El proyecto contempla envíos piloto de 23 toneladas y un potencial de hasta un millón de toneladas de sorgo hacia China.
Una comitiva de funcionarios del Gobierno de China concluyó una visita de trabajo en Sinaloa tras recorrer silos, bodegas de almacenamiento y el puerto de Topolobampo, con el objetivo de evaluar la capacidad logística y productiva de la región para la exportación de sorgo hacia el país asiático.
El subsecretario de Agricultura estatal, Ramón Gallegos Araiza, informó que desde 2025 se realizan gestiones con apoyo del Gobierno Federal y la Embajada de China en México, ante el interés del país asiático de adquirir hasta un millón de toneladas de sorgo sinaloense.
De acuerdo con el proyecto, las primeras exportaciones serían envíos piloto de 23 toneladas, que podrían escalar a embarques de 35 mil toneladas y posteriormente alcanzar el volumen total estimado, con salida desde el puerto de Topolobampo y participación de la empresa china Sichuan Yourong Group junto con la exportadora Gessa Agroservicios.
El funcionario estatal detalló que el sorgo sería destinado a la producción del licor Baijiu en China y destacó que la apertura del mercado representaría una oportunidad para productores de Sinaloa, además de impulsar una posible reconversión de cultivos hacia opciones que requieren menor consumo de agua en la región norte del estado.
La operación encabezada por Marina y FGR provocó una afectación económica superior a los 923 millones de pesos para grupos criminales dedicados a la producción de drogas sintéticas.
Como parte de la estrategia federal para frenar la producción y distribución de drogas sintéticas en México, elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa, donde se producía metanfetamina a gran escala.
Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron más de cuatro toneladas de metanfetamina, además de precursores químicos y diverso material utilizado para la fabricación de narcóticos. De acuerdo con las autoridades, el decomiso representa una afectación económica estimada en más de 923 millones de pesos para las estructuras criminales involucradas en la producción y distribución de estas sustancias ilícitas.
Las acciones forman parte de los operativos permanentes del Gabinete de Seguridad, enfocados en debilitar las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país. El aseguramiento evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles y busca reducir el impacto del narcotráfico en comunidades afectadas por la violencia y las adicciones.
Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.
Se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso… pic.twitter.com/2PgpyPqSb9
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 21, 2026
En los últimos meses, Sinaloa se ha mantenido como uno de los principales puntos de operación para grupos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas, particularmente metanfetamina y fentanilo. Por ello, las autoridades federales han intensificado labores de inteligencia, vigilancia y destrucción de laboratorios clandestinos en zonas rurales y serranas de la entidad.
La Secretaría de Marina destacó que este tipo de operaciones no solo afectan las finanzas del crimen organizado, sino que también reducen riesgos para la población, debido a que los laboratorios clandestinos representan un peligro ambiental y sanitario por el manejo de químicos altamente tóxicos e inflamables.
El Gobierno de México reiteró que continuará fortaleciendo los operativos conjuntos entre fuerzas federales para combatir el narcotráfico, frenar la producción de drogas sintéticas y consolidar el Estado de derecho. La destrucción de estos laboratorios representa uno de los golpes económicos más fuertes recientes contra las organizaciones criminales que operan en el noroeste del país.
Donald Trump aseguró públicamente que la CIA opera dentro de Cuba y afirmó que EUA mantiene personal de inteligencia activo en la isla, en medio de una nueva escalada política y económica contra el gobierno cubano.
El presidente Donald Trump volvió a subir el tono contra Cuba al confirmar que Estados Unidos mantiene agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dentro del territorio cubano. Durante una intervención oficial, el mandatario afirmó sin rodeos que Washington tiene presencia de inteligencia activa en la isla, algo que durante décadas había permanecido bajo total discreción diplomática.
“Tenemos mucha gente en Cuba. Tenemos a la CIA allí”, soltó Trump, dejando claro que su administración mantiene operaciones de inteligencia en territorio cubano. Además, el republicano presumió la influencia del secretario de Estado Marco Rubio, a quien señaló como pieza clave para endurecer la política exterior de EUA hacia el régimen cubano. El mensaje fue interpretado como una advertencia directa al gobierno de Miguel Díaz-Canel y al aparato político heredado del castrismo.
Las palabras de Trump llegan mientras Cuba enfrenta apagones masivos, escasez de alimentos, crisis energética y creciente descontento social. Paralelamente, Washington ha incrementado sanciones económicas y restricciones petroleras contra la isla, presionando todavía más a una población golpeada por años de deterioro económico. Analistas consideran que la estrategia busca debilitar al gobierno cubano desde distintos frentes mientras EUA incrementa su presencia política e inteligencia en la región.
