Jacqueline Ovalle fue galardonada con el Premio Marta 2025 al mejor gol del año.
La futbolista mexicana recibió el reconocimiento otorgado por la FIFA, después de una acrobacia que maravilló a todo el mundo y que fue considerada la mejor anotación del futbol femenil a nivel mundial.
El gol ocurrió en marzo, durante un encuentro entre Tigres Femenil y Chivas. En una fracción de segundo, Ovalle se suspendió en el aire y conectó el balón con un movimiento poco convencional. La propia jugadora bautizó la anotación como “El Camaroncín”, un gol que rápidamente se volvió viral y hoy se consolidó como el mejor gol del año.
El reconocimiento entregado en el marco de los Premios The Best es un momento histórico para el futbol mexicano, debido a que es la primera ocasión en que una futbolista nacional conquista el Premio Martha.
Actualmente jugadora del Orlando Pride, Ovalle agradeció a la afición que participó en la votación y subrayó que el premio trasciende lo individual. La atacante destacó que el logro también pertenece a la Liga MX Femenil, torneo fundamental en su formación.
Finalmente, la futbolista dedicó el galardón a su familia por el apoyo constante a lo largo de su carrera y envió un mensaje a las niñas que sueñan con jugar futbol profesional, reafirmando que el camino es posible y que los sueños se pueden cumplir.
El gobierno federal puso en marcha un mecanismo inédito y transparente para asignar casas a familias de bajos ingresos ante una demanda que superó la oferta disponible.
El Gobierno de México inició el sorteo nacional de viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, una estrategia dirigida a personas sin acceso al Infonavit ni al Fovissste, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna para los sectores con menores ingresos.
El primer sorteo se realizó en Chignahuapan, Puebla, donde se asignaron 139 viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). A partir de este martes y mañana se llevarán a cabo 154 sorteos adicionales en 30 entidades y 147 municipios, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.
La mandataria explicó que el método del sorteo se adoptó luego de que el proceso de inscripción superara ampliamente la oferta de viviendas disponibles. Detalló que el registro se realizó tanto de manera presencial, mediante asambleas comunitarias, como en línea, priorizando a personas sin seguridad social en materia de vivienda y con condiciones económicas limitadas.
(Vía remota) Edna Elena Vega Rangel (@EdnaElenaVegaR1), secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, explicó el proceso de selección, el cual está acompañado por interventores de la Secretaría de Gobernación, quienes otorgan validez y certeza al evento. pic.twitter.com/nOcLlndq04
“Decidimos que el sorteo era la forma más justa para distribuir las casas disponibles”, subrayó Sheinbaum, al recalcar que se verificó previamente que las familias cumplieran con los requisitos establecidos.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, calificó el inicio del programa como un momento histórico en la política habitacional del país y destacó la transparencia del proceso, el cual cuenta con la supervisión de un notario público y una interventora de la Secretaría de Gobernación.
Vega informó que para 2025 se cumplió la meta de iniciar la construcción de 390 mil 973 viviendas a nivel nacional, de las cuales 6 mil 401 concluirán este año. Además, precisó que parte de las viviendas se destinarán a renta para jóvenes, así como a personas adultas mayores y con discapacidad, mientras que el resto se asignará mediante tómbola pública.
Con este esquema, el gobierno federal busca cerrar la brecha histórica de acceso a la vivienda y ampliar las oportunidades para miles de familias excluidas del sistema tradicional de crédito.
Bajo la administración del panista Mauricio Kuri, el erario queretano se ha convertido en un auténtico botín para uno de los periódicos más antiguos de México: El Universal.
Y es que, a través de un entramado de adjudicaciones directas, el flujo de dinero público ha condicionado la línea editorial y ha transformando el periodismo de investigación hasta convertirlo en una extensión de la oficina de comunicación social de ese estado gobernado por el PAN.
