Categoría: Aldo San Pedro

  • Trump, Xi y Putin se reúnen; Sheinbaum en el mismo escenario

    Trump, Xi y Putin se reúnen; Sheinbaum en el mismo escenario

    Una misma ciudad, dos apuestas de poder. En Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se preparan para compartir una mesa que concentrará una enorme capacidad de destrucción y de influencia mundial. La Presidenta Claudia Sheinbaum estará en el mismo escenario, con una tarea distinta: conseguir oportunidades para México sin comprometer sus relaciones prioritarias. ¿Qué puede ganar nuestro país cuando los reflectores apuntan hacia otros?

    La primera reunión trilateral de estos mandatarios tiene un peso histórico, pero conviene escuchar lo que sus propios organizadores anticipan. La Casa Blanca habla de una primera conversación, sin acuerdos previstos. El contraste explica buena parte del encuentro: una imagen extraordinaria puede acompañar resultados modestos. Sentarse juntos abre una puerta; cruzarla exige concesiones que ninguno tiene aseguradas.

    Hay un antecedente que obliga a moderar el entusiasmo. En Alaska, en agosto de 2025, Trump recibió a Putin entre despliegues militares y expectativas de avances sobre Ucrania. La reunión terminó sin acuerdos sustantivos. El espectáculo mostró capacidad para atraer la atención mundial, pero no para cambiar el rumbo del conflicto. Shenzhen enfrenta esa misma prueba.

    Tampoco los contactos entre Trump y Xi han eliminado las diferencias comerciales y tecnológicas. Han permitido administrar la rivalidad mediante treguas y mecanismos de diálogo. La relación entre Xi y Putin, sostenida por más de cuarenta encuentros desde 2013, ofrece mayor continuidad, aunque esa cercanía no garantiza entendimientos con Washington. Como anfitrión, Xi gana protagonismo; Putin busca oxígeno diplomático tras las sanciones. Los tres llegan a la mesa con intereses diferentes.

    Detrás de los saludos están las guerras en Ucrania e Irán y el debilitamiento de los controles nucleares. El tratado New START, que limitaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia, expiró. Trump quiere plantear la reducción de armas nucleares y el conflicto iraní, pero mantiene Ucrania fuera del formato trilateral. Incluso antes de conversar, los límites están trazados.

    Para México, ese tablero tiene consecuencias: las tensiones energéticas, comerciales y tecnológicas pueden afectar inversiones y oportunidades de desarrollo. Por eso importa estar en Shenzhen. La presencia mexicana, sin embargo, debe leerse con precisión: Sheinbaum participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC; no tendrá un asiento en la reunión de las tres potencias.

    Su agenda oficial, del 17 al 19 de noviembre, comienza con una propuesta económica. Ante representantes empresariales presentará el Plan México: producir más en el país, importar menos y atraer inversión. Ahí aparece la primera medida de utilidad de la visita. La exposición internacional tendrá valor si abre posibilidades de producción y empleo, más allá del reconocimiento al discurso.

    La bilateral con Xi lleva objetivos específicos: cooperación en hospitales inteligentes, aprovechamiento de residuos, ciencia, tecnología y energías renovables, particularmente solar. Son asuntos que permiten acercar la diplomacia a necesidades cotidianas. El desafío será convertir el interés compartido en proyectos aplicables en México. Una agenda concreta facilita exigir resultados; también impide confundir lo anunciado con lo conseguido.

    Sheinbaum ha descartado buscar un tratado de libre comercio con China y no tiene previsto reunirse bilateralmente con Trump durante esta visita. Esas definiciones delimitan la operación mexicana. Cooperar con Beijing exige cuidar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Ampliar opciones puede fortalecer al país, siempre que esa búsqueda no comprometa su relación comercial prioritaria.

    Los encuentros previstos con Canadá, Australia y Vietnam amplían esa interlocución. En la plenaria, la presidenta defenderá la cooperación para el desarrollo y la complementariedad económica: que el crecimiento de unos no ocurra a costa de otros. México, además, será sede de APEC en 2028. Esa responsabilidad ofrece continuidad a una visita que podría quedar opacada por la trilateral.

    El regreso pondrá a prueba su alcance. Las elecciones intermedias de 2027, la revisión del T-MEC y la relación con Estados Unidos exigirán algo más que presencia internacional. Tampoco desaparecerán las controversias internas sobre las instituciones electorales. Una actuación ordenada puede proyectar capacidad de gobierno, pero su credibilidad dependerá de la consistencia entre lo que se propone afuera y lo que se cumple dentro.

    ¿Qué puede ganar México? Inversión que se materialice, cooperación que funcione y opciones que amplíen su capacidad de decidir. Ese será el criterio para juzgar Shenzhen. La fotografía de las potencias mostrará quiénes concentran el poder; la tarea de Sheinbaum será demostrar qué puede obtener México con el suyo. El éxito diplomático empieza cuando una oportunidad internacional se convierte en una mejora para quienes nunca estuvieron en la cumbre.

  • Supercomputadoras y chips: la apuesta tecnológica de México

    Supercomputadoras y chips: la apuesta tecnológica de México

    Despertar una vocación científica puede tomar una tarde. Construir las oportunidades para ejercerla exige años. Esa distancia atraviesa México STEM Week, que del 5 al 12 de noviembre de 2026 acerca la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a la población. Impulsada por Movimiento STEM+ y sus aliados, esta semana deja una pregunta que sobrevivirá a sus actividades: ¿qué encontrará una alumna o un alumno que decida dedicar su futuro a desarrollar tecnología en México?

