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Por Ricardo Sevilla

Detrás de la conectividad de millones de hogares mexicanos se esconde una red de sanciones, opacidad y una gestión que parece priorizar el dominio del mercado por encima del derecho del consumidor.

Y uno de los personajes que ha pisoteado la confianza de los usuarios es el empresario sinaloense Enrique Yamuni Robles, dueño y CEO de Megacable.

Yamuni Robles encabeza un consorcio que, ahora mismo, se encuentra bajo el microscopio no solo por su deficiente servicio, sino por una serie de prácticas que rozan la ilegalidad operativa y el abuso de poder de mercado.

Y, justo por eso, es importante desglosar las claves que explican por qué esta empresa cablera se ha convertido en el dolor de cabeza de las instituciones y la frustración de sus clientes.

2024, por ejemplo, marcó un punto de inflexión para la compañía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso una multa superior a los 24 millones de pesos, motivada por el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad en telefonía fija.

Esta sanción es la cristalización de un eco constante: la intermitencia del servicio y una respuesta técnica que brilla por su ausencia ante las numerosas quejas ciudadanas.

Pero eso no es todo. Megacable ha protagonizado muchas polémicas más.

En octubre de 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por ofrecerle otro caso, tuvo que intervenir tras una serie de caídas prolongadas de internet de Megacable, que dejaron a miles de familias en la desconexión total.

La indignación ha escalado a tal extremo que han existido diversas acciones colectiva contra la empresa, motivadas por una práctica voraz. Los usuarios reclaman que los recibos de Megacable Holdings, S.A.B. de C.V., siempre, llegan puntuales y completos a pesar de que los usuarios pasan días sin señal.

A esto hay que sumar el “vía crucis” que representa para cualquier mexicano intentar cancelar un contrato con la empresa.

Uno de los capítulos más oscuros en el historial de Megacable involucra procedimientos penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). La empresa fue señalada por el presunto “pirateo” de señales en el Estado de México.

De hecho, en julio de 2017 las autoridades federales llegaron incluso a catear las instalaciones en Tenancingo y Atlacomulco. Y es que en esos puntos, la compañía cablera ofrecía el Canal 9 de Televisa como parte de su programación básica, a pesar de que dicha señal no contaba con derechos de cobertura nacional en esa zona.

Megacable, por debajo del agua, operaba una estrategia de reducción de costos mediante la transgresión directa de la propiedad intelectual.

Pero la falta de transparencia es una constante en Enrique Yamuni Robles.

Cabe recordar que, en julio de 2016, Megacable enfrentó procesos con la Profeco por no notificar a sus clientes la salida de los canales de Televisa Networks.

Asimismo, el escándalo llegó a la cancha con ChivasTV: durante una final de la Copa MX, la empresa ofreció la transmisión a sus abonados sin tener un convenio real con el club, dejando a la audiencia sin el evento prometido y sumando un litigio mercantil más a su cuenta.

Más recientemente, en abril de 2024, el IFT emitió una resolución definitiva donde impuso obligaciones específicas a Megacable, tras determinar que la empresa de Yamuni Robles poseía “poder sustancial” en 9 mercados relevantes del país (principalmente en zonas de Jalisco, Sonora y Sinaloa), con el fin de fomentar la competencia, ante las prácticas monopólicas de la compañía.