A través de un reportaje de investigación, Los Reporteros Mx ha documentado un gasto que supera los 10.5 millones de pesos repartidos en contratos directos para evitar, tramposamente, las licitaciones públicas.
De hecho, la jugosa relación económica entre el gobierno de Querétaro y El Universal ha tenido como norma esencial las adjudicaciones directas. Tan solo este 2025, se concedieron 8 contratos directos, eliminando la competencia y la transparencia en la asignación de recursos.
Pero déjeme darle más detalles:
El flujo de efectivo no solo proviene del Poder Ejecutivo, sino que proviene de la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) y de los Servicios de Salud, sectores donde el presupuesto, en teoría, debería ser destinado íntegramente para la operación y mejora de esas áreas, y no para maquillarle la imagen al panismo.
Si observamos los contratos, nos daremos cuenta de que el servicio contratado se limita a la difusión de “logros” y “boletines” previamente palomeados por el gobierno panista. Esto quiere decir, en la práctica, que el gobierno de Acción Nacional está comprando silencio frente a los escándalos que está enfrentando la administración de Kuri.
De hecho, es importante subrayar que, durante el transcurso de 2025, la administración del gobernador Mauricio Kuri González y el PAN en Querétaro han enfrentado diversos señalamientos y tensiones políticas que han marcado la agenda estatal.
Uno de los temas más controvertidos, por ejemplo, ha sido la revelación de un contrato por casi 4 mil millones de pesos otorgado a la empresa Seguritech Privada.
Otro incidente que dio la vuelta al país ocurrió apenas en julio, durante la renovación de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura. En medio de una sesión caótica con gritos y empujones entre diputados del PAN y MORENA, un legislador panista fue captado en video llevándose la urna con los votos.
Pero El Universal se negó a abundar en estos temas. Ahora sabemos por qué: la empresa “periodística” de Juan Francisco Ealy Ortiz recibía “chayote”.
Infelizmente, mediante este tipo de deleznables omisiones queda exhibido el clientelismo mediático entre un gobierno y un medio de comunicación. Y es que, en este caso, se establece una relación de dependencia donde el medio (que funciona como agente cultural) intercambia su capital simbólico (credibilidad) por capital económico del Estado.
Pero hay más.
Y es que al asignar a publicidad oficial presupuestos que rivalizan con el gasto educativo (188.9 millones de pesos), el estado prioriza la “percepción de bienestar” sobre el “bienestar real”.
Y no solo eso. Además, el uso de adjudicaciones directas crea una barrera de entrada para medios independientes o críticos, asfixiándolos financieramente mientras se engorda a los consorcios alineados al poder.
El hecho de que columnistas de “renombre” como Carlos Loret de Mola, Leon Krauze, Lorenzo Córdova, Luis Cárdenas o Azucena Uresti convivan en las mismas páginas de un medio que solo se dedica a la difusión de boletines pagados, otorga una falsa pátina de objetividad a la propaganda gubernamental.
Esto, en palabras más claras y enfáticas, quiere decir que El Universal se vende, gustoso, al panismo queretano. Y el precio del silencio, como queda evidenciado en todos estos contratos por adjudicación directa, es de 10 millones de pesos.
Un grupo de empresarios de Sonora denunció que la CATEM en la entidad estaría utilizando huelgas sin respaldo laboral y cobros ilegales para presionar a empresas, bajo un esquema similar de extorsión y lavado de dinero al atribuido a Edgar “N”, alias El Limones, en La Laguna.
Empresarios de distintos sectores productivos en Sonora denunciaron ante Proceso que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el estado estaría reproduciendo un patrón sistemático de extorsión, similar al que autoridades federales desmantelaron recientemente en la región de La Laguna.
De acuerdo con los denunciantes, el esquema opera mediante emplazamientos a huelga sin el aval real de los trabajadores, seguidos de exigencias económicas mensuales o pagos específicos para desistirse de los conflictos laborales. Las prácticas incluirían el uso de constancias de representatividad con firmas presuntamente falsificadas, utilizadas para forzar contratos colectivos y presionar financieramente a las empresas.
