El ex mandatario hondureño enfrenta acusaciones de lavado de activos y fraude tras ser liberado en EUA.
La Suprema Corte de Honduras emitió este lunes una orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en el caso conocido como Pandora II.
El ex mandatario, de 57 años, fue liberado el pasado 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, tras recibir un indulto presidencial de Donald Trump.
El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, informó a través de su cuenta de X que la orden de captura fue firmada por el juez Walter Raúl Miranda Sabio y enviada al jefe de Interpol en Honduras.
“Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández. Nuestra lucha es frontal”, declaró Zelaya, quien fue promovido por el partido Libertad y Refundación (Libre).
La medida se ha tomado mientras Hernández enfrenta procesos judiciales en su país natal por irregularidades financieras vinculadas a su administración y que se investigan desde hace varios años. La orden internacional busca garantizar que pueda ser detenido fuera del territorio hondureño en caso de viajar al extranjero.
Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, ha sido señalado repetidamente por su vinculación con el narcotráfico, además de investigaciones sobre corrupción y desvío de fondos públicos. La acción de la Suprema Corte marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades hondureñas por llevar ante la justicia a exfuncionarios involucrados en delitos económicos y financieros.
La ONU advirtió una indiferencia global en aumento que amenaza su plan humanitario para 2026, debilitado por la caída severa en donaciones, especialmente desde EUA.
La ONU emitió una advertencia severa al presentar su campaña humanitaria 2026, al subrayar que el mundo atraviesa un periodo marcado por “brutalidad, impunidad e indiferencia”, mientras la ayuda internacional se desploma a su nivel más bajo en una década. Este año el organismo recaudó solo 12 mil millones de los 45 mil millones solicitados, dejando a 25 millones de personas sin asistencia respecto al año anterior.
El plan para 2026 incluye un objetivo mínimo de 23 mil millones de dólares para asistir a 87 millones de personas en regiones críticas como Gaza, Sudán, Haití, Ucrania y Myanmar. La caída más drástica provino de EUA, cuyo aporte se redujo de 11 mil millones en 2024 a 2 mil 700 millones en 2025. Aun así, Washington sigue siendo el principal donante mundial.
Las prioridades para el próximo año incluyen 4 mil 100 millones para atender a tres millones de personas en los territorios palestinos y 2 mil 900 millones para apoyar a 20 millones en Sudán, donde la guerra civil continúa desplazando comunidades enteras. La ONU insiste en que pide “un poco más del 1%” de lo que el mundo gasta en defensa, ante un escenario global donde el financiamiento civil parece retroceder frente al militar.
Para subrayar la urgencia, funcionarios de la ONU relataron encuentros recientes con víctimas en zonas de conflicto, como una joven sudanesa que perdió a su marido e hijo en ataques recientes y llegó a Tawila recorriendo lo que describen como “la carretera más peligrosa del mundo”. El organismo sostiene que historias como esa deberían bastar para despertar la empatía internacional, pero teme que la apatía colectiva siga creciendo si los gobiernos no revierten sus recortes.
Bruna Ferreira, inmigrante brasileña con vínculos familiares con la vocera de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue liberada bajo fianza mientras continúa un proceso que podría llevarla a la deportación. El caso desató tensiones después de que el gobierno la etiquetara como “criminal”, algo que su defensa calificó de falso.
Bruna Ferreira, inmigrante brasileña de 33 años y residente desde hace años en Massachusetts, obtuvo su liberación bajo una fianza de 1,500 dólares, de acuerdo con su abogado Todd Pomerleau. La decisión fue tomada por un juez de inmigración en Louisiana, luego de que agentes del ICE la detuvieran en noviembre mientras llevaba a su hijo a la escuela.
El caso adquirió un matiz político por sus lazos familiares con Karoline Leavitt, actual vocera de prensa de la Casa Blanca. Ferreira estuvo comprometida con Michael Leavitt, hermano de la portavoz, y aseguró que llegó a quererla como madrina de su hijo. La detención desató controversia cuando el Departamento de Seguridad Nacional la llamó “inmigrante ilegal criminal”, acusación que su abogado negó tajantemente.
