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Daniel Ortega aseguró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, confirmando abiertamente que su régimen no permitirá la alternancia democrática. La declaración refuerza las acusaciones de que el país ha abandonado por completo cualquier apariencia de democracia.

Daniel Ortega dejó de lado cualquier simulación democrática al afirmar que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para que la oposición intente llegar al poder. La declaración, realizada durante el aniversario de la Revolución Sandinista, representa la admisión más explícita de que el régimen ya no pretende guardar siquiera las apariencias de un sistema democrático. Tras años de denuncias por fraudes electorales, persecución de opositores y concentración del poder, el mandatario simplemente confirmó lo que desde hace tiempo denunciaban organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

Las palabras de Ortega llegan después de una serie de reformas constitucionales que eliminaron los contrapesos institucionales, ampliaron el periodo presidencial, consolidaron la figura de la copresidenta para Rosario Murillo y sometieron por completo al Estado al Ejecutivo. En lugar de responder a las críticas por el deterioro democrático, el presidente anunció que impulsará nuevas leyes para levantar un “muro” contra quienes calificó de “golpistas” y “vendepatrias”, un discurso utilizado durante años para justificar la represión y el encarcelamiento de cualquier voz crítica.

Más que una declaración política, el mensaje constituye una confesión abierta de autoritarismo. Cuando un gobernante admite que no permitirá elecciones competitivas porque teme perder el poder, deja de existir cualquier argumento para sostener que el país conserva una democracia. La voluntad popular queda sustituida por la permanencia indefinida de un grupo gobernante que decide quién puede participar en la vida política y quién debe ser silenciado o expulsado del país.

Con esta postura, Ortega no solo rompe definitivamente con los principios democráticos, sino que coloca a Nicaragua entre los regímenes que renuncian públicamente a la alternancia en el poder. La afirmación difícilmente podrá interpretarse de otra manera: el gobierno ya no busca legitimarse mediante el voto, sino mediante el control absoluto de las instituciones, la persecución de la oposición y la imposición de un sistema donde la continuidad del régimen vale más que la voluntad de los ciudadanos.

Nathael Pérez Santa Cruz