El escenario se volvió todavía más explosivo tras conocerse la reciente visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana, un hecho prácticamente inédito desde la Revolución Cubana de 1959. Durante ese encuentro, funcionarios estadounidenses advirtieron que Cuba “ya no puede ser refugio de adversarios” de Washington, en referencia a la influencia de Rusia, China e Irán en el Caribe. Con ello, la confrontación entre EUA y Cuba vuelve a colocarse como uno de los focos geopolíticos más delicados del continente.
Una activista detenida, con epilepsia, denunció que no recibió atención médica ni ambulancia pese a sufrir una crisis convulsiva durante el arresto.
Dos activistas del Frente Nacional por las 40 Horas y del colectivo Mapache Radical, identificadas como Brenda Rocío Reséndiz y Martha Lucía Garrido, fueron detenidas la noche del miércoles 20 de mayo por elementos de la Policía Municipal de Querétaro. Denuncian que pese a solicitar ayuda por una ataque de epilepsia, nunca recibieron la atención especializada.
Las detenciones ocurrieron durante una manifestación pacífica en el Centro Histórico en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, luego de que las activistas intervinieran una pieza decorativa en forma de balón de fútbol, parte del programa “Querétaro: la Capital de la Cultura Futbolera”, impulsado por el gobierno municipal. Tras la intervención, policías municipales procedieron al arresto.
Durante la detención, las activistas denunciaron omisiones en la atención médica. En el caso de Lucía Garrido, quien padece epilepsia, señaló que solicitó auxilio y la presencia de una ambulancia tras advertir una crisis convulsiva, pero esta nunca llegó, mientras que las luces de la patrulla y el estrés del arresto habrían agravado su condición, según su testimonio.
Las detenidas fueron puestas a disposición de los juzgados cívicos de Santa Rosa Jáuregui, donde recibieron sanciones administrativas. Organizaciones feministas como el Frente Feminista y Mujeres Celayenses exigieron la anulación de las sanciones y una investigación por la falta de atención médica, mientras que el artista Diego Martínez Peña se deslindó de la protesta al señalar que la obra no estaba destinada a mensajes de política internacional.
Mientras crecen los señalamientos por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, el PAN ya prepara una marcha nacional para blindar políticamente a Maru Campos y victimizarse ante el escándalo.
El PAN decidió cerrar filas con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de las acusaciones por presuntos vínculos y permisividad con agentes de la CIA en territorio mexicano. En lugar de aclarar el tema de soberanía nacional, la dirigencia panista optó por el viejo manual del espectáculo político: organizar una “megamarcha” para hacerse las víctimas y fingir músculo ciudadano.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que el partido prepara lo que calificó como “la marcha más grande de la historia” para respaldar a la mandataria estatal. Eso sí, todavía “sin confirmar nada”, aunque ya prometieron movilizar a toda la estructura panista nacional. Porque cuando se trata de defender privilegios y escándalos incómodos, el PAN sí sabe operar rápido.
Las declaraciones llegan después de la llamada Marcha por la Soberanía realizada por Morena el pasado 16 de mayo en Chihuahua, donde militantes y simpatizantes exigieron juicio político contra Maru Campos por la presencia de agentes estadounidenses en la entidad. El tema pegó fuerte entre la ciudadanía y encendió las alarmas en el panismo, que ahora intenta convertir el problema en una guerra de marchas y acarreados.
Por su parte, la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez Hernández, confirmó que el partido analiza una “contramarcha” para demostrar respaldo ciudadano a la gobernadora. Según dijo, varios ciudadanos preguntaron si el PAN respondería a la protesta morenista. Y claro, en el universo panista, la mejor manera de responder cuestionamientos sobre soberanía es organizar eventos políticos y tomarse fotos entre aplausos.
Durante una conferencia en el Congreso estatal, legisladores del PAN también acusaron agresiones contra civiles y medios durante la movilización de Morena. Además, anunciaron respaldo jurídico para funcionarios señalados de presuntamente boicotear la protesta, entre ellos Mario Mata Carrasco. Mientras tanto, Daniela Álvarez lanzó acusaciones contra Morena por supuestamente usar programas sociales para reunir firmas contra Maru Campos, aunque evitó hablar del tema central: qué hacían agentes extranjeros operando en Chihuahua y quién autorizó su presencia.
El panismo chihuahuense intenta apagar el incendio político con discursos patrioteros y movilizaciones “históricas”, pero cada declaración parece confirmar que están más preocupados por salvar la imagen de Maru Campos que por responder a las dudas sobre soberanía nacional. Porque cuando la polémica toca al PAN, de pronto los que antes gritaban “traición a la patria” ahora organizan marchas para defenderla.