Las acusaciones señalan directamente a liderazgos sindicales de la CATEM Sonora, entre ellos Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, a quienes los empresarios identifican como operadoras clave del modelo. Las compañías aseguran que, al consultar a sus empleados, estos no reconocen afiliación ni representación sindical alguna por parte de dichas dirigencias.
La preocupación se concentra especialmente en Nogales, un punto estratégico para la industria maquiladora y el comercio exterior, donde los empresarios temen una escalada del conflicto similar a la ocurrida en Coahuila y Durango, regiones afectadas por el esquema de extorsión vinculado a El Limones.
El contexto cobra mayor relevancia tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó un sistema de lavado de dinero financiado mediante extorsiones, encabezado por Edgar “N”, lo que llevó al bloqueo de cuentas y empresas relacionadas con su entorno. No obstante, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que no existe, hasta ahora, vínculo directo entre Pedro Haces ni la CATEM nacional con dicho operador criminal, al precisar que las investigaciones en curso no apuntan formalmente a un sindicato.
Con información de Camila Ayala Espinosa para La Jornada.
La senadora uribista encabezará a la derecha dura en las elecciones de 2026, con un discurso de mano dura, confrontación regional y críticas al gobierno de Gustavo Petro.
El Centro Democrático, principal fuerza de oposición en Colombia, eligió a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para 2026, en una apuesta clara por la ultraderecha y una agenda alineada con el expresidente estadounidense Donald Trump, en un escenario político marcado por la polarización y las tensiones regionales.
Valencia, abogada y filósofa de 47 años, es una figura cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien mantiene fuerte influencia dentro del partido. La legisladora ha respaldado abiertamente la presión internacional contra Nicolás Maduro y, durante el despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, afirmó que la “caída de Maduro” debía ser el primer paso para “liberar a América Latina”.
En su primer discurso como presidenciable, la senadora defendió los valores tradicionales y prometió “puño de acero” contra la delincuencia y el narcotráfico, en el país considerado el mayor productor de cocaína del mundo. De llegar a la Casa de Nariño, aseguró que trabajaría con los líderes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado, abierta promotora de una intervención extranjera.
El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, mantiene cercanía con dirigentes del Centro Democrático, quienes han celebrado las sanciones de Washington contra el gobierno de Gustavo Petro, acusado por la derecha de ser complaciente con el narcotráfico. En contraste, el oficialismo ya definió como candidato al senador Iván Cepeda, histórico adversario de Uribe y favorito en los sondeos.
Uribe, recientemente revitalizado tras la revocación de una condena judicial, afirmó que Valencia enfrentará a quienes representan “el lado opuesto de la democracia”. La campaña también está marcada por la violencia política, tras el asesinato del senador Miguel Uribe, aspirante del mismo partido, en junio pasado en Bogotá.
La llegada del invierno profundiza la emergencia en Gaza, donde personas mueren por exposición al frío mientras equipos de rescate recuperan cuerpos entre escombros de edificios destruidos. La ONU advierte que la falta de recursos y refugios adecuados agrava el panorama humanitario.
La crisis humanitaria en la franja de Gaza se intensifica con la tormenta invernal que azota la región. La población “se está muriendo de frío”, advirtió Philippe Lazzarini, comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa), al describir las condiciones extremas que enfrentan miles de personas sin vivienda ni servicios básicos.
En paralelo, brigadas de rescate recuperaron al menos 20 cadáveres atrapados bajo edificios bombardeados en 2023, derrumbados nuevamente por las lluvias y el mal tiempo. De acuerdo con autoridades de protección civil en Gaza, las labores se realizan con herramientas rudimentarias, luego de que gran parte de la infraestructura fuera destruida durante la guerra.