    La respuesta comienza a tomar forma en dos proyectos: Coatlicue, la supercomputadora nacional, y Kutsari, dedicado al diseño de semiconductores, los componentes con los que se construyen los chips. En la columna, “México, a seis meses del cierre”, señalé que Coatlicue colocaba a la inteligencia artificial en la agenda estratégica. Ahora toca seguir el recorrido del anuncio a la construcción: dinero, infraestructura y personas capaces de aprovecharla.

    El primer paso tiene cifras. El Gobierno informó que el Fondo de Investigación aumentó 111 % respecto de 2025, con 1,676 millones de pesos adicionales. El incremento corresponde a ese fondo, no a toda la inversión científica nacional. El presupuesto aprobado de 2026 también asigna 37,360.8 millones al Ramo 38, correspondiente a ciencia, humanidades, tecnología e innovación. Falta seguir esos recursos hasta cada proyecto: cuánto recibe, cuánto ejerce y qué entrega. Comprar equipos abre una responsabilidad de años para mantenerlos, actualizarlos y operarlos.

    Coatlicue permite observar esa responsabilidad. Presentada en noviembre de 2025 con una inversión estimada de 6,000 millones de pesos, cuenta con un Comité Técnico y cooperación internacional. Su calendario cambió: inicialmente se comunicó que la construcción comenzaría en enero de 2026; en septiembre, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunció el arranque para octubre, con expectativa de concluir en 2028.

    La nueva sede sería el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, conocido como Cinvestav, por disponer de un terreno mayor y cercano a la red eléctrica. Hay una explicación técnica; el siguiente paso es comprobar su ejecución. Al 8 de noviembre, la documentación revisada no permitía acreditar el arranque efectivo ni el avance físico. Ese límite exige seguimiento, sin confundir falta de evidencia con ausencia de actividad.

    Mientras tanto, la colaboración en Barcelona ha permitido reportar proyectos para optimizar la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social y anticipar daños por precipitaciones. Ahí aparece el sentido ciudadano del supercómputo: utilizar grandes cantidades de información para atender problemas concretos. Son trabajos de cooperación, todavía sujetos a evaluación, que no deben atribuirse a una Coatlicue ya instalada.

    Con los chips, el recorrido exige distinguir etapas. Diseñar un circuito, fabricarlo, encapsularlo y probarlo son tareas diferentes. Kutsari busca formar especialistas y desarrollar diseños propios. En mayo se inauguró en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica un laboratorio para comprobar prototipos. Es infraestructura tangible, aunque todavía no acredita producción comercial. InnovaBienestar plantea consolidar el centro de diseño hacia 2030 y alcanzar capacidades de fabricación hacia 2035: metas que deberán convertirse en resultados verificables.

    Entonces surge la pregunta decisiva: ¿quién hará funcionar esa apuesta? Un convenio anunciado en octubre entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Universidad Politécnica de Catalunya contempla quince estancias posdoctorales anuales. Kutsari también reportó doce estudiantes que concluyeron una formación especializada y fueron entrevistados por empresas, sin informar cuántos obtuvieron empleo. La preparación empieza a encontrar conexiones; falta conocer su continuidad.

    Lo que permanezca en México dependerá de esas trayectorias. Equipos capaces de formar especialistas, instituciones que sostengan investigaciones y derechos para modificar y reutilizar diseños darán profundidad a la inversión. La autonomía tecnológica crecerá cuando podamos decidir qué desarrollar y conservar el conocimiento para hacerlo.

    Para saber si avanzamos, necesitamos resultados comprensibles. La Secretaría de Ciencia y la Agencia de Transformación Digital encabezan la coordinación de Coatlicue, cuyo comité debe revisar desempeño e impacto social. Propongo informes públicos periódicos sobre presupuesto, dificultades, acceso y resultados. La investigación necesita tiempo; explicar qué se aprendió también forma parte de rendir cuentas.

    Al terminar la semana, las vocaciones apenas comenzarán su recorrido. La medida de esta apuesta será que quienes hoy descubren la ciencia encuentren mañana dónde ejercerla. México habrá ganado capacidad tecnológica cuando esas personas puedan desarrollar aquí soluciones que todavía no sabemos que necesitaremos.

  • La sentencia del agua exige cumplimiento real en Ecatepec

    La sentencia del agua exige cumplimiento real en Ecatepec

    En la Quinta Zona de Ecatepec, una familia puede ganar un amparo y seguir esperando agua. El reto es impedir que la sentencia termine extraviada entre reportes de pipas, obras pendientes y cambios de gobierno. ¿Cómo hacer que su cumplimiento llegue a las colonias y sobreviva al siguiente ayuntamiento?

    La Quinta Zona es un sector de Ecatepec integrado por colonias y unidades habitacionales como Alborada de Aragón, Fuentes de Aragón, Valle de Anáhuac y El Chamizal. El desabasto conecta sus problemas cotidianos.

    El 24 de agosto de 2026, la Suprema Corte resolvió los amparos en revisión 13/2026 y 14/2026, promovidos por habitantes de esa zona del Estado de México. Los juicios comenzaron en 2021 y llevaron a tribunales un problema estructural compartido por distintas colonias. Cientos de personas reclamaban agua suficiente; muchas habían quedado fuera de la protección judicial por no acreditar formalmente su domicilio.

    La Corte corrigió esa barrera. Consideró desproporcionado exigir comprobantes de domicilio o contratos de servicio en comunidades con pobreza, rezago y asentamientos irregulares. Reconoció sus declaraciones bajo protesta de decir verdad, acompañadas de indicios y elementos del contexto. La falta de papeles no debía cerrarles también la puerta de la justicia.

    El mandato inmediato es concreto: garantizar a las personas amparadas un mínimo de 100 litros diarios de agua potable para uso personal y doméstico, preferentemente mediante la red. Cuando eso resulte materialmente imposible, podrán utilizarse pipas u otros medios, con registros verificables de entrega y supervisión sanitaria.