Ferreira llegó a EUA cuando era niña y estaba inscrita en DACA, además de encontrarse en proceso para obtener la residencia permanente. Desde su liberación, criticó las declaraciones oficiales que la describen como madre “ausente”, calificándolas de “repugnantes” y “falsas”. También reconoció que confiar en la familia Leavitt “fue un error” dado que, a su juicio, la narrativa del gobierno ha superado cualquier expectativa negativa.
El promedio diario de homicidios dolosos descendió de 86.9 en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de 2025, marcando la cifra más baja en un noviembre de la última década.
Durante los primeros 14 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos en México han mostrado una tendencia sostenida a la baja, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El promedio diario pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de 2025, lo que representa una disminución del 32%.
El análisis histórico de noviembre evidencia que 2025 fue el mes con menor incidencia desde 2016. Comparado con 2018, la reducción en promedio diario de homicidios dolosos alcanza el 35%, mientras que en delitos de alto impacto a nivel nacional, la baja promedio es de 47%, pasando de 969.4 a 518.2 víctimas por año.
De acuerdo a datos de las 32 fiscalías estatales, siete estados concentran el 51% de los homicidios de enero a noviembre de 2025: Guanajuato (11%), Chihuahua (7.6%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.5%), Guerrero (5.7%) y Michoacán (5.5%). Solo en noviembre, estas siete entidades concentraron 49% de los homicidios nacionales, con la inclusión de Morelos (5.6%) y Sonora (5.4%).
En comparación anual, 26 estados redujeron su promedio diario de homicidios, destacando Zacatecas (-70%), Chiapas (-58%) y Quintana Roo (-56.7%), mientras que Guanajuato descendió de 12.7 a 5.3 homicidios diarios, Baja California de 7.13 a 4, y Estado de México de 6.63 a 3.2.
Otros delitos también mostraron avances: feminicidios -23.4%, secuestro -58.4%, robos con violencia -48.8%, lesiones dolosas por arma de fuego -22.6%. Sin embargo, la extorsión aumentó 23.1%, pese a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La presidenta de México logra mantener su popularidad en noviembre, con fuerte apoyo en regiones del Noreste y entre amas de casa y trabajadores informales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un respaldo sólido de la ciudadanía, con una aprobación nacional del 70.1% en noviembre, según la encuesta mensual de Mitofsky para El Economista. Este nivel de aceptación confirma la confianza de la población en su gestión, especialmente en políticas de seguridad y bienestar social.
Por regiones, el Noreste del país registró la mayor aprobación con 75.3%, mientras que en el Bajío/Occidente alcanzó 65%, reflejando un apoyo significativo en todo el territorio nacional. Entre los grupos ocupacionales, las amas de casa lideran con 80,1% de respaldo, seguidas de los trabajadores informales con 80%, lo que destaca la cercanía de la presidenta con sectores clave de la población.
Incluso los profesionistas y empresarios muestran un respaldo de 55.9% y 52.6%, evidenciando una base amplia de aceptación en distintos segmentos sociales. Entre las principales preocupaciones de la ciudadanía destacan seguridad (49.2%), economía (25.3%) y salud (8.7%), áreas en las que la administración ha reforzado estrategias y programas de atención ciudadana.
La encuesta refleja también que la mayoría percibe avances en la reducción de corrupción, con 76.7% de los encuestados evaluando que los esfuerzos de la administración son visibles, mientras que solo 12.5% considera que falta acción.
Estos resultados consolidan a Claudia Sheinbaum como una presidenta con respaldo constante, con aceptación particularmente fuerte entre sectores populares y regiones clave, destacando la confianza ciudadana en su gestión y en sus políticas de seguridad y desarrollo social.
Durante los últimos tres años, la Fiscalía General de la República destinó recursos millonarios para seguros de lujo que cubren desde accidentes en deportes extremos hasta tratamientos médicos de alto costo para su personal y familiares.
Durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, fiscales, agentes de alto perfil y funcionarios de mando superior contaron con un seguro médico VIP que cubría accidentes en tauromaquia, alpinismo, buceo, motociclismo, esquí y regatas, entre otras actividades. Este esquema representó un gasto al erario de mil 57 millones de pesos, pese a la Ley de Austeridad Republicana que desde 2019 prohibió seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos.
