el municipio de Jalapa.
El registro ocurre después de que, el pasado 25 de mayo, López Beltrán renunciara a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar una candidatura a diputado federal. El Distrito 6 comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, con cabecera en Villahermosa.
A través del video, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que continuará recorriendo las comunidades del distrito para dialogar con la población. Este jueves visitó Río Tinto, tercera sección, y Alvarado Jimbal, en el municipio de Centro, así como Tequila, en Jalapa.
López Beltrán llamó a sus simpatizantes a acompañarlo en los recorridos casa por casa, donde, dijo, busca informar sobre la importancia de defender la soberanía nacional y la Cuarta Transformación. Con su registro, comienza formalmente su ruta para buscar la candidatura rumbo a los comicios federales de 2027.
La aspiración se da en medio de la preparación de Morena para definir a sus perfiles rumbo a la próxima elección federal. El proceso determinará quiénes competirán por los distintos distritos y cargos que estarán en disputa, entre ellos la Cámara de Diputados.
Fuente: Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Sinaloa. Este contenido no fue elaborado por la redacción de Los Reporteros MX.
La gobernadora entregó el premio Orgullo Sinaloense 2026 a prestadores de servicios, chefs, artesanos, hoteles, restaurantes y representantes de la cultura.
La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, entregó el premio Orgullo Sinaloense 2026, como parte de las actividades por el Día Mundial del Turismo, para reconocer a quienes con su trabajo contribuyen a fortalecer la identidad y la promoción turística del estado a nivel regional, nacional e internacional.
Durante el evento, la mandataria destacó que los galardonados forman parte de la cadena de valor del turismo y contribuyen a generar experiencias para los visitantes, además de impulsar el bienestar de las comunidades. “Todas y todos ustedes, nos llenan de mucho orgullo porque desde su lugar social en la cadena de valor del turismo, nos recuerdan día con día, y demuestran al mundo, la riqueza y grandeza de Sinaloa y de los sinaloenses”, afirmó.
Entre los reconocimientos entregados estuvieron los correspondientes a Experiencia y Hospitalidad, Los Sabores de Sinaloa, Hospitalidad, Atractivo Turístico, Patrimonio Intangible y Talento e Identidad Sinaloense. Entre los ganadores se encuentran Navolatours, Buceo en el Mar de Cortés, el guía turístico Paul Pacheco, el Gran Acuario Mazatlán y el Carnaval de Mazatlán.
En la categoría gastronómica fueron reconocidos la Cervecería 3 Islas, el chef Daniel Soto, Panamá Culiacán, La Costa Marinera de Mazatlán, la chef Andrea Lizárraga, El Farallón de Los Mochis y El Chapo Jr., además de otros representantes de la cocina sinaloense. También se reconoció al chilorio de Mocorito como Mejor Patrimonio Intangible.
En Talento e Identidad Sinaloense fueron reconocidos el artesano Manuel García Moya, los Pascoleros de Mochicahui y el compositor mazatleco Iván Gámez, quien recibió una mención especial por sus cuatro nominaciones al Grammy Latino 2026. También se entregaron reconocimientos a la trayectoria deportiva de los Tomateros de Culiacán, Cañeros de Los Mochis, Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave.
La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, señaló que los ganadores y nominados se convierten en embajadores turísticos de Sinaloa. Destacó que el gobierno estatal trabaja junto con prestadores de servicios, iniciativa privada, sociedad y comunidades para fortalecer al estado como destino turístico y generar oportunidades económicas para los sinaloenses.
La suspensión incluye la embajada y consulados estadounidenses; Washington no explicó qué riesgos motivaron la medida ni cuándo serán reanudados los servicios.
Estados Unidos suspendió este viernes los servicios consulares de su embajada y consulados en Brasil, a dos días de las elecciones presidenciales, bajo el argumento de “motivos de seguridad” que no fueron especificados por el Departamento de Estado.
Un portavoz de la dependencia señaló que Washington mantiene una coordinación estrecha con autoridades brasileñas para atender los asuntos de seguridad, aunque no precisó cuáles son los riesgos identificados ni estableció una fecha para reanudar la atención consular. La medida comenzó este viernes 2 de octubre y contempla las instalaciones diplomáticas estadounidenses en territorio brasileño.
El Departamento de Estado pidió además a los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia que no acudan a la embajada, consulados u otras instalaciones diplomáticas mientras permanezca vigente la suspensión. La dependencia tampoco vinculó oficialmente la decisión con las elecciones presidenciales del domingo.