    Aquí está la diferencia entre abastecer y aparentar cumplimiento. Reportar recorridos o fotografiar camiones no demuestra cuánta agua llegó a los hogares ni en qué condiciones. Las pipas, por sí solas, no acreditan cumplimiento: las autoridades deben demostrar cantidad y calidad, y los juzgados comprobar que lo ordenado se materialice.

    La respuesta también exige atender el origen del desabasto: diagnosticar la red de la Quinta Zona, reparar fugas, combatir tomas clandestinas y sostener un programa de infraestructura. Aunque los amparos protegen directamente a quienes los obtuvieron, las fallas del sistema atraviesan colonias enteras. Las entregas de emergencia deben acompañarse de obras que permitan depender cada vez menos de ellas.

    Esa tarea rebasa al ayuntamiento. Involucra a SAPASE, el organismo municipal de agua; a la Comisión del Agua del Estado de México, y a Conagua. La coordinación ordenada por la Corte necesita traducirse en proyectos, responsables y compromisos presupuestales identificables. Cada obra requiere saber quién aporta el dinero, quién la ejecuta y cómo se comprobarán sus resultados.

    Las elecciones municipales de 2027 y el cambio de administración a inicios de 2028 vuelven urgente esa coordinación. El tiempo restante debe aprovecharse para avanzar y preparar la continuidad, sin aplazar un abastecimiento que ya es exigible. La transición política debe organizar el cumplimiento, nunca convertirse en motivo para postergarlo.

    El riesgo está en que cambien los equipos, se pierdan diagnósticos o se revisen prioridades mientras las obras quedan suspendidas. Por eso, la entrega de gobierno debería incluir expedientes completos, recursos comprometidos, avances comprobables y pendientes con responsables. La obligación pertenece a las instituciones y continúa aunque cambien quienes las encabezan.

    Para vigilar esa continuidad, las comunidades de la Quinta Zona necesitan conocer qué se ordenó y cómo comprobarlo. Difundir las resoluciones en lenguaje sencillo permite contrastar los informes oficiales con lo que ocurre en cada colonia: cuánto llega, con qué frecuencia y bajo qué controles sanitarios. Esa información debe alimentar la discusión pública y el seguimiento judicial.

    Desde JUSTA impulsamos propuestas todavía en diseño: un Observatorio Ciudadano y un semáforo de cumplimiento. El primero permitiría reunir evidencia territorial sobre suministro, calidad, obras y presupuesto; el segundo facilitaría identificar avances, estancamientos y retrocesos. Su utilidad dependerá de criterios públicos, fuentes comprobables y actualizaciones periódicas. La vigilancia ciudadana necesita el mismo rigor que exige a las autoridades.

    Las personas que obtuvieron el amparo también pueden informar al juzgado sobre deficiencias en el cumplimiento. Los registros vecinales ayudarían a contrastar lo reportado por las autoridades, sin trasladar a las familias la responsabilidad de abastecer ni la función judicial de verificar.

    La Quinta Zona pondrá a prueba cuánto dura una victoria judicial cuando cambia el poder. Sus habitantes ya llevaron la falta de agua a tribunales; hacerlos empezar de nuevo después de cada elección prolongaría la misma injusticia. La sentencia habrá cumplido su propósito cuando abrir la llave deje de depender de quién ocupa la presidencia municipal.

  • Más poder, más responsabilidad: la lección del INE

    Más poder, más responsabilidad: la lección del INE

    ¿Qué revela de una institución la renuncia de quien la preside? Ayer, 25 de octubre, el INE difundió el mensaje en el que Guadalupe Taddei anunció que hoy lunes presentaría formalmente su renuncia ante la Cámara de Diputados. Ocurre cuando el árbitro electoral ya organiza los comicios de 2027 y enfrenta señalamientos sobre proveedores y posibles conflictos de interés. La pregunta no se agota en por qué se va Taddei: alcanza al poder que deja detrás.

    En 2023, su llegada coincidió con un Consejo General incapaz de reunir los ocho votos necesarios para designar titulares de varias áreas. Los encargados de despacho se prolongaron y la operación necesitaba estabilidad. En octubre de 2024, el Congreso respondió con una reforma: la presidencia pudo nombrar directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, antes sujetos a aprobación colegiada. También creció el papel de la Junta General Ejecutiva, que la propia presidencia encabeza. Era razonable terminar con la parálisis. Lo difícil era impedir que la salida a ese bloqueo se convirtiera en concentración de decisiones.

    Ahí aparece el dilema de esta crisis. El Consejo General siguió siendo el máximo órgano de dirección, pero perdió un filtro sobre quienes conducen la estructura operativa. La presidencia no adjudica por sí sola cada contrato; sí puede elegir a las personas que encabezan áreas desde las cuales se administran recursos y se preparan decisiones. Esa diferencia importa: no permite atribuir una irregularidad a la reforma, pero obliga a preguntar si el nuevo poder recibió controles a su altura.

    Los señalamientos sobre Taddei dan contenido a esa pregunta. Reportes periodísticos describen su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf y otras empresas proveedoras de material electoral; también mencionan el paso de personas relacionadas con ese grupo a puestos del INE. El caso de Jesús Octavio García González, antiguo representante legal de compañías señaladas y posteriormente responsable de la Dirección Ejecutiva de Administración, exige revisar la declaración de intereses, el nombramiento y las decisiones tomadas bajo su responsabilidad. Los contratos deben examinarse expediente por expediente. Una relación personal no demuestra una adjudicación irregular; tampoco deja de importar cuando involucra a quien suministra bienes al Instituto.