De acuerdo con una investigación de El Universal, el contrato FGR/LPN/CN/SERV/022-11/2022 y las licitaciones LA-49-812-049000975-N-7-2024 y LA-49-830-049000975-N-5-2025, disponibles en Compras MX, muestran coberturas que alcanzaron hasta 20 millones de pesos para el fiscal general y entre 3 y 7 millones para mandos medios y superiores, con montos adicionales para familiares.
El seguro abarca hospitalización en cuarto privado, medicamentos, honorarios médicos, enfermería particular, ambulancia terrestre o aérea, sala de operaciones, terapias y procedimientos quirúrgicos especializados, incluso para lesiones derivadas de deportes extremos o cumplimiento del deber. También incluye tratamientos de radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, cirugías reconstructivas y atención por VIH/sida, con cobertura en México y en el extranjero por hasta 50 mil dólares.
La póliza abarca a titulares de 18 a 100 años, cónyuges, ascendientes y descendientes hasta 24 años, con atención disponible 24/7 todo el año. Entre los hospitales privados cubiertos destacan Hospital Ángeles, Médica Sur, Star Médica, Hospital Christus Muguerza y Hospital ABC, entre otros, sin incluir clínicas públicas.
El esquema ha generado cuestionamientos sobre la opacidad en el gasto público y la discrecionalidad en la FGR, contrastando con los lineamientos internos de austeridad publicados por la propia institución en 2023.
Con información de Alelhí Salgado para El Universal
Locatarios denuncian que funcionarios de Coyoacán exigen sobornos de hasta 30 mil pesos mensuales, mediante citatorios irregulares y amenazas de clausura.
La bancada de Morena en el Congreso capitalino alertó sobre un esquema sistemático de extorsión dentro de la alcaldía Coyoacán, donde funcionarios de verificación exigen pagos ilegales a dueños de bares, restaurantes y pequeños comercios.
De acuerdo con el diputado Paulo García, servidores públicos de la demarcación envían citatorios falsos para intimidar a los propietarios, a quienes acusan de no cumplir con la normatividad aun cuando tienen sus documentos en regla. Posteriormente, ya en oficinas de la alcaldía, les solicitan sobornos que alcanzan hasta 30 mil pesos mensuales para “dejarlos trabajar”.
Un citatorio al que La Jornada tuvo acceso, firmado por Nancy Shycarú García Ibarra, subdirectora de Establecimientos Mercantiles, exige al comerciante presentar documentos como uso de suelo, protección civil y visto bueno de seguridad y operación, simulando un proceso de verificación oficial. El afectado denunció que, tras entregar la documentación, le solicitaron el soborno de 30 mil pesos.
García señaló que al inicio de la administración las presiones se concentraban en giros de alto impacto, pero ahora también alcanzan a papelerías, abarrotes y pequeños negocios, cuyos dueños carecen de asesoría legal y son blanco fácil de amenazas de clausura. Morena ha ofrecido acompañamiento jurídico para presentar denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía capitalina.
El diputado cuestionó que el alcalde Giovani Gutiérrez evitara responder sobre estas acusaciones en su comparecencia ante el Congreso, dejando sin aclarar las presuntas prácticas de cobros irregulares dentro de su administración. Mientras tanto, los locatarios continúan enfrentando un clima de intimidación y abuso.
Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.
El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.
El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.
Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.
Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
La gestión de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc se ha visto empañada por la opacidad en la adquisición de su nuevo parque vehicular de seguridad.
La administración de Rojo de la Vega presumió, a través de un gran despliegue mediático, la integración de supuestamente 53 nuevas unidades tipo patrullas.
Sin embargo, una investigación realizada por LosReporteros Mx revela graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras.
Entre acusaciones de ser víctima de una “cacería política”, Alessandra Rojo de la Vega ha defendido los “logros” de su gestión. No obstante, existe una baja percepción de resultados reales, lo que ha obligado a su equipo a maquillar las cifras para justificar lo que la alcaldesa no logra explicar.
El 8 de noviembre de 2025, por ejemplo, Rojo de la Vega presentó su primer informe de Gobierno ante una audiencia convocada en el Frontón México.