La medida ocurre en un contexto de creciente preocupación por una posible injerencia extranjera en el proceso electoral brasileño. Autoridades de inteligencia de Brasil informaron recientemente a delegaciones de Francia y Alemania sobre presuntas acciones de Estados Unidos y Rusia relacionadas con los comicios. El gobierno brasileño ha expresado previamente inquietud por la participación de actores extranjeros en su proceso electoral.
Los brasileños acudirán a las urnas este domingo para elegir presidente, en una elección en la que Luiz Inácio Lula da Silva busca continuar al frente del país. El mandatario también ha cuestionado la injerencia extranjera y señalado los nuevos aranceles impuestos por Washington como parte de las tensiones con Estados Unidos. Paralelamente, la seguridad pública se mantiene entre las principales preocupaciones de los electores, ante los niveles de violencia registrados en distintas regiones del país.
El mercado laboral estadounidense generó apenas 29 mil puestos en septiembre, muy por debajo de los 85 mil previstos, mientras el desempleo pasó de 4.1% a 4.2%.
El mercado laboral de Estados Unidos mostró señales de desaceleración en septiembre. De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el desempleo aumentó de 4.1% a 4.2%, mientras que solo se crearon 29 mil empleos, una cifra muy inferior a los cerca de 85 mil puestos que esperaban los mercados financieros.
La BLS también revisó a la baja los datos de los meses anteriores. Julio pasó de un reporte positivo a registrar una pérdida neta de 10 mil empleos, mientras que agosto cerró con 133 mil nuevos puestos, frente a los 162 mil que se habían informado inicialmente. Economistas describieron el escenario como uno de “pocas contrataciones, pocos despidos”.
Otro de los problemas para los trabajadores estadounidenses es la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios aumentaron 3% interanual en septiembre, por debajo de la inflación de 3.4% registrada en agosto. Además, el incremento en los precios de la gasolina ha añadido presión al costo de vida, uno de los principales temas del debate público de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
El débil reporte laboral también reforzó entre inversionistas la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios sus tasas de interés en su próxima reunión, prevista para finales de octubre. El banco central elevó sus tasas en septiembre por primera vez desde mediados de 2023, en un intento por contener la inflación, aunque también debe vigilar el desempeño de la economía y del mercado laboral.
A 58 años del 2 de octubre de 1968, la presidenta reiteró que Gustavo Díaz Ordaz fue el principal responsable de la represión contra el movimiento estudiantil.
A 58 años de la masacre de Tlatelolco, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó este viernes el 2 de octubre de 1968 como uno de los episodios más dolorosos de la historia de México y reiteró el compromiso de que nunca más el Estado reprima a un movimiento social.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria inició con la consigna “2 de octubre no se olvida” y recordó a los estudiantes que fueron reprimidos en la Plaza de las Tres Culturas durante el movimiento estudiantil de 1968. Sheinbaum expresó también su solidaridad con las víctimas, sobrevivientes y familiares afectados por aquellos hechos.
La #MañaneraDelPueblo de este viernes 2 de octubre, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) inició recordando el lamentable hecho de la matanza de Tlatelolco de 1968, ocurrida durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, un hecho que, aseguró, no… pic.twitter.com/V6Cz4F1YOo
La presidenta señaló nuevamente que la responsabilidad principal de la represión recayó en Gustavo Díaz Ordaz, quien entonces era presidente de México y comandante del Ejército. Recordó que esta responsabilidad fue reconocida por el propio exmandatario en distintos momentos posteriores a su gobierno.
Sheinbaum destacó que, al inicio de su administración, el Gobierno de México formalizó el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos en Tlatelolco. En 2024, además, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a las víctimas, familiares y sobrevivientes de la represión del 2 de octubre de 1968.
Al recordar la fecha, la mandataria insistió en que la memoria de Tlatelolco debe servir para evitar que se repitan actos de represión contra quienes ejercen sus derechos de manifestación y expresión. “Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, sostuvo durante su mensaje.
El exintegrante de la Marina es investigado por presuntamente operar desde aduanas marítimas un esquema para facilitar el ingreso ilegal de combustible al país.