    La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio y la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desde 2023 a empresas de ese grupo. Taddei rechaza que se anticipen conclusiones y en su mensaje advierte que su renuncia no releva a nadie del deber de esclarecer los hechos. En eso tiene razón. Su salida no prueba las acusaciones ni las borra. La diferencia la marcarán los documentos, el debido proceso y la publicación de resultados.

    Pero antes de conocer esos resultados habrá que tomar decisiones. La primera corresponde a los diez consejeros que permanecerán: elegir entre ellos una presidencia provisional y comunicarlo a la Cámara. El nombre de Arturo Manuel Chávez López circula como posible opción. Si resulta elegido, o si el Consejo opta por otra persona, la prueba será inmediata: ¿abrirá al escrutinio colegiado la información sobre contratos y nombramientos o administrará la crisis desde el mismo círculo de siempre?

    La segunda decisión estará en San Lázaro. Un comité técnico de cinco integrantes evaluará aspirantes y propondrá una quinteta; la Cámara buscará una mayoría de dos tercios para designar a quien concluya el periodo vacante. Esa convocatoria debe exigir trayectoria, independencia y una revisión verificable de vínculos con proveedores. La cercanía política o personal no puede sustituir esas respuestas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que no haya ni la menor sombra de corrupción en el árbitro electoral; el criterio debe valer también para quien lo sustituya.

    Queda una tercera decisión, menos vistosa y más duradera. El INE puede reforzar la revisión de contratos relevantes, transparentar relaciones de interés y dar al Consejo un papel efectivo en el examen de riesgos administrativos. Si quiere recuperar la aprobación colegiada de nombramientos, deberá cambiar la ley. Mientras tanto, quien presida puede explicar públicamente sus designaciones y someterlas a mayor escrutinio.

    La renuncia anunciada ayer abre una puerta, pero no cambia por sí misma la forma de ejercer el poder. En 2024 se buscó un INE capaz de decidir sin parálisis. Hoy debe demostrar que también puede decidir sin depender de una sola persona. Esa será la verdadera lección antes de que la ciudadanía vuelva a las urnas.

  • Ley Catastral y Programa Metropolitano: texto vs rumor

    Ley Catastral y Programa Metropolitano: texto vs rumor

    ¿Van a subir el predial o a quitarle a alguien su casa por tener un terreno baldío? La pregunta recorre conversaciones familiares y redes sociales. Este 18 de octubre, las autoridades anunciaron que revisarán las propuestas más cuestionadas del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo hicieron mientras su consulta pública sigue abierta y después de que el Congreso aprobó una nueva ley catastral. En medio del temor y las respuestas oficiales, conviene separar los textos: ¿qué propone cada uno y qué podemos hacer todavía?

    La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca que los catastros y los registros de la propiedad de todo el país compartan información y operen con herramientas compatibles. Prevé una Clave Única para identificar cada inmueble y una cédula que vincule esa clave con su registro. Si los datos coinciden y pueden consultarse mejor, será más fácil detectar errores. Pero una clave no es una escritura ni demuestra por sí sola quién es dueño de una casa.

    La ley no crea un impuesto federal, no fija una nueva tasa de predial y no entrega a la Federación su cobro. El temor, sin embargo, tiene una raíz comprensible: un padrón más completo puede facilitar que las autoridades locales revisen valores catastrales, utilizados para calcular ese impuesto. Modernizar la información no equivale automáticamente a aumentar el recibo, pero tampoco garantiza que todos los recibos permanezcan iguales. Habrá que vigilar las decisiones de cada municipio y entidad.

    El Programa de Ordenación trata de otro asunto: cómo coordinar la planeación de una metrópoli que abarca la Ciudad de México y municipios del Estado de México, Hidalgo y Morelos. Su proyecto, organizado en nueve apartados, propone rutas para atender problemas compartidos como vivienda, movilidad y uso del suelo. Según su propia introducción, orienta a las autoridades: no sustituye los planes locales, no cambia directamente los usos del suelo ni impone por sí solo obligaciones a los propietarios.

    Entonces, ¿por qué causó inquietud? Porque en sus capítulos 7 y 8 aparecen propuestas para acercar los valores catastrales a los de mercado y aprovechar predios baldíos o subutilizados. Aunque no se aplican automáticamente, podrían influir en decisiones locales posteriores. Una frase del programa no basta para quitarle a alguien su propiedad; tampoco sería responsable ignorar cómo esa propuesta pudiera traducirse después en una regla o un acto de autoridad. Esa es la diferencia entre descartar un rumor y examinar un riesgo.

    Ambos instrumentos se tocan en un punto: la ley puede mejorar los datos de los inmuebles y el programa puede aprovechar esa información para orientar la planeación. Pero tienen distinto alcance y están en momentos distintos. La ley ya fue aprobada por Diputados y Senado y espera su publicación; el programa todavía puede cambiar. El anuncio de revisión sobre valor catastral y predios baldíos reconoce las preocupaciones recibidas. Aún no sabemos qué se eliminará o modificará en la versión final.

    También hay fechas que seguir. Una vez que entre en vigor la ley, deberán emitirse lineamientos técnicos en treinta días hábiles; las plataformas y modelos deberán estar listos para operar el 1 de enero de 2027, y los congresos locales tendrán 180 días para adecuar sus normas. Ahí importa saber cómo se corregirán datos equivocados y qué podrá hacer una persona si una decisión afecta su patrimonio. Si alguna autoridad actualiza valores, deberá explicar sus criterios y respetar los medios de defensa aplicables.

