El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.
Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.
La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.
La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
El emblemático evento religioso y comunitario, con 182 años de historia, recibe reconocimiento mundial por su valor cultural, social y espiritual.
La UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, una de las tradiciones más icónicas de México y América Latina, que cada Semana Santa reúne a millones de personas en la demarcación.
Este reconocimiento internacional destaca el profundo valor histórico, social y cultural de una manifestación que, durante 182 años, ha sido sostenida por la participación activa de la comunidad iztapalapense, consolidándose como un símbolo de identidad, fe y cohesión social.
🔴 BREAKING
New inscription on the #IntangibleHeritage List: Representation of the Passion, Death and Resurrection of Christ in Iztapalapa, #Mexico🇲🇽.
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 10, 2025
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, celebró la declaratoria y señaló que la tradición “es vida, es pueblo y es historia”, recordando que surgió de las calles y que su fuerza radica en el esfuerzo colectivo de actores, organizadores, familias y vecinos. “Lo que surgió del latido humano de una comunidad hoy cruza mares y continentes”, afirmó.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también felicitó a la comunidad, al comité organizador de Semana Santa en Iztapalapa (COSIAC) y a la jefa de Gobierno Clara Brugada, reconociendo la labor de quienes preservan y promueven esta tradición, y subrayó que se trata de un patrimonio vivo que requiere participación comunitaria y compromiso generacional.
El evento no es solo un acto religioso, sino una expresión cultural y comunitaria que fortalece los lazos sociales y transmite valores de generación en generación. La inscripción en la lista de la UNESCO garantiza que esta manifestación siga siendo un legado compartido con el mundo, honrando la memoria, la devoción y el trabajo silencioso de miles de manos.
Los reclusos mexicanos cumplirán el resto de sus condenas en el país, bajo el Tratado Internacional de Transferencia de Personas Sentenciadas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) entregó el pasado viernes 5 de diciembre a las autoridades mexicanas a 14 ciudadanos mexicanos que cumplían condenas federales por narcotráfico, posesión ilegal de armas o ambos delitos, informó la dependencia este martes.
La transferencia fue coordinada por la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ, con apoyo de la Oficina Federal de Prisiones, y se realizó en el marco del Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros entre Estados Unidos y México. Todos los internos solicitaron su traslado y, tras la aprobación de ambos gobiernos, continuarán cumpliendo sus sentencias en México.
De manera recíproca, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de drogas fueron trasladados a su país, con penas que oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio de prisión. Este programa permite que prisioneros extranjeros cumplan condenas en su país de origen y que estadounidenses encarcelados en el extranjero puedan regresar a EUA para concluir sus penas.
Actualmente, Estados Unidos mantiene 10 acuerdos bilaterales de traslado y dos convenios multilaterales, lo que permite relaciones de transferencia con más de 85 países. Bajo este esquema, los reclusos deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, incluyendo que su traslado sea aprobado por ambas naciones y que se respeten las leyes locales de ejecución de penas.
El programa busca garantizar que los internos cumplan sus sentencias en un entorno conocido y que los procesos legales se desarrollen bajo las normativas de sus países de origen, fortaleciendo la cooperación judicial internacional entre México y Estados Unidos.
La dependencia busca impedir que Francisco Javier Rebolledo resuelva sobre la suspensión definitiva de Bet365 y Betano, en medio de investigaciones por lavado de dinero.
La Secretaría de Gobernación (Segob) promovió la recusación del juez federal Francisco Javier Rebolledo Peña, responsable de levantar el bloqueo contra las plataformas de apuestas Bet365.mx y Betano.mx, vinculadas a Ganador Azteca, empresa de casinos en línea de Ricardo Salinas Pliego.
El 11 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ganador Azteca y otras permisionarias por presuntas operaciones ilícitas. Sin embargo, Rebolledo otorgó una suspensión provisional para reactivar los sitios, decisión que fue revocada el 3 de diciembre por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, argumentando que la Ley de Amparo prohíbe suspender medidas que permitan operar centros de apuestas, aun cuando no cuenten con locales físicos.
La suspensión se mantiene solo para la administración de los dominios digitales, permitiendo la publicación de información, pero sin que puedan realizar apuestas o sorteos. Con la recusación, la Segob busca evitar que el juez decida sobre la suspensión definitiva, programada inicialmente para el 15 de diciembre, mientras el tribunal colegiado determina si existe impedimento legal para que continúe conociendo del caso.