La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Mike”, identificado en investigaciones como “El Capitán Sol”, en Zapopan, Jalisco. El ex capitán de corbeta de la Marina contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
El operativo se realizó durante la madrugada de este viernes mediante trabajos de inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, con participación de la FGR, Semar y SSPC. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Miguel Ángel “N” fue ubicado a las 00:52 horas en un inmueble de la colonia San Juan Ocotán, y posteriormente quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República.
Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA
Según la causa penal 325/2025, la FGR lo identifica como una pieza central de una presunta red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas marítimas. Las investigaciones señalan que habría participado en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, además de gestionar presuntamente pagos a funcionarios aduanales para facilitar el ingreso de combustible.
El caso también apunta a un nivel de gasto que no correspondería con sus ingresos como jubilado. En septiembre de 2025 se documentó que recibía una pensión mensual de 18 mil 785 pesos, mientras que investigaciones de la FGR señalaron que entre 2015 y 2023 habría gastado más de 60 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y casinos. En ese periodo, establecimientos reportaron alrededor de 400 alertas relacionadas con sus operaciones.
La indagatoria también detectó que Solano Ruiz tenía 11 cuentas bancarias y había adquirido ocho inmuebles, seis en Veracruz y dos en Ciudad de México, por aproximadamente 13 millones de pesos. Además, la FGR documentó que habría recibido 5 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar su responsabilidad y posibles vínculos dentro de la estructura señalada.
A dos años de asumir el gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano presume una baja sostenida en los delitos de alto impacto y coloca a la seguridad como uno de los principales ejes de su administración, con una estrategia que combina vigilancia, tecnología, recuperación de espacios públicos y coordinación con distintas corporaciones.
De acuerdo con los datos citados por la administración, los delitos de alto impacto pasaron de 2 mil 19 carpetas de investigación en 2024 a mil 435 en 2026, una reducción de 28.03 por ciento.
Uno de los cambios más significativos se encuentra en los homicidios dolosos. La alcaldía reporta una disminución de 75.4 por ciento frente al nivel registrado en años anteriores. El contraste es particularmente marcado respecto a 2018, cuando se contabilizaron 6 mil 306 casos, mientras que para 2026 la cifra reportada se ubicó en mil 435.
La reducción también se refleja en otros delitos que afectan directamente a habitantes y comerciantes de la demarcación. El robo a transportistas disminuyó 50 por ciento, el robo a negocio con violencia cayó 34 por ciento y el robo de vehículo con violencia tuvo una reducción de 67.03 por ciento.
Otro indicador utilizado por la administración es el promedio diario de delitos de alto impacto. Entre 2015 y 2018 se registraban alrededor de 12.7 casos cada día, mientras que 2018 alcanzó un promedio de 17.3. Entre 2019 y 2024 la cifra bajó a aproximadamente 10.4 casos diarios y, durante la actual administración, se ubica en alrededor de cinco.
Para Lozano, estos resultados no pueden atribuirse únicamente al aumento de policías o patrullas. Durante su gestión se reforzó la presencia de la Policía Auxiliar, el parque vehicular llegó a 112 patrullas y comenzó a operar el Centro de Inteligencia GAM, desde donde se realiza el monitoreo de las primeras 4 mil 500 cámaras de videovigilancia instaladas en la demarcación.
La estrategia también ha buscado llevar la prevención más allá de los operativos policiales. La administración ha impulsado la recuperación e iluminación de calles, el reencarpetado de vialidades, los parques EDÉN y más de 100 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza.
El alcalde de la Gustavo A. Madero, aseguró que la coordinación y no dejar de lado la responsabilidad que tiene cada área fue fundamental para la reducción de delitos en la alcaldia. Reveló que los delitos de alto impacto se redujeron en estos dos años de administración en 28%,… pic.twitter.com/SNUquNpoDo
Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por representantes de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Comisiones de Participación Comunitaria, el alcalde destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido parte fundamental de la estrategia.
Lozano reconoció particularmente la colaboración con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada.
El alcalde de Gustavo A. Madero, reconoció el trabajo de la policia auxiliar adscrita a la alcaldía y aseguró que este logro se alcanzó también a la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno federal y la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. pic.twitter.com/z6YowDf1n8
El planteamiento de la administración es que una calle iluminada, un espacio público recuperado o una vialidad en mejores condiciones también forman parte de la política de seguridad, al reducir condiciones que pueden favorecer la comisión de delitos y fortalecer la convivencia vecinal.
A dos años de gobierno, Gustavo A. Madero busca así presentar una estrategia que no se limita al despliegue policial, sino que combina inteligencia, vigilancia, obra pública y programas dirigidos a las comunidades y a las juventudes.