    La participación inmediata está en el programa. Hasta el 22 de noviembre puede consultarse el proyecto en pozmvm.sedatu.gob.mx y enviar observaciones mediante su formulario o al correo [email protected]. Señalar el apartado preocupante, explicar su posible efecto y proponer una corrección es más útil que repetir que habrá un «predialazo» o aceptar sin más que nada puede pasar. Después habrá que comparar las observaciones con el texto definitivo y seguir las decisiones locales.

    La discusión ya produjo una promesa de revisión. Ahora toca convertirla en cambios verificables. Una casa no se defiende con un rumor, pero tampoco con un comunicado tranquilizador: se defiende leyendo lo que se propone, participando a tiempo y exigiendo que cada decisión sobre el patrimonio tenga razones y responsables.

  • Del ataque en Torreón a la regulación digital

    Del ataque en Torreón a la regulación digital

    ¿Puede un decreto impedir que la violencia que circula en internet termine cruzando la puerta de una escuela? En Torreón, la pregunta dejó de ser abstracta. El 1 de octubre, dos hermanos de 18 años y exalumnos de una secundaria atacaron a personal educativo y estudiantes. Una subdirectora murió y cuatro personas resultaron heridas. Las autoridades señalaron que una línea de investigación apunta a la exposición de los presuntos agresores a foros y comunidades digitales que glorifican ataques escolares. La investigación deberá esclarecer los hechos; la tragedia ya obliga a examinar el vínculo entre violencia, entornos digitales y prevención.

    Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo interinstitucional coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal e integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Centro Nacional de Inteligencia, instituciones académicas como la UNAM y el IPN, y especialistas. Su objetivo es preparar un decreto para que las plataformas detecten, reporten y retiren oportunamente contenidos que inciten directamente a la violencia. La presidenta también anunció el fortalecimiento de ABC de las emociones, buzones confidenciales en escuelas y acciones para involucrar a madres y padres. Harfuch añadió que el CNI reforzaría el monitoreo de redes, mensajería y foros para identificar amenazas concretas y posibles llamados a la violencia. Según lo informado, el grupo comenzaría a trabajar la semana siguiente; no se precisó una periodicidad para evaluar el decreto.

    La propuesta presidencial busca reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a mensajes que exaltan ataques o convocan a agredir, y acelerar la respuesta ante amenazas identificables. Europa ofrece evidencia de que la regulación puede ayudar, aunque no resolver el problema por sí sola. En Alemania, un estudio sobre la ley NetzDG encontró una reducción de publicaciones de odio y un descenso en ciertos delitos de odio contra personas refugiadas. En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales combina obligaciones para las plataformas con el derecho de los usuarios a apelar decisiones de moderación. Cerca de 50 millones de decisiones fueron revertidas tras reclamaciones internas. El aprendizaje es doble: las reglas pueden limitar la circulación de contenidos dañinos, pero deben permitir corregir retiros injustificados.

    Trasladar esos modelos a México exige cautela. Una definición ambigua de “incitación a la violencia” podría llevar a las plataformas a retirar críticas, sátiras o expresiones que no constituyen amenazas. Además, empresas globales como Meta, TikTok, X y Google operan con algoritmos y protocolos que suelen aplicarse en distintos países. Una regulación nacional puede tener un alcance limitado para modificar sistemas diseñados a escala mundial. Por eso, como complemento de la iniciativa presidencial, propondría que México impulse acuerdos con países de América Latina: una posición regional podría dar mayor fuerza a la solicitud de adaptar las respuestas de las plataformas a los riesgos locales.

    La moderación en plataformas abiertas tampoco elimina todos los canales de circulación. Si se retiran publicaciones de redes sociales, parte del contenido podría trasladarse a grupos privados de Telegram o WhatsApp. En estos servicios, el cifrado de extremo a extremo dificulta que la propia plataforma revise el contenido de los mensajes; aplicar ahí el mismo tipo de detección plantearía riesgos para la privacidad. La respuesta no puede ser una vigilancia generalizada. Como complemento, propondría informes públicos cada seis meses sobre reportes, retiros, tiempos de respuesta y apelaciones, además de una revisión de resultados después de 18 meses. También propongo canales prioritarios de alerta para autoridades educativas, fiscalías y especialistas. Conviene fortalecer la detección de amenazas concretas, con protocolos y supervisión que protejan derechos, y valorar reformas legales con sanciones proporcionales y vías independientes de apelación.

    Nada de esto sustituye el trabajo cotidiano en hogares y escuelas. Los buzones confidenciales y ABC de las emociones solo serán útiles si hay personal preparado para escuchar y atender lo que reciben; las familias necesitan orientación para conversar sobre lo que sus hijas e hijos encuentran en línea. La regulación presidencial puede ser el primer paso. Para que se convierta en una política eficaz, propongo complementarla con evaluación pública, cooperación regional y prevención cercana a los jóvenes. La tecnología puede retirar una publicación; evitar la tragedia exige que, antes, alguien reconozca la señal y sepa qué hacer.

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  • Del ataque en Torreón a la regulación digital

    Del ataque en Torreón a la regulación digital

    ¿Puede un decreto impedir que la violencia que circula en internet termine cruzando la puerta de una escuela? En Torreón, la pregunta dejó de ser abstracta. El 1 de octubre, dos hermanos de 18 años y exalumnos de una secundaria atacaron a personal educativo y estudiantes. Una subdirectora murió y cuatro personas resultaron heridas. Las autoridades señalaron que una línea de investigación apunta a la exposición de los presuntos agresores a foros y comunidades digitales que glorifican ataques escolares. La investigación deberá esclarecer los hechos; la tragedia ya obliga a examinar el vínculo entre violencia, entornos digitales y prevención.

    Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo interinstitucional coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal e integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Centro Nacional de Inteligencia, instituciones académicas como la UNAM y el IPN, y especialistas. Su objetivo es preparar un decreto para que las plataformas detecten, reporten y retiren oportunamente contenidos que inciten directamente a la violencia. La presidenta también anunció el fortalecimiento de ABC de las emociones, buzones confidenciales en escuelas y acciones para involucrar a madres y padres. Harfuch añadió que el CNI reforzaría el monitoreo de redes, mensajería y foros para identificar amenazas concretas y posibles llamados a la violencia. Según lo informado, el grupo comenzaría a trabajar la semana siguiente; no se precisó una periodicidad para evaluar el decreto.

    La propuesta presidencial busca reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a mensajes que exaltan ataques o convocan a agredir, y acelerar la respuesta ante amenazas identificables. Europa ofrece evidencia de que la regulación puede ayudar, aunque no resolver el problema por sí sola. En Alemania, un estudio sobre la ley NetzDG encontró una reducción de publicaciones de odio y un descenso en ciertos delitos de odio contra personas refugiadas. En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales combina obligaciones para las plataformas con el derecho de los usuarios a apelar decisiones de moderación. Cerca de 50 millones de decisiones fueron revertidas tras reclamaciones internas. El aprendizaje es doble: las reglas pueden limitar la circulación de contenidos dañinos, pero deben permitir corregir retiros injustificados.

    Trasladar esos modelos a México exige cautela. Una definición ambigua de “incitación a la violencia” podría llevar a las plataformas a retirar críticas, sátiras o expresiones que no constituyen amenazas. Además, empresas globales como Meta, TikTok, X y Google operan con algoritmos y protocolos que suelen aplicarse en distintos países. Una regulación nacional puede tener un alcance limitado para modificar sistemas diseñados a escala mundial. Por eso, como complemento de la iniciativa presidencial, propondría que México impulse acuerdos con países de América Latina: una posición regional podría dar mayor fuerza a la solicitud de adaptar las respuestas de las plataformas a los riesgos locales.

    La moderación en plataformas abiertas tampoco elimina todos los canales de circulación. Si se retiran publicaciones de redes sociales, parte del contenido podría trasladarse a grupos privados de Telegram o WhatsApp. En estos servicios, el cifrado de extremo a extremo dificulta que la propia plataforma revise el contenido de los mensajes; aplicar ahí el mismo tipo de detección plantearía riesgos para la privacidad. La respuesta no puede ser una vigilancia generalizada. Como complemento, propondría informes públicos cada seis meses sobre reportes, retiros, tiempos de respuesta y apelaciones, además de una revisión de resultados después de 18 meses. También propongo canales prioritarios de alerta para autoridades educativas, fiscalías y especialistas. Conviene fortalecer la detección de amenazas concretas, con protocolos y supervisión que protejan derechos, y valorar reformas legales con sanciones proporcionales y vías independientes de apelación.

    Nada de esto sustituye el trabajo cotidiano en hogares y escuelas. Los buzones confidenciales y ABC de las emociones solo serán útiles si hay personal preparado para escuchar y atender lo que reciben; las familias necesitan orientación para conversar sobre lo que sus hijas e hijos encuentran en línea. La regulación presidencial puede ser el primer paso. Para que se convierta en una política eficaz, propongo complementarla con evaluación pública, cooperación regional y prevención cercana a los jóvenes. La tecnología puede retirar una publicación; evitar la tragedia exige que, antes, alguien reconozca la señal y sepa qué hacer.

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  • Trump, China y la presión sobre México

    Trump, China y la presión sobre México

    Trump acaba de abrir una pausa con China y una presión renovada sobre México. Mientras Xi Jinping recibía honores de Estado en Washington, Trump presentaba ante la ONU a los cárteles mexicanos como una amenaza para la civilización occidental. ¿Son hechos aislados? No. La tregua con Pekín le está comprando tiempo y margen para endurecer su política hacia México antes y después de las elecciones intermedias.

    El trasfondo es un escenario que ya dejó de parecer remoto: un ataque casi simultáneo de Rusia contra un país de la OTAN y de China contra Taiwán. The Atlantic documentó que estrategas militares ya analizan esa posibilidad. En la mayoría de las simulaciones, Washington prioriza el Indo-Pacífico y deja a Europa con respaldo limitado. China es el único rival capaz de alterar el equilibrio mundial; Rusia, aunque peligrosa, es considerada una amenaza regional. La guerra con Irán también redujo las reservas estadounidenses de misiles avanzados.

    La advertencia no significa que una guerra de dos frentes sea inevitable. Significa que el problema existe y que Estados Unidos necesita evitar una escalada en Asia. Por eso la visita de Xi, del 23 al 25 de septiembre, tuvo más importancia estratégica que comercial.

    La cumbre produjo acuerdos limitados: extensión de la tregua comercial, reducciones arancelarias sobre bienes no sensibles, compras chinas de carbón y un diálogo sobre “superinteligencia”. No resolvió la rivalidad por Taiwán, la tecnología ni el liderazgo mundial. La pausa no eliminó el conflicto. Lo administró.

    Para Xi, el beneficio fue concreto: reconocimiento como igual y un respiro económico sin ceder sus líneas rojas. Para Trump, la fotografía de estabilidad le permitió vender la tregua como prueba de liderazgo. No hubo reconciliación, sino una pausa útil para que cada potencia reorganizara sus prioridades.

    Ese respiro permitió a Trump mirar hacia el hemisferio occidental. Un día antes de recibir a Xi, desde la ONU, calificó a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles”, comparó a esos grupos con el Estado Islámico y dijo que debían ser “asesinados, exiliados o detenidos”. Al mismo tiempo, afirmó mantener una “muy buena relación” con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

    La contradicción es solo aparente. Trump puede elogiar la relación bilateral y usar a México como símbolo de una amenaza que exige respuestas extraordinarias. El mensaje convirtió un problema de seguridad binacional en un asunto hemisférico. El Canciller Roberto Velasco respondió con la fórmula mexicana: cooperación sin subordinación y defensa de la soberanía.