Rebolledo, conocido por sus decisiones polémicas, defendió la validez de su resolución inicial, asegurando que no se vulnera el interés social ni el orden público y que no se ha probado lavado de dinero en esta causa. Entre sus antecedentes destaca haber frenado en 2022 la implementación del Plan Piloto de la SEP y en 2021 otorgar amparo a Monsanto frente a un decreto presidencial.
Más de medio millón de jóvenes se movilizaron en el Zócalo y consolidan a la presidenta como la figura más querida entre las nuevas generaciones.
La tarde del 6 de diciembre, el Zócalo de la Ciudad de México se llenó con más de 600 mil jóvenes que marcharon para respaldar al gobierno de Claudia Sheinbaum, desmintiendo la narrativa de movilizaciones anónimas previas. La multitud, con carteles hechos a mano, glitter rojo y pancartas que decían “El futuro vota”, combinó música, humor y demandas concretas por vivienda, jornadas laborales de 40 horas y políticas públicas claras.
La generación Z, diferente a los millennials, debate y participa con intensidad: marchan, memean y analizan reformas como si fueran guiones de anime, usando la red y la calle como espacio de expresión política. Según un estudio de MilenIA, que analizó 116 millones de conversaciones digitales entre personas de 18 a 28 años, Sheinbaum lidera con 70% de aprobación, triplicando a la mayoría de los opositores. Solo Jorge Álvarez Máynez alcanza cifras similares, mientras figuras como Laura Itzel Castillo (65%) y Omar García Harfuch (60%) se mantienen bien valoradas por eficacia y cercanía.
En contraste, líderes opositores como Xóchitl Gálvez (25%), Marko Cortés (25%), Alito Moreno (20%) y Lilly Téllez (15%) muestran rechazo visceral, considerados símbolos de incongruencia, confrontación y oportunismo político. La generación Z no responde a ideologías tradicionales; premia la eficacia, autenticidad y cercanía y reprueba la manipulación y la impostura.
El acto del 6 de diciembre refleja un mensaje claro: las y los jóvenes respaldan a Sheinbaum, exigen continuidad, resultados y respeto, y consolidan su papel como actor decisivo en la política mexicana, donde los afectos, la data y los algoritmos definen la influencia y el futuro del país.
Con información de Omar Cordero, Rivelino Rueda y Salvador Frausto para Milenio
La gobernadora de Chihuahua ha facilitado recursos públicos procedentes del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua o el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte a la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista
Aunque la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos se ha empeñado en negar sus vínculos con el exgobernador César Duarte, hoy preso por el delito de peculado y lavado de dinero. Sus prácticas la delatan.
Al menos, desde 2023, la gobernadora panista ha facilitado contratos para la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista.
Primero como alcaldesa del municipio de Chihuahua, y ahora, como gobernadora del estado, Maru se ha encargado de beneficiar a la única empresa pública de su propiedad.
En lo obscuro, están las otras “inversiones” por la que tan sólo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 generó 7 millones 593 mil 390 pesos, según consigna su declaración patrimonial de 2025.
En dicha declaración, la gobernadora panista que, este diciembre presumió su viaje al Vaticano para conocer al papa León, también declaró ser accionista de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, la cual ha recibido numerosos contratos por adjudicación directa.
Contratos derivados de la renta de inmuebles tipo apartamento, oficinas y bodegas, cuyos costos se han cubierto a través del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte o la Dirección de Desarrollo Urbano.
Aunque la empresa, cuyo RFC y razón social no figuran en la base de datos de proveedores que pública el Gobierno estatal, se conoce, vía transparencia, que en lo que va del año la panista habría destinado al menos dos contratos por adjudicación directa a su inmobiliaria.
El primero de ellos data del 1 de abril de 2025, cuando la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V destinó 28 mil pesos del presupuesto de egresos a la renta de un inmueble no especificado. Mismos que fueron pagados con una transferencia bancaria el 26 de junio de 2025. Sin que el Fideicomiso especificara el tipo de contrato o su duración.
Ese mismo 26 de junio de 2025, mediante una segunda transferencia de fondos. El Fideicomiso transfirió otros 56 mil 400 pesos, sumando un total de 84 mil 400 pesos transferidos en el mismo día.
Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Urbano contrató los servicios de la inmobiliaria panista en marzo de 2025 pagándole 30 mil 505 pesos.
Por lo demás, el Gobierno panista ha denostado las solicitudes de transparencia para hacer públicos todos los contratos, poco le importan los conflictos de interés. Pues en reiteradas ocasiones dependencias de su gobierno han negado la relación con la inmobiliaria.
Duarte en la cárcel, ella en el Vaticano
Maru Campos también es especialista en negar su relación con César Duarte, pero los hechos también la desmienten.
En julio de 2025, se hizo público que la gobernadora se negó a proporcionar información sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero o desvío de fondos públicos realizados por César Duarte para comprar más de 50 propiedades en Estados Unidos.
El bufete de abogados que llevaba la demanda civil en el país vecino acusó a la gobernadora de no colaborar “nunca contestó”.
Ahora, mientras el exgobernador de Chihuahua está preso en el penal del Altiplano, la gobernadora se va al Vaticano. En lo que algunos llamarían un “baño mea culpa”.
La Fiscalía General de la República acusó a César Duarte de desviar más de 76 millones de pesos a empresas vinculadas a su familia. La audiencia inicial se celebró el 9 de diciembre en el penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República acusó a César Duarte Jáquez de desviar más de 76 millones de pesos. Los hechos habrían ocurrido cuando fue gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016.
La FGR presentó los cargos durante la audiencia inicial del 9 de diciembre en el penal del Altiplano. La defensa pidió suspender la audiencia; el juez rechazó la petición y permitió la presentación de pruebas.
Según la acusación, los recursos que iban para el sector ganadero pasaron por varias empresas. Entre ellas están Unión Ganadera Regional División del Norte, Financiera División del Norte, Pavimentos y ServiciosEl Parral e Hidroponia El Parral.
La Fiscalía afirma que los fondos se entregaron mediante subsidios y convenios para comprar ganado y equipo. Meses después, las transferencias terminaron en cuentas personales de Duarte y de su familia.
También dice que parte del dinero sirvió para pagar una tarjeta American Express a nombre de la esposa del exgobernador. La FGR añadió a la carpeta dictámenes contables y fiscales de la Auditoría Superior de Chihuahua.
Esos informes detectaron un conflicto de interés, pues las empresas beneficiadas tendrían vínculos con Duarte. Además, la Fiscalía incorporó declaraciones patrimoniales y registros bancarios con múltiples transferencias.
La investigación incluye a Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La Fiscalía lo señala como tesorero de las empresas y presunto colaborador en el esquema.
La FGR dijo haber presentado más de 100 datos de prueba contra el exgobernador. La autoridad detuvo a César Duarte el 8 de diciembre y lo trasladó al penal del Altiplano.
La noticia volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la corrupción en Chihuahua. Muchas personas esperan que el proceso aclare lo ocurrido y que la justicia actúe con rapidez. El caso seguirá su curso y el juez decidirá las próximas fechas y medidas.
El SAT informó que, entre enero y noviembre de 2025, los ingresos del gobierno sumaron 5.53 billones de pesos. El monto creció 5.9% real respecto a 2024, el mayor avance desde 2022.
El SAT informó este martes que los ingresos del gobierno federal alcanzaron 5 billones 529 mil 814 millones de pesos de enero a noviembre de 2025. La cifra representa un crecimiento real de 5.9% frente al mismo periodo de 2024.
Se trata del mayor aumento desde 2022, cuando los ingresos crecieron 5.1%. En 2023 el avance fue de 1.1% y en 2024 se elevó 2.1%. En contraste, en 2020 y 2021 la recaudación disminuyó 2.3% y 0.5%, respectivamente.
En términos nominales, el gobierno captó 500 mil 591 millones de pesos más que en el mismo lapso de 2024. Además, los ingresos superaron en 102.3% el nivel programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para ese periodo.
La recaudación tributaria marcó un nuevo récord y sumó 4 billones 905 mil 415 millones de pesos. Esa cifra muestra un crecimiento real de 4.6% respecto a enero-noviembre de 2024.
Por impuesto sobre la renta (ISR), el país recaudó 2 billones 652 mil 597 millones de pesos. Eso implicó 222 mil 532 millones más que en 2024 y un avance real de 5.1%. El IVA aportó 1 billón 369 mil 885 millones, 68 mil 540 millones más y un crecimiento real de 1.4%. El IEPS sumó 617 mil 787 millones, 47 mil 775 millones más que en 2024 y un aumento real de 4.4%.