El deterioro de las condiciones climáticas coincide con nuevas tensiones políticas. En Jerusalén ocupada, autoridades palestinas condenaron planes de Israel para construir unas 9 mil viviendas en zonas estratégicas del norte de la ciudad, al advertir que profundizarían la fragmentación territorial. Hamas, por su parte, acusó que estos proyectos buscan imponer cambios demográficos aprovechando el periodo festivo judío.
La ONU y organismos humanitarios insisten en que, sin un alto a la violencia y sin acceso inmediato a ayuda, el invierno podría convertirse en otro factor letal para la población civil atrapada en el conflicto.
La presidenta informó que Alex Tonatiuh Márquez dejó la ANAM en medio de señalamientos y la revocación de su visa estadounidense, en un contexto de presión contra la corrupción en aduanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó su cargo como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras una serie de cuestionamientos públicos que colocaron al funcionario en el centro de la atención política y diplomática.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que Márquez ya no labora en la ANAM, sin abundar en mayores detalles sobre la decisión administrativa. No obstante, el movimiento ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos revocara su visa de turista, hecho que marcó un precedente al tratarse de uno de los primeros funcionarios federales de alto nivel del actual gobierno en perder este documento.
La cancelación de la visa se realizó bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, un mecanismo aplicado cuando existen “razones fundadas” de presunta participación en corrupción significativa o actividades delictivas transnacionales. Fuentes diplomáticas estadounidenses han señalado que esta acción forma parte de una revisión exhaustiva de visados ordenada por la administración de Donald Trump.
El caso de Márquez se dio en un contexto marcado por investigaciones periodísticas y auditorías del SAT que documentaron presunto enriquecimiento inexplicable, así como vínculos con empresas señaladas por operaciones simuladas y posibles nexos con redes de huachicol fiscal, un delito que ha golpeado de forma recurrente a las aduanas del país.
La ANAM, responsable de la administración y vigilancia de las aduanas, es considerada un punto estratégico en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y la evasión fiscal, por lo que la salida de uno de sus mandos clave reaviva el debate sobre la depuración interna y el combate frontal a la corrupción.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha informado quién asumirá la titularidad del área de Investigación Aduanera, mientras que Sheinbaum ha reiterado que no habrá encubrimientos y que su administración mantendrá una política de cero tolerancia a prácticas irregulares, particularmente en sectores sensibles para la seguridad y la recaudación nacional.
El Comando Sur intensificó sus operativos contra presuntas “narcolanchas”, en medio de críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales y mayor escrutinio del Congreso estadounidense.
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque aéreo contra tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico oriental, acción que dejó un saldo de ocho personas muertas, bajo el argumento de que los objetivos estaban vinculados al narcotráfico, aunque no presentó pruebas que sustenten esa acusación.
A través de su cuenta oficial en X, el mando militar detalló que tres personas murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. En el comunicado, las fuerzas armadas estadounidenses calificaron a los objetivos como “organizaciones terroristas designadas”, y difundieron un video donde se observa una lancha navegando antes de ser alcanzada por una explosión.
On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau
Este ataque se suma a una campaña militar iniciada el pasado 2 de septiembre, cuando el presidente Donald Trump ordenó intensificar las operaciones navales y aéreas en el Caribe y el Pacífico oriental. Desde entonces, al menos 95 personas han muerto en 26 ataques contra embarcaciones, cifras que han encendido alertas entre organismos de derechos humanos y gobiernos de la región.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como expertos internacionales, han señalado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al realizarse sin procesos judiciales ni pruebas públicas sobre los presuntos delitos. Incluso se documentó un ataque posterior en el que dos sobrevivientes fueron abatidos mientras se aferraban a los restos de una lancha destruida.
Trump ha justificado la ofensiva al afirmar que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles, y recientemente clasificó al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, elevando aún más el tono bélico de su discurso. En paralelo, el Congreso estadounidense ha incrementado el escrutinio sobre estas operaciones y alista sesiones informativas a puerta cerrada con altos funcionarios de seguridad nacional.