    La presión tendrá dos reguladores. El primero serán las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Si los republicanos pierden terreno, Trump necesitará victorias visibles y México ofrece una narrativa sencilla: frontera, drogas y seguridad. Si el resultado le favorece, podrá mantener una presión calibrada.

    El segundo regulador será el T-MEC. En julio, Estados Unidos no aceptó renovarlo en su forma actual. El tratado sigue vigente, pero quedó abierta la revisión anual y se perdió la certeza de una extensión automática por otros 16 años. Así, el acuerdo comercial se convirtió también en una palanca política.

    La negociación ya no se limitará a reglas de origen o contenido regional. También puede incorporar seguridad nacional, control de inversiones chinas y cooperación contra los cárteles. El escenario más probable es una presión calibrada, aunque un resultado electoral adverso podría activar amenazas arancelarias. Si además estallara una crisis en Europa o Taiwán, Washington exigiría que México asumiera mayores responsabilidades con menos atención estadounidense disponible.

    De aquí a mediados de 2027 veremos tres señales: endurecimiento retórico, amenazas comerciales y descalificación pública de los avances mexicanos. Si aparecen juntas, la presión dejará de ser una herramienta de negociación para convertirse en una estrategia de confrontación.

    La respuesta a la pregunta inicial es clara: Trump utiliza la tregua con China para comprar tiempo estratégico y trasladar su agenda de fuerza hacia México. La pausa en Asia no significa tranquilidad para nuestro país. Significa que Washington tiene más espacio para exigir, condicionar y negociar desde una posición de presión.

    México no puede decidir cuándo Trump necesitará una nueva victoria política. Sí puede decidir si esa victoria se construirá a costa de su soberanía, su economía o ambas. La tregua con China no cerró el tablero. Solo le dio a Trump el tiempo necesario para mover la siguiente pieza.

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  • Bancos de ADN: cerrar la herida forense

    Bancos de ADN: cerrar la herida forense

    La seguridad no se mide únicamente en operativos, detenciones o reducción de homicidios. También se prueba cuando el Estado puede identificar a quienes murieron y devolverlos a sus familias. La pregunta es cómo convertir los avances en seguridad en una capacidad forense que no deje a miles de personas sin nombre. La respuesta pasa por completar el círculo: buscar, identificar y restituir.

    Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al 7 de septiembre de 2026, 132 mil 092 personas continuaban reportadas como desaparecidas o no localizadas. Pero el problema también está en quienes ya fueron encontrados y siguen sin identidad. Se trata de personas fallecidas que ya fueron recuperadas, pero todavía no tienen nombre. Esto significa que puede haber familias que continúan buscándolas sin saber que sus seres queridos ya se encuentran en los servicios forenses. Estimaciones de organizaciones civiles han ubicado en hasta 79 mil los cuerpos sin identificar, aunque no existe un registro estatal único y actualizado en tiempo real que permita conocer con exactitud el tamaño del rezago.

    Los datos del Inegi muestran la presión cotidiana sobre el sistema. Durante 2025 ingresaron 97 mil 920 cadáveres a la FGR y a los servicios forenses estatales, un promedio de 268 al día. En términos sencillos, fue como recibir un cuerpo cada cinco minutos y medio durante todo el año. Egresaron 90 mil 445 identificados y 6 mil 502 no identificados. Al cierre del año permanecían almacenados 10 mil 878 cadáveres. No se trata solo de estadísticas: cada cuerpo sin nombre representa una familia que permanece en la incertidumbre.

    Hay otra dimensión que no debe perderse de vista. Entre 2006 y 2023 se documentaron en México más de 5 mil 600 fosas clandestinas. Aunque este registro no representa un inventario actualizado en tiempo real, sí muestra que la tarea forense no se limita a los anfiteatros: también implica recuperar restos, preservar evidencias y reconstruir identidades en territorios donde la violencia dejó huellas difíciles de procesar.

    La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum no parte de cero. Las reformas publicadas en 2025 crearon la Plataforma Única de Identidad, concebida para interconectar registros y realizar consultas permanentes que apoyen la búsqueda, localización e identificación. La revisión de la información detectó actividad posterior al reporte en más de 40 mil registros, lo que abrió nuevas rutas de localización.

    A esa herramienta se suman más capacidades institucionales. La Comisión Nacional de Búsqueda y la Red Nacional de Buscadores cuentan con 354 especialistas distribuidos en 26 entidades. Además, se autorizaron 643.5 millones de pesos para las 32 comisiones locales, 12.3 por ciento más que en 2025; más de 30 por ciento se orientará a centros de resguardo e identificación humana en 14 entidades.

    Pero el contraste es decisivo: las herramientas ya existen, mientras la etapa que convierte una muestra genética en una identificación todavía avanza con retraso. El 10 de septiembre, la propia presidenta reconoció que persiste un rezago en el análisis de ADN. Explicó que la Secretaría de Gobernación, la FGR y las fiscalías estatales trabajan en una base conjunta para consolidar un banco nacional. La ley ya contempla el Banco Nacional de Datos Forenses, pero contar con la herramienta no basta si las muestras no se analizan y los perfiles no se incorporan oportunamente.

    El Consejo Nacional de Seguridad Pública había fijado como plazo el último día hábil de julio de 2026 para terminar el rezago de la Base Nacional de Información Genética. El reconocimiento presidencial de septiembre muestra que ese objetivo aún no se cumple por completo. Persisten, además, bases fragmentadas, servicios forenses saturados, capacidades territoriales desiguales y expedientes sin huellas, fotografías, señas particulares o muestras familiares suficientes.