La mesa de diálogo se realizará el 8 de octubre en Gobernación, con representantes de las 37 secciones sindicales y jubilados con derecho a voto.
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) acordaron instalar una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación el próximo 8 de octubre, luego de una jornada de protestas contra el incremento salarial de 2.9 por ciento y cambios estatutarios aprobados por el sindicato.
El acuerdo se alcanzó cerca de la medianoche, después de varias horas de movilizaciones y bloqueos en vialidades como Circuito Interior y Juan Escutia, en las inmediaciones de la sede del SNTSS, ubicada en la calle Zamora 107, colonia Condesa. Los inconformes también ingresaron por la fuerza al inmueble sindical durante la protesta.
Pasadas las 19:00 horas, los trabajadores utilizaron martillos para golpear las cadenas y candados colocados en el acceso principal. Finalmente, lograron abrir la entrada y desprender parte de las rejas metálicas que impedían el paso a las instalaciones.
Las protestas surgieron por el rechazo al aumento salarial de 2.9 por ciento y a las modificaciones estatutarias avaladas durante el LXV Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, celebrado el pasado 11 de septiembre en Playa del Carmen, Quintana Roo.
La mesa convocada en Gobernación busca resolver las diferencias entre la base trabajadora y la dirigencia sindical, encabezada por Rafael Olivos. En el encuentro participarán representantes de las 37 secciones sindicales, además de jubilados con derecho a voto. El diálogo se realizará un día antes de la nueva movilización que los trabajadores tenían prevista.
Un predio de 12 mil 855.64 metros cuadrados, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, pasó de una sucesión familiar a particulares, luego a empresas del entorno de Jorge Estefan Chidiac y, finalmente, al Gobierno de Puebla.
Hay lugares cuyo valor no puede medirse solo en metros cuadrados. Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, son uno de ellos.
El cerro donde se detuvo al ejército francés
México atravesaba en 1862 una profunda crisis: acababa de salir de la Guerra de Reforma, tenía graves problemas financieros y había suspendido temporalmente el pago de su deuda externa. Esto derivó en la intervención de Francia, España y Reino Unido. Mientras los dos últimos negociaron con el Gobierno de Benito Juárez, Francia optó por la vía militar.
El 5 de mayo, unos 6 mil soldados franceses avanzaron sobre Puebla. Frente a ellos, el general Ignacio Zaragoza comandaba a cerca de 4 mil efectivos mexicanos, muchos de ellos milicias y fuerzas locales, que concentraron la defensa en posiciones estratégicas como los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los franceses intentaron tomar las fortificaciones en varias ocasiones, fueron rechazados y se retiraron hacia Orizaba. En ese cerro se escribió uno de los episodios militares más importantes de la historia de México.
Un sitio que la Federación decidió proteger
Décadas después, el Estado mexicano buscó preservar el lugar. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto que declaró de utilidad pública la conservación y protección de los fuertes y de los terrenos que los rodean.
Algunos propietarios reclamaron derechos sobre ciertas superficies y llevaron el conflicto a los tribunales. El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde algunos obtuvieron amparos, aunque las resoluciones no cubrieron todos los terrenos. Por eso, en 1962, un nuevo decreto presidencial precisó qué superficies podían regresar a particulares (las de quienes habían obtenido protección judicial) y cuáles seguirían siendo patrimonio de la Federación. Además, se mantuvo una zona de protección alrededor de los fuertes.
Esa condición federal quedó documentada en los años siguientes:
2011: la Secretaría de la Función Pública destinó al Gobierno de Puebla una superficie de 223 mil 691.67 m² en los terrenos de los fuertes, para rehabilitar el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo. El acuerdo señaló que la propiedad se acreditaba con los decretos de 1946 y 1962 y que los terrenos estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal.
2012: otro acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se refirió a una fracción de 32 mil 433.36 m² en terrenos adyacentes, nuevamente bajo el régimen de dominio público de la Federación y con los mismos decretos como sustento.
Es en este contexto donde comienza la historia del predio que sigue esta investigación.
2007: la venta
En 2007, mientras esos antecedentes federales seguían vigentes, un juicio sucesorio reconoció derechos hereditarios sobre un predio de 12 mil 855.64 m² a Ana María de la Concepción, José Manuel, José María Pedro y José Ignacio Román Cosío Ortiz.