El SAT dijo que continuará fortaleciendo la recaudación. Añadió que aplicará mecanismos para facilitar el cumplimiento fiscal y mantener una atención cercana a los contribuyentes.
Para las familias y los servicios públicos, este mayor ingreso puede traducirse en más recursos para programas y obras. Autoridades y analistas seguirán la evolución de la recaudación al preparar el presupuesto 2026.
Colectivos piden a la Suprema Corte que retome el análisis de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Exigen que dos ministras se aparten para garantizar un juicio imparcial.
Integrantes del Colectivo Pena Sin Culpa acudieron este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pidieron que la Corte reabra el debate sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. La solicitud busca cumplir la sentencia del Caso García Rodríguez y otro contra México de la Corte Interamericana.
Daniel García Rodríguez, protagonista de la sentencia, habló frente al edificio de la Corte. Dijo que confía en que los nuevos ministros se pronunciarán contra la prisión preventiva automática. También afirmó: “no vamos a quitar el dedo del renglón”.
Además, los abogados del colectivo se reunieron con el equipo del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Plantearon la urgencia de que el Pleno resuelva recursos de impedimento contra las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos. Ambos trámites deben agotarse antes de discutir el fondo.
Explican que Ríos defendió la prisión preventiva oficiosa cuando fue consejera jurídica de la Presidencia. Por su parte, señalan que Esquivel emitió declaraciones en el amparo 5/2025 que prejuzgaron la responsabilidad de García Rodríguez y Reyes Alpízar. Ambos cumplieron 17 años en prisión preventiva por el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés.
El abogado Simón Hernández pidió que los asuntos se resuelvan este mes o a más tardar en enero. Aclaró que ya existe una audiencia de alegatos y que la reclamación está turnada al ministro Arístides. También recordó que la ley de amparo marca plazos breves para estas decisiones.
Por tanto, el colectivo insiste en que las ministras se excusen de conocer los expedientes. Argumentan que solo así se garantizará un trámite imparcial y se avanzará en aplicar la orden de la Corte Interamericana. Mientras tanto, mantienen la vigilancia y preparan nuevas acciones públicas.(Con información de La Jornada).
La Fiscalía CDMX y el C5 firman convenio que permite el monitoreo en tiempo real. La nueva señal espejo busca agilizar las investigaciones de robos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) han dado un paso importante en la lucha contra el robo de vehículos. Ambas instituciones firmaron un convenio que habilita una señal espejo, facilitando el monitoreo interinstitucional en tiempo real.
La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, se reunieron para formalizar esta colaboración. El objetivo es mejorar la respuesta ante los reportes de robo y fortalecer las investigaciones. La fiscal destacó que este acceso inmediato a grabaciones mejorará los tiempos de reacción y ayudará en la identificación de rutas de escape.
Con la nueva señal espejo, cuando una víctima reporte un robo al 911, se abrirá una carpeta de investigación especial de manera instantánea. La Policía de Investigación (PDI) podrá acceder rápidamente a las cámaras, dando seguimiento en tiempo real a los hechos. Esto permitirá realizar diligencias más ágiles desde el primer momento.
Guerrero Chiprés compartió que se han instalado 340 arcos con 833 sensores que detectan placas de vehículos. Además, se ha avanzado en la instalación de aproximadamente 30,400 nuevas cámaras en la ciudad. Esta infraestructura es clave para abordar casos de robo de vehículos y otros delitos. Están comprometidos con mejorar la seguridad en la capital y cambiar la realidad de los ciudadanos.
La fiscal Alcalde Luján también mencionó la colaboración efectiva con el C5 en la búsqueda de personas desaparecidas. Este trabajo conjunto ha permitido que más del 70% de estos casos se resuelvan en las primeras 72 horas. Esta experiencia reafirma la importancia del monitoreo en tiempo real, ahora aplicado al robo de vehículos.
Con este nuevo acuerdo, la FGJCDMX y el C5 fortalecerán su coordinación y respuesta ante el robo de vehículos. Los ciudadanos podrán sentirse más seguros al contar con herramientas tecnológicas que agilizan las investigaciones. Esta colaboración es un paso positivo hacia una Ciudad de México más segura para todos.