Acompañada por figuras como el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, la alcaldesa presumió, entre otros puntos, los siguientes “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación:
Instalación de 51 mil luminarias.
Adquisición de 53 patrullas nuevas.
Recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas.
Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Documentos emitidos por la alcaldía Cuauhtémoc vía Transparencia, y firmados por Erick Herrera Martell, director de la Unidad de Transparencia, revelan que la administración maquilló las cifras, dejando al aire varios millones de pesos provenientes de la renta del parque vehicular.
En un primer documento oficial, la alcaldía admitió haber arrendado (no comprado) 44 patrullas, incluyendo 28 motocicletas KTM.
La alcaldía afirmó haber gastado 8 millones 730 mil 565 pesos por las 44 unidades, una cifra que es matemáticamente imposible si se utiliza su propio desglose de rentas mensuales.
De hecho, la suma correcta de los once meses, basada en sus propios datos de renta, asciende a más de 10 millones de pesos, lo que abre una duda que taladra a los habitantes de la demarcación: ¿cuál fue el destino y la justificación de ese presupuesto?
Lo escandaloso no es solo el error de suma, sino que el discurso de la alcaldesa, que presume luchar por la justicia presupuestaria, se contradice con una realidad administrativa costosa: el arrendamiento de vehículos con opción a compra o devolución es un mecanismo que genera jugosas ganancias para automotrices y financieras.
Y es que, al término de su gestión, la alcaldía Cuauhtémoc se quedará sin las patrullas o, peor aún, deberá erogar más dinero para comprarlas, dejando un pasivo a la siguiente administración.
Pero eso no es todo.
Un segundo documento, también firmado por Erick Herrera, agrava la situación al contradecir al primer documento y duplicar el costo.
Dicho documento afirma que se adquirieron 53 unidades tipo patrulla (9 más que la cifra anterior). Y afirma que el costo total fue de 20 millones 319 mil 26 pesos.
Por si fuera poco, el proceso de adquisición es todo un enigma. Y es que la administración de Rojo de la Vega no se molesta en aclarar si se llevó a cabo un proceso de licitación pública.
Existe una diferencia de 11 millones 588 mil 461 pesos entre el gasto reportado en el primer documento (asumiendo los 8.7 millones) y el segundo documento (20.3 millones). Y asoma la negra duda: ¿La renta o adquisición de las otras nueve unidades costó más de once millones de pesos, duplicando el gasto por apenas un 20% más de unidades?
Lamentablemente, a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega parece no importarle aclarar estas flagrantes contradicciones financieras. Y tampoco parece importarle la opinión de quienes gobiernan. Y es que el 57.7% de los habitantes mayores de 18 años en Cuauhtémoc manifiestan sentirse inseguros.
Brayan Nicolás Vicente Salinas, defensor de la comunidad LGBTTTIQ+, fue hallado sin vida en un departamento en la colonia Tabacalera. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.
El pasado 5 de diciembre, Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del ayuntamiento de Reynosa, fue encontrado sin vida en un departamento en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Vicente Salinas también presidía la Comisión de Género y Equidad. Su cuerpo fue hallado por personal de limpieza, quienes alertaron a las autoridades.
Según los informes iniciales de la Secretaría de Seguridad Pública, el regidor había alquilado el lugar a través de una aplicación. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron el deceso.
Las autoridades ya han comenzado a investigar el caso. Están analizando videos de seguridad y llevando a cabo diligencias para determinar la causa de muerte. Por lo pronto, se ha abierto una indagatoria por homicidio culposo.
La noticia del fallecimiento de Brayan Nicolás ha causado consternación en varias esferas. Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa, expresó su condolencia de manera pública. A través de sus redes sociales, dijo: “Su partida deja un vacío en nuestra comunidad, pero también el recuerdo de su dedicación y servicio.”
El diputado federal Jaime López Vela también lamentó el suceso y recalcó la importancia de hacer justicia. Publicó en sus redes que están siguiendo el caso de cerca. Otros grupos, incluido el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), enviaron sus condolencias a la familia del regidor.
Brayan Nicolás Vicente Salinas era más que un funcionario; era un defensor de los derechos humanos. Su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron. Las investigaciones continúan, en espera de respuestas que puedan aportar algo de claridad a esta tragedia.