El gobierno estatal anunció la modernización del Aeropuerto Hermanos Serdán con nuevas rutas a Estados Unidos y ampliación de infraestructura.
El Gobierno del estado de Puebla anunció una inversión de mil millones de pesos para la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad y atención a migrantes poblanos.
El proyecto contempla la apertura de nuevas rutas internacionales hacia Houston, Texas; Newark, Nueva Jersey; y Los Ángeles, California, con el objetivo de facilitar el regreso directo de connacionales a la entidad, además de mejorar las condiciones de seguridad y servicios aeroportuarios.
Durante una rueda de prensa en la Casa de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta informó que las obras incluyen ampliación de la terminal aérea, nuevas salas de llegadas, modernización de bandas de equipaje y expansión de estacionamientos, en coordinación con el Gobierno de México y la empresa administradora vinculada al proyecto Mundo Maya.
El mandatario estatal también destacó la incorporación de 12 nuevas rutas aéreas operadas por Volaris y anunció la construcción de un hotel frente al aeropuerto, como parte de un plan integral para reforzar la infraestructura de movilidad y atención a pasajeros.
La presidenta Claudia Sheinbaum enviará una reforma electoral para impedir que personas relacionadas con el crimen organizado lleguen a cargos públicos mediante candidaturas partidistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este jueves enviará a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de que los partidos políticos verifiquen si sus candidatos tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada antes de registrarlos oficialmente.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la propuesta surge luego de diversos casos detectados en municipios del país, donde autoridades locales terminaron relacionadas con estructuras criminales. Sheinbaum subrayó que se trata de casos aislados, pero consideró indispensable crear mecanismos preventivos rumbo a las elecciones de 2027 para evitar que el crimen organizado infiltre gobiernos municipales o cargos públicos.
La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral. Este organismo trabajaría en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para detectar posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) explicó que la reforma para instaurar una comisión de verificación de candidaturas surge como una medida preventiva para impedir el acceso de políticos con vínculos con el crimen organizado. La propuesta responde a recientes casos… pic.twitter.com/DNBnimEtsC
De acuerdo con la propuesta, los partidos entregarían voluntariamente la lista de aspirantes para que las autoridades realicen revisiones de antecedentes e identifiquen posibles nexos con organizaciones criminales. Posteriormente, cada fuerza política decidiría si mantiene o retira las candidaturas señaladas, aunque las instituciones federales podrían continuar las investigaciones correspondientes en caso de encontrar elementos relevantes.
La presidenta recordó que desde el inicio de su administración se han registrado casos de alcaldes y funcionarios detenidos por presuntos vínculos delictivos, como ocurrió en operativos recientes en Morelos y Jalisco. Señaló que muchas de estas investigaciones comenzaron gracias a denuncias ciudadanas y reiteró que el objetivo de la reforma es fortalecer la transparencia y proteger los procesos democráticos.
Sheinbaum también aclaró que el mecanismo deberá respetar plenamente la presunción de inocencia establecida en la Constitución. Sin embargo, insistió en que los partidos políticos no pueden desentenderse del perfil de quienes postulan. “Es importante que exista algún mecanismo que permita saber si una persona tiene antecedentes o posibles vínculos antes de competir por un cargo público”, sostuvo la mandataria.
Dos visitantes fueron detenidos después de escalar la pirámide de El Castillo durante un conflicto entre prestadores turísticos y autoridades.
Dos turistas fueron detenidos luego de subir de manera ilegal a la pirámide de El Castillo, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, aprovechando la ausencia de personal de seguridad el pasado martes. Los visitantes ingresaron gratuitamente al recinto y violaron los cordones de delimitación que prohíben el ascenso al monumento histórico.
La falta de vigilancia ocurrió debido a un conflicto entre prestadores de servicios turísticos de Pisté y Tinum con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno de Yucatán. Los inconformes tomaron el acceso a la zona arqueológica e impidieron el ingreso de trabajadores, aunque permitieron la entrada libre a los visitantes.
De acuerdo con reportes, cerca de mil turistas ingresaron al sitio arqueológico con monitoreo prácticamente nulo, ya que el acceso quedó bajo control de los manifestantes. Incluso, artesanos del lugar habrían solicitado la intervención de las autoridades para detener a los turistas que subieron a la zona restringida.
Los artesanos y prestadores de servicios mantienen una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales para exigir que el nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi) no sea el único acceso principal a Chichén Itzá y que el antiguo parador turístico continúe operando para permitir sus actividades comerciales.