    Por eso, el siguiente paso debe ser concreto: acelerar el análisis pendiente con plazos y supervisión mensual; completar la interconexión segura entre el Banco Nacional de Datos Forenses, fiscalías, comisiones de búsqueda y registros administrativos; priorizar recursos en las entidades con mayor rezago; integrar información completa desde el primer reporte, y convertir las identificaciones y restituciones a las familias en indicadores públicos de seguridad.

    La recuperación de un cuerpo no es el final de la búsqueda, sino el inicio de otra responsabilidad: saber quién era, qué ocurrió y cómo devolverlo dignamente. Un banco de ADN no devuelve la vida, pero sí puede devolver el nombre. Cuando una familia deja de buscar a ciegas, la seguridad deja de ser una cifra y se convierte en justicia; ahí comienza, de verdad, el cierre de la herida forense.

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  • Control humano de la IA en tensión

    Control humano de la IA en tensión

    Una de las personas que ayudó a entrenar modelos de inteligencia artificial acaba de renunciar porque considera que las empresas que los desarrollan están “apostando con nuestras vidas”. Otro investigador calcula en más de 10 por ciento la posibilidad de que una futura superinteligencia cause la desaparición de la humanidad durante la próxima década. Al mismo tiempo, esas empresas lanzan sistemas más poderosos, los gobiernos reclaman decidir sus usos y las universidades buscan nuevas maneras de medir el conocimiento. La pregunta ya no es si la IA cambiará nuestra vida, sino quién conservará la capacidad de ponerle límites.

    El 8 de septiembre, Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y Anthropic, anunció su salida de esta última. Acusó a ambas empresas de correr hacia una inteligencia capaz de mejorarse a sí misma sin contar con suficientes garantías de seguridad. Evan Hubinger, responsable de investigar cómo mantener alineados los sistemas de Anthropic con los objetivos humanos, respaldó parte de la advertencia: reconoce que no existe todavía una solución probada para controlar una eventual superinteligencia.

    Dario Amodei, director de Anthropic, llegó a una conclusión similar. Propuso reducir deliberadamente el ritmo con que aumentan las capacidades de los modelos. Le preocupa que la IA ya ayude a crear a su siguiente generación y que agentes de OpenAI hayan realizado acciones cibernéticas no autorizadas contra sistemas de Hugging Face. Su propuesta consiste en incorporar evaluadores externos dentro de los laboratorios, coordinar reglas entre empresas y buscar acuerdos internacionales.

    No todos comparten el diagnóstico. Hay investigadores que consideran exagerado hablar de extinción humana a partir de los modelos actuales. Otros sospechan que el llamado a frenar puede ser una maniobra para contener a los competidores de Anthropic. También existe una objeción geopolítica: una desaceleración unilateral de Estados Unidos podría dar ventaja a China. Pero incluso esas críticas confirman que la discusión dejó de ser una especulación académica. Los propios constructores de la tecnología están debatiendo si todavía pueden gobernar la velocidad de su carrera.

    La tensión crece porque las advertencias coinciden con lanzamientos cada vez más ambiciosos. OpenAI presentó GPT-5.6 en tres versiones: Sol, para tareas complejas; Terra, para trabajo cotidiano, y Luna, más rápida y económica. Sus avances en programación, razonamiento y ejecución de tareas han acelerado la incorporación de agentes de IA en empresas y oficinas.

    El control también se disputa entre empresas y gobiernos. A principios de 2026, el gobierno de Donald Trump exigió a Anthropic permitir el uso de Claude para cualquier fin legal. La compañía se negó a retirar límites relacionados con la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y las armas autónomas letales sin supervisión humana. La respuesta fue designarla como un riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional y ordenar que agencias federales dejaran de utilizar su tecnología.

    Anthropic acudió a tribunales y, en agosto, una jueza federal determinó que la medida había sido arbitraria, vulneró el debido proceso y constituyó una represalia contraria a la libertad de expresión. El fallo no resuelve el dilema. ¿Debe una empresa privada definir los límites éticos de una herramienta estratégica? ¿O corresponde al Estado decidir sus usos legítimos en nombre de la seguridad nacional? Entregar toda la autoridad a las compañías es riesgoso; concentrarla en los gobiernos tampoco garantiza prudencia.

    Una respuesta distinta surgió en la Universidad de Fudan, en Shanghái. En vez de responder un examen, 51 estudiantes diseñaron preguntas para hacer fallar a DeepSeek, MiniMax y Claude. Cincuenta lograron que al menos uno se equivocara, aunque nadie consiguió derrotar por completo al modelo más fuerte. La lección era sencilla: en un mundo donde una máquina responde pruebas tradicionales en segundos, conocer también implica identificar sus límites.

    El método puede premiar preguntas capciosas y quizá no funcione en todas las disciplinas. Sin embargo, plantea una idea valiosa: conservar el control exige aprender a cuestionar la tecnología, no solamente a utilizarla.

    Los investigadores temen perder el dominio sobre sistemas futuros; las empresas aceleran su despliegue; los gobiernos reclaman autoridad sobre sus usos, y la educación intenta redefinir qué significa saber. El control humano todavía existe, pero ya no puede darse por sentado.

    La inteligencia artificial no está escapando de nuestras manos en un solo instante. La cedemos gradualmente cada vez que confundimos mayor capacidad con mayor seguridad, velocidad con progreso o legalidad con legitimidad. El principal riesgo quizá no sea que las máquinas aprendan demasiado rápido, sino que la humanidad tarde demasiado en decidir qué nunca debería permitirles hacer.