La Comisión Anticorrupción del Legislativo neoleonés solicitó documentos a 69 dependencias y los contratos de 12 empresas vinculadas al gobernador.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León abrió este viernes la etapa de investigación del juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. Los legisladores aprobaron la medida por mayoría. Solo Movimiento Ciudadano votó en contra y el Partido Verde se abstuvo.
A partir del sábado 27 de junio, 69 dependencias estatales y federales tienen seis días hábiles para entregar copias certificadas de sus contratos. Las empresas bajo escrutinio son 12 y los legisladores sospechan que García Sepúlveda triangulaba recursos públicos a través de ellas.
Morena presentó la solicitud de juicio político el 8 de junio. La dirigió la lideresa estatal del partido, Anabel del Roble Alcocer, acompañada de aspirantes a la gubernatura. Los cargos que pesan sobre el mandatario son triangulación de recursos, peculado y corrupción. Cuatro días después, la Comisión Anticorrupción dio luz verde al proceso.
El gobernador entregó su defensa el 23 de junio: un documento de casi 250 páginas. En él, García Sepúlveda rechazó el procedimiento y pidió que se le asignara un defensor público porque no tiene abogado. La Comisión ya solicitó al Instituto de Defensoría Pública que le designe uno en los próximos tres días.
Si el proceso avanza sin contratiempos, en agosto el caso llegará al Pleno del Congreso local. Ahí, 28 de los 42 diputados deberán votar a favor para que el juicio político proceda de manera definitiva. De lograrse esa votación, el asunto pasará al Tribunal Superior de Justicia del estado.
