César Malibrán, líder cañero de SLP, admite firmar documentos sin revisarlos y seguir instrucciones del secretario de gobierno.
El líder del sector cañero de San Luis Potosí, que acusa de extorsión al periodista Carlos Domínguez, reconoció que firma todo lo que le entrega el secretario de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez sin cuestionar.
El líder cañero palideció y se tropezó con sus propias palabras cuando el periodista Carlos Domínguez lo encaró para cuestionarlo sobre un desplegado publicado en El Universal.
Dicho comunicado, presuntamente suscrito por el sector cañero de la Huasteca, acusaba a Domínguez de extorsión y de cobrar 150 mil pesos por preguntas formuladas durante una Conferencia Presidencial Mañanera que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante el cuestionamiento directo, Malibrán, admitió que Domínguez nunca había intentado extorsionarlo.
Pero reveló algo más grave: aseguró que no sabía el contenido exacto de lo que había firmado.
Lo más preocupante es que reconoció sin ambages que, de manera frecuente y rutinaria, suscribe cualquier documento que le sea entregado por el secretario de gobierno Guadalupe Torres Sánchez, sin detenerse a verificar de qué se trata.
El desplegado, a pesar de denunciar una caída de hasta el 50% en la producción de azúcar debido a la importación de caña y azúcar barata y de baja calidad, sirvió simultáneamente para lanzar una acusación infundada contra un periodista que, paradójicamente, había llevado la problemática del sector a nivel federal, logrando la apertura del secretario de Agricultura, Julio Berdegué.
Domínguez cuestionó la incongruencia: “¿Será por miedo o conveniencia?” La respuesta de Malibrán, al admitir su sumisión, revela que hay una visible manipulación política dentro del gremio.
El líder cañero, con historial en la función pública y reciente coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en la Huasteca, puso al descubierto la falta de transparencia y autonomía en la toma de decisiones que afectan a miles de productores.
Desafortunadamente, la evidencia recabada apunta a que los intereses políticos dictados desde el Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, han prevalecido sobre la urgente defensa económica de los cañeros, transformando a sus líderes en meros instrumentos de comunicación y control al servicio de la administración.