Mientras tanto, líderes como Nicolás Maduro han denunciado que estos ataques representan una amenaza regional y un intento de forzar cambios políticos mediante la presión militar.
La Cancillería subrayó que la sequía extraordinaria en la cuenca del río Bravo activa una prórroga legal y desmiente que exista una violación al acuerdo bilateral.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Tratado de Aguas de 1944 faculta a México a cubrir los faltantes en la entrega de agua a Estados Unidos hasta octubre de 2030, debido a las condiciones de sequía extraordinaria registradas en la cuenca del río Bravo durante el ciclo anterior.
En una nota informativa, la dependencia explicó que el acuerdo bilateral establece que las transferencias obligatorias de agua se cumplan en periodos de cinco años. No obstante, cuando se presentan escenarios climáticos extremos, como la sequía histórica ocurrida entre 2020 y 2025, el propio tratado permite reponer los volúmenes no entregados en el ciclo siguiente, sin que ello implique incumplimiento.
La SRE precisó que las condiciones hidrológicas adversas hicieron imposible cubrir la cuota completa en el periodo pasado, por lo que México cuenta legalmente con un nuevo ciclo de cinco años, que concluirá en octubre de 2030, para atender el déficit acumulado.
El pronunciamiento se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel adicional de 5 por ciento a México si no se entregaba “de inmediato” agua extra para agricultores estadounidenses, además de acusar una supuesta violación del tratado. El mandatario exigió el envío de 246 millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre, como parte de un adeudo total de 986 millones de metros cúbicos del ciclo anterior.
De acuerdo con el Tratado de 1944, México debe aportar a Estados Unidos una tercera parte de los excedentes de seis ríos que alimentan al Bravo, equivalentes a 2 mil 158 millones de metros cúbicos cada cinco años. A su vez, Washington está obligado a entregar anualmente a México 1 mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, intercambio que sustenta el equilibrio hídrico entre ambas naciones.
El mandatario firmó una orden ejecutiva, revivió una medalla histórica ligada a México y volvió a amenazar con acciones contra narcotraficantes fuera de su territorio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la retórica de su política antidrogas al clasificar al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, al firmar una orden ejecutiva en la Casa Blanca que endurece el enfoque de seguridad nacional frente a la crisis de opioides y refuerza su narrativa sobre la frontera con México.
Durante una ceremonia oficial, el mandatario sostuvo que el opioide sintético causa un daño mayor que cualquier bomba y afirmó, sin sustento en cifras oficiales, que provoca entre 200 mil y 300 mil muertes anuales. Sin embargo, datos del propio gobierno estadounidense estiman entre 70 mil y 80 mil fallecimientos por sobredosis al año vinculados a esta sustancia.
La orden ejecutiva advierte que el fentanilo puede ser utilizado como herramienta de ataques terroristas a gran escala, y aunque no menciona directamente a México, sí responsabiliza a dos cárteles de la distribución en territorio estadounidense. Trump aseguró que la frontera suroeste “está bajo control de los cárteles” y reiteró su amenaza de atacar a narcotraficantes en otros países, calificándolos como una amenaza militar directa.
En el mismo acto, Trump revivió la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, una condecoración creada en 1918 para tropas que combatieron a las fuerzas de Pancho Villa, y la entregó a 13 militares por su labor en la frontera. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacó que miles de efectivos podrán recibir esta presea en el futuro.
La ceremonia estuvo marcada por elogios al presidente y fue interpretada por analistas como un intento de desviar la atención del desgaste político, la caída en el apoyo ciudadano y el incumplimiento de su promesa de reducir el costo de vida. Aun así, la Casa Blanca insistió en que su gobierno “restauró el orden” en la frontera y contuvo el tráfico de fentanilo.