Ese mismo año, el 13 de septiembre, los herederos vendieron el inmueble por 9 millones de pesos (unos 700 pesos por metro cuadrado), según consta en actas protocolizadas ante una notaría de Puebla. Los compradores fueron Domingo Antonio Fernández Brito, Guadalupe Selene Aguilar Cáceres y Olga Astrid López Gargallo, esta última, esposa de Jorge Estefan Chidiac.
Hasta aquí podría tratarse de una operación entre particulares. Pero el antecedente jurídico del terreno plantea una pregunta central: ¿cómo pudo formalizarse en 2007 la venta de un predio en la zona de los fuertes si existían decretos federales que establecían medidas de protección sobre el área y reconocían la propiedad de la Federación sobre ciertas superficies?
Para responderla no basta revisar una escritura; hay que seguir la ruta jurídica y empresarial del inmueble.
De particulares a una red de empresas
2009. Los tres compradores originales vendieron el predio por 13 millones de pesos a Inmobiliaria 2015, S.A. de C.V. En dos años, el valor de la operación aumentó 4 millones de pesos, cerca de 44.4 % sobre el precio de compra. Domingo Antonio Fernández Brito, uno de los compradores de 2007, figura como representante legal de la empresa compradora.
2010. Inmobiliaria 2015 constituyó Grupo de Emprendedores Diamante, S.A. de C.V. Según documentación empresarial revisada por Los Reporteros MX, entre sus socios aparecen Fernández Brito y Charbel Jorge Estefan Chidiac.
Fernández Brito aparece así en tres puntos de la cadena: como comprador del terreno, como representante de la sociedad que lo adquirió y como socio de una empresa vinculada con Estefan Chidiac. Algunas investigaciones periodísticas lo han señalado como presunto testaferro de este último.
Quién es Jorge Estefan Chidiac
Economista de formación, Estefan Chidiac fue diputado federal por Puebla de 2015 a 2018 y después ocupó distintos cargos en la estructura del PRI poblano. Su nombre también apareció en las controversias del caso Monex en la elección presidencial de 2012, cuando el PAN acusó al PRI de usar tarjetas de esa institución en un supuesto esquema de financiamiento y movilización electoral. El PRI negó las acusaciones y las autoridades electorales resolvieron sin anular la elección.
El 4 de marzo de 2024, el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina lo nombró titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, tras la renuncia de Isabel Merlo Talavera, quien dejó el cargo para participar en el proceso electoral. Actualmente su nombre aparece también en señalamientos por presuntas irregularidades en la asignación de plazas en la SEP Puebla, sobre los cuales hay auditorías en curso.
2012: la desincorporación
Ese año, el gobernador Rafael Moreno Valle solicitó a la Federación desincorporar la fracción de 32 mil 433.36 m² en la zona de los fuertes para desarrollar el Parque Metropolitano. El acuerdo se publicó en el DOF el 16 de enero de 2012. Mientras la situación jurídica de los terrenos avanzaba por la vía gubernamental, la red empresarial ligada al predio seguía su propia ruta.
2015: entra Grupo Alsagi y aparece Pepe Chedraui
Para 2015, Grupo de Emprendedores Diamante, donde figuraban Fernández Brito y Estefan Chidiac, quedó relacionado con un conglomerado identificado como Grupo Alsagi.
Según el Registro Público del Comercio, este llegó a concentrar un capital aproximado de 87 millones de pesos mediante la integración de siete empresas. Entre ellas está JOMAPA S.A. de C.V., vinculada a José Chedraui Budib y María Elisa Budib Pellico. Los Reporteros MX corroboró que JOMAPA tiene registros desde 2015 y aparece a nombre de José Chedraui Budib.
Chedraui asumió la presidencia municipal de Puebla en 2024. Ese año, siendo candidato, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunta defraudación fiscal, por operaciones con facturas emitidas a empresas cuyos accionistas serían familiares suyos, entre ellas JOMAPA.
Lo relevante para esta investigación es la ruta que reconstruyen los documentos: el terreno pasó de una sucesión familiar a particulares, luego a una inmobiliaria y después a una estructura empresarial relacionada con Fernández Brito y Estefan Chidiac, en la que también aparecen sociedades vinculadas con José Chedraui Budib.
La historia no termina aquí. En el capítulo 2, Los Reporteros MX seguirá el rastro del despojo y revisará otro de los negocios que forman parte de esta trama.