El nuevo sistema de taquillas del Catvi fue inaugurado el pasado 27 de marzo con el objetivo de mejorar la atención turística y fortalecer la conservación del patrimonio.
Horacio Gómez Carranza, quien encabeza protestas y cierres carreteros por el precio del trigo, militó en el PAN y fue candidato panista en Mexicali; crecen las sospechas de uso político del descontento social.
Las protestas encabezadas por supuestos productores del campo comienzan a revelar un trasfondo político que ya genera fuertes cuestionamientos. Horacio Gómez Carranza, uno de los principales impulsores de bloqueos carreteros y movilizaciones agrícolas en distintas regiones del país, no solo tiene vínculos con el panismo: también fue candidato del Partido Acción Nacional a diputado local por Mexicali, Baja California.
El dirigente agrícola ha tomado protagonismo a través del llamado Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano, organización que en semanas recientes ha encabezado cierres de carreteras y manifestaciones bajo el argumento de exigir mejores precios para el trigo y mayores apoyos al sector agrícola. Sin embargo, cada vez son más las voces que señalan que detrás de estas acciones no únicamente existe inconformidad campesina, sino una clara agenda política orientada a golpear al gobierno federal.
Aunque los bloqueos son presentados públicamente como una lucha legítima del campo mexicano, críticos y usuarios en redes sociales comenzaron a exhibir el historial político de Gómez Carranza, evidenciando su cercanía con el PAN. El hecho encendió el debate sobre la posible infiltración de operadores partidistas en movimientos sociales para generar presión mediática y desestabilización política en plena antesala del proceso electoral de 2027.
Las movilizaciones han provocado afectaciones en vialidades estratégicas, retrasos en el transporte de mercancías y molestias entre ciudadanos. Transportistas y automovilistas han denunciado pérdidas económicas derivadas de los cierres carreteros, mientras el líder panista continúa posicionándose mediáticamente como “vocero del campo”. Para muchos, el discurso agrícola parece haberse convertido en una conveniente plataforma política disfrazada de protesta social.
El caso también revive el debate sobre cómo algunos sectores de la oposición han intentado apropiarse de causas legítimas para convertirlas en herramientas de confrontación política. Mientras miles de campesinos realmente enfrentan dificultades económicas, hay personajes que parecen más interesados en las cámaras, los reflectores y el desgaste mediático del gobierno que en soluciones de fondo para el campo mexicano.
En redes sociales, usuarios ironizaron sobre el caso asegurando que “los tractores traían más propaganda azul que costales de trigo”. Otros cuestionaron que quienes hoy hablan de defender al pueblo del campo pertenezcan a partidos que durante años abandonaron al sector agrícola y permitieron la dependencia alimentaria del extranjero. Lo cierto es que el historial político de Horacio Gómez Carranza ya puso bajo sospecha la verdadera intención detrás de los bloqueos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Washington ya aprobó el nombramiento de Roberto Lazzeri, economista del CIDE y exdirectivo de Nafin y Bancomext, quien viajará en las próximas semanas para asumir la representación diplomática en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que el gobierno de Estados Unidos ya otorgó el beneplácito oficial para que Roberto Lazzeri Montaño se convierta en el nuevo embajador de México en territorio estadounidense. El anuncio fue realizado durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, donde la mandataria adelantó que el funcionario asumirá el cargo en las próximas semanas.
“Formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito, es Roberto Lazzeri”, declaró Sheinbaum, dejando claro que el proceso diplomático ya fue avalado por Washington. Con ello, el gobierno mexicano consolida uno de los nombramientos más relevantes de su política exterior en medio de una relación bilateral marcada por temas como migración, comercio, seguridad y cooperación económica.
Roberto Lazzeri Montaño es economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas y cuenta con una amplia trayectoria dentro del sector financiero público. Su carrera comenzó en 2005 dentro de la entonces Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde participó en la administración de deuda pública local. Posteriormente, ocupó cargos estratégicos en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, especializándose en financiamiento y estructuración de deuda subnacional.
En años recientes, Lazzeri tomó mayor relevancia dentro del gobierno federal al desempeñarse como jefe de la Oficina de Coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, fungió como director general de Deuda Pública y de Captación, consolidándose como uno de los perfiles técnicos más cercanos al manejo financiero del país.
En agosto de 2025 asumió la dirección general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, desde donde impulsó mecanismos de financiamiento para el desarrollo económico. Más recientemente, en abril de 2026, fue designado vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo para el periodo 2025-2027.
La llegada de Lazzeri a la embajada mexicana en Estados Unidos ocurre en un momento clave para la relación bilateral, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense y las nuevas tensiones derivadas de temas migratorios, comerciales y de seguridad.
