La Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua reconoció que nunca registró el convenio internacional ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pese a que la ley obliga hacerlo.
El gobierno de María Eugenia Campos Galván vuelve a estar envuelto en la polémica luego de revelarse que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua mantiene un acuerdo de colaboración con Israel que presuntamente fue firmado fuera del marco legal y sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El convenio, denominado “Plan de cooperación” entre la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav) y la JCAS, fue firmado en febrero de 2023 por el entonces director del organismo, Mario Mata Carrasco, junto al embajador de Israel en México, Zvi Tal. Sin embargo, documentos obtenidos vía transparencia exhiben que dicho acuerdo nunca fue registrado ante la SRE ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), como exige la Ley sobre la Celebración de Tratados.
La irregularidad fue denunciada por el colectivo Salvemos los Cerros, cuyos integrantes sostienen que el gobierno estatal violó los artículos 6 y 9 de la legislación federal al mantener un convenio internacional sin supervisión de las autoridades competentes. Incluso, la propia SRE respondió oficialmente que, tras una búsqueda exhaustiva, no localizó registros de instrumentos jurídicos celebrados entre Israel y el estado de Chihuahua.
El caso se agrava porque el propio Mario Mata reconoció en respuestas de transparencia que la JCAS “no era competente” para gestionar el registro del acuerdo, una admisión que activistas calificaron como prueba de que el gobierno estatal actuó al margen de la ley. Además, la Cancillería mexicana detectó inconsistencias en el contenido del convenio y advirtió que el documento firmado difería sustancialmente del que originalmente había sido revisado por el área jurídica federal.
Aunque el acuerdo fue presentado públicamente como un mecanismo de transferencia tecnológica para mejorar el uso del agua y fortalecer la seguridad hídrica, organizaciones civiles señalaron que el documento es ambiguo y favorece intereses privados israelíes en sectores agrícolas y de explotación hídrica. También cuestionaron que la JCAS firmara compromisos relacionados con tecnología agrícola cuando sus atribuciones corresponden principalmente al manejo urbano del agua.
La controversia ocurre además en medio de crecientes críticas contra operadores cercanos al gobierno panista de Maru Campos. Mario Mata ha sido señalado recientemente por participar en bloqueos y movilizaciones contra simpatizantes de Morena en Chihuahua, mientras continúan las acusaciones contra la administración estatal por presuntas violaciones a la soberanía nacional tras el ingreso de agentes estadounidenses a la entidad. Ahora, el convenio con Israel abre un nuevo frente político y legal para el gobierno estatal.
Con información de La Jornada.
